nombre reservado con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, quince de febrero de dos mil diecinueve Vistos y Considerando:

PRIMERO: Doña nombre reservado abogada con domicilio en domicilio reservado, dedujo recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de don nombre reservado, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doña nombre reservado, Secretaria General de la Universidad, nombre reservado, nombre reservado, doña nombre reservado funcionaria, y de los integrantes del Comité de Apelaciones Sres. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos quienes ejecutaron actos dentro del proceso de Responsabilidad Disciplinaria N°268/2018 iniciado por denuncia de acoso sexual de parte de la recurrente, actos que han significado privación, perturbación y amenaza al legítimo ejercicio de la recurrente de los derechos a la integridad psíquica, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, el derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, y el derecho a la honra y la vida privada, garantías contenidas en los números 1, 2 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En un lato escrito carente de síntesis, comienza exponiendo la recurrente que es alumna de quinto año de Teología en la Universidad Católica de Chile. Actualmente se encuentra en espera de poder retomar su proceso de titulación, toda vez que recientemente fue madre y esa es su prioridad.

Denuncia que entre los años 2015 y 2017 fue víctima de determinados actos de acoso sexual por parte de un profesor y presbítero de la Facultad de Teología, Señor nombre reservado, quien fue “uno de los seguidores más cercanos de Karadima” según nombre reservado.

En cuanto a las situaciones de acoso, señala que fueron en 4 oportunidades:

1) Durante el mes de octubre del 2015, época en la cual la recurrente era Presidenta del Centro de Estudiantes de Teología. Mientras se encontraba sentada en un banco sin respaldo, conversando con un grupo de estudiantes de primer año de la carrera, el profesor nombre reservado se acercó por detrás, puso sus manos sobre sus hombros y acercó sus genitales hasta rozarlos con su espalda, por un lapso de minutos.

2) El mismo día del hecho anterior, en el hall de la facultad y frente a toda la Unidad Académica, el profesor nombre reservado se acercó a nombre reservado y le ordenó traerle un café, esta situación fue del todo incómoda, e hizo que se sintiera humillada e intimidada, sobre todo luego de haber vivido hace pocas horas el episodio de acoso en el patio de la facultad.

3) Durante el segundo semestre del 2017, encontrándose en la sala del Centro Manuel Larraín -oficina del centro de investigación- con otros dos estudiantes de Teología, quienes estaban al tanto de que nombre reservado se sentía intimidada e incómoda con la presencia del profesor nombre reservado, éste se acercó a saludar. Sin embargo, al acercarse a ella, puso la mano por su cuello, deslizándola por debajo de la ropa hasta tocar su espalda. Al estar al tanto de los episodios anteriores de acoso que había perpetuado el profesor nombre reservado, los estudiantes pudieron darse cuenta de este nuevo gesto, del todo fuera de lugar.

4) El último hecho de connotación sexual ocurrió el primer semestre de 2017 en la oficina del profesor de Teología, nombre reservado. Encontrándose además otro miembro de la comunidad universitaria -quien entregó su testimonio en el proceso de manera reservada, por temor a represalias-, el profesor nombre reservado dijo una broma en doble sentido dirigida a nombre reservado, preguntándole “qué otro tipo de favores le hacían al profesor nombre reservado”, para luego preguntarle por qué no le hacían favores a él. Estos comentarios eran seguidos de miradas libidinosas y burlescas de su parte, generando un espacio muy incómodo y totalmente fuera del trato que debe tener un profesor con sus alumnas.

Agrega la recurrente que no hizo una denuncia en ese momento atendida su situación académica, ya que era alumna de tercer año de Teología, y el Sr. nombre reservado era y sigue siendo, el director de Licenciatura de tal carrera. Además impartía cursos que a la recurrente aún le faltaba tomar, por lo que de haber hecho la denuncia, era muy probable que hubiese perdido imparcialidad al evaluarla, con lo cual habría puesto en riesgo su futuro académico.

Con fecha 8 de junio del 2018, mediante resolución N°268/2018 la Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica de Chile dispuso la realización de una Indagación formal, a fin de establecer la efectividad de los hechos aludidos por la recurrente. En dicha resolución, se designó a la funcionaria nombre reservado, recurrida en estos autos, como investigadora. Con fecha 25 de Julio del 2018 la señalada investigadora emitió informe, en el cual propone a la Secretaría General el sobreseimiento definitivo del proceso de indagación formal “por estimarse que la investigación se encuentra agotada, que los hechos denunciados carecen de fundamento plausible y que, por ello, no corresponde la aplicación de sanción alguna en contra del profesor nombre reservado.

Luego, mediante Resolución de Rectoría número 92/2018 de 27 de Julio del 2018, la Secretaria General y el Rector (S) resolvieron sobreseer definitivamente el Proceso de Indagación Formal ordenado instruir mediante resolución N°268/2018. Esta decisión recae sobre la Secretaria General, ya que de acuerdo al artículo 32 del Reglamento es esta entidad quien resuelve si sobresee definitivamente, temporalmente, o si adopta alguna sanción contra el denunciado, de las contempladas en dicho artículo.

Con fecha 13 de Agosto del 2018 la recurrente apela de esta decisión, presentando un escrito ante la Comisión de Apelación, compuesta por 5 de los recurridos en esta acción. No obstante, mediante decreto de Rectoría N° 380/2018, de 25 de Octubre de 2018, la Secretaria General y el nombre reservado, formalizaron el acuerdo adoptado por la Comisión, quienes ratificaron el sobreseimiento definitivo de conformidad al artículo 46 d) del Reglamento. Finalmente, la decisión de la Comisión de Apelación fue notificada mediante correo electrónico de fecha 31 de Octubre del 2018, siendo el acto terminal de una consecución de actos procesales relativos al conocimiento de la denuncia de la recurrente por parte de la Universidad recurrida.

En cuanto a la ilegalidad de los actos ejecutados por las autoridades del proceso de responsabilidad:

Sostiene en primer lugar, que la Universidad Católica de Chile cometió infracciones en cuanto Corporación de Derecho Público. Esto, ya que infringió diversos cuerpos normativos al avalar el proceso disciplinario que resolvió la denuncia de la recurrida, así:

a.- Infracción a la legislación en materia de educación superior. Esto es, Ley N°20.370, General de Educación y Ley N°21.091 sobre Educación Superior, que consagran el respeto y promoción de los derechos humanos, estableciendo también que el acoso sexual y laboral , así como la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Señala que al haber avalado y ratificado el proceso disciplinario antes descrito no cumplió con este mandato legal, así como tampoco ha tomado medida alguna tendiente en evitar que la recurrente sea víctima de discriminación arbitraria en su proceso de titulación, ya que el señor nombre reservado sigue siendo el Director de Licenciatura de la carrera de Teología.

b.- Infracción a la Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. Denuncia que la recurrente ha sido objeto de discriminación arbitraria por el hecho de ser mujer, por su militancia política y haber ejercido como Presidenta del Centro de Estudiantes de Teología.

c.- Infracción a los preceptos del Reglamento sobre la responsabilidad académica y disciplinaria de los miembros de la comunidad universitaria de la PUC. Ello, por cuanto los recurridos infringieron el derecho a defensa establecido en el artículo 3° del Reglamento antedicho. Señala que la investigadora a cargo no cumplió con el mandato contenido en el artículo 14 del Reglamento, que dice que debe investigar con la mayor acuciosidad, así como agotar la investigación. Las autoridades tampoco cumplieron con el deber de fundamentar la decisión de abrir un Cuaderno Reservado en la investigación, tal y como ordena el artículo 18 del referido Reglamento. Asimismo, todas las autoridades involucradas infringieron el deber de apreciar la prueba en conciencia, según lo determina el artículo 22.

