nombre reservado con A.F.P. PLANVITAL S.A.

Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien recurre de protección representada por abogado don CARLOS ALBERTO CASTILLO GONZÁLEZ, en contra de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A, por el acto ilegal y arbitrario que ha cometido, consistente en retener un total de 77.000 mil pesos chilenos por concepto de “seguro de invalidez y sobrevivencia” sobre su retiro del 10%, autorizado por la reforma constitucional incorporada por la Ley N° 21.248, vulnerando, según refiere, su garantía constitucional de propiedad, establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política.

Señala que actualmente es estudiante de la carrera de derecho, cursando quinto año, y que, con fecha de 01 de febrero del año 2019, comenzó a trabajar para poder pagar sus gastos universitarios, ascendiendo su remuneración al monto de 350.000 mil pesos líquidos, pagados a través de boletas de honorarios, cotizando obligatoriamente en AFP Planvital, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 21.133.

Sostiene que, en virtud de la norma antes citada, la recurrida otorgaría cobertura inmediata en todos los regímenes de seguridad social en nuevo orden, siendo el primero de ellos el “Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”, el cual es pagado una vez al año, en el marco del proceso de Declaración de Renta.

Refiere que el día 01 de agosto del año en curso solicitó el retiro de su 10%, suma que ascendía a un total de $220.600 mil pesos, siendo dicho monto el total de sus fondos de la cuenta de capitalización individual.

Indica que el día lunes 17 de agosto del año en curso, se abonó en su cuenta bancaria el total de $149.729 mil pesos, los cuales correspondían a una parte del 10% solicitado a la AFP Planvital.

Luego de transcurrido un mes de estar a la espera del depósito del saldo, expone que ingresó a la página web de la recurrida para consultar el estado de su solicitud, y verificó que el estado era “terminado”, por lo que efectúo una consulta a través de la aplicación “Twitter”, siendo la respuesta de la recurrida, con fecha 15 de septiembre del año en curso, que se había realizado una retención destinada a cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia del año 2020, según información que habría sido entregada por Tesorería General de la República.

Agrega que el acto de retener por concepto de “seguro de invalidez y sobrevivencia” sobre el retiro del 10% por parte de la AFP Planvital es totalmente ilegal y arbitrario, en consideración a que el Servicios de Impuestos Internos, con fecha de 21 de agosto de 2020, aclaró que el pago de cotizaciones por el seguro individualizado de trabajadores independientes se realiza cada año en la operación renta.

Reclama adicionalmente que la retención realizada se aleja totalmente del marco legal, por cuanto la disposición transitoria incorporada en la Constitución señala que los montos retenidos no constituyen renta, y por tanto no pueden ser objeto de retención, excepto en los casos expresamente indicados por la ley, por lo que se infringe su derecho constitucional de propiedad, contenido artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, además de la garantía contenida en el numeral 2° del artículo referido.

Por lo que solicita se acoja la acción interpuesta y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la retención por concepto de Seguro de Invalidez sobre el retiro de su 10%, debiendo así abonar la suma restante que corresponde a $70.871 mil pesos, más los intereses y reajustes legales, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe don nombre reservado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando en primer lugar que se declare inadmisible la presente acción cautelar, por cuanto señala que lo solicitado excedería el ámbito de aplicación de esta acción cautelar, dada además su finalidad, ya que la misma busca amparar el ejercicio legítimos de derechos indiscutidos y preexistentes, no de pronunciamientos declarativos como señala pretendería el recurrente.

En subsidio de lo anterior, informa sobre el fondo del asunto, señalando que a raíz de la situación sanitaria actual es que se dictó la Ley N° 21.248 sobre “Reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica”, la que permite el retiro de fondos previsionales bajo los requisitos allí señalados.

Agrega que en el caso en concreto, el 01 de agosto de 2020, la recurrente solicitó el retiro del 10% de sus fondos previsionales, el que se hizo efectivo por la suma de $149.729 pesos.- el día 17 de agosto del año en curso, en la cuenta bancaria informada por la recurrente para tales efectos, señalando que no todo el saldo de la cuenta de capitalización del recurrente era susceptible de retiro, ya que existen derechos sobre ese saldo que se encuentran constituidos en favor de las Compañías de Seguros de Vida por concepto de pago de primas asociadas al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Al respecto indica que la Ley N° 21.113 establece que los trabajadores que obtengan rentas gravados por el artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es quienes reciban honorarios, están obligados a cotizar, entre otras prestaciones, el financiamiento de los SIS.

A continuación, explica que estos montos de cotización son transferidos por la Tesorería General de la República y se abonan en la cuenta individual de cotizaciones del trabajador independiente, mientras no se rebajen para ser pagados a las respectivas compañías de seguros que se adjudiquen las licitaciones del SIS, teniendo ese saldo la finalidad de pagar dicho seguro.

Ahora bien, explica que la Ley N° 21.248 que autoriza el retiro excepcional de hasta el 10% de los fondos previsionales, incluye a los trabajadores independientes, pero ello no afecta su derecho de acceso a la seguridad social, ni tampoco lo excluye de percibir los derechos y cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley N° 21.113, por lo parte del saldo que se encuentra en la cuenta de cotización del recurrente tiene una finalidad determinada, y no forma parte de la suma que puede ser objeto del retiro de fondos previsionales ya referido.

En consecuencia, indica que la diferencia entre el total del saldo de su cuenta y lo retirado, constituye precisamente la cotización adicional para el financiamiento del SIS.

Manifiesta que estas materias y controversias ya fueron abordadas por la Superintendencia de Pensiones, organismo que instruyó a través del Oficio Ordinario N° 13.609 de 27 de julio de 2020, que, en relación al pago de los retiros de los fondos de pensiones por los afiliados que estos montos, al estar comprometidos con anterioridad al mismo para el pago del SIS, deberán ser retenidos. Lo mismos habría sido comunicado mediante Oficio Ordinario N° 16.490 de 24 de agosto de 2020 que fue dirigido a la Cámara de Diputados, y también en el Oficio N° 16.491 de la misma fecha del recién citado, dirigido a los Gerentes Generales de las AFP, en que contestando dudas sobre la cotización destinada al financiamiento del SIS, generada a propósito de la operación renta 2020, señalando que el monto destinado al financiamiento del SIS por el Servicio de Impuestos Internos, debe pagarse a las Compañías de Seguros que cubrirán los riesgos de invalidez y muerte de los trabajadores dependientes, no pudiendo ser considerados en los retiros a que se refiere la Ley N° 21.248 Por lo señalado, afirma que es claro que los fondos destinados al pago del SIS no forman parte de las cotizaciones depositadas en las cuentas individuales, y por ende no son parte de los fondos susceptibles de retiro de conformidad con la Ley N° 21.248, concluyendo por tanto que no existe actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de su representada, la que ha procedido con estricto apego a la normativa vigente en la materia, por lo que solicita sea rechazado en todas sus partes la presente acción constitucional, con costas.

TERCERO: Que fue requerido en esta causa que la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería General de la República, emitieran informe al tenor del recurso, prescindiéndose del primero e informando este último organismo que la obligación de cotizar se materializa en la Declaración de nombre reservado a la renta de cada año, siendo el Servicio de Impuestos Internos la entidad encargada de determinar el monto que los trabajadores independientes deben cotizar, para lo cual previamente las instituciones involucradas en el proceso tienen la obligación de suministrar una serie de información, en los plazos y medios previamente acordados.

Agrega que posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos informa a la Tesorería General de la República la individualización de los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones para su Seguro de Invalidez y Sobrevivencia; su seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; su seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas; Cotizaciones de salud, así como para sus cotizaciones para pensiones (AFP).

Finalmente, y en base a la información que le fuera remitida por el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General procede a enterar los montos por cotizaciones obligatorias a las entidades respectivas, de acuerdo al orden establecido en la Ley N° 21.133.

Sostiene que el Servicio de Tesorería en cumplimiento de un deber legal procedió a enterar los montos por cotizaciones obligatorias de la recurrente -que fueran determinadas previamente por el Servicio de Impuestos Internos-, a las entidades respectivas, de lo cual se colige que el presunto acto reclamado no es imputable a quien informa.

Expone adicionalmente que el recurso debe desestimarse, ya que no ha existido ninguna actuación arbitraria o ilegal de parte de la Tesorería General de la República, siendo aplicable a la recurrente la retención efectuada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 y siguientes del Decreto Ley N° 3500, individualizando los cobros y pagos que fueron gestionados.

Por lo que, según indica, no ha existido una privación, perturbación o amenaza del derecho constitucional supuestamente vulnerado a la recurrente, por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa legal de retención, limitándose la Tesorería General de la República a cumplir sus funciones dentro de las competencias que le otorga la ley, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

CUARTO: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

QUINTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

SEXTO: Que con fecha 26 de agosto de 2021, la recurrida da cuenta a esta Corte que conforme a las instrucciones impartidas por parte de la Superintendencia de Pensiones, por medio de la cuales modificó las instrucciones relativas al retiro de autorizado por leyes N°s 21.248 y 21.295, en el caso de trabajadores independientes, que depositó a doña nombre reservado, en su cuenta del Banco Santander Chile, la suma de $72.278.- por devolución de retención de los fondos correspondientes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

SÉPTIMO: Que luego de lo señalado, y teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, que se ordene que la recurrida dejar sin efecto la retención por concepto de Seguro de Invalidez sobre el retiro de su 10%, debiendo así abonar la suma restante que corresponde a $70.871 mil pesos, y habiendo informado la recurrida que la situación denunciada por esta vía no se encuentra vigente, dado que fue subsanada y se transfirieron a la actora los fondos retirados con fecha 26 de agosto de 2021, según consta en certificado que se acompaña.

OCTAVO: Que, en razón de lo dicho, no existiendo actualmente conducta que vulnere los derechos fundamentales que nuestra Carta Fundamental reconoce a la recurrente, susceptible de ser subsanado por medio del recurso interpuesto, éste deberá ser rechazado, por cuanto ha perdido oportunidad, sin ser necesario cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 87.023-2020 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, conformada por el Ministro suplente señor Rodrigo Carvajal Schnettler y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina.