nombre reservado con HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

A los folios 12, 13 y 14: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 24 de abril pasado, comparece Rodrigo Henríquez Carrera, abogado, actuando a favor y en representación de nombre reservado, enfermero, e interpone recurso de protección en contra del Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna, representado por nombre reservado, fundado en la decisión de suspenderlo de sus funciones, medida que, según sostiene, vulnera sus garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente es titular del grado de Enfermero, título otorgado por la Universidad Arturo Prat con fecha 9 de enero de 2014, y que, el 23 de enero de 2014 ingresó a la Administración del Estado, incorporándose al Hospital Clínico San Borja para desempeñar labores propias de su profesión, manteniendo vínculo con dicho establecimiento hasta el 10 de julio de 2018. Posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2022, ingresó a la dotación funcionaria del Hospital Luis Calvo Mackenna, manteniendo a la fecha un vínculo estatutario vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, con grado 12 en la Escala Única de Profesionales y evaluado en Lista 1 Distinción.

Relata que el martes 8 de abril de 2025, a las 12:57 horas, fue citado a la oficina de la Jefa de Recursos Humanos del hospital, señora nombre reservado, quien se encontraba acompañada de la funcionaria nombre reservado. Allí, nombre reservado le comunicó que estaba siendo acusado de acoso sexual y que, como medida inmediata, quedaba suspendido de sus funciones. En ese contexto, le manifestó que tenía 2 opciones, renunciar o que se iba a investigar, para luego rectificar señalando que aun en caso de renuncia, igualmente sería objeto de investigación.

Indica que, acto seguido, nombre reservado le indicó que lo acompañaría a su oficina y a su casillero para retirar todas sus pertenencias, proporcionándole incluso una caja para ello. Precisa que esta funcionaria mantuvo una proximidad física que describe como invasiva, escoltándolo durante todo el trayecto hasta su vehículo, permaneciendo allí hasta que se retiró del establecimiento.

Sostiene que el hecho lo dejó sorprendido, afectado y en estado de conmoción, iniciando de inmediato gestiones para conocer el origen de la decisión y preparar su defensa. Así, el viernes 11 de abril de 2025, a las 13:45 horas, remitió un correo electrónico a nombre reservado solicitando que se le informara quién era el fiscal a cargo del caso, con el fin de remitir un escrito formal con su defensa y peticiones.

Señala que la respuesta provino de nombre reservado, Jefa de Gestión de Personas del hospital, a quien nombre reservado derivó la consulta. En dicha respuesta se le informó que “se está gestionando fiscal cruzado con otro establecimiento de la Red” y que, una vez constituida la fiscalía, ésta solicitaría sus datos para tomar contacto e iniciar diligencias.

Alega que, hasta la fecha de interposición de la acción, no se ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario alguno, ni se le ha notificado formalmente de los hechos que motivan la suspensión, que no existe resolución escrita que fundamente la medida, ni formulación de cargos, ni oportunidad para ejercer derecho a defensa, rendir prueba o presentar descargos.

Afirma que, por el contrario, se trata de un acto carente de toda fundamentación legal, adoptado de forma intempestiva, que le impide continuar con sus funciones y que ha generado un ambiente de rumor en el hospital, donde se comenta que el recurrente es un “acosador sexual”, afectando gravemente su honra y reputación.

Manifiesta que no existe investigación penal en su contra y que, como consecuencia directa de la medida, ha sufrido un grave deterioro en su salud mental, respecto al que acompaña informe médico de fecha 22 de abril de 2025, suscrito por el doctor nombre reservado, médico cirujano y especialista en Psiquiatría Adulto de la Universidad Diego Portales, donde se constata que presenta cuadro depresivo, insomnio mixto, anergia, disminución del apetito, pérdida de peso, alteraciones en la concentración, somatizaciones e irritabilidad, todos síntomas atribuibles a la suspensión.

Argumenta que el actuar del hospital vulnera el artículo 19 N° 1 en cuanto a su derecho a la vida e integridad física y psíquica, afectado por el deterioro emocional y físico derivado de la suspensión arbitraria; el artículo 19 N° 2 respecto a su derecho a la igualdad ante la ley, al establecer una diferencia arbitraria respecto de otros funcionarios que, antes de una eventual suspensión, han sido sometidos a procedimiento administrativo disciplinario con garantías; el artículo 19 N° 3 inciso 5° en relación al derecho a ser juzgado por el tribunal que señale la ley, infringido al actuar el hospital como “comisión especial” carente de competencia para aplicar sanciones sin procedimiento previo; el artículo 19 N° 4 por su derecho a la honra y vida privada, vulnerado por la difusión de rumores y la imputación pública sin pruebas ni investigación, y; el artículo 19 N° 16 por su libertad de trabajo y su protección, al privarlo de la estabilidad en el empleo de manera contraria a derecho.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y doctrina nacional sobre el debido proceso, resaltando que todo acto administrativo sancionatorio debe estar precedido de un procedimiento racional y justo, y que en la especie se ha omitido su tramitación. Invoca además la Ley N° 19.880, destacando la infracción a los principios de: celeridad (art. 7), conclusivo (art. 8), economía procedimental (art. 9) e inexcusabilidad (art. 14), al no existir acto formal que fundamente la suspensión, ni notificación escrita, ni constitución de fiscalía que permita iniciar una investigación, formular cargos y permitir la defensa del afectado.