Se sostiene que la Secretaría General infringió lo dispuesto en el artículo 29, al no corregir de oficio los vicios del procedimiento detallados en esta presentación, o derechamente designar un nuevo investigador. Tanto el Rector como el Rector (S) no cumplieron con el deber de fundamentación que exige el artículo 30. En definitiva, ninguna de las resoluciones contiene una motivación suficiente, al tenor de la magnitud de los hechos denunciados.

La infracción de la PUC a las normas de derecho público, y su deber como integrante del Consejo de Rectores de respetarlas y promoverlas. No contar con un Protocolo idóneo para abordar las denuncias por acoso y abuso sexual al interior de la Comunidad Estudiantil infringe dichas normas Señala que el acto terminal del proceso disciplinario infringió lo dispuesto en el artículo 11 inciso segundo y artículo 41 inciso cuarto, ambos de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos -ambas normas de derecho público-, que obliga a la autoridad a dictar decisiones fundadas. Esto, ya que no señaló ni la resolución de la Secretaría General, ni la de la Comisión de Apelación, por qué los hechos denunciados carecen de fundamento plausible, de conformidad a una investigación que estuvo viciada en el proceso.

Indica que los actos de acoso sexual están definidos en el Código del Trabajo y en el Estatuto Administrativo, son hechos de carácter grave y que son una manifestación de la violencia de género. Que por ello, es deber de la Universidad recurrida contar con un protocolo eficaz para abordar estas denuncias, y al no tenerlo, infringen la ley. Agrega que actualmente, la Pontificia Universidad Católica cuenta en su sitio web con cuatro documentos que enlistan las acciones a tomar en casos de: 1) Hechos de violencia sexual que están ocurriendo, 2) Hechos de violencia sexual ya ocurridos, 3) Situaciones de acoso sexual, 4) Hechos de violencia sexual cometidos por un agresor externo a la comunidad UC. Ninguno de ellos contempla alguno de los elementos mínimos de un protocolo eficaz para abordar estas denuncias, como por ejemplo los señalados por el instructivo del MINEDUC que incluye una definición consensuada de acoso sexual, una postura de la institución al respecto, modelo de prevención de hechos de este tipo, modelo de reparación a víctimas, etc.

Infracciones de las autoridades que participaron del proceso de responsabilidad.

En este capítulo se indica a juicio de la recurrente las siguientes infracciones:

A.- Los actos ilegales de la Investigadora Sra. nombre reservado. El desempeño carente de sana crítica del Informe de Investigación en torno a los hechos denunciados y su falta de acuciosidad al llevar a cabo la investigación. Se sostiene al respecto que el artículo 22 del Reglamento, prescribe que el Investigador deberá apreciar la prueba “en conciencia”. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento establece el deber ético al investigador de proceder “con la mayor acuciosidad” durante la investigación. Indica que la Sra. investigadora llevó a cabo la investigación, adoleciendo de una perspectiva de acuciosidad y sana crítica en la revisión de los antecedentes, en la toma de declaraciones de testigos, en la administración del cuaderno reservado, y en la extralimitación de sus facultades como investigadora, elaborando conclusiones que no sólo vulneran el derecho al debido proceso de la recurrente, sino también sus derechos a la honra e integridad psíquica.

B. La infracción de la Secretaría General y del Rector: La validación del Informe de Investigación sin haber reparado los vicios procedimentales del que adolece. Estando la obligación de revisar la investigación y corregir todo vicio formal, en el artículo 29 del Reglamento.

C. La infracción de la Comisión de Apelación: falta de imparcialidad y de valoración de la prueba. Sostiene que el artículo 61 del Reglamento describe la instancia de audiencia ante la Comisión de Apelación, donde se expondrá verbalmente la relación del proceso, la decisión de la Secretaria General y la apelación, debiendo fallar, con acceso al expediente. No se asegura que haya tenido tal acceso, y ante la falta de motivación de su decisión, que se haya revisado íntegramente.

En cuanto a la arbitrariedad de los actos ejecutados por las autoridades del proceso de responsabilidad:

1.- La arbitrariedad de los actos de la Investigadora, Sra. nombre reservado:

Las conclusiones del Informe de Investigación en torno a los hechos denunciados. En cuanto al hecho 1, señala que no existe ningún miembro de la comunidad universitaria que dé cuenta de tal hecho. Afirma la recurrente primero, que no tuvo acceso a la investigación completa, por lo que cuando se hace alusión a “los antecedentes de la investigación” es algo que no se puede cotejar; por otro lado, difícilmente podía existir un testigo presencial ya que los testigos estaban de frente a nombre reservado y el acercamiento fue por detrás, y más que verlo, la recurrente lo sintió.

En cuanto al hecho 2, señala que no tuvo una connotación sexual, y que sí hay una testigo que afirma su ocurrencia, quien le hizo el comentario a la recurrente, pero esta solo le dijo que lo encontró una petición “rara” sin contarle su vivencia, según ella de connotación sexual, anterior, ese mismo día, por lo que es poco creíble. Ello según la recurrente es errado, porque la investigadora fue poco acuciosa, al no preguntarle a la testigo por que calificaba ese hecho de “degradante” e indagar más sobre lo ocurrido ese día.

En cuanto al hecho 3, existe la declaración de un testigo que “le hizo notar” el gesto de acercamiento que tuvo el profesor con la alumna, pero no recuerda si fue en el lugar que denuncia la recurrente o algún otro. Nuevamente existiría falta de acuciosidad al no indagar más de este hecho, pese a que el testigo dijo expresamente que supo de actos de acoso del profesor a la alumna, restándole credibilidad y sin seguir en su interrogatorio. Curiosamente señala la recurrente, con el declarante que le otorgó mayores antecedentes sobre una de las denuncias más graves –era uno de los actos de acoso sexual con contacto físico perpetrado por el denunciado a la víctima-, la investigadora se volvió totalmente escéptica sobre la credibilidad de su relato, calificándolo de “contradictorio y confuso” en su informe, ya que señala que es poco creíble que, habiendo sido un hecho ocurrido menos de un año antes, no recuerde detalles. La recurrente cuestiona que el testigo haya tenido el clima de confianza para declarar, y que haya omitido información por temor a represalias.

