nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Santiago, catorce de febrero de dos mil dieciocho.- Vistos y teniendo presente:

1°) Que recurre de protección don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, de don nombre reservado y don nombre reservado como Comisión Negociadora y de otros 34 trabajadores de la Empresa Tubos y nombre reservado –ADS de Chile Limitada, unidos para negociar un instrumento Colectivo de Trabajo, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra, de la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, representada por doña nombre reservado, ignora profesión, todos domiciliados en domicilio reservado, entidad que dictó el Ordinario N°1653, del 27 de noviembre de 2017, amenazando y perturbando sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N°2,15,16,19, 24 y 26 de la Constitución Política.

En cuanto a los hechos del recurso, señala que con fecha 4 de agosto de 2017, un grupo de 37 trabajadores, unidos para negociar, presentaron a la empresa Tubos y nombre reservado-ADS de Chile Limitada, un proyecto de Instrumento Colectivo de Trabajo en virtud de lo dispuesto en el artículo 320 del Código del Trabajo, lo cual culminó con la firma de un instrumento colectivo de trabajo, conforme la norma ya señalada, el cual fue enviado a la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, con la finalidad de registrar el mismo.

Sin embargo mediante el Ordinario Nº1653 la recurrida se negó a registrarlo argumentando que el instrumento no tiene los efectos jurídicos regulados en el Libro IV del Código del Trabajo. El Ordinario señala que la Ley Nº20.940 no contempla norma que establezca o permita establecer modalidad o el procedimiento de la negociación colectiva que puedan practicar aquellos trabajadores agrupados para estos efectos; continúa señalando que si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador, las que son vinculantes para las partes y producen los efectos de todo acuerdo contractual, dicho instrumento colectivo no tiene los efectos jurídicos que el Libro IV del Código del Trabajo le asigna al Instrumento Colectivo suscrito en el marco de una negociación colectiva reglada o no reglada de sindicato.

Expresa el recurrente que de acuerdo a los artículos 320 y 321 del Código del Trabajo, se puede concluir que el convenio celebrado con su empleador es un Instrumento Colectivo de trabajo, que es una convención celebrada entre empleadores y trabajadores, sin distinguir si éstos están sindicalizados o no, por lo tanto la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores y no excluyente de las organizaciones sindicales, que debe ser registrado por la recurrida.

Señala que existe una violación de los elementos reglados que importan una vulneración a los derechos constitucionales contenidos en los Nº2, 15, 16, 19, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Se amenaza y perturba a los recurrentes del legítimo ejercicio a la negociación colectiva, asimismo se les obliga a asociarse únicamente como sindicato y no como trabajadores, además se les exige tener la calidad de trabajadores sindicalizados, desnaturalizando la esencia de la negociación colectiva, atribuyéndosela unicamente a las organizaciones sindicales. En cuanto a la vulneración de la garantía contenida en el número 24, señala que el actuar de la recurrida le impide ingresar aquellos derechos obtenidos en el instrumento a su patrimonio.

Cita jurisprudencia de esta Corte en este sentido y solicita que se acoga el presente recurso de protección, se deje sin efecto el Ordinario Nº1653 de 27 de noviembre de 2017 y se le ordene a la recurrida registrar el instrumento en idénticas condiciones que a una organización sindical, condenando en costas a la recurrida;

2°) Que informa doña María Begoña Iglesias Danilla, abogada, en representación de la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, quien expone que con fecha 16 de octubre de 2017, el abogado de la empresa Tubos y nombre reservado Ads de Chile Ltda. hizo entrega del Convenio de Contrato Colectivo celebrado entre la empresa y un grupo negociador cuya vigencia era a contar del 1 de octubre de 2017 por el plazo de 3 años; sin embargo en dicha comunicación no existe petición de registro.

Expone que mediante el Ordinario Nº1513, lo que se hace es comunicar a la empresa y los representantes del grupo negociador lo señalado en el Dictamen Nº1163/0029 de 13 de marzo de 2017, por lo que en el ordinario no existe negativa de registro, puesto que aquella petición nunca se efectuó.

Alega la improcedencia del recurso, en atención a la falta de los requisitos constituciones para su interposición, por la legalidad y falta de arbitrariedad de la actuación, por cuanto del tenor expreso del artículo 320 del Codigo del Trabajo, se concluye que la condición para calificar un determinado instrumento como “colectivo” es que debe haberse generado de acuerdo a las reglas del Libro IV del Código del Trabajo.

Asimismo, hace presente que el ya citado Art. 320, en su inciso final, establece que los instrumentos colectivos deben ser registrados en la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su suscripción; y en el presente caso, el 16 de noviembre de 2017, es decir, al mes siguiente de la suscripción del instrumento, se ingresó una copia del mismo, sin que se formulara petición de registro del convenio colectivo celebrado.

Además señala que es una cuestión zanjada que la Ley Nº20.940 no contempló procedimiento de negociación para los grupos de trabajadores; muestra de lo anterior es el artículo 327 del referido cuerpo legal que señala que la negociación colectiva reglada se inicia con la presentación del proyecto por “el o los sindicatos”. Por lo tanto no estando contemplada la posibilidad de que un grupo de trabajadores negocie de acuerdo al procedimiento del Libro IV, es evidente que no puede obtener un “Instrumento Colectivo” en los términos del artículo 320, y por lo tanto sólo aquellos instrumentos deben ser registrados en la Inspección del Trabajo.

