nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL SII DE IQUIQUE

C.A. de Santiago Santiago, nueve de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

1°) Comparecen los abogados Bernardo Lara Berrios y Nicolás Huaico Flores, quienes interponen acción constitucional de protección en favor de Sociedad Hotelera Mirador del Cerro Limitada, y en contra de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos de Chile, que mediante la Resolución Exenta N° 216 de 10 de diciembre de 2024 denegó de manera infundada, arbitraria e ilegal, una solicitud de devolución efectuada por su parte, respecto de los intereses que le correspondía percibir con motivo de la restitución de impuestos que fuera previamente ordenada en su favor, luego de un procedimiento administrativo.

Como antecedentes de hecho exponen que por Resolución N° 10.950 de 9 de noviembre de 2010, y luego de un errado acto de fiscalización, la recurrida dispuso disminuir los remanentes de crédito fiscal IVA de Hotel Sheraton Santiago, actualmente Hotelera Mirador el Cerro Limitada, aplicando en la práctica una liquidación de sus remanentes favorables de impuestos que significó la privación en su patrimonio de una cantidad superior a las 30.300 UTM.

Refieren que luego de una lata discusión administrativa y judicial, la misma Dirección Regional ordenó, mediante la Resolución N° 131.060 de 1 de julio de 2021, dejar sin efecto el acto previo y efectuar las acciones respectivas para el oportuno cumplimiento de esta decisión, con sus pertinentes consecuencias en el crédito fiscal IVA.

Afirman que resulta manifiesto que la improcedente privación patrimonial con que se perjudicó a su parte se mantuvo al menos por 126 meses completos, entre el 10 de noviembre del año 2010 y el 1 de Julio del año 2021, extendiéndose incluso a la fecha de interposición del recurso, por cuanto el SII ha negado efectuar la devolución de los impuestos de los que privó a la recurrente, con el interés que obliga el artículo 57 del Código Tributario.

Indican el recurrente que, en razón de lo expuesto, el 28 de octubre de 2024 elevó petición administrativa ante la Dirección Regional Metropolitana Oriente del SII, en la que solicitó la devolución de intereses del 0,5% mensual respecto de la devolución de IVA exportador resuelta mediante la Resolución Exenta N° 131.060, acompañando a su pretensión una serie de antecedentes y fundamentos que, según sostiene, la justificaban y amparaban ampliamente.

No obstante, lo anterior, exponen que a través de Resolución Exenta N° 216 de 10 de diciembre de 2024, impugnada en estos autos, la recurrida denegó la devolución íntegra y completa, desconociendo la procedencia de devolución de intereses respecto de los saldos favorables de impuestos de que fue privada por más de 10 años.

Previa transcripción de la Resolución impugnada, enuncian los fundamentos de derecho en que se fundan sus alegaciones, haciendo referencia a los artículos 57 y 8 Bis del Código Tributario, refutando además el razonamiento del acto impugnado que se expresan en los numerales 4º y 5º de dicha resolución.

Sostienen, a mayor abundamiento, que al determinarse mediante Resolución N° 10.950 de 10 de Noviembre de 2010, la existencia de mayores débitos del contribuyente para los períodos tributarios comprendidos entre el mes de junio de 2007 a septiembre de 2010, el Servicio de Impuestos Internos efectuó la liquidación del IVA para cada uno de esos meses, privando al contribuyente de los remanentes o saldos de créditos fiscales que mantenía hasta entonces registrados y le pertenecían en propiedad, y como consecuencia de tales liquidaciones erróneamente practicadas, se ha hecho también responsable de devolver con posterioridad los impuestos que corresponden con el interés mensual que el artículo 57 del Código Tributario dispone, añadiendo que el pronunciamiento impugnado vulnera además el procedimiento habitual del Servicio en casos similares.

Finalmente, y luego de desglosar las garantías fundamentales que estiman conculcadas, a saber, el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, citan jurisprudencia que estima relacionada y enfatizan que en el caso de autos se cumplen cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Tributario, para el incremento de las sumas que ya se han puesto a disposición del contribuyente, toda vez que se trata de cantidades liquidadas y reclamadas.

