nombre reservado con SUBSESECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

1°) Comparece Jaime González Kazazian, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, por haber dispuesto, mediante actuaciones de hecho, una rebaja de grado remuneratorio de la recurrente de 8 a 12 EUS, sin mediar resolución o acto administrativo fundado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se ha materializado un cambio de grado sin notificación previa a la funcionaria, dejando de pagar las remuneraciones correspondientes al grado 8 desde septiembre de 2022, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad e igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el presente recurso, ordenando el pago de las diferencias remuneratorias adeudadas, la restitución del grado 8 EUS a la recurrente y la condena en costas a la recurrida.

El recurrente señala que doña nombre reservado ingresó a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana el día 7 de abril del año 2020, en calidad de contrato Código del Trabajo, como apoyo a la alerta sanitaria por el brote de Covid-19, desempeñándose inicialmente como asesora de gabinete de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, asumiendo la coordinación, gestión y planificación de los carros de toma de muestras de exámenes PCR, lo cual derivó en la estrategia BAC (búsqueda activa de casos). Posteriormente, además de dichas labores, se le designó también como encargada de la unidad de relaciones laborales.

Añade que, en marzo de 2021, luego de tener un desempeño sobresaliente en sus funciones, fue designada como encargada de la estrategia de Residencias Sanitarias de la Región Metropolitana, siguiendo además desempeñándose en dualidad de funciones como encargada de relaciones laborales. Refiere que, luego de varios meses a cargo de ambas estrategias, se solicitó y materializó su aumento de grado en diciembre de 2021.

Expone que la recurrente hizo uso de un permiso sin goce de sueldo desde el 25 de mayo hasta el 25 de agosto de 2022 y que al volver a sus funciones, sin motivo alguno, fue removida de sus dos cargos de residencias sanitarias y relaciones laborales, pese a tener calificaciones en nota 7 y cartas de mérito. Asimismo, indica que fue degradada en su grado, situación que sólo se ha materializado en su cargo en la planilla de remuneraciones, sin mediar resolución que la notifique del cambio de grado.

Hace presente que la Contraloría General de la República, mediante resolución exenta N° 7648 de 2023, resolvió un reclamo administrativo presentado en relación a los hechos descritos, declarando que la baja de grado estuvo mal realizada por no existir un acto administrativo fundado. Agrega que la Contraloría ordenó pagar la diferencia de remuneraciones no pagadas de acuerdo al grado en los tiempos en que efectivamente se materializó, y que se restituyera formalmente el grado que la funcionaria tenía antes de la rebaja salarial. Sin embargo, aquello se ha realizado sólo parcialmente, pagando los montos pendientes por un año y adeudando los montos desde enero de 2023 a la fecha, sin que el cambio de grado se haya materializado formalmente ni notificado a la recurrente.

En cuanto al derecho, el recurrente argumenta que no se puede disponer del término de una relación a contrata sin que medie resolución fundada, lo que ha acaecido en autos al cambiar un grado sin materializarlo mediante decreto y notificarlo a la funcionaria, significando una disminución de remuneraciones no completamente pagada o liquidada. Añade que la asignación a un grado en los empleos a contrata será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo.

Invoca además la jurisprudencia administrativa que ha precisado que las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda anual-, generan en los servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, no pudiendo la autoridad cesar arbitrariamente los servicios contratados sin justificación suficiente. Agrega que la autoridad siempre debe emitir un acto administrativo fundado con la debida antelación y notificado al afectado, detallando los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento.

Alega que se ha transgredido el goce pacífico y tranquilo de la esencia misma de la propiedad de la recurrente al obviar la legalidad del término de la relación laboral, señalando que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley al ser la recurrente discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados que permanecen en sus cargos hasta el término legal o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios por motivos que han de expresarse, lo que no ha ocurrido en la especie.

Por lo expuesto, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Ministerio de Salud pagar a la recurrente los meses no pagados por diferencia de remuneración entre el grado 8 y 12 desde enero de 2023 a la fecha, incluyendo bonos anuales y trimestrales; que se le restituya el grado 8 a la funcionaria en lo material, ya que nunca ha sido notificada de la degradación; y que se condene a la recurrida al pago de las costas.

2°) Informando al tenor del recurso, doña nombre reservado, abogada, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud, solicita el íntegro y total rechazo de la acción, sosteniendo, en síntesis, que la misma debe ser desestimada por no configurarse los presupuestos de procedencia de la acción cautelar, a saber: a) la inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria por parte de la recurrida; b) la no concurrencia de una afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados por la Constitución; y c) la improcedencia de la adopción de medidas de protección o cautela por parte del órgano jurisdiccional.