Testigo de los mismos hechos fue “otro” declarante, “Señala que, encontrándose en una sala común en que funciona el Centro de Estudios de la Religión, habría llegado el profesor nombre reservado a saludar encontrándose ella con una amiga, que individualiza como nombre reservado. Narra que, encontrándose en distintos lados de un escritorio, al entrar el profesor nombre reservado puso su mano en el hombro, en la nuca de mi amiga y parte, yo creo, de la mano, debió entrar en la polera, la ropa, por la espalda. No puedo hablar de sus intenciones, pero fue raro. Yo sólo vi que apoyó la mano, pero mi compañera se quedó helada porque lo sintió muy invasivo’ (cuaderno reservado)”. Cuestiona la recurrente que este testimonio haya sido reservado, a diferencia de todos los otros, que no quede claro el género del testigo, siendo que es muy diferente la apreciación de un hecho de connotación sexual por un hombre que por una mujer. La investigadora se limita a restarle credibilidad, diciendo que existen otras declaraciones de testigos que señalan que el profesor no realiza actos de connotación sexual sino más bien que es “torpe” en su relación con las mujeres. Señala la recurrente que lo importante son las consecuencias del actuar del denunciado, y lo importante es que este no conoce los límites para relacionarse con mujeres.

Agrega el recurso que enseguida la investigadora realiza una aseveración del todo arbitraria, ya que resta credibilidad a la denuncia: “aun cuando es posible constatar que dicho relato posee una base en la realidad, se puede verificar que estas inconsistencias no son compatibles con el grado de afectación propio de un acoso sexual como el denunciado, sino más bien se presentan como una reinterpretación de hechos más o menos recordados por ella en relación al profesor nombre reservado que en ningún caso, no al menos al momento en que sucedieron, tuvieron una connotación sexual”.

En cuanto al hecho 4, indica la investigadora que no existen testimonios que lo recuerden ni que le den el carácter de connotación sexual que asegura la recurrente. Nuevamente, la Investigadora yerra al pensar que la función de los declarantes es (re) calificar los hechos, los que coincidentemente le quitan todo tipo de connotación sexual.

Luego el recurso, se refiere a lo que denomina una falta de criterio de la Investigadora en la ponderación de antecedentes adicionales a los denunciados. Para finalizar sus conclusiones, la Sra. nombre reservado analizó los antecedentes aportados por la recurrente en relación al prontuario conductual del profesor nombre reservado. El primer antecedente dice relación con la existencia de otros dos casos de acoso sexual por parte del mismo Profesor nombre reservado en relación a las académicas nombre reservado y nombre reservado, ambas de la Facultad de Teología. Si bien ambas negaron haber sido víctimas de acoso, destaca la recurrente el poco criterio al realizar las preguntas y registrarlas en el proceso, pues lo que debió hacer fue registrar las declaraciones en el cuaderno reservado. El segundo antecedente relacionado con el prontuario conductual del profesor nombre reservado, trata del vínculo amoroso que el presbítero habría mantenido hace varios años con una trabajadora subcontratada asistente de aseo, quien intentó suicidarse, dejando una carta de amor dirigida a él y que, mientras estuvo hospitalizada, fue visitada por el mismo nombre reservado acompañado del profesor nombre reservado (mismo testigo presencial del tercer hecho denunciado por la recurrente), quien entregó una ayuda económica a la trabajadora. La investigadora reconoce que la situación anterior fue narrada por varios de los declarantes, esto es, la vinculación del profesor nombre reservado con la trabajadora, pero finalmente, desacredita la versión de la recurrente.

En tercer lugar, la investigadora considera “significativo” para efectos de evaluar la credibilidad de la denunciante, el que ella haya sido alumna del profesor nombre reservado durante el II semestre del 2017 y la evaluación docente que se le hizo ese año. Señala la recurrente que no es posible obtener de allí antecedentes de la conducta del profesor, siendo que esta encuesta es revisada por el mismo profesor y las respuestas pre dadas son muy acotadas, por lo que no hay espacio para estas denuncias.

En otro acápite de este punto, se refiere sobre el cuestionamiento de la Investigadora a la credibilidad de las denuncias de acoso sexual realizadas por la recurrente. En este punto, la investigadora se refiere al vínculo afectivo y familiar que tienen nombre reservado y Mike nombre reservado, ex profesor de la Facultad, quien es su actual pareja y padre de su hijo. La investigadora, saltándose todo tipo de criterio ético, interpeló a la denunciante sobre su relación con el ex académico. En este punto del Informe, la investigadora transforma la denuncia por acoso sexual de nombre reservado, en una disputa entre dos académicos, el señor nombre reservado y el señor nombre reservado. La investigadora, desviándose por completo del objeto de la denuncia, ahonda en esta línea señalando “Pero, además, ha sido posible constatar cómo fue una práctica habitual de algunos miembros de la comunidad universitaria pertenecientes a un mismo círculo de confianza esparcir rumores relativos al profesor nombre reservado”.

Sostiene el recurso que la alusión a la vida privada de la denunciante y recurrente en el proceso de investigación, así como el énfasis que la investigadora otorgó al ex académico Sr. nombre reservado, tuvieron por objeto -al igual que toda su investigación- el desacreditar la denuncia de acoso sexual, sembrando no sólo un haz de dudas respecto a la veracidad de los hechos, sino también respecto a las cualidades morales de nombre reservado. Esta actitud ignominiosa, denuncia, traspasa todos los límites de lo que en derecho puede considerarse un proceso llevado conforme a las reglas de la sana crítica. Finalmente, hace una conclusión sobre lo que realmente pasó entre denunciante y denunciado, y que no es más que una torpeza en el trato físico del profesor nombre reservado.

Luego el recurso se refiere a los antecedentes no ponderados por la investigadora: el vínculo de nombre reservado con la Pía Unión Sacerdotal que dirigía Karadima y su labor en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago Indica la recurrente en su recurso, que las conductas abusivas del profesor nombre reservado se remontan a sus tiempos de seminarista, rector del Seminario y miembro del grupo de discípulos de El Bosque, en donde hay testimonios de la persecución psicológica desplegada respecto a sus alumnos: retos, amonestaciones permanentes, ridiculizaciones públicas. En un texto autobiográfico, nombre reservado describe las acciones que nombre reservado ejercía contra él y otros, mientras estaba en el seminario, así como el apoyo público que tuvo el profesor nombre reservado cuando surgieron las acusaciones contra Karadima.

2. Refiere luego el recurso a lo que denomina actos arbitrarios de la Secretaria General por falta de fundamentación de su decisión.

3. En cuanto a la Comisión de Apelación. Sostiene que pese a haber escuchado personalmente la declaración de la recurrente, la Comisión de Apelación resuelve hacer suya la defensa que la Secretaria General hizo de los fundamentos de la decisión de sobreseimiento definitivo propuesta en el informe de investigación. En audiencia pública, solo dos hicieron preguntas, las que evidenciaron falta de conocimiento de la investigación, y una nueva agresión, según la apreciación de la recurrente.