En razón de lo expuesto, solicitan se acoja la acción interpuesta, y en consecuencia se disponga la devolución de intereses del 0,5 % mensual respecto de las sumas que comprende la devolución de IVA Exportador resuelta mediante la Resolución Exenta N° 131.060 de 1 de julio de 2021, que dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 10.950 de 9 de noviembre de 2010, que ordenó disminuir los remanentes de crédito fiscal de la contribuyente entre los períodos junio de 2007 y septiembre de 2010.

2°) Informando comparece la Directora Regional de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, quien solicita el rechazo de la acción impetrada en todas sus partes.

Previa referencia a los antecedentes de hecho en los que se funda el recurso, plantea como cuestión previa la improcedencia de la acción por no resultar la vía idónea. Al respecto afirma que el objetivo del recurso de protección es someter al imperio del derecho las acciones u omisiones, ilegales o arbitrarias, que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellas garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a través de un procedimiento urgente y excepcional, por ello, se señala que esta acción constitucional está reservada para la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, por lo que, a su juicio, no es la vía procesal impugnatoria adecuada o idónea para resolver cuestiones técnicas o para impugnar decisiones administrativas adoptadas con sujeción a una competencia y procedimiento encomendados por la ley a órganos técnicos de la Administración del Estado, que de suyo son de lato conocimiento, y por tanto, no son objeto de acciones cautelares sino de acciones declarativas.

Afirma que en el caso de autos, es la propia ley tributaria la que ha plasmado los procedimientos administrativos y jurisdiccionales a través de los cuales resolver conflictos, existiendo al respecto el procedimiento especial dispuesto en el artículo 155 del Código del ramo que rige la materia, esto es, reclamo por vulneración de derechos.

Sin perjuicio de lo referido anteriormente, el Servicio recurrido afirma que la acción impetrada debe ser rechazada, atendido en que a su juicio, no existe en los hechos un actuar arbitrario o ilegal de su parte.

Al respecto manifiesta que del tenor de lo que dispone el artículo 57 del Código Tributario, se advierte que la devolución de impuestos o cantidades que se asimilen a éstos, que deba efectuarse con intereses del medio por ciento mensual por cada mes completo, sólo será procedente cuando éstos se hayan pagado en virtud de una liquidación o reliquidación practicada de oficio por el Servicio, y que haya sido reclamada por el contribuyente, circunstancias que no concurren en el caso específico de la recurrente, a quien no se le ha practicado una liquidación o reliquidación de impuestos, cuestión que, según afirma, la sitúa fuera de la hipótesis contenida en la norma.

Añade el recurrido que la Circular N° 58 de 21 de septiembre de 2000, dictada por el Director del Servicio en virtud de la facultad de interpretación de la normativa tributaria que le asiste, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6, letra A, N° 1, del Código Tributario, define “Liquidación” como “toda determinación de impuesto que el Servicio hace a los contribuyentes, incluidas las determinaciones que se hacen sobre la base de tasaciones. Cada liquidación se refiere a un determinado impuesto y a un determinado período tributario, aun cuando en la práctica esta liquidación vaya comprendida en un cuerpo o legajo de liquidaciones correspondientes a diversos impuestos y a distintos períodos tributarios”, disponiéndose además en el Diccionario Básico Tributario Contable que “Reliquidar” es “la nueva liquidación de impuesto que ordena, por lo general, un juez tributario por la eventual eliminación de una partida cobrada en la liquidación primaria, originando con ello una nueva base imponible y la determinación de un nuevo impuesto”.

En razón de lo expuesto, sostiene que la restitución del IVA crédito fiscal en caso alguno puede considerarse como una liquidación o reliquidación de impuestos para efectos de la aplicación del artículo 57 del Código Tributario, debiendo descartarse de plano la tesis de la parte recurrente, referida a que “liquidar una obligación tributaria o hacerla líquida” no sería más que monetizar la obligación o efectuar los procedimientos de cálculo necesarios para traducir en dinero o llevar a dinero la pretensión fiscal, cuestión que se aparta de la correcta interpretación que ha de darse a la norma en análisis, quedando de manifiesto, según afirma, que lo que se pretende es obtener a costa del patrimonio fiscal una utilidad o beneficio (intereses) que legalmente no le corresponden.

