COLEGIO DE ADULTOS PULMAHUE E.I.R.L. con DIRECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO SANTIAGO

Foja: 49 Cuarenta y Nueve C.A. de Santiago Santiago, dos de noviembre de dos mil quince.

Proveyendo a fojas 48, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 24 de septiembre de 2015 don nombre reservado, a fojas 15, recurre de protección en contra de la DIRECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO SANTIAGO CENTRO por el acto que estima ilegal o arbitrario consistente en la dictación de la Res 1734/15/5 que le fue notificada por carta certificada el 24 de agosto de 2015, y que le aplicó una multa equivalente a 15 Ingresos Mínimos Mensuales correspondientes a $2.331.990, ya que según la fiscalizadora, el representante legal del colegio, vía telefónica el 07 de agosto de 2015, impidió su fiscalización, lo que constituiría infracción al artículo 24 y 25 de DFL 2 del Ministerio del Trabajo.

Funda su recurso en el hecho que lo manifestado por la fiscalizadora actuante, doña nombre reservado, es falso y carece de todo valor, lo que constituye una actuación arbitraria e ilegal, puesto que se aparta de lo establecido en el Código del Trabajo, la Circular N°88 de 05 de julio de 2001 de la propia Dirección del Trabajo.

Más adelante señala que el día 07 de agosto del presente, la fiscalizadora ya individualizada, se apersonó en el colegio que representa, para llevar a cabo una fiscalización, momento en que no se encontraba su representante legal, quien a la misma hora realizaba trámites ante el Ministerio de Educación, por lo que dejó con su secretaria un requerimiento de documentación, citándolo para comparecer ante la Inspección del Trabajo. Sin embargo, la fiscalizadora ingresó al colegio, se apersonó en las salas, interrumpiendo la clase de un docente y se entrevistó con los estudiantes, pidiéndole documentos.

Ante esta situación, su secretaria lo llamó por teléfono y se comunicó por esta vía con la fiscalizadora, pidiéndole que si quería fiscalizar, primero debía notificar a su parte, respondiendo ella que podía ingresar incluso con la fuerza pública. Por estos motivos solicitó que se hiciera abandono del colegio al menos mientras él no volviera, saliendo del establecimiento.

Sin embargo alrededor de las 17:00 horas de ese mismo día volvió con el auxilio de dos carabineros, exigiendo el ingreso al recinto con el objeto de fiscalizar, siendo que nadie le había impedido ingresar. Dejó sin efecto el requerimiento y citación y notificó anexo N°4 de inicio de fiscalización, donde se señala como hora de inicio las 11:27, siendo que eran pasadas las 17 horas.

Luego se le notificó el 24 de agosto de 2015 la multa impuesta por 15 Ingresos Mínimos Mensuales, por no permitir el procedimiento de fiscalización.

Estima como garantías conculcadas, el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y a la propiedad sobre los derechos incorporales que posee. La igualdad se vulnera porque la fiscalizadora se apartó del procedimiento preestablecido y menos, al utilizar la fuerza pública de manera antojadiza.

Por último, solicita que se suspenda el procedimiento administrativo de fiscalización, dejando sin efecto todo lo obrado, incluyendo la multa por inexistencia de sus presupuestos y nacer de un acto arbitrario e ilegal y que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que a fojas 40, informa Paulina Ossa Orellana, por la recurrida, realizando las siguientes alegaciones:

1.- La improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, toda vez que se ha interpuesto recurso de protección, acción cautelar de indudable significación en el amparo de derechos y garantías fundamentales en contra de una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso en contra de la misma la reclamación judicial, según lo dispone el art 420 letra e) del Código del Trabajo, siendo utilizado como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias.

2.- En cuanto a los hechos que han dado lugar a la acción de protección:

A.- se recibió denuncia el 13 de julio de 2015 de parte del trabajador nombre reservado, por no pago de sueldo en mes de junio de 2015.

B.- Con fecha 07 de agosto de 2015 siendo las 11:27 horas, la fiscalizadora se constituye en domicilio denunciado, notificándole el inicio de la inspección a la Sra. nombre reservado, secretaria administrativa.

C.- Durante la visita respectiva, se solicita entrevistar a trabajadores, lo que se logró sólo con uno de ellos, quien señaló que se encuentra contratado desde marzo del año y que no ha tenido problemas con sus remuneraciones. La secretaria durante el proceso de fiscalización, se puso en contacto telefónico con el director del Colegio, nombre reservado, quien solicita hablar con la fiscalizadora y manifiesta su molestia por la visita inspectiva, puesto que no contaba con su autorización y presencia, debiendo abandonar de inmediato el lugar y da instrucciones al personal del colegio para que la funcionaria actuante sea expulsada del establecimiento, por lo cual no fue posible seguir con la inspección.