En cuanto a las garantías constitucionales afectadas y que motivan el recurso de protección.

1. Perturbación al derecho a la integridad psíquica.

Señala la recurrente que la perturbación del derecho a la integridad psíquica la han causado todas las autoridades académicas, pues nombre reservado presentó una denuncia como víctima y terminó siendo juzgada como una victimaria. Asimismo, la situación incierta del proceso de titulación que deberá afrontar luego de todos estos sucesos, la han puesto bajo una presión y sobre-estrés que, en su condición de madre, han perturbado su sano vivir.

2. Amenaza al derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

En el caso concreto, la fuerza ilegítima viene ejercida por la presión de tener que someter su evaluación para la titulación ante una comunidad académica que funciona bajo una estructura jerárquica rígida y sancionadora. Esta amenaza a su derecho a contar con un proceso de titulación racional y justo, no fue protegido en ninguna de las instancias de investigación y apelación, al contrario, fue cuestionada en su vida personal. Duda de un proceso justo.

3. Privación del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y contar con un procedimiento y una investigación racionales y justos. Al respecto sostiene que existen diversas infracciones:

a.-) La PUC no garantizó la existencia de un tercero imparcial que conociera, resolviera y ejecutara una decisión en torno a la denuncia por acoso sexual realizada por la recurrente. Tanto la investigadora como la Secretaría General y la Comisión de Apelación se erigen como una Comisión especial.

b.-) El proceso disciplinario, desde la investigación hasta la apelación, no logra cumplir con el estándar constitucional de exigencia de un procedimiento racional y justo.

En primer lugar, no se respetó el principio de bilateralidad de la audiencia, no se respetó el principio de igualdad de las partes: la primera infracción es posible de observar en la posibilidad que tuvo el denunciado Sr. nombre reservado de entregar su declaración por escrito (vistos 19° del Informe de Investigación), a diferencia de la recurrente y denunciante, quien sólo tuvo la oportunidad de realizar la denuncia verbalmente ante la Secretaría General.

En tercer lugar, y sin duda la falta más grave al debido proceso, fue la gran omisión de contar con un juez imparcial que conociera y resolviera la denuncia. La investigadora sostiene un trato vertical desde el punto de vista moral respecto al Sr. nombre reservado y al Sr. nombre reservado, a quienes en reiterados párrafos del informe los señala como “padre”. nombre reservado tiene un cargo muy superior al de la investigadora. La imparcialidad exigida debe ser al menos cuestionada, desde que es la misma Secretaria General quien integra la Comisión de Apelación; se invoca acá la antigua práctica de ser juez y parte.

Luego, el artículo 61 describe la instancia en la Comisión, la que nuevamente está llena de vicios: la bilateralidad de la audiencia no se respeta, pues el apelante no puede participar de la relación del proceso que hace el Investigador.

El expediente es secreto para la denunciante, lo cual impidió ejercer con plenitud su derecho a defensa 4. Privación del derecho a la honra y a la vida privada.

En particular, las conclusiones expuestas en el informe de investigación, que se reprodujeron en el Capítulo III, numeral 2.1.C, en las cuales hay una alusión directa a la vida privada de la denunciante, sin que ella haya prestado su consentimiento para que durante la investigación se hiciera referencia a ello, porque justamente, su vida familiar forman parte de aquello resguardado por la privacidad.

En suma, en su recurso pide las siguientes medidas:

1. Que el proceso de Responsabilidad Disciplinaria iniciado mediante Resolución de Secretaría General N° 268/2018 de la Pontificia Universidad Católica, y culminado con el Decreto de Rectoría N° 380/2018, que resolvió sobreseer definitivamente el proceso de indagación formal respecto del profesor nombre reservado, debe ser anulado, por adolecer de graves vicios de legalidad y arbitrariedad.

2. Que, para prevenir futuras represalias en contra de la recurrente, se garantice probidad e imparcialidad en su proceso final de titulación, lo cual debe implicar que no podrán participar de dicha comisión evaluadora el sr. nombre reservado, por su calidad de denunciado en el proceso y por ende su pérdida de imparcialidad respecto a la denunciante y recurrente, y ninguno de los involucrados en el proceso anterior declarado viciado, ya sea como partes o como declarantes.

3. Que, para no volver a reincidir en un proceso vicioso, se ordene a la Pontificia Universidad Católica de Chile la creación de un Protocolo para abordar las denuncias de acoso y abuso sexual al interior de dicha casa de estudios, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales existentes. En particular, se propone adoptar las sugerencias para la elaboración de Protocolos contra el Acoso Sexual, elaborado por el Ministerio de Educación, a través de su Unidad de Equidad de Género.

4. Que se condene expresamente en costas a los recurridos.

SEGUNDO: Que evacua su informe la parte recurrida solicitando el rechazo del recurso de protección en base a los siguientes argumentos:

I. Síntesis del proceso de indagación formal abierto por resolución de secretaría general N° 268/2018.

Señala que con fecha 6 de Junio del año 2016, doña nombre reservado, acudió a las dependencias de la Secretaría General de la Universidad con el objeto de solicitar el inicio de un proceso de responsabilidad disciplinaria respecto del sacerdote nombre reservado, dos días después se ordenó abrir investigación formal, la que estuvo a cargo de nombre reservado, funcionaria de Secretaría General. Ella interrogó a todas y cada una de las personas indicadas por la denunciante como testigos. La denunciante por quien se recurre nunca solicitó conocer el expediente a lo largo del desarrollo de la investigación, tampoco al ser notificada del sobreseimiento definitivo decretado. Se conformó con conocer el Informe de la Investigadora sobre cuya base estructuró su apelación.

En efecto, con fecha 6 de agosto del presente año, la alumna nombre reservado apeló de la Resolución de Rectoría N° 92/2018. Convocada la Comisión de Apelación prevista en el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria a la sesión del 13 de agosto del presente año, la alumna nombre reservado presentó defensa escrita, conforme al artículo 61°, excusándose de concurrir personalmente por razones vinculadas a su maternidad reciente y al hecho de estar residiendo fuera de Santiago.

La Comisión de Apelación, velando por el derecho de la denunciante, estimó indispensable escuchar personalmente a la apelante, por lo que suspendió la audiencia, la que pudo concretarse en sesión celebrada el 22 de octubre del presente año (fojas 262). En dicha oportunidad, la Comisión, por unanimidad, y después de escuchar a la alumna nombre reservado y a su abogado Arturo Greene, acordó confirmar, la resolución apelada, basándose en que “no se ha logrado tener la certeza requerida para proceder a una sanción, por no existir suficiente prueba que acredite los hechos” ordenando corregir lo señalado en el Informe de la Investigadora, transcrito en el visto 2° de la Resolución de Rectoría N° 92/2018, de 27 de julio de 2018, en la parte que señala que los hechos denunciados carecerían de fundamento plausible.