Refiere adicionalmente el recurrido que además resulta improcedente el pago de intereses respecto de sumas que se mantenían como un crédito contra el fisco, sin haberse liquidado o girado una suma que haya debido pagarse. Al respecto indica que el procedimiento de fiscalización iniciado contra el recurrente derivó en una resolución que modificó el remanente de créditos fiscales que mantenía, a saber, la Resolución Exenta N° 10.950, de 9 de noviembre de 2010, de manera que, por la naturaleza misma del acto, no hubo una diferencia impositiva a ser enterada en arcas fiscales, situación que no es discutida en estos autos.

Añade, luego de hacer referencia al sentido y alcance del concepto de interés, que el caso en comento se trata de una resolución que disminuyó un crédito fiscal sin pago efectivo alguno de parte del contribuyente, por lo que resultaba imposible acceder a la solicitud de pago de intereses, pues no hubo una pérdida de disponibilidad de dinero, ni mucho menos de la rentabilidad del mismo, toda vez que se trataba de los remanentes de crédito fiscal, razón por la cual fue rechazada por el acto reclamado.

Por último, y después de controvertir la afectación de las garantías constitucionales que se invocan, citando jurisprudencia que estima relacionada, reitera la solicitud de rechazo de la acción interpuesta.

3°) El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

4°) El acto que el recurrente tacha de arbitrario e ilegal corresponde a la Resolución Exenta N° 216 de 10 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos de Chile -en adelante, SII-, que denegó la solicitud efectuada por la actora, para la devolución de remanente crédito fiscal con los intereses previstos en el artículo 57 del Código Tributario.

5°) Son hechos no controvertidos y que aparecen justificados en los antecedentes allegados, los siguientes:

a) Mediante la Resolución Ex. N° 10.950 de 9 de noviembre de 2010, se disminuyeron los remanentes de crédito fiscal IVA de la recurrente (Hotel Sheraton Santiago, actualmente Hotelera Mirador el Cerro Limitada), entre los períodos de junio de 2007 a septiembre de 2010, como consecuencia de la aplicación del IVA a los ingresos recibidos con motivo de los servicios prestados a turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile. En suma, el mayor débito fiscal que determinó por estas operaciones lo imputó a dichos remanentes.

b) El 5 de abril de 2021 la recurrente solicitó la Revisión de la Actuación Fiscalizadora -en adelante, RAF- de la referida Resolución Ex. N° 10.950, la que fue acogida mediante la Resolución Ex. N° 131.060 de 1 de julio de 2021, ordenando: “DÉJESE SIN EFECTO la Resolución Exenta N° 10.950, de fecha 09/11/2010, emitida por esta Dirección Regional. REMÍTASE una copia de la presente resolución a la Unidad Fiscalizadora competente de esta Dirección Regional, para que realice las acciones respectivas para su oportuno cumplimiento, incluyendo las rectificaciones de los formularios 29 correspondientes, con su consecuencia en el crédito fiscal IVA, al dejarse sin efecto las diferencias de mayor débito fiscal establecidas en el acto recurrido.”

c) En petición administrativa de 28 de octubre de 2024, la recurrente solicitó a la Dirección Regional Metropolitana Oriente del SII la determinación de intereses del 0,5% mensual respecto de la restitución de IVA exportador, que estima corresponde conforme a lo resuelto en la Resolución Ex. N° 131.060.

d) En la Resolución Ex. N° 216 de 10 de diciembre de 2024 -objeto del presente recurso-, la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII no hizo lugar a la mencionada petición, señalando, en sus breves palabras, que no concurren en la especie los presupuestos que describe el artículo 57 del Código Tributario para acceder a lo pedido.

6) En primer término, cabe abocarse a la improcedencia de la presente acción constitucional que arguye el SII, atendido que el asunto traído al conocimiento de esta Corte corresponde a uno de lato conocimiento.

