nombre reservado con nombre reservado (EN POS IC 100976-2022)

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece el abogado José Miguel Arce Lubies en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, en sus calidades de miembros de la Comisión Médica Central (CMC), por el acto arbitrario e ilegal contenido en Resolución N° C.M.C. 4345/2022 que rebaja la incapacidad global de la recurrente a un 41%, por lo cual, no le otorga invalidez, lo cual constituiría una infracción a las garantías constitucionales consagradas en el artículo N°1, 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 4 de octubre de 2021 presentó una solicitud a la A.F.P. respectiva para obtener una pensión de invalidez debido a varias patologías, incluyendo ojo seco severo bilateral, síndrome de Sjögren, depresión y fibromialgia. Añade que el 20 de octubre de 2021 la doctora nombre reservado, Secretaria de la Comisión Médica Regional (CMR), le realizó una primera evaluación que consistió en una entrevista, examen físico y revisión de certificados médicos. Tras revisar la documentación la Dra. Feijoo determinó la necesidad de realizar interconsultas con base en el diagnóstico de ojo seco severo bilateral, síndrome de Sjögren, depresión y fibromialgia.

Refiere que la CMR emitió el Dictamen Nº D16.1268/2022, de 1 de marzo de 2022, donde se estableció que el menoscabo de su capacidad de trabajo era del 52%, lo que se considera una invalidez transitoria parcial a partir del 4 de octubre de 2021. Empero, la Asociación de Aseguradoras de Chile apeló contra dicho dictamen, argumentando que la fibromialgia estaba sobrevalorada, solicitando una reducción del porcentaje de invalidez. El 11 de marzo de 2022 su parte también apeló del dictamen de la CMR por estimar que no se consideraron todas las patologías, porque no se realizaron todos los exámenes técnicos para evaluar el ojo seco severo bilateral y porque no hubo aplicación de criterios específicos de evaluación para esa patología.

En virtud de esos recursos, el 25 de abril de 2022 se dictó la Resolución N° C.M.C. 4345/2022, la cual revocó el dictamen anterior de la CMR y redujo el porcentaje de invalidez al 41%. Expresa que esta última Resolución resulta arbitraria (C.M.C. 4345/2022 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones), por cuanto no fundamenta adecuadamente sus conclusiones, limitándose a hacer una relación temporal de las evaluaciones, sin mayor fundamento ni explicaciones.

A su entender los hechos descritos constituyen una vulneración a sus garantías fundamentales del derecho a la vida e integridad física; igualdad ante la Ley; de no ser juzgado por comisiones especiales; y del derecho de propiedad.

Pide dejar sin efecto la Resolución N° C.M.C. 4345/2022; y se ordene a la Comisión Médica Central que disponga una reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, por una comisión de médicos diversa de aquéllas que ya han intervenido en el proceso, ponderando la totalidad de los antecedentes allegados al expediente, subsanando todas las omisiones respecto de los antecedentes médicos de esta recurrente, y emitiendo un dictamen debidamente fundado.

Evacua su informe la Comisión Médica Central.

Plantea en primer término su falta de legitimación pasiva dado que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, debiendo ser el Consejo de Defensa del Estado quien asuma su representación judicial.

Asimismo, indica que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, asegurando que no es la vía idónea, puesto que la recurrente cuestiona la forma en que fue evaluada por la Comisión Médica Central, formulando imputaciones que deben ser acreditadas, por lo cual, no resulta admisible por medio de la acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyan materias de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del asunto, señala que la Comisión Médica Regional Santiago Centro evaluó el caso y solicitó evaluaciones médicas con un oftalmólogo, reumatólogo y psiquiatra, además de exámenes médicos. El oftalmólogo evaluó a la solicitante y sugirió un impedimento debido a leucomas corneales secundarios al Síndrome de Sjögren, con un 12% de menoscabo. El psiquiatra no sugirió impedimento debido a un trastorno depresivo recurrente, ya que la persona no había recibido psicoterapia y su sintomatología era leve. La reumatóloga sugirió un impedimento debido al síndrome de Sjögren, fibromialgia y tratamiento inmunosupresor permanente.