En cuanto a los presupuestos fácticos en que se funda la acción, la recurrida precisa que doña nombre reservado ingresó a la SEREMI de Salud Metropolitana, siendo contratada para realizar funciones asociadas a la alerta sanitaria, en modalidad Código del Trabajo, a partir del 7 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad. Agrega que, mediante la Resolución Exenta RA N°286/581/2023, fue designada como contrata, homologada a un cargo profesional grado 12° EUS, designación que inició en junio de 2020 y se extendió hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, siendo prorrogada en los mismos términos hasta diciembre de 2021.

Añade que, con fecha 14 de diciembre de 2021, la funcionaria fue sujeta a un mejoramiento de grado, debido a las nuevas funciones asumidas que respondían a labores de dirección, como Encargada de la Estrategia de Residencias Sanitarias y de Relaciones Laborales de la SEREMI Metropolitana, siendo homologada su contrata a un grado 8° EUS del estamento Profesional, designación que se prorrogó nuevamente en los mismos términos hasta diciembre de 2022.

Expone que, después de que cesaron las actividades el año 2022 asociadas al término de la estrategia sanitaria, la Autoridad Regional consideró necesario un cambio en el rol de la encargada de Relaciones Laborales, lo que llevó a un cambio en sus responsabilidades y la reducción de su nivel de responsabilidad, pasando a ser profesional de apoyo. Como resultado de este cambio de funciones, el 30 de septiembre de 2022, se decidió ajustar el grado de la funcionaria al 12° EUS en línea con su nuevo rol, modificación que entró en vigor a partir del 1 de octubre de 2022.

Indica que, debido a la disminución de grado, la funcionaria recurrió ante la Contraloría General de la República, la cual, con fecha 1 de septiembre de 2023, se pronunció en la Resolución Exenta N°7648/2023, acogiendo la reclamación formulada e instruyendo expresamente tomar medidas para regularizar su vínculo laboral en las condiciones en que fue prorrogada por todo el año 2022, asimilada al grado 8 del estamento profesional, además de pagar la respectiva diferencia remuneratoria.

Aduce que, conforme a lo informado por el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas de Nivel Central, mediante Memo B41 N°218 de fecha 14 de mayo de 2024, durante el mes de diciembre de 2023 se procedió a regular la situación asociada al pago por la diferencia remuneratoria del período señalado del año 2022, mediante transferencia electrónica, dando cumplimiento a lo instruido por Contraloría en su Resolución N°7648/2023, pagando y regularizando el vínculo laboral internamente, dejando registro en la hoja de vida de la funcionaria que la contrata se asimiló a un grado 8°EUS entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

En cuanto al derecho, la recurrida sostiene que no concurre en la especie una afectación del legítimo ejercicio de los derechos esenciales garantizados por la Constitución. Respecto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, argumenta que no hay una afectación directa, por cuanto se dio cumplimiento a la instrucción de Contraloría en cuanto a subsanar la diferencia remuneracional durante el año 2022, no verificándose una amenaza que afecte la existencia misma de la funcionaria.

En relación a la garantía de igualdad ante la ley, aduce que no se verifica un atentado a la misma por cuanto se confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que se atribuye al acto administrativo, debiendo someter los órganos de la Administración su acción a la Constitución y a las leyes, actuando dentro de su competencia.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad, señala que debe desestimarse toda vez que los funcionarios a contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, a diferencia de los titulares, precisando que los cargos a contrata carecen de una posición remuneracional específica, de modo que la autoridad, al disponer la contrata, debe determinar, según la importancia de las funciones, un grado en el escalafón correspondiente, sin que la decisión de no mantener las condiciones fijadas en una designación anterior pueda estimarse como una irregularidad.

Por lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe requerido y, previa vista de la causa, decretar el íntegro y total rechazo del recurso por las razones y motivos expuestos.

3°) Como medida para mejor resolver se solicitó a la recurrida que remita acta de nombramiento en calidad de contrata de la recurrente nombre reservado, correspondiente al año 2023, respondiendo aquella que, según la información proporcionada por la Unidad de Personal del Ministerio de Salud, la resolución que regulariza la designación de la funcionaria en el grado 12° para el año 2023 está actualmente en proceso de regularización, en atención a que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en los procesos administrativos debido a la sobrecarga laboral sin precedentes que ha generado a dicha institución.

4°) Como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

5°) En la especie el recurso tacha de arbitrario e ilegal el haber dispuesto el Ministerio de Salud, mediante actuaciones de hecho, una rebaja de grado remuneratorio de la recurrente de 8 a 12 EUS, sin mediar resolución o acto administrativo fundado, actuación que considera ilegal y arbitraria.