Al respecto, en el marco del recurso de protección, dirimir si una acción u omisión es ilegal, supone precisa y necesariamente interpretar el alcance y sentido de la disposición legal cuya infracción o incumplimiento afectaría una garantía constitucional a juicio del recurrente, por lo que la existencia de discrepancias sobre la interpretación del artículo 57 del Código Tributario entre recurrente y recurrida no puede erigirse como óbice insalvable para la procedencia y decisión del presente recurso.

Por otra parte, del tenor del inciso final del artículo 155 del Código Tributario se desprende que mediante esta acción constitucional, “en los casos en que ella proceda”, es posible abocarse al conocimiento de los mismos asuntos sometidos a la acción de vulneración de garantías regulada en dicha norma, sin perjuicio de que la interposición de aquélla impide ejercer esta última por los mismos hechos.

7°) Despejado lo anterior, conviene tener a la vista el tenor del artículo 57 del Código Tributario, que dispone: “Toda suma que se ordene devolver o imputar por los Servicios de Impuestos Internos o de Tesorería por haber sido ingresada en arcas fiscales indebidamente, en exceso, o doblemente, a título de impuestos o cantidades que se asimilen a estos, reajustes, intereses o sanciones, se restituirá o imputará reajustada en el mismo porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del segundo mes que precede al de su ingreso en arcas fiscales y el último día del segundo mes anterior a la fecha en que la Tesorería efectúe el pago o imputación, según el caso. Asimismo, cuando los tributos, reajustes, intereses y sanciones se hayan debido pagar en virtud de una reliquidación o de una liquidación de oficio practicada por el Servicio y reclamada por el contribuyente, serán devueltos, además, con intereses del medio por ciento mensual por cada mes completo, contado desde su entero en arcas fiscales. Sin perjuicio de lo anterior, Tesorería podrá devolver de oficio las contribuciones de bienes raíces pagadas doblemente por el contribuyente.”

8°) En ese orden, cuando el SII decide mediante la Resolución Ex. N° 10.950 de 9 de noviembre de 2010 erróneamente aumentar el débito fiscal IVA de la recurrente y luego imputarlo al remanente crédito fiscal a que ésta tenía derecho por los períodos entre junio de 2007 y septiembre de 2010, con la consiguiente disminución, ello se llevó a cabo mediante un “acto de liquidación”, pues realiza la operación propia para la determinación o concreción del IVA a pagar, esto es, calcula -erróneamente- el débito a la sazón- y luego lo imputa contra -o si se quiere, imputa a éste- parte del remanente crédito fiscal existente.

El que formalmente se haya emitido un documento denominado o etiquetado como “resolución” en vez de “liquidación”, simplemente obedece a la “accidental” circunstancia descrita: el remanente crédito era superior al débito, pero de haberse presentado el escenario inverso -un débito superior al remanente crédito- se habría calificado como liquidación para el cobro de la diferencia. Resulta de claridad meridiana que jurídicamente dichos actos tienen la misma esencia y naturaleza, determinan una suma concreta de impuestos adeudada y, por ende, liquidan el IVA con independencia del resultado de esa operación.

9°) Resultado de dicha determinación o liquidación, “ingresaron en arcas fiscales” las reseñadas sumas a título de impuestos, pues precisamente fue la forma como el SII estableció -de motu propio y, por ende, manera inconsulta- que debía pagarse el IVA adeudado.

Si esas sumas correspondientes a remanentes no ingresaron a arcas fiscales, ¿por qué entonces la recurrente se vio impedida de solicitar su devolución conforme a lo dispuesto en los artículos 12, letra e) N° 17 y 36 del D.L. N° 825 y en el Decreto N° 348 de 5 de marzo de 1991 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción? La respuesta es una verdad de perogrullo.

10°) Por otra parte, tal determinación sí fue “reclamada” al solicitar la recurrente la RAF conforme al artículo 6 letra B, N°s 5 y 9, del Código Tributario, vía que la Circular N° 72 de 11 de octubre de 2001, dictada por el actual Director del SII, justamente reconoce como la prevista por la ley para estos fines.