Al respecto, la Comisión Médica Regional, luego de revisar los informes médicos y los resultados de los exámenes, determinó que las enfermedades alegadas provocan una pérdida de capacidad de trabajo del 52%. Por lo tanto, se otorgó una pensión de invalidez parcial transitoria, ya que la pérdida de capacidad de trabajo era superior al 50% pero inferior a dos tercios. Al conocer del recurso deducido por la aseguradora, la Comisión Médica Central revisó el caso y determinó que el impedimento por fibromialgia debería configurarse en una clase II, rango alto, según la propuesta del reumatólogo. También evaluaron el síndrome de Sjögren en una clase II, rango medio, debido a episodios intermitentes de queratitis. La persona afectada presentó un recurso de reposición y, después de discutir los antecedentes, se determinó que el impedimento por fibromialgia correspondía a una clase II, rango alto, y el Síndrome de Sjögren a una clase II, rango medio. En consecuencia, mediante resolución N° C.M.C. 7000/2022, de fecha 29 de junio de 2022, se procedió a acoger el recuro de reposición y revocar la Resolución N° C.M.C. 4345/2022, de 25 de abril de 2022, estableciendo que procede otorgar pensión de invalidez parcial transitoria a la señora nombre reservado, toda vez que las enfermedades alegadas como invalidantes le provocan un 56% de pérdida de su capacidad de trabajo.

Concluye que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, la resolución de impugnada se encuentra debidamente motivada, por cuanto al conocer en segunda instancia, se solicitaron nuevas interconsultas médicas con especialista y luego se efectuó un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, habiéndose efectuado todos los estudios y análisis necesarios frente a la presentación y reclamaciones realizadas por la recurrente, más allá de que lo resuelto no sea compartido por la señora nombre reservado, por lo cual, no puede ser acusado de arbitrario o ilegal.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección corresponde a una acción cautelar de naturaleza constitucional, para la defensa de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: En lo que atañe a la alegación de falta de legitimación pasiva que postula la recurrida ha de subrayarse –en primer término-, que esta clase de acciones constitucionales responden al imperativo que consagra el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en orden a contar con un “recurso sencillo y rápido” que proteja esa clase de derechos, lo que le aleja ostensiblemente del rigor formal que puede predicarse de otra clase de acciones. De ahí que –por ejemplo-, la de protección pueda deducirla cualquier persona a nombre del afectado o afectada, como lo autoriza la Carta Fundamental. Enseguida, desde la óptica que se viene refiriendo, lo determinante es que el acto administrativo que se cuestiona por este medio ha sido dictado precisamente por la autoridad contra la cual se recurre, de manera que está legitimada para actuar y ser emplazada;

Tercero: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituida por la Resolución N° 4345/2022, de 25 de abril de 2022, de la Comisión Médica Central, por medio de la cual se rebajara la incapacidad global de la recurrente de un 52% a un 41%, motivo por el cual le fue denegada la invalidez que reclamaba;

Cuarto: Sin embargo, conforme consta del proceso que se ha tenido a la vista –Rol N° 100.976-2022, sustanciado en forma paralela a esta causa- la misma entidad recurrida dictó la resolución C.M.C. 7000/2022, de 29 de junio de 2022, que revocó el Dictamen objeto de esta acción, decidiendo finalmente declarar una incapacidad global del 56% a favor de la recurrente, que implica una invalidez parcial transitoria. Por ende, resulta que la resolución impugnada fue dejada sin efecto con posterioridad a la interposición de esta acción, de manera que ha desaparecido de la vida jurídica el acto que se pretendiera reprobar, en términos que actualmente no existe medida que pueda adoptarse a ese respecto.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible.

Redactó el ministro señor Astudillo.

No firma la ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar con permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-85805-2022.