COMERCIAL PICHARA SPA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO nombre reservado ORIENTE

CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso la abogado doña Margarita Riveaux García-Huidobro; y doña Paula Frías Espinoza, por la recurrida, ambas por 10 minutos.

nombre reservado 29 de enero de 2018.

nombre reservado

Relator C.A. de nombre reservado

nombre reservado, veintinueve de enero de dos mil dieciocho.

Proveyendo escrito folio 28587: A sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, en representación de Comercial Pichara SpA, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Oriente, representada por doña nombre reservado, Inspectora Comunal del Trabajo, ambos domiciliados en domicilio reservado, por estimar conculcadas las garantías de los N°s 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, mediante la dictación Ord N°1745 de 29 de noviembre de 2017, notificada el 5 de diciembre pasado.

Pide se ordene a la recurrida dejar sin efecto el Ordinario N°1745 de 29 de noviembre 2017, que deniega la tramitación de la reconsideración administrativa presentada el 31 de octubre de 2017, ordenando en definitiva a la recurrida conocer y resolver la reclamación administrativa presentada, por haber sido interpuesta dentro de plazo legal.

Funda su pretensión cautelar señalando que el 21 de agosto de 2017 en el curso de la fiscalización, el fiscalizador don nombre reservado, cursó una multa administrativa por 60 UTM, por Resolución 3554/17/7, la que fue notificada el 29 de septiembre de 2017, mediante carta certificada.

Explica que conforme lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, Comercial Pichara, optó por presentar una reconsideración de multa, la que fue ingresada el 31 de octubre 2017, esto es, dentro de 30 días hábiles, desde la fecha en que se notificó la multa, ya que sólo transcurrieron 24 días hábiles. No obstante lo anterior, el 29 de marzo de 2017, la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Oriente, dictó la Resolución N°1745, la cual constituye el acto ilegal y arbitrario, debido a que no dio curso a la solicitud de reconsideración interpuesta, por considerar que la presentación fue interpuesta de forma extemporánea, por no haber sido presentada dentro de 30 días corridos, contados desde la notificación de la multa.

Expone que en virtud del artículo 25 de la Ley N°19.880, dicha disposición expresamente señala que los plazos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. El fundamento de la resolución administrativa impugnada estima que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos, pese a que dicha norma no consagra regla alguna respecto al cómputo del plazo, puesto a que no se refiere si es de días hábiles o corridos.

Agrega que al ser un procedimiento administrativo, debe aplicarse la Ley N°19.880, el cual consagra la regla de que, en el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, corresponde a días hábiles y existiendo regulación expresa, ésta debe primar por sobre las normas de carácter general contenidas en otros cuerpos legales.

Señala que por el silencio del artículo 512 del Código del Trabajo, no puede concluirse por la Inspección del Trabajo se debe exceptuar de la aplicación de reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, ya que de no hacerlo, cada organismo público tendría sus propios criterios en este sentido, generando una vulneración a la igualdad ante la ley.

Concluye que la reconsideración administrativa se encuentra presentada absolutamente dentro de plazo, ya que si se considera que fue puesta en correo el día 23 de septiembre de 2017 y que la fecha de notificación fue el 29 de septiembre, y si consideramos los días hábiles (excluyendo sábados, domingos y festivos), el plazo vencía recién el día 15 de noviembre de 2017. De acuerdo al artículo 508 del Código del Trabajo, que establece que las notificaciones se entienden practicadas al sexto día hábil desde la recepción de la carta en la oficina de correo respectiva, se debe entender que la resolución fue notificada el 29 de septiembre de 2017.

Refiere que este criterio respecto al cómputo del plazo de reclamación, ha sido recogido en reiteradas oportunidades por la jurisprudencia de nuestros Tribunales, citando a modo de ejemplo la causa Rol Ingreso Corte N°40.918-2017 de esta Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado; Rol N°1423-2017 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas; Rol N° 242-2016 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En relación a las garantías constitucionales estima infringidas las del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política, al estimar que la resolución recurrida ha importado un acto ilegal y arbitrario, ya que en contravención al artículo 25 de la Ley 18.880, de forma injustificada se ha negado a tramitar un recurso administrativo presentado oportunamente por esta parte, atentando directamente contra la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dándose un trato arbitrario y discriminatorio a Comercial Pichara SpA, al privársele de acceder a un recurso que la ley dispone para todas personas, aplicando en definitiva un plazo que no existe en norma alguna, y por ende dándole a la reconsideración administrativa un tratamiento especial y distinto en relación a otros actos de la administración, realizando en consecuencia una distinción ilegal.

