nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero conforme a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente Expone que el recurrente, profesional técnico extranjero de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo establecido en la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros bajo determinadas condiciones.

Indica que fue notificado vía correo electrónico el 29 de enero del presente año respecto del rechazo de su solicitud de retiro de fondos, señalándose como fundamento que es necesario que se acompañe la documentación en original, ya que el archivo con las imágenes da cuenta de fotocopias que no permiten efectuar las validaciones del caso.

Ante ello, señala que reclamó ante la Superintendencia de Pensiones señalando que la causal de rechazo del título universitario no debía proceder por cuanto el fondo negro apostillada posee la misma veracidad que el titulo pergamino y surte los mismos efectos legales, así como también indica la imposibilidad material existente para la apostilla de la constancia del IVSS.

Señala que dicha Superintendencia rechazó dicho reclamo toda vez que debía acreditar la afiliación a un organismo de seguridad social extranjero, mediante certificación de la propia entidad previsional, que señale la fecha de afiliación y cobertura que otorga en casos de enfermedad (común o ambulatoria y profesional), invalidez, vejez y muerte, durante el período completo laborado en Chile, documento que debe acompañarse debidamente apostillado, señalando que al respecto se presentó constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de enero de 2026, sin apostilla.

Arguye que el recurrente cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos.

Sostiene que a pesar, de esta imposibilidad material, el recurrente sigue estando afiliado al sistema de seguridad social venezolano (IVSS), lo que puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través del enlace http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, ingresando el número de cédula V018048515, pudiendo descargar en línea una constancia de cotizaciones vigente, lo que acredita que el recurrente mantiene su cobertura previsional activa en su país de origen.

En cuanto al derecho, señala la Ley N°18.156 exige para la devolución de cotizaciones, que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un sistema previsional en su país de origen que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya expresado en contrato laboral o anexo su voluntad de mantener tal afiliación. Explica que el recurrente cumplió ambos requisitos a cabalidad, sin que la normativa legal imponga requisito alguno de legalización consular o apostilla para dicha documentación.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección en contra de las recurridas y se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A en el siguiente tenor.

En primer término, señala que recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio, siendo improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, toda vez que en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud, requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente en nuestro país.

En cuanto al fondo, señala que el rechazo a su solicitud se debió a que debía acompañar la documentación en original, pues las fotocopias no permiten efectuar validaciones del caso, en particular, la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la que fue acompañada sin apostilla.

Expresa que recibió la solicitud del afiliado, la estudió y conforme no se acreditó la doble cobertura previsional mediante documentación fehaciente, no concedió el beneficio, lo que fue informado al actor.

Hace presente que este beneficio excepcional de devolución de fondos previsionales regulado en la Ley N°18.156, puede solicitarse por el recurrente en el momento que lo estime conveniente presentando la documentación que acredite y pruebe en Chile la afiliación y cobertura previsional en el extranjero, debidamente apostillada, como cualquier trabajador técnico extranjero, señalando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada por el señor recurrente carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada conforme a la normativa vigente.

Explica que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, es el documento que en principio debiese acompañar cualquier afiliado venezolano que quiera solicitar el beneficio otorgado por la Ley N°18.156, con la debida apostilla por tratarse de un documento emitido en el extranjero y que se hacer valer en Chile, por lo que la verificación en línea del documento que se pretende en el recurso, no es el mecanismo de validación que establece nuestra legislación respecto a los documentos emitidos en el extranjero y que se hacen valer en Chile, conforme a lo dispuesto en los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

En cuanto al derecho, señala que no cumplir con los requisitos para retirar los fondos previsionales para que una persona se acoja a la ley del ramo no implica una arbitrariedad, ni la perdida de sus fondos ni la desafiliación, sino solamente que no tiene derecho a un beneficio excepcional y específico para técnicos extranjeros, improcedencia de derecho que deja indemne el ejercicio de la totalidad de los derechos previsionales establecidos en el D.L. 3.500, por lo cual, en su oportunidad y conforme a sus normas generales, podrá disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios consagrados en el D.L. 3.500 como todos los afiliados al Sistema, sean estos chilenos o extranjeros, precisando que el recurrente, puede perfectamente subsanar las deficiencias de su presentación y acceder al beneficio.

