nombre reservado con RED TELEVISIVA MEGAVISION S.A.

Santiago, diez de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en estos antecedentes, recurren de Protección, los abogados, Segundo Ernesto Ascoy Cajan, Juan Pablo Narea Carvajal, Fernando Nicolás Guajardo Quempomil, en favor de nombre reservado, y exponen que en favor de quien se recurre, a la fecha de presentación del recurso, se encontraba afecto a la medida cautelar de prisión preventiva, en causa RIT 1234-2020, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, habiendo sido formalizado, junto a varios otros imputados, como autor del delito de robo con intimidación, fruto de una lata investigación por parte de la sección de foco del Ministerio Público.

En tal contexto, indica que el canal televisivo recurrido emite el programa “Misión Encubierta”, cuya dinámica consiste en efectuar un reportaje a fondo de forma subrepticia sobre diversas materias que el canal estima relevantes; y que se anunció que, con fecha 27 de septiembre de 2020, se emitiría un capítulo titulado “La Banda de los Marcadores, al Acecho en las Calles”, en el que se anticipaba que se observarían bandas delictuales que operaban en calle Agustinas, en Santiago Centro.

Expone que en la propaganda del capítulo a ser exhibido se aprecia una fotografía del recurrente, que daba a entender que sería sindicado como el líder de esta banda, y que, atendido el modo de operar del programa, resultaba claro que expondrían su nombre y los datos de la causa penal que actualmente se lleva en su contra.

Estima que la emisión del reportaje constituye un acto arbitrario e ilegal, que afectará las garantías fundamentales del recurrente consagradas en los artículos 19 N°2 y N°4 de la Constitución Política, ya que le generará una deshonra, descrédito y una afectación en su vida privada que no podrá reparar a futuro; y, además, se afecta su igualdad ante la ley, dado que no todas las personas partícipes de un proceso penal son sometidas a la exposición pública que pretende darle la recurrida.

Adicionalmente, indica que la emisión del reportaje vulnerará la presunción de inocencia que asiste al recurrente, dado que en éste se le imputará la comisión de delitos por los que aún no existe condena. Además, se afectará en forma grave la investigación, atendido que los elementos de la carpeta investigativa son reservados, siendo grave que la recurrida haya accedido a imágenes de hechos ocurridos en calle Agustinas que constan en ésta; y, finalmente, indica que se afectará el derecho a reinserción social del recurrente, ya que al exponerlo como líder de una banda delictual, mostrando su rostro, coarta cualquier posibilidad de que, tras una eventual condena, el recurrente pueda rehacer su vida en sociedad.

Al finalizar su arbitrio, solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida eliminar todo contenido publicado en descrédito del recurrente, que pueda albergar a la fecha en todos y cada uno de sus canales de difusión, y se abstenga de emitir el reportaje el día 27 de septiembre del presente año y en fechas futuras, siempre que se mantenga en la misma forma referida.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso Megamedia S.A. (Continuador Megavisión S.A.), señaló que la acción carece de objeto, así como falta de legitimación pasiva. Refiere que el capítulo “Banda de los Marcadores: Al Acecho en las Calles”, del programa “Misión Encubierta”, ya fue emitido el 27 de septiembre pasado y actualmente no se encuentra disponible en sitio web u otras plataformas mediales bajo la administración de la recurrida, pues se decidió suspender su difusión a través de ellas, a la espera de lo que resuelva la Corte.

De tal forma, argumenta que no hay acción u omisión ilegal o arbitraria alguna que pueda imputársele, ya que los hechos en los cuales se los hace residir ya no existen, dado que el pretendido agravio ya se habría producido mediante la emisión del capítulo; y al no encontrarse disponible para su visionado en plataformas mediales bajo administración o control de la recurrida, la Corte está material y jurídicamente impedida de adoptar alguna medida dirigida al restablecimiento del imperio del derecho que alega el recurrente.