Indica el recurrido que no se cuestiona la validez de las normas que rigen el actuar de la Universidad en este caso: pues fue la propia alumna, por quien ahora se recurre, quien invocó y se sometió a las reglas que rigen la jurisdicción doméstica que ejerce la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conformidad al Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria.

II. El proceso de indagación formal tramitado por la Pontificia Universidad Católica de Chile no adolece de ilegalidad ni de arbitrariedad.

1. La supuesta falta de acuciosidad al llevar a cabo la investigación.

Refiere el recurrido que la investigadora tomó declaración a todos y cada uno de los testigos. Además, solicitó antecedentes vinculados a la Dirección Jurídica de la Universidad; acopió las evaluaciones docentes del profesor denunciado, a objeto de indagar si en ellas se registraba algún antecedente que pudiera dar cuenta de actuaciones inapropiadas del denunciado; practicó las notificaciones en tiempo y forma y evacuó su Informe Final; el que sirvió de base y motivación a la dictación de la Resolución de Rectoría N° 92/2018, que sobreseyó definitivamente el proceso.

La persona por quien se recurre tuvo, conforme al Reglamento, derecho a conocer cada una de tales actuaciones y ciertamente tenía derecho a pedir otras diligencias. No lo hizo.

El requerimiento funda su imputación de falta de acucia en dos circunstancias, de las cuales se hace cargo, con los siguientes argumentos:

a.- La primera consiste en no haberle preguntado al Mayordomo de la Facultad de Teología, don nombre reservado, más antecedentes acerca de la persona de quien se había enamorado una trabajadora subcontratada para cumplir labores de aseo de la Universidad, quien atentó en contra de su vida. Esto, para comprobar conductas inapropiadas del recurrido, que le darían mayor credibilidad a los hechos denunciados por la recurrente. Sí se hizo. Lo que dijo el testigo es que “Tuvo un problema amoroso con una persona que trabajaba con ella en Casa Central, pudo ser su jefe o su supervisor, a quien le había enviado una carta confesándole su amor”. Es decir, esa persona no podía ser nombre reservado, no había por qué insistir con una declaración que no lo vinculaba en lo absoluto.

b.- La segunda insinuación de falta de acucia está en no haber reunido más antecedentes acerca de los vínculos del denunciado con Fernando Karadima. Lo que el requerimiento omite es explicar por qué tendrían que haberse investigado tales vínculos. Aun cuando se hubiese comprobado el maltrato hacia jóvenes varones, no tiene nada que ver con un eventual acoso sexual a mujeres. Afirma el recurrido que no ha existido falta de acuciosidad en el actuar de la Investigadora, no omitió realizar diligencia alguna que le fuera pedida. Tomó declaración a todos los testigos de los hechos denunciados. Buscó antecedentes donde pudieren aparecer otras conductas impropias del denunciado con alumnos o alumnas, sin encontrarlos.

Sostiene que descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el contenido de las normas internas de la Universidad que regulan la acucia con que deben investigarse los hechos denunciados o en la forma en la que se desarrolló la investigación, tampoco es posible predicar tales hechos de las autoridades que validaron sus actos, fundando sus juicios en lo investigado.

2. Acusaciones de carencia de sana crítica en la manera de apreciar la prueba por parte de la Investigadora y arbitrariedad en sus conclusiones.

Como se dijo, las conductas que se atribuyeron al denunciado fueron todas realizadas en público, ante terceros, todos esos terceros declararon, ninguno declaró haber presenciado que el denunciado pusiera sus genitales en la espalda de la denunciante y tampoco recordaron los testigos que el denunciado hiciera bromas de doble sentido a la denunciante. Una sola persona, en cada caso, reconoció haber sido testigo de las dos restantes conductas atribuidas al denunciante, pero ninguno de ellas les atribuyó tener connotación sexual, ni menos ser indiciarias de acoso. Sus conclusiones están expuestas en 8 carillas de evaluación de cada medio de prueba.

3. La acusación de arbitrariedad de la investigación y de la investigadora por un supuesto cuestionamiento a la credibilidad de la denuncia.

Señala el recurrido que se le imputan a la investigadora falta de estándares éticos, al supuestamente haber entendido las denuncias como represalia en razón de las disputas entre el denunciado y la pareja de la denunciante.

Indica la informante que si se examina el considerando de su investigación contenido en la letra g) de sus conclusiones, se puede verificar que la única inferencia que la investigadora extrae de la disputa entre el denunciado y la pareja de la denunciante, es que ella le permite explicarse una serie de rumores que han levantado prejuicios contra el denunciado, pero a un tiempo, sin haber podido encontrar antecedentes fidedignos de conductas de acoso sexual del denunciado en contra de la denunciante o de alguna otro miembro de la comunidad universitaria.

4. Supuestas ilegalidades de las autoridades de la Universidad por haber validado el Informe de la Investigadora y haber compartido la conclusión que recomendó, sin haber reparado en los vicios de que adolecía.

Indica que en la especie, la Secretaria General de la Universidad, en ejercicio de la atribución que el mismo Reglamento le confiere, no estimó que existieran vicios del procedimiento que ameritaran corregirse previo a proponer al Rector la respectiva resolución. Tampoco consideró necesario disponer la práctica de otras diligencias en una investigación que juzgó acuciosa y completa. En consecuencia, se actuó con estricto apego al Reglamento.

Que la Resolución de Rectoría N° 92/2018, que dispuso el sobreseimiento definitivo del profesor nombre reservado, se fundó en los 12 razonamientos desarrollados por la Investigadora en el proceso disciplinario que daban cuenta de que los hechos denunciados carecían de fundamento plausible, por lo que no correspondía aplicarle sanción alguna.

5. La imputación de falta de imparcialidad y de valoración de la prueba por parte de la Comisión de Apelación.

Indica al respecto que, para fundar la imputación en contra de los miembros de la Comisión de Apelación, el requerimiento hace preguntas, cuyo fin no es otro que sembrar la duda acerca de si los miembros de esa Comisión hicieron lo que debían hacer y si recibieron o no otros antecedentes y/o presiones. Pone en duda, la requirente, la honorabilidad de esas autoridades universitarias, sin aportar antecedente alguno que justifique su agravio. Además, se deja constancia de que, como asunto previo, al momento de deliberar, “no se tendrá en cuenta ninguna referencia relativa a la relación personal de la denunciante con el Prof. nombre reservado así tampoco se considerará ninguna de las referencias o antecedentes relativos a la vinculación del denunciado, Profesor nombre reservado, con el sacerdote Fernando Karadima”. Esta decisión fue razonable y no caprichosa, desde que ninguna de esas dos cuestiones permitía acreditar la veracidad o falsedad de las conductas que se atribuían al denunciado.

Por ello, afirma, la comisión actuó con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria y con racionalidad y prudencia.

6. Imposibilidad de la recurrente de acceder al expediente completo de la investigación. Al respecto reitera que no consta antecedente alguno que lo haya intentado y se le haya denegado tal derecho.

7. Imputaciones de deficiencias de la Investigadora en relación con la prueba producida durante el proceso disciplinario. Al respecto el informante afirma en el proceso disciplinario se allegaron todas las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, entre las que destacan las declaraciones de todos y cada uno de los alumnos y profesores mencionados por nombre reservado como testigos, al prestar su declaración a fojas 5 y siguientes del expediente respectivo. Todas esas pruebas aparecen ponderadas. Existe un fundamento para dar por no probados dos de los hechos denunciados y para no atribuir el carácter de acoso sexual a los otros dos. Añaden el criterio sentado por la Excma. Corte Suprema, en el sentido de que no forma parte del ámbito del recurso de protección la revisión del mérito de un juzgamiento realizado en sede administrativa. La sede de protección no es de apelación ni de casación.

8. En cuanto a la imputación de falta de fundamentación de las resoluciones que imponen y que confirman el sobreseimiento definitivo. En la especie, estos requisitos propios del debido proceso se han cumplido rigurosamente. La recomendación de la Investigadora cumple a cabalidad con ellos, como consta de su texto, que se inserta dentro del expediente acompañado a estos autos.

La decisión del Rector también los cumple. El Visto 2° de la Resolución de Rectoría N° 92/2018 señala la causa o fundamento del sobreseimiento definitivo que se ordenó. Por su parte, el Visto 2° del Decreto de Rectoría N° 380/2018 alude al análisis de los antecedentes aportados en el proceso. Afirman que la Resolución de Rectoría N° 92/2018 como el Decreto de Rectoría N° 380/2018 conforman una unidad con el Informe de la Investigadora y, también, en el caso de este último, con el Acta de lo obrado en dos sesiones de la Comisión de Apelación, en orden a cumplir con la exigencia reglamentaria de una resolución fundada. Es por ello que la primera resolución se notificó junto con el Informe de la Investigadora. Entender que la obligación de fundar no conlleva la de reiterar expresamente. De lo contrario, habría que calificar de infundada toda sentencia que confirma sin nuevos considerandos una anterior que se revisa.

9. Cuestionamiento relativo a la reserva de declaraciones realizadas durante el proceso de Indagación Formal.

Explica el recurrido que ello fue así porque sólo ese testigo lo pidió. Ello, en razón de temer represalias por parte de la pareja de la Srta. nombre reservado y no del profesor nombre reservado.

III. Las actuaciones de los recurridos no amenazan, perturban o privan el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de la requirente.

1. En cuanto a la supuesta perturbación del derecho a la integridad psíquica de la recurrente. Asegura el recurrido que la persona en cuyo favor se recurre no es titular indubitada del derecho que alega. Ciertamente lo es a su integridad psíquica; pero no lo es a ser amparada mediante una decisión que dé por acreditada su denuncia, como en el fondo plantea la invocación de este derecho. No tiene derecho a que los hechos que denunció se den por ciertos.

2. La acusación de amenaza al legítimo ejercicio a no ser discriminado arbitrariamente.

Señala el recurrido que tomar estas decisiones de resguardo que pide la recurrente no competen ni a la investigadora, ni a Decanos de otras Facultades de la Universidad, sino que corresponden a las autoridades de la Facultad de Teología, de oficio y a petición de parte. Si la denunciante no queda conforme con tales medidas podrá impetrar los recursos que correspondan. Por otro lado, reiterada jurisprudencia ha resuelto que la amenaza al ejercicio legítimo de un derecho fundamental debe tener un carácter “inminente” y “verosímil”, en circunstancias que la recurrente no se ha reintegrado a la carrera de Teología. Nada hace presagiar en este momento, y con fundamento, que la amenaza que la alumna visualiza pudiera concretarse.

3. Sobre la acusación de haber sido juzgada por comisiones especiales.

Los hechos denunciados fueron investigados y juzgados por los órganos competentes, conforme al Reglamento disciplinario de la Universidad. Señala el recurrido que la denunciante no podía menos que conocer ese Reglamento, publicado en la página web de la Universidad. La denunciante se sometió a ese Reglamento y por ende al juicio de esos órganos. El resultado contrario a sus pretensiones no le permite, terminado el proceso, sostener a la requirente que la denunciante fue juzgada por comisiones especiales.

4. Sobre la acusación de haber sido privada de un debido proceso.

En primer lugar, señala que el derecho a un justo y racional procedimiento no puede ser amparado por la vía de la acción de protección. Con todo, asegura que la denunciante no fue privada de este derecho, pues el procedimiento seguido se ciñó al Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria. Señala que se tramitó su apelación pese a que no era procedente por dos razones: se dirigió contra el pro secretario y no contra el secretario, procedía sólo por el profesor sancionado, no por el denunciante. Los reproches particulares al juzgamiento efectuado por la Secretaría General de la Universidad, en razón de la supuesta ausencia de debida reglamentación, que efectúa el recurso también deben ser descartados. A diferencia de lo que se afirma, la Universidad sí cuenta con Protocolos que guían la prevención y apoyo de las víctimas de violencia sexual, que se acompañan bajo el número 3 del primer otrosí. Ellos forman parte de los Lineamientos de la Política respectiva. Señala que cualquier miembro de la comunidad universitaria tiene acceso a ellos, porque se encuentran publicados en la página web de la Universidad.

5. Sobre la imputación de haber privado a la denunciante del ejercicio de su derecho a la honra y a la vida privada. Asegura el recurrido que fue la propia denunciante quien aludió al ex profesor de Teología, Mike van nombre reservado. Varios testigos del proceso dieron cuenta, además, de la relación de cercanía que existía entre ambos. En tales condiciones no se visualiza cómo la mención de esa circunstancia entre los considerandos de la resolución la privó de su derecho a vida privada o a su honra.

IV- El recurso de protección es además improcedente. Esto, por dos razones generales:

1. Improcedencia de la acción impetrada en razón de exorbitar la naturaleza de la protección de derechos fundamentales. La acción cautelar de protección no es un medio para enmendar o corregir resoluciones dictadas por los órganos que ejercen jurisdicción interna en una corporación. La procedencia de la presente acción pasa por la existencia de un derecho indubitado.

Asegura que lo pedido a esta Corte deja de manifiesto el verdadero carácter de lo que se intenta mediante el presente recurso. El petitorio solicita: “Anular el proceso de responsabilidad disciplinaria. Lo que se intenta entonces, es un verdadero recurso de casación o de nulidad.

2. Improcedencia del recurso respecto de varios recurridos por falta de legitimación pasiva. Ya que la mayoría de los recurridos no actuaron como personas naturales, sino que realizaron conductas en representación de una institución.

Finalmente sostiene que el presente recurso de protección debe ser desestimado respecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de los señores nombre reservado y nombre reservado, de la señora nombre reservado y de la señorita nombre reservado. Asimismo debe correr la misma suerte en relación con las señoras nombre reservado y nombre reservado y de los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Como igualmente ser rechazado en todas sus partes.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente.