6°) Para la adecuada resolución de la acción constitucional deducida resulta necesario traer a colación los siguientes hechos que constan con los antecedentes allegados en este procedimiento:

a. La recurrente nombre reservado, ingresó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, siendo contratada para realizar funciones asociadas a la alerta sanitaria, en modalidad Código del Trabajo, a partir del 7 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de ese año.

b. Mediante la Resolución Exenta RA N°286/581/2023, la actora fue designada como contrata, homologada a un cargo profesional grado 12° EUS, para ejercer funciones en la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, designación que inició en junio de 2020 y se extendió hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad, siendo prorrogada en los mismos términos hasta diciembre de 2021.

c. Con fecha 14 de diciembre de 2021, la recurrente fue sujeto de un mejoramiento de grado, al asumir como Encargada de la Estrategia de Residencias Sanitarias y de Relaciones Laborales de la SEREMI Metropolitana, siendo homologada su contrata a un grado 8° EUS del estamento Profesional, designación que se prorrogó nuevamente en los mismos términos hasta diciembre de 2022.

d. La Autoridad Regional el 30 de septiembre de 2022, ajustó el grado de la funcionaria al 12° EUS, lo que entró en vigor a partir del 1 de octubre de 2022, al asumir funciones como profesional de apoyo.

e. La Contraloría General de la República, con fecha 1 de septiembre de 2023, mediante la Resolución Exenta N° 7648/2023, acoge una reclamación de la recurrente e instruye regularizar su vínculo laboral en las condiciones en que fue prorrogada por todo el año 2022, asimilada al grado 8 del estamento profesional. Además, dispuso que correspondía el pago de la respectiva diferencia remuneratoria.

f. En diciembre del año 2023 la recurrida regularizó la situación asociada al pago de la recurrente, por la diferencia remuneratoria del periodo señalado del año 2022, mediante transferencia electrónica, dejando registro en su hoja de vida que la contrata se asimiló a un grado 8° EUS entre el primero de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

g. La designación de la actora en el grado 12° para el año 2023 está actualmente en proceso de regularización en la Unidad de Personal del Ministerio de Salud.

7°) Atendido que la recurrente sirve un cargo a contrata, su vínculo con la recurrida se extingue cada 31 de diciembre, de manera que el año 2022, al dejar la primera de cumplir las funciones de dirección que justificaron el aumento de grado al 8° EUS, la recurrida se encontraba facultada legalmente para poner término a esa contrata o para renovarla en la misma u otras funciones, con la correspondiente remuneración, como de hecho ocurrió al renovar su contrata en el año 2023 pero en el inicial grado 12° EUS.

8°) En efecto, la definición del grado en el escalafón y el consiguiente nivel remuneratorio, es de competencia exclusiva de la autoridad superior competente al contratar o renovar una contrata, pues se realiza según la evaluación del mérito funcionario y las labores que se desempeñarán durante el período de la misma conforme a las necesidades del Servicio, conforme a los criterios señalados en el artículo 10 de la Ley N° 18.834, por lo que si la importancia, complejidad y naturaleza de esas funciones varía, como ocurrió en este caso, al dejar en el año 2023 las labores de dirección que ejerció los años 2021 y 2022 y asumir funciones de menor responsabilidad en la SEREMI como profesional de apoyo, se justifica la correspondiente rebaja de grado remuneracional.

9°) En ese orden, tal modificación no puede calificarse como arbitraria y caprichosa, desde que el aumento de grado remuneracional a 8° EUS, respondió a haber asumido la recurrente delicadas labores de dirección en el marco de las medidas a que dio lugar la alerta sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, las que culminaron el año 2022 y, por consiguiente, al dejar de ejercer esas funciones y responsabilidades -lo que no ha sido controvertido-, se explica que la renovación en el año 2023 se haya realizado al grado 12° EUS entonces asignado.

10°) Cabe reparar que la recurrente no arguye seguir desempeñando funciones de dirección -u otras análogas- que deban ser remuneradas conforme a un grado remuneracional superior al 12° EUS, sino únicamente un supuesto derecho de propiedad en el cargo que no es tal, tratándose de un funcionario a contrata.

En relación a lo anterior, habiendo realizado funciones en el grado 8° EUS sólo los años 2021 y 2022, no concurre el requisito temporal que dé lugar a la denominada confianza legítima, que impida a la recurrida realizar el cambio de grado al renovar la contrata en la forma en que fue expuesta.

11°) Asimismo, la recurrida no ha desatendido lo dispuesto por la Contraloría General de la República, la que sólo dispuso regularizar el vínculo laboral de la recurrente en las condiciones en que fue prorrogada, por todo el año 2022, asimilada al grado 8° del estamento profesional, pero sin extender su decisión a los años posteriores, concordantemente con el carácter de contrata del vínculo, como antes se ha explicado.

12°) Entonces, no habiéndose constatado un acto arbitrario o ilegal, se hace innecesario examinar las garantías constitucionales cuya infracción se denuncia, siendo lo primero suficiente para desestimar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

No firma el Ministro (S) señor Rodríguez Vega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber terminado su suplencia.

N°Protección-8682-2024.