Argumenta falta de idoneidad del recurso, por ser la materia propia de un juicio de lato conocimiento. Indica que del solo tenor del petitorio del recurso ya se desprende que lo pretendido no es una cautela rápida de un derecho indubitado, sino más bien parece el petitorio de una acción ordinaria en un procedimiento de lato conocimiento, ya que a semejante decisión solo podría arribarse en virtud de una condena que persiguiera la responsabilidad del medio de comunicación por un delito de injuria o calumnia, bajo el procedimiento que establece la Ley N°17.333 o el Código Procesal Penal; además de constituir evidente censura previa.

Sostiene que si el recurrente estimaba que el contenido del Capítulo era ofensivo para su honra y que se le propinó un trato injusto y discriminatorio al referirlo como partícipe y líder de la banda de punteros, o la recurrida abusó del ejercicio de la libertad de informar, obrando con dolo o culpa grave, estándar de conducta exigido a los medios de comunicación al informar sobre hechos de interés público, lo que correspondía era que accionara conforme al título V de la Ley de Prensa, que establece cuales son los delitos, infracciones, autoridades competentes y procedimiento que debe seguirse por quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad de un medio de comunicación.

Sostiene inexistencia de un acto arbitrario o ilegal por su parte, pues indica que únicamente se ha limitado a ejercer su libertad de informar, sin censura previa, en los términos amparados y previstos el artículo 19 Nº12 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”, lo que es concordante con lo dispuesto en los tratados internacionales y en la Ley de Prensa.

Expone que en la especie únicamente se informó a la opinión pública sobre un hecho de interés público, general y de grave connotación: la existencia de una banda organizada para cometer el delito de robo con violencia, sus partícipes, responsables y circunstancias, que preferentemente operaba en el centro de Santiago, robando a las víctimas, quienes habían sido, previamente “marcadas”, las divisas que habían comprado en casas de cambio del sector céntrico.

Señala la recurrida, que descarta un actuar arbitrario, ya que la información difundida responde y es consecuencia de un lato proceso de investigación periodística, desarrollado para recabar la información necesaria que hiciere posible la denuncia pública de la organización y de sus presuntos responsables, la cual fue efectuada en forma acuciosa, seria, detallada y profesional.

Además, descarta la existencia de una eventual pugna entre el derecho a la libertad de informar y la honra del recurrido, ya que la normativa que rige la libertad de informar impide concluir que por estimarse lesionada la honra de una persona pueda ordenarse a una entidad el abstenerse de informar o emitir opinión y menos destruir la información de que pueda disponer, no existiendo en Chile la censura previa, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley, por lo que ningún control de índole preventivo puede recaer sobre la libertad informativa, y todo mecanismo destinado a reparar las supuestas lesiones a la honra o daños como los invocados en la especie, es y debe ser siempre a posteriori.

Razona que la emisión del capítulo controvertido, resulta lícito en el ejercicio de su función como medio de comunicación social, ya que éste da cuenta de un evidente hecho de interés público, en los términos que lo define el artículo 30 letra f) de la Ley de Prensa, 17.333, esto es “Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos”; e indica que al referirse en el capítulo respecto al recurrente como presunto partícipe de la banda de punteros, no responde ni a un actuar ilegal ni menos arbitrario, sino al legítimo ejercicio de la libertad de prensa e información, ya que, según lo dispone el artículo 1° de la Ley de Prensa, la libertad de informar sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas, y su ejercicio incluye la libertad de buscar informaciones y difundirlas por cualquier medio, por lo demás, teniendo derecho las personas a ser informados sobre los hechos de interés general, conforme se desprende del inciso 3° de la misma norma citada.

Argumenta que no resulta posible establecer un vínculo causal entre la emisión del reportaje y las pretendidas vulneraciones a la honra e igualdad ante la ley, ya que no existe antecedente serio y fundado alguno que pruebe razonablemente que las afectaciones que denuncia tengan como causa directa, inmediata y necesaria el hecho que se lo haya referenciado como partícipe de la señalada organización; sino más bien en el propio actuar ilícito del recurrente, argumento que ya ha ido acogido anteriormente por esta Corte, citando el fallo en rol de Corte 84.041–2018 para ejemplificar su punto.

