Protección contra su representado

CERTIFICO: Que se anunció, escuchó relación y alegó, contra el recurso, la abogada Daniela Ormeño. Santiago, treinta de enero de dos mil diceinueve.

nombre reservado

Relatora C.A. de Santiago Santiago, treinta de enero de dos mil diecinueve.

Al folio 15, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 05 de diciembre de 2018, don Esteban Mario Arévalo Díaz, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, recurre de protección en contra don nombre reservado médico cirujano, funcionario público, asesor del Sr. Ministro de Salud don nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el envío por parte del recurrido de un correo a decenas de activistas y organizaciones relacionadas con el VIH/SIDA, el cual transcribe, en la cual reconocer haber sido médico tratante del recurrente, relata con lujo de detalles su relación médico-paciente, así como el estado de salud pasado y presente del recurrente y hace referencia directa a información contenida en la ficha clínica de mi representado.

Indica que el acto recurrido es ilegal, pues ha infringido diversa normativa: Decreto N°41, que considera que la información contenida en las fichas clínicas será considerada dato sensible, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, letra g) de la ley Nº 19.628; el artículo 12 y 13 de la Ley 20.584 que considera que los datos contenidos en las ficha clínica y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos, será considerada dato sensible, de acuerdo a la ley ya citada y que los terceros no relacionados con la atención de salud no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Y además, de los dispuesto en los artículos 2 letra g), 10 y 20 de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

La ilegalidad del acto recurrido consta de su sola lectura, ya que mediante dicho correo da a conocer datos sensibles contenidos en la ficha clínica y además, al ser asesor del Ministerio de Salud en materias relacionadas con VIH/SIDA hace aún más reprochable su actuar.

Sostiene que el acto que se reprocha de ilegal, priva al actor de su derecho al respeto y protección a la vida privada y la protección de sus datos personales, ambos derechos reconocidos por el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

Por último solicita que se declare que el correo enviado es un acto ilegal y arbitrario, que se ordene al recurrido abstenerse de continuar dando a conocer datos sensibles contenidos en la ficha clínica de manera ilegal, con costas.

SEGUNDO: Que con fecha 09 de enero de 2019, informó el abogado don Juan Pablo Hermosilla Osorio en representación del recurrido solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida, con costas.

En primer lugar, hace presente la trayectoria profesional del recurrido quien es médico con becas en medicina interna e infectología y que dirige actualmente Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco y en su desempeño profesional he estado a cargo de la atención de más de 2.500 personas viviendo con VIH.

Estando en dicho cargo, el recurrente en abril de 2018 solicitó ser atendido en el Hospital Barros Luco, por cuanto se encontraba sin tratamiento ni controles por situación de conflicto en su lugar previo de atención. En este contexto, el recurrido lo ingresó al Centro de Atención VIH Barros Luco, donde se le abrió Ficha Clínica del hospital y fue atendido por el equipo multiprofesional del Centro. Se efectuaron los exámenes necesarios, con lo que se inició tratamiento antirretroviral con la coformulación Tenofovir/ Emtricitabina/ Elvitegravir/ Cobicistat, de nombre comercial Stribild. Este medicamento está registrado para su uso en esta condición por el Instituto de Salud Pública y forma parte de las terapias recomendadas por la ley de Garantías explícitas de Salud y también es elección en las Guías Clínicas de EEUU y Europa, por lo que no puede ser considerado experimental. Dicho fármaco fue entregado al recurrente en la farmacia del Hospital, antes de que él decidiera no continuar con dicho tratamiento.

Sostiene que en atendida su labor profesional, Sr. Ministro de Salud solicitó que se integrara a su Gabinete como Asesor en VIH para la elaboración e implementación del Plan Nacional VIH a partir de abril de 2018. En esta calidad ha desarrollado un trabajo con la sociedad civil y los pueblos originarios. En el ejercicio de esta función representantes de la sociedad civil y de los pueblos originarios le hicieron llegar los textos y videos de las acusaciones en su contra efectuadas por el Sr. nombre reservado, previniéndole del impacto negativo en el trabajo asociativo Gobierno – Sociedad Civil que el Ministro les encomendara a la Sra. nombre reservado y al recurrido.

El recurrente difundió amplia y reiteradamente por redes sociales y en diarios electrónicos, en forma escrita y mediante videos, que mi representado lo había sometido a “experimentos dañinos e irregulares con terapia para VIH/SIDA que afectó gravemente su salud, práctica fuera de protocolo”, lo que no es efectivo, perjudicando gravemente la honra del Dr. nombre reservado.

A raíz de esto, se envió el correo privado aclaratorio a los representantes de las organizaciones de sociedad civil y pueblos originarios con los que trabaja debido a sus funciones, precisando que el tratamiento recibido por el Sr. nombre reservado, lo cual él había hecho público ampliamente calificándolo de experimental, correspondía a un tratamiento estándar en el país y no le había causado menoscabo a su salud, sin difundir ninguna información específica sobre su estado ni antecedentes clínicos que pudieran considerarse sensibles o que no hubiesen sido divulgados por el mismo recurrente antes.

De esta forma considera que no existe un acto arbitrario e ilegal de parte del recurrido, pues no puede considerarse el envío del correo electrónico como un acto ilegal, toda vez que se encuentra plenamente justificado su envío, debido a los hechos que el mismo recurrente había realizado, esto debido a que el recurrente se encargó de difamar y transmitir una serie de hechos derechamente falsos en contra de su representado, afirmando que este le habría practicado tratamientos médicos que nunca ocurrieron de la forma relatada por aquél.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar;

QUINTO: Que en la especie, el acto que se considera como ilegal consiste en el correo electrónico enviado por el recurrido con fecha 29 de noviembre de 2018 a distintas casillas de correo electrónico y que se encuentra dirigido a la “Estimada sociedad civil” y cuyo asunto es “aclaración”, según se lee de la misiva acompañada.

Que el correo electrónico aludido, es una respuesta del recurrido a las divulgaciones que el propio recurrente hizo en forma previa respecto al actuar profesional del recurrido. Dicho correo tuvo como único fin responder a las publicaciones efectuadas por el recurrente, circunscribiéndose a materias en su actuar profesional, indicando solamente su comportamiento profesional de acuerdo a los protocolos médicos comúnmente aceptados, la mención al medicamento utilizado en el tratamiento del actor, todo ello con el único objetivo de desvirtuar lo divulgado por el recurrente, no conteniendo ningún otro dato respecto de su ficha clínica.

Que de esta forma, no existe un acto que pueda reprocharse de arbitrario e ilegal, presupuesto básico para la procedencia de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Fundamentales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Esteban Mario Arévalo Díaz, en representación de don nombre reservado, en contra don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-86466-2018.

Pronunciada por la Undécima Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, señor Tomas Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, treinta de enero de dos mil diecinueve, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.