CUARTO: Que en este recurso, al que se hizo parte también el profesor nombre reservado, se acompañaron por la recurrente y los recurridos algunos de los siguientes antecedentes:

A.- La Recurrente:

1.- Copia simple de Resolución de Secretaría General N° 268/2018, que dispone realización de Indagación Formal y designa investigador.

2. Copia simple del Informe de la investigadora, de fecha 25 de julio de 2018.

3. Copia simple de Resolución de Rectoría N°92/2018, que sobresee definitivamente el proceso de Indagación Formal.

4. Copia simple de Apelación Formal evacuada por nombre reservado al Comité de Apelación, con fecha 6 de agosto de 2018.

5. Copia simple de Decreto de Rectoría N° 380/2018, que formaliza acuerdo del Comité de Apelación que confirma sobreseimiento definitivo, de fecha 25 de octubre de 2018.

6. Copia de correo electrónico enviado por Ma. nombre reservado a nombre reservado, notificando el Decreto de Rectoría N° 380/2018.

7. Copia simple del Reglamento sobre la responsabilidad académica y disciplinaria de los miembros de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

8. Copia de correo electrónico enviado por nombre reservado a nombre reservado, notificando haber revisado las pruebas y tener la nota final del curso de Trinidad y Cristología II, de fecha 3 de diciembre de 2017.

9. Copia de correo electrónico enviado por nombre reservado a nombre reservado, notificando el promedio final obtenido en el curso de Mariología.

10.-Instructivo “Protocolos contra el acoso sexual en educación superior. Sugerencias para su elaboración” elaborado por la Unidad de Equidad de Género del Min de educación.

B.- La recurrida:

1. Copia del expediente en el que consta el Proceso de Indagación Formal abierto por Resolución de Secretaría General N° 268/2018, de 8 de Junio de 2018, y todas y cada una de las resoluciones que recayeron en él, que se compone de 276 fojas. Incluidos entre estos documentos el Cuaderno Reservado en el procedimiento disciplinario iniciado por Resolución N° 268/2018, de la Secretaría General de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se compone de 13 fojas.

2. Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria, promulgado por Decreto de Rectoría N° 32/2014, de 27 de Enero de 2014;

3. Documento “Conjunto de lineamientos y protocolos de acción ante hechos de violencia sexual que afectan a miembros de la comunidad UC” (4 Protocolos), de Enero de 2017.

4. Copia de correo electrónico, de 10 de agosto de 2018, dirigido por la Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sra. nombre reservado, a la Srta. nombre reservado.

QUINTO: Que conforme lo indicado en el considerando tercero, cabe señalar que este recurso, no puede ser transformado en una nueva instancia para revisar la forma en que fueron ponderadas por la investigadora los antecedentes y declaraciones que obtuvo en su investigación.

Por otra parte, si bien es usual que en denuncias sobre acoso sexual como la efectuada por la alumna nombre reservado, se deban recoger indicios sobre el comportamiento del investigado, el hecho es que la profundidad y extensión que le haya dado la investigadora a cuestiones como otros antecedentes que se imputan al profesor nombre reservado, en relación con dos profesoras de la Universidad; su relación con Fernando Karadima, y su relación con una persona subcontratada para funciones de aseo, no son cuestiones que en si puedan ser revisadas y enmendadas por medio de este recurso, por mucha eventual incidencia que pueda haber tenido aquello en concepto de la recurrente.

SEXTO: Que en efecto, sobre las circunstancias de que el recurso de protección no es una instancia para revisar el mérito de un juzgamiento en el ámbito administrativo la jurisprudencia ha sido sostenida en cuanto a que no constituye un medio procesal de impugnación general, que permita revisar todas las determinaciones tomadas.

SEPTIMO: Que en cuanto a la pretensión de la recurrente en orden a que esta Corte vía este recurso ordene a la Pontificia Universidad Católica de Chile la creación de un Protocolo para abordar las denuncias de acoso y abuso sexual al interior de dicha casa de estudios, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales existentes. En particular, se propone adoptar las sugerencias para la elaboración de Protocolos contra el Acoso Sexual, elaborado por el Ministerio de Educación, a través de su Unidad de Equidad de Género, cabe señalar que no corresponde a esta Corte, por vía de este recurso, entrar a calificar en términos generales el mérito y alcance de los Protocoles de Acciones a seguir en hechos de violencia sexual que afecten a los miembros de su comunidad que se ha dado la Universidad, según documento de Enero de 2017, que se ha acompañado a los autos. Por lo demás, la serie de imputaciones efectuadas a la investigadora y al actuar de los órganos de disciplina a las que fue sometido el profesor nombre reservado, no otorgan a la recurrente el derecho indubitado a que se disponga ordenarle a la Universidad acoger las sugerencias del Ministerio de Educación para la elaboración de Protocolos contra Acoso sexual, pues ello como se ha dicho significaría entrar a un proceso de calificación comparativa, impropia de los fines de este recurso.

OCTAVO: Que igualmente en lo que respecta a la vulneración del derecho a defensa, por no haber tenido durante la investigación acceso a parte de piezas de la investigación por ser mantenidas en reserva, cabe sostener por una parte, que fue controvertido por la recurrida el hecho de que se haya solicitado por la denunciante el conocimiento de tales antecedentes y le fuere denegado. Por otra parte el mantenimiento de reserva de parte de las piezas de la investigación, no solo está permitido en el artículo 13 del Reglamento por el que se rigió la investigación, sino que además es promovido por la propia recurrente al sostener que para una real transparencia y seguridad en las declaraciones de las dos profesoras que habrían sido acosadas por el Profesor denunciado, aquellas debieron ser mantenidas en reserva. De esta forma este otro acápite del recurso, también ha de ser desestimado, pues no existe indubitadamente agraviada una garantía constitucional, asegurada a la denunciante que haya sido agraviada.

NOVENO: Que se concordará con la recurrida en cuanto a que los recurridos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, intervinieron en los hechos planteados como un cuerpo colegiado y no como una persona natural autónoma, de hecho lo que se les imputa es que la Comisión de Apelaciones no habría sido imparcial al apreciar la prueba, manteniendo la decisión de sobreseer de las imputaciones al profesor denunciado.

De esta manera, y sin perjuicio de las consecuencias que tenga lo que se resolverá en este recurso, para su actuación como cuerpo colegiado, el hecho es que ellos no resultan ser sujeto pasivo en forma individual, si el recurso se dirigió en contra de una actuación de la Comisión de Apelaciones, como cuerpo colegiado.

DECIMO: Que por otra parte no corresponde concordar con la recurrente en cuanto a la concurrencia de una infracción a la garantía constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales, pues la recurrente no es la investigada, por el contrario, quienes han actuado lo han hecho en virtud de la Resolución 268/2018 del Secretario General de la Universidad, que activó el procedimiento establecido en el Reglamento Disciplinario en virtud de la denuncia de la recurrente, reglamentos aceptados al suscribir el contrato de educación respectiva.