En consecuencia, concluye que no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno que vulnere las garantías fundamentales citadas en el recurso, por lo que pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, al informar el presente recurso, la recurrida sostuvo que es un hecho que el recurso fue dirigido contra una promoción de la emisión futura del capítulo del programa, pero ocurre que dicho capítulo del programa, ya fue emitido el pasado 27 de septiembre de 2020, y por el momento, no se ha emitido nuevamente y no está disponible en las plataformas de la recurrida para los terceros. Estima que no hay acción, o acto ilegal o arbitrario, que pueda ser susceptible, precisamente de protección.

Quinto: Que, de los antecedentes anotados, y de la información aportada, y dado que el propio recurrente señaló en estrados, que el mismo tenía un carácter preventivo, y atendido que el programa ya fue emitido, aparece que el presente arbitrio, ha perdido eficacia. De ello deriva que tal extremo del recurso, en verdad, cesó durante la tramitación de estos autos, de lo que aparece que la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, en tal aspecto, por lo que la misma, debe ser rechazada.

Sin perjuicio, de lo anterior, el recurrente estima vulnerado el numeral 2, y 4 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, indicando que no todas las personas condenadas son tratadas en reportajes periodísticos, y así se afecta la igualdad ante ley; y que además resulta afectada la honra del recurrente, y la de su familia pues se le menciona como jefe de una banda organizada.

Sexto: Que, para una mejor resolución del asunto, no debe perderse de vista que, en lo fáctico, el trabajo de investigación periodística consistió en captar imágenes de un grupo de personas, en cuanto a la forma de marcar a sus víctimas, para luego, en ciertos lugares acometerlas sustrayéndoles su dinero.

Además, conviene dejar debida constancia que el recurrente, no niega los hechos de fondo, sino que los mismos se hagan públicos, afectándose con ellos las garantías antedichas.

Séptimo: Que, cabe consignar, en cuanto medios de comunicación de prensa, el estándar de conducta tratándose de hechos de interés público, resulta del numeral 12, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, y de los términos que lo define el artículo 30 letra f) de la Ley de Prensa, esto es “Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos”; así tal estándar, es el dolo y la culpa grave en la entrega de información, de este modo, sobre lo que se informa, no es necesaria la verdad absoluta, y así, resulta siempre posible informar sobre procesos judiciales en tramitación, esto es, aun cuando, no se haya dictado sentencia condenatoria, quedando siempre a salvo la posibilidad de accionar, penal o civilmente, para quienes, que puedan estar, en tales condiciones afectados.

Octavo: Que, examinados los antecedentes del recurso, es posible establecer que, la recurrida como medio televisivo, ha usado la garantía de libertad de prensa del numeral 12 del artículo,19 de la Constitución Política de la República, y el ejercicio de ese derecho lo llevó a cabo a través de una investigación periodística, recabando antecedentes policiales y de tribunales, sobre una organización de personas que se dedicaban a marcar a víctimas que necesitaban cambiar moneda extranjera, para luego asaltarlas, y sustraerles su dinero, lo que culminó con la detención y acción penal en su contra, siendo uno de ellos la persona en favor de quien se recurre.

Noveno: Que, conforme a lo que se viene indicando, no procede dar la protección pedida, atendida la situación fáctica descrita, ello atendido que no se divisa acto ilegal ni arbitrario ilegal alguno, desde que no hay actos arbitrarios o ilegales que puedan haber afectado derechos del recurrente y en estas condiciones no hay medidas de protección que pudieren ser objeto de esta vía constitucional, cautelar y de emergencia.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el Recurso de Protección deducido en favor de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro (S), Sr. Rafael Andrade Díaz.

Protección N° 87.012-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.