D.- Una vez abandonado el lugar, la fiscalizadora según la facultad del artículo 26 del DFL 2 de 1967, requirió auxilio de la fuerza pública, concurriendo nuevamente al lugar denunciado. Una vez más se le niega el acceso a las dependencias, por instrucciones de nombre reservado, razón que motivó que se levantara acta de impedimento de visita firmada por funcionario de Carabineros de Chile.

En consecuencia, es evidente que la actuación de la fiscalizadora se ajustó a derecho y en caso alguna atenta contra las garantías constitucionales del artículo 19 N°2 y 24 de Constitución Política de la República.

Luego, se agrega que son contradictorias las versiones de cómo sucedieron los hechos, pero existe un documento suscrito tanto por la fiscalizadora -ministro de fe- como por la persona que estaba a cargo al momento de la fiscalización, doña nombre reservado; la fiscalizadora fue expulsada y si hubiese sido tan amable como lo señala en su recurso, no existiría motivo para regresar con fuerza pública.

3.- La actuación de la que se recurre está ajustada a la legalidad y la Inspección del Trabajo y la fiscalizadora actuaron dentro de su competencia: Cita al efecto los artículos 6 y 7 del Constitución Política de la República que establecen los principios de legalidad y de juridicidad.

En el informe de fiscalización y exposición, la fiscalizadora actuó en pleno cumplimiento al mandato legal previsto en art 505 del Código del Trabajo y en el artículo 1 y siguientes de la Ley Orgánica de dicho servicio, ya que actuó ajustada a sus labores y a sus facultades fiscalizadoras.

4.- Improcedencia del recurso de protección en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que estamos en presencia de:

A.- Ausencia de un acto arbitrario e ilegal: La fiscalizadora no se ha arrogado y/o atribuido facultades, ni se ha apartado del proceso de fiscalización, motivo que por lo demás el recurrente no desarrolla ni aludió a la forma en que se afectarían las garantías constitucionales alegadas.

La actuación de la fiscalizadora está lejos de ser una conducta arbitraria, menos aun cuando se ve plasmada en documentos como el anexo N°4 sobre inicio de fiscalización y acta de impedimento de visita, por lo que su actuación es producto de las prorrogativas que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo.

B.- La multa dictada no amenaza en ningún aspecto el derecho a la igualdad ante la ley y de propiedad de la recurrida. Además que no se desarrolló la vulneración a las garantías supuestamente vulneradas.

En virtud de todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso planteado.

TERCERO: Que para que proceda el recurso de protección se requiere efectivamente que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que efectivamente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho evidente y no disputado del reclamante, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

CUARTO: Que de los antecedentes aportados por la parte recurrente y por la recurrida, apreciados conforme a las normas de la sana crítica, no permiten construir elementos de convicción suficientes para estimar acreditados los hechos que se invocan en el recurso, ya que lo que éstos sí demuestran son los entorpecimientos generados por la propia accionante, destinados a impedir las actuaciones que, conforme a derecho pretendía desarrollar la recurrida, de manera tal que lo ocurrido no puede estimarse como un acto ilegal o arbitrario que amague, altere o prive a la recurrente del legítimo ejercicio de derechos que refirió en su acción.

QUINTO: Que, en efecto, el acto recurrido no es ilegal, puesto que la fiscalizadora de la Dirección Provincial del Trabajo Santiago Centro, se constituyó en dependencias del Colegio de Adultos Pulmahue EIRL, en virtud de las facultades que expresamente le reconoce el DFL 2 de 1967, realizando la inspección respectiva, motivada por la denuncia de un trabajador en contra de la recurrente y en su calidad de ministro de fe.

Que tampoco resulta ser un acto arbitrario, puesto que no se debe al mero capricho de la fiscalizadora actuante, sino el proceso de fiscalización obedece al uso de sus facultades legales, de lo que no se infiere arbitrariedad alguna.

SEXTO: Que, por lo tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada al no haberse comprobado sus fundamentos.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en lo principal de fojas 15, por don nombre reservado,, en representación de Colegio de Adultos Pulmahue EIRL.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-85969-2015.

Pronunciada por la Undécima Sala, conformada por el Ministro señor Mario René Gómez Montoya, por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y por el abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández. Autorizada por el Ministro de Fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, dos de noviembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.