nombre reservado con DIMENSION DATA S.A.

PAGE 4 Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 8, comparece nombre reservado, chilena, soltera, ingeniero eléctrico, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de su empleadora, “Dimension Data S.A.”, domiciliada en domicilio reservado, por estimar que ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, consistente en “la hostigante y reiterada acción de pretender la recaudación y/o retención de parte de mis ingresos personales”.

Al respecto, señala que mantiene una deuda personal con la Caja de Compensación de Los Andes desde el año 2002, cuya solicitud de prescripción se ventila actualmente ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol N° C-12805-2016, caratulados “nombre reservado/Caja de Compensación Los Andes”.

Sostiene que el proceder de la recurrida constituye un acto intimidatorio que le importa la imposibilidad cierta de trabajar normalmente, vulnerándose las garantías previstas en los numerales 2°, 3° inciso primero, 16, 21, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finaliza pidiendo que se ordene “el inmediato suspenso de cuanta acción de cobro se pretende ejercer en mi perjuicio, respecto de valores manifiestamente prescritos”.

A fojas 19, evacúa su informe la recurrida Dimensión Data S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección por las siguientes consideraciones: acusa que la exposición de los hechos es confusa y ambigua porque al referirse a las supuestas acciones u omisiones ilegales o arbitrarias no describe detalle alguno, como fechas, conductas concretas ni alude a circunstancias precisas que permitan entender cabalmente qué es lo que postula la actora, limitándose a formular una acusación que califica de rimbombante en orden a atribuirle un comportamiento de hostigamiento que perseguiría retener parte de los ingresos personales de la reclamante.

Reprocha que la falta de explicaciones y sustento fáctico del recurso de autos pone a la recurrida en una injusta desventaja procesal, puesto que debe informar prácticamente a ciegas, desconociendo cómo se produciría la vulneración de los derechos que se denuncia.

A su vez, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que si se entendiera que la conducta objetada consiste en la deducción, retención y remesa a la mencionada Caja de Compensación, el documento denominado “Nómina Mensual de Retenciones Previsionales” que emite la Caja de Compensación y que contiene la orden a Dimension Data S.A. de que deduzca, retenga y remese cuotas respecto de un crédito otorgado a la actora, se remonta al mes de octubre de 2014, por lo que habiéndose presentado esta acción cautelar el 2 de agosto de 2016, ha transcurrido holgadamente el plazo fatal de 30 días a que se refiere el Auto Acordado que regula esta materia.

Asimismo, plantea que cualquier acto de Dimension Data en relación a este asunto ha sido ejecutado en estricto cumplimiento de obligaciones legales, toda vez que no tiene facultades para objetar los montos informados por la Caja de Compensación en la mencionada “Nómina Mensual de Retenciones Previsionales”, ni menos aún determinar si un crédito social que dio origen a los cobros se encuentra o no extinguido por prescripción.

Pone de manifiesto que no se encuentra discutida la existencia de un crédito social otorgado por la Caja de Compensación Los Andes a la recurrente de autos, como tampoco que dicho crédito no ha sido extinguido por medio de su pago, de manera que en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, Dimension Data debe deducir de la remuneración de la reclamante lo adeudado por ésta a la Caja de Compensación.

A fojas 37, evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, manifestando que con fecha 30 de julio de 2002, se le otorgó a la recurrente un crédito social por la suma de $850.000, deuda que al 4 de agosto de 2016, asciende a la cantidad de $1.800.574, cuya prescripción no ha sido declarada por sentencia judicial firme.

Hace presente que la actora al momento de otorgársele dicho crédito social, celebró un contrato de mandato con la Caja de Compensación, en cuya virtud le confiere a esta última la facultad de descontarle dicho monto de sus remuneraciones con su actual empleador o futuro empleadores.

Por resolución de diecisiete de agosto último se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que si bien es cierto que la tramitación del recurso de protección, por su naturaleza y fines, no tiene forma de juicio, no lo es menos que quien lo deduce debe describir adecuadamente los hechos en que se funda, con el objeto de entregar antecedentes suficientes que permitan aquilatar la seriedad de su reclamación, constituyendo la fundamentación de la acción de protección uno de los requisitos para poder acogerla.

En la especie, del tenor del libelo de protección es posible constatar que no se vierte una exposición clara de los hechos que constituirían la vulneración a los diversos derechos invocados, lo cual impide desde ya que esta acción pueda prosperar.

Segundo: Que sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que toda deducción, retención o remesa que la recurrida pueda hacer en relación a la remuneración de la actora con motivo del crédito social que ésta recibió de una Caja de Compensación, obedece al estricto cumplimiento de deberes legales. En efecto, conforme a lo prevenido en el artículo 22 de la Ley N° 18.883, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación con las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquello a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que los graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos” (Rol N° 22.223-2016 CS).

De esta manera, los eventuales descuentos de las cuotas del crédito social que se practiquen a la remuneración de la actora no constituyen más que el acatamiento de una obligación legal.

Tercero: Que, por consiguiente, no es posible vislumbrar que la conducta de la recurrida de “pretender” descontar de la remuneración de la actora las cuotas de un crédito social impago, pueda calificarse como ilegal y/ o arbitraria. Tampoco se ha justificado de manera alguna un amedrentamiento de la empleadora hacia la trabajadora con ocasión de este crédito social impago, pues como ya se señaló, la retención y remesa a la Caja acreedora no queda al arbitrio de la empleadora, desde que no corresponde a una “facultad” de ésta, sino al cumplimiento de un mandato legal.

Cuarto: Que, acorde con lo expuesto, no existiendo acciones arbitrarias o ilegales que reprochar, la adopción de alguna medida cautelar resulta improcedente.

De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 8.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol Nº 86.871-2016.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Guillermo E. de la Barra Dünner e integrada por la Ministra (s) señora Ana María Hernández Medina y la abogada integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.