Denuncia que la omisión de estos principios deja en evidencia la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación del hospital, que ha actuado desconociendo las normas que rigen a la Administración y afectando gravemente derechos fundamentales del recurrente.

Solicita se acoja el recurso, ordenando dejar sin efecto la suspensión dispuesta en su contra; que el hospital se abstenga de adoptar nuevas medidas sin sustento en sumario administrativo o proceso calificatorio debidamente tramitado; que se adopten todas las medidas necesarias para su protección; y que se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece don Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en representación convencional del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, RUT RUT reservado, quien indica que, en los hechos, con fecha 8 de abril de 2025 se recibió en el hospital una denuncia formal por acoso sexual contra el recurrente, y que ante la gravedad de la imputación y en cumplimiento de las obligaciones de resguardo, el Director del Hospital dispuso la suspensión preventiva con goce de remuneraciones, medida formalizada mediante Resolución Exenta N° 1212 de 10.04.2025, estableciendo que sería el fiscal instructor quien ratificaría, modificaría o dejaría sin efecto la medida.

Añade que, por no poder designarse a un funcionario del propio hospital, mediante Ordinario N° 356 de 10.04.2025 se solicitó al Director del Instituto de Neurocirugía (INCA) el nombramiento de un fiscal externo, quien, a través del Ordinario N° 234 de 28.04.2025, propuso a nombre reservado, profesional a contrata grado 10 EUS. Posteriormente, la Resolución Exenta N° 1411 de 30 de abril de 2025 formalizó su nombramiento como fiscal del sumario administrativo, y, el 13 de mayo de 2025, la fiscal ratificó la medida preventiva de suspensión, manteniendo el goce de remuneraciones.

Fundamenta que el actuar del hospital se ajusta a derecho conforme a la Ley N° 21.643 (Ley Karin), publicada el 15 de enero de 2024, que incorporó en el ordenamiento nacional los estándares del Convenio 190 de la OIT y la Recomendación N° 206, estableciendo como principio y derecho fundamental un entorno laboral seguro y saludable, libre de violencia y acoso.

Cita las modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, que imponen la adopción de medidas de prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual, así como la obligación de contar con protocolos específicos.

Informa que, en cumplimiento de dichas exigencias, el hospital aprobó mediante Resoluciones Exentas N° 3656 y N° 3657, ambas de 9.10.2024, su política de prevención y su procedimiento de denuncia, investigación y sanción, donde se contempla como medida de resguardo la suspensión preventiva con goce de remuneraciones.

Sostiene que, en este caso, la medida se adoptó para proteger la integridad tanto de la denunciante como del propio denunciado, y para garantizar la imparcialidad de la investigación, recurriendo al mecanismo de fiscalía cruzada con el INCA.

Argumenta que la suspensión es preventiva y no sancionatoria, razón por la cual no constituye vulneración del artículo 19 N° 3 (prohibición de comisiones especiales), ni afecta la libertad de trabajo del N° 16, puesto que el actor sigue percibiendo su remuneración íntegra.

En relación con el artículo 19 N° 1 (vida e integridad física y psíquica), afirma que no existe acto ilegal o arbitrario que afecte este derecho, ya que la medida fue adoptada ante una denuncia seria y en cumplimiento de protocolos legales, descartando la configuración de un atentado directo contra la integridad del actor.

Respecto del artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley), sostiene que no se configura diferencia arbitraria, puesto que el sumario administrativo fue instruido con fiscal designado y ratificación de la medida preventiva.

Sobre el artículo 19 N° 4 (respeto y protección a la vida privada y honra), niega que el hospital haya difundido la medida, atribuyendo los comentarios internos a hechos no controlados ni promovidos por la institución.

Finalmente, sostiene que la acción de protección es improcedente en esta sede, ya que no se trata de un derecho indubitado y existen otras vías para impugnar actos administrativos, particularmente cuando el procedimiento sumarial se encuentra en curso.

Reitera que no se ha producido vulneración actual de derechos fundamentales, que la suspensión es preventiva, fue adoptada por autoridad competente y ratificada por el fiscal, y que el recurrente ha continuado percibiendo sus remuneraciones.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que el acto recurrido consistiría en la omisión de la recurrida respecto al inicio de un sumario administrativo a su respecto, sin embargo, se observa que a esta fecha ya se inicio el procedimiento, y se designó una fiscal instructora, la que además dispuso la medida de suspensión con goce de sueldo que pesa sobre el recurrente, motivo por el cual no existe la omisión denunciada por el recurrente.

Asimismo, se advierte que la medida se tomó en cumplimiento de los protocolos derivados de la denuncia de acoso sexual que pesa sobre el recurrente, motivo por el cual no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en esta, motivo por el cual la acción no podrá prosperar.

Quinto: Que, además, todo aquello relativo a la sintomatología del recurrente, corresponde a un asunto personal derivado de sumario administrativo legalmente iniciado en su contra, respecto de lo que no corresponde hacerse cargo esta Corte.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-8600-2025.