Por lo tanto el Ordinario Nº1653, no contiene arbitrariedad ni ilegalidad sino por el contrario este se encuentra dictado con apego a la legislación vigente y sólo informa a la recurrente los pormenores del dictamen Nº1163/0029. Además, al no constituir el instrumento o acuerdo del grupo de trabajadores un instrumento colectivo en los términos del citado artículo, no corresponde a la Inspección registrarlo, pues sólo corresponde la inscripción de aquellos definidos en su inciso primero, situación que no es de la especie.

A mayor abundamiento, señalan que el instrumento que pretender registrar no se rigió para su constitución por ninguna de las normas mínimas del Libro IV; además el registro en sí mismo no produce ningún efecto jurídico, por cuanto los derechos, obligaciones y limitaciones de la negociación colectiva tienen su origen en el propio Libro IV, por lo que no estima vulneradas ninguna de las garantías constitucionales que invocan los recurrentes.

En atención de lo expuesto solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso en todas sus partes;

3°) Que son hechos no controvertidos en el presente recurso, los siguientes:

a) Que con fecha 16 de octubre de 2017 los recurrentes celebraron un convenio colectivo de trabajo con la empresa “Tubos y nombre reservado-ADS de Chile Ltda.”;

b) Que copia del antedicho documento fue presentado a la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco por los recurrentes, sin petición alguna, con fecha de 16 de noviembre de 2017;

c) Que por Ordinario N° 1653, de 27 de noviembre de 2017, la Inspección Comunal del Trabajo antes referida comunica a los recurrentes que por las razones que expresa y contenidas en el dictamen N° 1163/0029 de 13 de marzo de 2017, si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador, dichos instrumentos no tienen los efectos jurídicos regulados en el Libro IV del Código del Trabajo;

4°) Que el recurso o acción de protección de derechos y garantías constitucionales es de carácter cautelar o de emergencia, y procede cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías referidos en el Art. 20 de la Carta Fundamental, en relación con el Art. 19 del mismo texto constitucional, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos ante la autoridad o los tribunales competentes.

Luego, para que sea estimado se requiere establecer primero si la acción u omisión impugnada adolece de arbitrariedad, o bien es contraria a normas legales; y en segundo término, si la acción u omisión que reúne los caracteres anteriores efectivamente vulnera o conculca los derechos y garantías más arriba expresados;

5°) Que los recurrentes estiman que el acto impugnado adolece de arbitrariedad e ilegalidad, fundándose en que por éste se habría negado la recurrida a registrar el Convenio Colectivo de Trabajo antes referido, registro que es procedente de conformidad a lo que dispone el Art. 320 del Código del Trabajo, disposición que por tanto habría sido infringida, afectando las garantías y derechos constitucionales que invoca en el libelo.

Dicho precepto legal establece lo siguiente:

“Art. 320.- Instrumento colectivo. Instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, por un tiempo determinado, de conformidad a las reglas previstas en este Libro.

El laudo o fallo arbitral dictado según las normas de los artículos 385 y siguientes de este Código también constituye un instrumento colectivo.

Los instrumentos colectivos deberán constar por escrito y registrarse en la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su suscripción.”;

6°) Que como se advierte de la lectura de la disposición precedentemente transcrita, para el registro de un instrumento colectivo –sin perjuicio de su eficacia como instrumento jurídico- se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones, que en el caso que nos ocupa claramente no concurren, de acuerdo a los hechos asentados en el considerando cuarto que antecede.

En primer término, es manifiesto que al presentarse el convenio colectivo suscrito por los actores y su empleador, ante la Inspección del Trabajo recurrida, no hicieron petición alguna en orden a que se procediera al registro del mismo.

En segundo lugar, es también evidente que dicha presentación –si es que su propósito era que se registrara el convenio como instrumento colectivo- se efectuó excediendo latamente el plazo de cinco días que la norma exige para tal efecto.

Por último, del precepto aludido aparece con claridad que solo se registran los instrumentos colectivos frutos del procedimiento de negociación colectiva celebrado “de conformidad a las reglas previstas en este Libro”, es decir, del Libro IV del Código del Trabajo, que no reglamenta los convenios celebrados por grupos de trabajadores a través de comisiones negociadoras, sino los instrumentos colectivos que son fruto de una negociación colectiva entre los sindicatos y el empleador. Así se desprende del Art. 327 del Código del Ramo, que estatuye: “Inicio de la negociación colectiva reglada. La negociación colectiva se inicia con la presentación del proyecto de contrato colectivo por parte de él o los sindicatos al empleador.”;

7°) Que por todo lo anteriormente razonado, el acto que se impugna no reviste caracteres de arbitrario o ilegal. Sigue de ello que faltando ese presupuesto de la acción constitucional ejercida, esta debe ser desestimada.- Sin perjuicio de todas las consideraciones anteriores preciso dejar establecido que el rechazo del recurso en modo alguno importa desconocer la validez del convenio celebrado por los trabajadores, la obligatoriedad para las partes en mano del mismo, lo que no puede verse afectado por la negativa a registrarlo por parte de la recurrida, que solo obedece, como se dijo, a razón de carácter formal.

Y visto, además, lo dispuesto en el Art. 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara SIN LUGAR el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, de don nombre reservado y don nombre reservado como Comisión Negociadora, y de otros 34 trabajadores de la Empresa Tubos y nombre reservado –ADS de Chile Limitada, en contra, de la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.- Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.- Redacción del Ministro señor Llanos.- Rol N° 86131-2017 (Acum. 1641-2018).

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá y el abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández. No firma el ministro señor Llanos, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.