Pide, en definitiva, el rechazo de la presente acción de protección TERCERO: Que, evacuó informe la Superintendencia de Pensiones en el siguiente sentido.

En primer término, señaló que por esta vía es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo, por lo que al existir una controversia acerca de los certificados presentados por la parte recurrente, se demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo, pues el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos, no resultando ser susceptible, que por ésta vía, se pretenda reemplazar un procedimiento de lato conocimiento.

En segundo término, señala que respecto a su pronunciamiento, dicha entidad comunicó al recurrente la necesidad de dar estricto cumplimiento a los requisitos de procedencia del beneficio contemplado en la Ley N°18.156, haciendo expresa referencia a los requisitos de validez de los documentos legalizados en años anteriores, los cuales deben cumplir con los criterios de vigencia definidos por la autoridad competente, además de contar con la correspondiente legalización o apostilla, conforme a la normativa chilena aplicable.

En cuanto al derecho, indica que el recurrente acreditó su calidad de “técnico extranjero”, al acompañar su título técnico o profesional, debidamente apostillado.

Por otro lado, señala que la parte recurrente considera que, presentando un documento de la seguridad social de su país de origen, cumpliría con los requisitos para solicitar la devolución de los fondos previsionales, lo que es errado, dado que el trabajador debe acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social y, en su contrato de trabajo, debe expresar la voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional extranjero.

Explica que esta constancia carece de firma autorizada y no ha sido legalizada ni apostillada, y aun cuando incorpore un código de verificación electrónica, no es suficiente para poder sustituir los requisitos legales vigentes, especialmente, cuando el ordenamiento jurídico exige, expresamente, la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos en el territorio nacional.

Agrega que el actor presentó un contrato de trabajo suscrito el 12 de julio de 2023, en el que, en la cláusula Tercera, punto 3.3, se acordó lo siguiente:

“3.3 La remuneración bruta mensual se pagará el día 25 de cada mes o su día hábil anterior si fuese sábado, domingo o festivo. El Trabajador solicita expresamente que la remuneración le sea pagada mensualmente mediante cheque o vale vista bancario, o le sea depositada directamente en la cuenta corriente bancaria que éste indique.

De la remuneración del Trabajador se descontarán y retendrán las cotizaciones previsionales y/o impuestos que correspondan, los cuales serán enterados en las instituciones pertinentes”.

Empero, señala que el 1 de octubre de 2024, las partes suscribieron un anexo de contrato de trabajo, en el que se agregó una cláusula que establece:

“PRIMERO: Cumplimiento de la ley 18.156 De acuerdo a los dispuesto en la Ley N° 18.156, el trabajador declara bajo juramento que: a) Se encuentra afiliado a un régimen de previsión o Seguridad Social fuera de Chile. b) Su voluntad desde el inicio de su relación laboral contractual fecha de inicio laboral, es mantener su afiliación al referido régimen de prestación o seguridad social, sin perjuicio de que en caso que el trabajador registrara cotizaciones en una administradora de Fondos de Pensiones, pueda solicitar la devolución de los fondos provisionales que hubiere depositado, de conformidad a lo previsto en el artículo 7º de citada Ley N° 18.156”.

Arguye que existe una declaración contradictoria y que en relación a ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley N°20.255, sobre reforma previsional, resolvió en su jurisprudencia administrativa, por ejemplo, en los Dictámenes N°27.587, del 2015, y N°23.170, de 2016, que en caso de existir manifestaciones de voluntad contradictorias en cuanto a mantenerse afecto al sistema previsional chileno, y, a la vez, extranjero, debe primar la primera, puesto que obedece a la regla general, siendo ésta la de enterar cotizaciones previsionales en el lugar donde presta servicios.

Añade que resulta de vital importancia señalar que el actor cuenta con residencia y cédula de identidad chilena permanente, lo cual no asegura el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, en el futuro se deba cubrir su pensión con fondos fiscales.

Concluye que no puede estimarse que haya incurrido en actos de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso al no haber imputación alguna a dicho Servicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

SEXTO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

SÉPTIMO: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

SÉPTIMO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida AFP, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-8626-2026.