ACTIONLINE CHILE S.A. con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO PROVIDENCIA

Santiago, veintidós de mayo de dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 1 compareció el abogado Rodrigo Ugarte en representación de la empresa Actionline Chile S.A. y dedujo acción constitucional de protección en su favor, contra la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por haber dictado el 09 de diciembre de 2013, el Ordinario № 1662, que le priva y perturba el ejercicio legítimo de sus derechos consagrados en el Art. 19 № 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica, que con fecha 12 de septiembre 2013, la empresa fue visitada por una fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, a raíz de una denuncia interpuesta por una ex trabajadora -doña nombre reservado- cursando una multa de 210 U.T.M., por separarla ilegalmente de sus funciones, al estar amparada por fuero maternal, según el certificado médico respectivo.

Cursada la multa, la empresa optó por presentar una reconsideración administrativa; sin embargo en esa época, varios servicios públicos estaban en paro, por eso presentaron la reconsideración por correo, para tener fecha cierta de su presentación. Frente a esto la recurrida dictó el ordinario de 09 de diciembre, en el que declaró inadmisible la solicitud, por no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 512 del Código del Trabajo, debido a que la solicitud no se presentó en el plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la sanción impuesta.

Cita entonces los Arts. 6º y 7º de la Carta Fundamental, y argumenta que su defendida se ha visto impedida de tramitar uno de los recursos contemplados en la Ley, que fue presentado dentro de plazo legal y la recurrida ha estimado que el recurso fue presentado fuera del plazo, entendiendo que éste establece días corridos, de modo que, entiende, que se conculcan sus derechos con esa resolución ilegal y arbitraria.

Reseña los derechos constitucionales que estima infringidos y las normas legales, en base a las cuales, argumenta que el plazo para presentar la reposición administrativa es de días hábiles y no corridos, además de jurisprudencia que así lo ha reconocido.

Finaliza pidiendo a esta Corte acoger el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto el ordinario aludido, ordenando que los recurridos cesen de inmediato en los actos ilegales y arbitrarios y se abstengan de ejecutar nuevos que amenacen el legítimo ejercicio de sus derechos, restableciendo el imperio del derecho, con costas.

A fojas 45 se agregó el informe de la recurrida, quien alegó la improcedencia del recurso, en primer término por la naturaleza del recurso y en subsidio por falta de los requisitos constitucionales para su interposición, informando a continuación sobre el fondo.

En cuanto a la improcedencia del recurso en razón de la naturaleza del acto recurrido, señaló que por su finalidad, el recurso de protección restablece el imperio del derecho, cuando el ofendido ha sufrido una privación ilegal o arbitraria en el legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales, de modo que se trata de una tutela ante la vulneración real ,de un derecho indubitado, y, en la especie, la resolución que atacada, tiene establecido en la Ley un mecanismo de impugnación, en el artículo 512 del Código del Trabajo y en estas condiciones, el recurso de autos se estaría utilizando como un sustituto procesal, de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla expresamente para cautelar los derechos del recurrente, en términos que al acudir a sede de protección se desconoce el sistema procesal vigente, lo que habría sido reconocido por los tribunales de justicia citando fallos al efecto, solicitando declarar la improcedencia del recurso intentado.

En subsidio, alegó la improcedencia del recurso de protección en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, pues es requisito sine qua non de procedencia, la existencia de una amenaza, perturbación o privación de un derecho protegido por la acción constitucional, lo que en la especie no sucede pues en síntesis:

1) El ordinario está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los Arts. 511 y 512 del Código del Trabajo.

2) El ordinario no puede ser catalogado de arbitrario porque está razonado, argumentado y ha sido dictado conforme a derecho.

De modo que la acción constitucional incoada, carece de objeto y causa y pide que se declare la improcedencia del recurso, pues su parte actuó en ejercicio de sus facultades especificas, conferidas por los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y 511 y 512 del Código del Trabajo, limitándose a pronunciarse en forma clara precisa y determinada respecto de la solicitud de reconsideración administrativa de la multa resolviendo que dicha solicitud era inadmisible por ser presentada fuera del plazo legal, en términos que lo que se persigue es impugnar un Ordinario legalmente pronunciado, por el sólo hecho de ser desfavorable a sus intereses por medio de un procedimiento impropio, pues si entiende que el Ordinario N° 1662 lo perjudica, debió alegar lo ante el juez de fondo competente, según lo establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

En subsidio, informó sobre los hechos que dieron lugar al recurso de protección, señalando que con fecha 12 de septiembre del año recién pasado, a propósito de una denuncia ingresada en las Oficinas de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, se aplicó a la recurrente la multa administrativa N| 1312/8050/13/039-1, por haberse constatado la separación ilegal de una trabajadora, al no contar para ello con la autorización del juez competente, pues la referida trabajadora se encontraba amparada por fuero laboral por maternidad.