Asimismo estima conculcada la garantía del artículo 19 N°24, ya que al negarse a tramitar la reconsideración administrativa presentada, sufre un detrimento en su patrimonio, el cual no debería soportar, puesto que ni siquiera se han conocido los argumentos de la reconsideración de multa que debieran llevar a dejar sin efecto la multa cursada.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) Copia de resolución de multa 3554/17/7 de fecha 30 de agosto de 2017; 2) Copia por ambos lados del sobre de la carta certificada que contenía la resolución de multa 3554/17/7; 3) Copia de solicitud de recurso administrativo presentada con fecha 31 de octubre de 2017; 4) Copia de reconsideración de multa 3554/17/7 de fecha 31 de octubre de 2017; 5) Copia de ORD N°1745 de fecha 29 de noviembre de 2017; 6) Copia por ambos lados de sobre que contenía resolución ORD N°1745; 7) Copia de pantallazo de la página de Correos de Chile del seguimiento en línea de la carta certificada N°1180718408929; 8) Copia de la escritura pública donde consta mi poder para representar a la recurrente.

Tercero: Que evacua su informe doña Paula Frías Espinoza, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Oriente, quien solicita el rechazo del recurso promovido, con costas.

En primer término alega la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, fundado en que esta acción tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Señala que se ha interpuesto este recurso en contra de un Ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo, utilizándose como sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

Expone que acudir a sede de protección para materias que requieren aportar pruebas de distinta naturaleza, en oportunidades procesales específicas y que exigen un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación, significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica por el legislador, haciéndolo inútil y prescindible.

En apoyo de sus alegaciones invoca sentencias de la Corte de Apelaciones de nombre reservado en causas rol N°3404-2016, 10.123-2011, 70.438-2015; y San Miguel Rol N°178-2007.

Concluye que se ha ido formando un criterio para declarar inadmisibles los recursos de protección, no sólo porque existan procedimientos especiales que permiten reclamar, sino porque lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el recurso de protección, toda vez que se trata de una materia contenciosa administrativa.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, debiendo concurrir los siguientes: a) La ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) Que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal; c) Que, como consecuencia de ello, se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; d) Que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada.

En relación al acto arbitrario, lo define como aquel que es fruto del capricho o de la sin razón, lo que estima no ha tenido lugar en este caso, ya que el Ordinario impugnado se dictó razonada y fundadamente en virtud de los artículos 512 y 508 del Código del Trabajo y a base de los antecedentes de la multa N° 3554/17/7, de 30 de agosto del 2017, notificada por medio de correo certificado el 29 de septiembre de 2017.

En cuanto al acto ilegal, señala que es aquel contrario a la ley, pero sostiene que el Ordinario recurrido está dictado conforme a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Finalmente, expone que la Constitución Política consagró en los artículos 6° y 7° el Principio de Legalidad o Juridicidad el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, debiendo resolver conforme a Derecho dichos requerimientos, so pena de incurrir en una falta funcionaria.

Colige que el recurso carece de objeto y causa, por lo que debe ser desechado de plano, toda vez que no existe acto ilegal o arbitrario en el proceder de este Servicio.

En subsidio informa el recurso señalando que el 30 de agosto de 2017, la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Oriente, dicta resolución de multa N°3554.2017.7-1, notificada de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, el 29 de septiembre de 2017. Respecto a ella la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de 31 de octubre de 2017.

Señala que dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada "dentro del plazo de 30 días corridos de notificada", es decir a más tardar el día 29 de octubre de 2017.

En atención a lo expuesto, el 29 de noviembre de 2017, mediante Ordinario N°1745, la Inspectora Comunal del Trabajo nombre reservado Oriente, comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración, en atención a que ésta había sido presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Expresa que la solicitud de reconsideración administrativa de la multa se presentó en forma extemporánea pues el plazo caducó el día 29 de octubre de 2017 y en virtud de la Circular N° 73 de 08/06/2010, de la Dirección del Trabajo, y según lo resuelto por la Contraloría General de la República en Oficio N° 17344, de 10 de marzo de 2014, el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos.

Sostiene que la discusión acerca del plazo de 30 días establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, ha quedado zanjada por diversos Dictámenes de la Contraloría General de la República que se trata de un plazo de días corridos.