UNDECIMO: Que, no obstante lo dicho sobre que no es esta la vía, para revisar la legalidad de cuestiones como el mérito de un juzgamiento en el ámbito administrativo y la acuciosidad de la investigación, el hecho es que esta Corte en el ámbito de actuaciones arbitrarias, ha reparado en una grave inobservancia al deber de imparcialidad de la investigadora doña nombre reservado, sobre la cual a continuación cabe referirse.

DECIMO SEGUNDO: Que, en efecto, el recurso sostiene que la alusión a la vida privada de la denunciante y recurrente en el proceso de investigación, así como el énfasis que la investigadora otorgó al ex académico Sr. nombre reservado, tuvieron por objeto, el desacreditar la denuncia de acoso sexual, sembrando no sólo un haz de dudas respecto a la veracidad de los hechos, sino también respecto a las cualidades morales de nombre reservado.

Al respecto, si bien es efectivo que de acuerdo al artículo 14 del Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria de la Pontificia Universidad Católica es obligación de la investigadora, indagar con igual celo las circunstancias que puedan comprometer o agravar la responsabilidad de algún miembro de la comunidad universitaria, como aquellas que puedan eximirlo de tal responsabilidad o atenuarla, el hecho es que existe un derecho básico, sustancial y elemental de toda persona que hace y una denuncia sobre acoso sexual, cual es la protección a su dignidad e integridad, sin que pueda indagarse sobre la vida sexual o afectiva ajena a los hechos denunciados, menos aún en términos tales que ello pueda incidir en el resultado de la investigación.

Así lo consagra por lo demás la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” incluido el acoso sexual en el ámbito educacional, que en su artículo 4 letra e) establece el derecho al respeto a la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia.

DECIMO TERCERO: Que, sociológicamente dentro de una sociedad como la nuestra, por regla general se invisibilizaba la violencia de género, contribuyendo notoriamente a ello precisamente la forma indigna en que son tratadas algunas mujeres que se atreven a denunciar la violencia y acoso sexual. En efecto las máximas de experiencia demuestran que muchas veces no se trepida en descalificar a la denunciante, como una forma de desacreditar esta clase de denuncias con el fin último de desincentivarlas.

Sin embargo resulta ser un deber y una obligación de toda mujer, hacer estas denuncias, por sí, por sus hijas, hermanas y por qué no decirlo por sus madres o abuelas que no tuvieron la oportunidad de develar esta clase de hechos, sin ser sometidas a humillaciones. De ahí entonces la gravedad de permitir que esta clase de prácticas pudiere materializarse en una investigación formal, dispuesto en una Universidad que se estructura en base a ciertos valores de la humanidad.

DECIMO CUARTO: Que en esta ámbito, el énfasis que la investigadora da en el punto h).- de su Informe de Investigación de 25 de Julio de 2018, a una relación de estrecha familiaridad entre la alumna denunciante y otro profesor de la Universidad, llegando incluso a vulnerar su dignidad, la de su familia y esencialmente la de su hijo, respecto del cual allegó de oficio a los antecedentes de la investigación, no una sino diez fotos en su intimidad familiar obtenidas de páginas sociales electrónicas, no puede ser considerado un mero intento de investigación celosa, sino una evidente intención de influir en las autoridades que debían decidir sobre su conclusión de que no había mérito para establecer el hecho denunciado y obtenerse así el sobreseimiento de la denuncia.

En efecto la investigadora, como funcionaria de la Universidad, y conociendo la orientación católica conservadora que aquella sostiene, no podía sino prever el efecto que en la Rector y en la Secretaria General de la Universidad, que debían decidir sobre las conclusiones de su investigación, producirían los antecedentes que anexó a la investigación sobre la estrecha familiaridad de la denunciante con otro profesor y el hijo de estos.

Es así que incluso como puede observarse en el informe de la recurrida, se sostiene que las autoridades que revisaron su investigación, dejaron constancia de que no considerarían ni las relaciones del denunciado con Karadima ni de la alumna con un profesor, sin embargo la afectación a los derechos constitucionales de la denunciante, por la falta de una investigadora imparcial, ya se encontraba materializada.

DECIMO QUINTO: Que en efecto, si bien la recurrente es la denunciante, en los hechos se indagó su conducta, sin respetarse el derecho a una investigación imparcial de su denuncia y si bien no se trata de un órgano de carácter jurisdiccional, la investigadora debe dar cumplimiento a la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 14 N°1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles Políticos , ratificado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos , en cuanto consagra el principio de imparcialidad del juzgador .

De este modo se ha infringido a la recurrente, por una parte el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, de momento que no tuvo el derecho garantizado a toda persona, a la imparcialidad del investigador de su denuncia de acoso sexual y por otra parte se le ha vulnerado además el derecho a su honor y el de su familia, en especial a su hijo pequeño, cuyas fotos fueron anexadas al expediente de investigación en un deplorable intento de desacreditar la conducta de su madre, con ocasión de una relación afectiva fruto de la cual nació, lo que no guarda relación con los hechos denunciados, de manera que también cabe acoger el recurso por la garantía del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República .

DECIMO SEXTO: Que la arbitrariedad constatada, contamina y alcanza además todo el procedimiento posterior, ya sea ante la Rectoría, Secretaria General y Comisión de Apelaciones, de manera que no cabe sino acoger el presente recurso, y dejar sin efecto la Investigación, las Resolución 92/2018 de 27 de Julio de 2018 y la N° 380/2018 de 25 de Octubre de 2018 emitida por la Rectoría y Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica y disponer que se decrete una nueva Indagación Formal de la denuncia efectuada por la alumna nombre reservado, en contra del profesor de la Facultad de Teología nombre reservado.

DECIMO SÉPTIMO: Que finalmente en cuanto a la pretensión de la recurrente en orden a que, para garantizar imparcialidad en su proceso final de titulación, no participen en la Comisión Evaluadora el Profesor nombre reservado ni ninguno de los involucrados en el proceso cuya invalidación se pide, ya sea como partes o como declarantes, cabe señalar que aquello resulta de tal obviedad, que no corresponde adelantarse a los hechos por esta vía, de manera que sin perjuicio de los derechos que puede ejercer la recurrente, si así en el futuro ocurriere, en lo que dice relación con este recurso, no cabe sino desestimar dicho capítulo del mismo.

Con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se desestima el presente recurso de protección en lo que dice relación con nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

II.- Que se acoge el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, su nombre reservado, la Secretaria General doña nombre reservado, en contra del nombre reservado y en contra en la investigadora nombre reservado, solo en cuanto se invalida la investigación efectuada por esta última y las Resolución 92/2018 de 27 de Julio de 2018 y N° 380/2018 de 25 de Octubre de 2018 emitida por la Rectoría y Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica, debiendo ordenarse una nueva indagación de la denuncia efectuada por doña nombre reservado, en contra del profesor de la Facultad de Teología nombre reservado, ante un investigador no inhabilitado.

Regístrese y Comuníquese.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse.

Rol 85.785-2018.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.