Indica que dicha multa le fue notificada a la recurrente por correo certificado con fecha 30 de septiembre de 2013, según acta de notificación que acompaña, y respecto de ella se solicitó por el recurrente reconsideración el 13 de noviembre de 2013, presentación-que en su concepto-no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es ser presentada dentro del plazo de 30 días corridos de notificada, es decir a más tardar el 30 de octubre de 2013, por lo que mediante Ordinario N° 1662 se comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, por haber sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Al mismo tiempo sostiene la inexistencia de garantías constitucionales vulneradas por la dictación del Ordinario № 1662, pues la multa fue notificada mediante correo certificado el 30 septiembre 2013, el recurrente presentó su solicitud de reconsideración administrativa el 13 de noviembre en forma extemporánea, porque el plazo caducó el día 30 de octubre, es decir, la presentó 13 días vencido el plazo.

Afirma, que el plazo del artículo 512, según lo ha señalado la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República es de días corridos y la discusión sobre si el plazo es de días hábiles o corridos, quedó zanjada por la Contraloría General de la República, de noviembre de 2009 en Dictamen № 64.985.- y otros previos a la citada fecha.

Entiende, entonces, que no resulta posible sostener que la Dirección del Trabajo haya privado, perturbado o amenazado el derecho del recurrente de solicitar reconsideración administrativa, de modo que pide que la acción constitucional sea rechazada, con costas.

A fojas 54, se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que no será oída la recurrida en cuanto a la improcedencia del recurso que planteó en forma principal, en atención al claro tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, que consagra la acción constitucional en examen , sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Tercero: Tampoco, es posible aceptar la improcedencia alegada, en razón de la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad, pues ello corresponde al examen de fondo que se hará a continuación.

Cuarto: Que lo discutido en estos autos, en síntesis, dice relación con la forma de computar el plazo que para la reconsideración establece el artículo 512 del Código del Trabajo, pues mientras la recurrente sostiene que se trata de días hábiles, la recurrida afirma que es un plazo de días corridos.

Quinto: En efecto, las partes se encuentran contestes y así por lo demás aparece de los antecedentes acompañados, que por Resolución de Multa N° 8050/13/39 se aplicó a Actioline Chile S.A. una multa administrativa por separar ilegalmente de sus funciones a trabajadora amparada por fuero maternal, que le fuera notificada el 30 de septiembre del año 2013, esto es al sexto día hábil contado desde su recepción por la oficina de correos respectiva, lo que aconteció el 23 de septiembre de 2013. Luego- con fecha 13 de noviembre de 2013- Actionline solicitó reconsideración de la aludida Resolución de Multa N° 8050/13/39, la que por Ordinario N° 1662 fue declarada inadmisible por haberse presentado fuera del plazo legal de 30 “días corridos” contados desde la fecha de la notificación que impuso la sanción.

Sexto: En ese contexto factico cabe tener presente que el artículo 512 del Código del Trabajo, ubicado en el Título Final del aludido cuerpo legal , denominado “ De la Fiscalización, de las Sanciones y de la Prescripción” concede un plazo de 30 días para presentar reconsideración en contra de la resolución que aplica una multa administrativa, plazo que-por tratarse de un recurso presentado en etapa administrativa y ante la ausencia de norma expresa que regule la materia- por mandato del artículo 1 de la Ley 19.880- ha de contabilizarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de la mencionada ley , esto es como hábiles, entendiendo por inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Séptimo : En tal escenario la reconsideración presentada por Actioline Chile S.A. el 13 de noviembre de 2013, en contra de una resolución de multa que le fuera notificada el 30 de septiembre del mismo año, lo fue dentro del plazo legal, de modo que al concluir de manera distinta la Inspectora Provincial del Trabajo, en el Ordinario N° 1662 de 9 de diciembre de 2013 se ha negado a tramitar un recurso presentado en plazo , afectando con ello el derecho de igualdad ante la ley que garantiza nuestra carta fundamental, al no admitir una reconsideración formalmente procedente, negando a quien recurrió el trato igualitario que la ley le asegura.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1 y se deja sin efecto la resolución ordinaria N° 1662 de 9 de diciembre de 2013, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración presentado por la actora respecto de la Resolución de Multa N° 8050/13/039.

Acordado lo anterior, contra el voto de la Ministro Aguayo quien estuvo por desestimar el recurso en examen, teniendo presente para ello la naturaleza cautelar de la acción hecha valer, estimando que lo sometido al conocimiento de esta Corte excede los márgenes de la misma.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora nombre reservado

Nº Protección 866-2014 Dictada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la Ministro señora Adelita Ravanales Arriagada, la Ministro señora Pilar Aguayo Pino y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.