Cita el Oficio N°17344, de 10 de marzo de 2014 de la Contraloría General de la República, señalando expresamente que el plazo de 30 días establecido en el artículo 512, es de días corridos, no siendo aplicable de modo supletorio la Ley 19.880.

Invoca Sentencias dictadas por la Décima Sala de la I. Corte de Apelaciones de nombre reservado en causa Rol 46-2015 y la Tercera Sala de la I. Corte de Apelaciones de nombre reservado, rol N° 1.832-2010, estimando que el plazo para presentar la reconsideración es de días corridos, agregando que el Formulario (F10) entregado a la empresa para la tramitación de este recurso señala expresamente: “plazo para Recurso de Reconsideración: dentro del plazo fatal de 30 días corridos de notificada la resolución de Multa”.

Estima que correspondía utilizar la vía judicial, a través del artículo 512 del Código del Trabajo, o bien la vía administrativa, en virtud del Recurso de Reposición establecido en el artículo 59 del al Ley 19.880, pero no corresponde utilizar la Acción de Protección para impugnar el referido acto.

Concluye que no es posible sostener que la Dirección del Trabajo haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza por establecer una diferencia arbitraria o ilegal en la protección de los derechos del actor.

Cuarto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.

Copia de Resolución de Multa N° 3554.2017.7, de 30 de agosto de 2017, con registro de notificación mediante carta certificada, depositada el 22 de septiembre de 2017; 2. Formulario para solicitar reconsideración administrativa de multa F10, presentado por la empresa Comercial Pichara SpA, de 31 de octubre de 2017; 3. Copia de Ordinario N°1745/2017, de 29 de noviembre de 2017.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes se puede establecer que el recurrente presentó reconsideración en contra de la multa impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo nombre reservado Oriente y dicho organismo lo rechazó por estimar que el plazo para solicitar tal reconsideración estaba vencido por aplicación del artículo 512 del Código del Trabajo, decisión que se funda en la existencia de dictámenes emanados de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia que invoca, los que han establecido que el término corresponde a días corridos.

Séptimo: Que, para una acertada resolución del presente asunto, conviene precisar que la única disposición que regula los plazos en materia laboral, es la contenida en el artículo 435 del Código del Trabajo, norma que dispone que los plazos son fatales, haciendo expresa mención en su inciso 3° que los términos de días que establece el Título I se entenderán suspendido durante los días feriados.

En consecuencia, dicha disposición no regula de manera expresa la naturaleza de los días contenidos en el artículo 512 del Código del Trabajo, la que se encuentra ínsita dentro del Libro V, Título Final.

Octavo: Que, en consecuencia, habrá de entenderse que el término de días contenido en la norma del artículo 512 del Código del Trabajo ha de ser de días hábiles, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, norma que es plenamente aplicable en este caso, habida consideración que la Inspección del Trabajo es un órgano del Estado, por lo que los actos administrativos que emanen de su labor, se encuentran absolutamente resultados por la referida ley.

Es por ello que los plazos establecidos en esa ley son de días hábiles, debiendo entenderse que son inhábiles los sábados, domingos y festivos y siendo esta norma de carácter especial, prima por sobre cualquier regulación general y en especial o a falta de regulación expresa, como ocurre en el caso del Código del Trabajo.

En suma, esta Corte estima que el plazo que señala el artículo 512 del cuerpo legal referido es de días hábiles, motivo por el cual el recurso de reposición ha sido interpuesto dentro de plazo legal y al haberse negado su tramitación se ha conculcado la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política, al dársele un trato discriminatorio en la aplicación correcta de la ley, cuestión que conlleva se acogerá el recurso interpuesto por la recurrente en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Noveno: Que las alegaciones de improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido debe ser desestimada, por cuanto el propio constituyente ha establecido la acción cautelar de protección, sin perjuicio de los demás derechos y recursos que establece la ley, cuestión que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

Décimo: Que la misma suerte sigue la alegación de improcedencia por supuesta falta de requisitos constitucionales para la interposición del recurso, desde que esta Corte ha constatado un trato discriminatorio en la aplicación de la ley al caso en concreto.

Undécimo: Que habiéndose acogido el recurso por la garantía antes señalada, se omitirá pronunciamiento respecto de la otra garantía supuestamente conculcada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en representación de Comercial Pichara SpA, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria Nº 1745 de 29 de noviembre de 2017, debiendo la recurrida Inspección Comunal nombre reservado Oriente admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente contra la resolución de multa Nº3554/17/7 aplicada por fiscalizador don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-Ant-86.009-2017.