Si bien el artículo 126 N° 2 del Código Tributario regula que “No constituirán reclamo las peticiones de devolución de impuestos cuyo fundamento sea: 2° Obtener la restitución de sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas”, tal norma no desconoce su carácter como vía o herramienta de impugnación de una actuación o resolución del SII, sino sólo busca, en principio, excluir dichas peticiones de la tramitación propia del procedimiento general de las reclamaciones, y someterla antes al procedimiento administrativo regulado en los preceptos y Circular arriba citados y, sólo ante la denegación de esa petición, el artículo 124, inciso 5°, autoriza su reclamo por el procedimiento general.

En ese marco, no hay motivo para entender que con el término “reclamo” el artículo 57 restringe su aplicación a un específico tipo de acción procesal y procedimiento, sino únicamente a que el contribuyente haya reclamado o requerido por alguna vía legal la corrección o enmienda de esa determinación o liquidación y esta haya sido acogida, como ocurrió en la especie.

11°) En el marco descrito, resulta impertinente demandar que el reclamo sea acogido en una instancia “jurisdiccional”, pues ante la inexistencia de discrepancia sobre la errónea disminución del remanente crédito fiscal, como lo indica la tantas veces citada Circular N° 72, “la administración tributaria se encuentra en condiciones de resolver sin mayor trámite la petición del contribuyente”.

No está de más resaltar la evidente incongruencia e irracionalidad que constituiría restringir el derecho de los contribuyentes a obtener intereses por pagos ocasionados por un error del propio SII -como en este caso-, únicamente a los supuestos en que presentándose una discrepancia entre el contribuyente y la administración tributaria sobre la existencia del error y, por consiguiente, sobre la procedencia de la devolución, aquellos deben accionar judicialmente para obtener un pronunciamiento favorable y, en cambio excluir o negar el comentado derecho a intereses cuando la actuación del SII adolezca de un “vicio o error manifiesto” -como en este caso- que vuelve innecesario recurrir a la instancia judicial (nuevamente, Circular N° 72).

12°) Como se ha venido explicando, a juicio de esta Corte, no obstante el carácter cautelar y el procedimiento sumarísimo previsto para la presente acción constitucional, es posible constatar sin mayor dificultad que en la especie concurren todos los requisitos del artículo 57 del Código Tributario y, por ende, el SII debe considerar el interés regulado en dicha disposición al restituir el remanente crédito fiscal del recurrente indebidamente rebajado.

No hacerlo así afecta el derecho de propiedad de la recurrente reconocido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, desde que la priva del legítimo derecho a obtener una utilidad de un capital, en concreto, el incremento de la suma correspondiente a su remanente crédito fiscal por la vía de los intereses que legalmente corresponden, y lo hace de manera contraria a la ley y arbitrariamente como se ha demostrado, motivo suficiente para acoger la acción de protección en estudio.

13°) Para el cumplimiento de esta decisión y el cálculo del período en que se devengarán los intereses, deberá considerarse como fecha de “ingreso en arcas fiscales” el 9 de noviembre de 2010, correspondiente a la dictación de la Resolución Ex. N° 10.950 que disminuye los remanentes de crédito fiscal IVA de la recurrente, y como data de “pago” el 1 de julio de 2021, época de la dictación de la Resolución Ex. N° 131.060, que deja sin efecto aquélla, período durante el cual la recurrente se vio impedida de disponer de dicho remanente en la forma que la ley autoriza.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Sociedad Hotelera Mirador del Cerro Limitada, y en contra de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 216 de 10 de diciembre de 2024 dictada por la recurrida, debiendo ésta disponer dentro de 5° día desde la ejecutoriedad del presente fallo, que el cumplimiento de la Resolución Exenta N° 131.060 de 1 de julio de 2021, con su consecuencia en el crédito fiscal IVA de la recurrente, comprende intereses del 0,5 % mensual, calculados y pagados conforme a los artículos 57 y 58 del Código Tributario, teniendo para estos efectos como fecha de “ingreso en arcas fiscales” el 9 de noviembre de 2010 y como fecha de “pago” el 1 de julio de 2021.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte Nro. 857-2025 (Protección)

Redacción de ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega.