nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 16: a todo, téngase presente.

Al folio 17, a sus antecedentes.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, chilena, casada, Ingeniero Comercial y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su Presidente nombre reservado, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, por estimar vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 24 de marzo de 2025 constató en su liquidación de remuneraciones un descuento por la suma de $871.776, ordenado por la recurrida, por concepto de crédito social otorgado el año 2012, monto que representa el 24,33% de su remuneración mensual, afectando gravemente su patrimonio y sin que mediara aviso previo. Indica que dicho crédito se originó en el contrato de mutuo Nº 03.RUT reservado, suscrito el 6 de diciembre de 2012, por $20.214.660, pagadero en 48 cuotas mensuales de $597.133.

Expone que tras dificultades laborales cayó en mora, por lo que la recurrida inició demanda ejecutiva ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, Rol C-627-2015, “Caja de Compensación de Los Andes con nombre reservado”, notificada el 15 de abril de 2015, causa en que se declaró abandonado el procedimiento con fecha 16 de mayo pasado mediante resolución ejecutoriada, tras encontrarse inactiva por más de diez años.

Precisa que, con posterioridad, repactó nuevamente su deuda, el 18 de junio de 2015, pactando un pago de 36 cuotas mensuales por un monto de $487.226, con un interés de 1,44%, y que, dicha reprogramación da cuenta expresamente de que no implicaba la emisión de otro pagaré y se mantuvo vigente hasta el mes de agosto del año 2015, cuando nuevamente quedó sin trabajo y no pude seguir pagando las cuotas.

Agrega que, entre diciembre de 2018, fecha en que comenzó a trabajar en una repartición pública, a enero de 2021, fecha en que dejó ese trabajo, la recurrida le descontó las cuotas adeudadas por planilla mediante la modalidad prevista en el artículo 22 de la Ley número 18.833, lo que volvió a realizar el 24 de marzo pasado, habiendo transcurrido más de 4 años desde el último cobro, sin comunicación previa y sin someter la ejecución de la obligación al procedimiento judicial vigente.

Indica que el actuar de la recurrida constituye una ejecución forzada y extemporánea, vulnerando el límite previsto en el artículo 96 de la Ley Nº 18.834 (Estatuto Administrativo), que establece que los descuentos voluntarios del funcionario no pueden exceder el 15% de su remuneración, regla aplicable según Dictamen Nº 3646/2017 de la Contraloría General de la República y Circular Nº 3567 de 4 de enero de 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social, que reiteran que los créditos sociales respecto de funcionarios públicos se encuentran sujetos a dicho límite, debiendo existir solicitud escrita del trabajador, la que en este caso no existió.

Afirma que la Caja, habiendo optado por la vía judicial y haciendo uso de la cláusula de aceleración del crédito, no puede posteriormente acudir al mecanismo extraordinario del artículo 22 de la Ley Nº 18.833 para realizar descuentos por planilla, puesto que ello constituye un uso abusivo y contradictorio de sus facultades y una forma de autotutela prohibida, afectando directamente su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Expone que la actuación de la recurrida carece de razonabilidad y justificación, pues desconoce la existencia del procedimiento judicial en curso y priva a la actora de medios efectivos de defensa, colocándola en una situación de indefensión contraria al núcleo esencial de los derechos invocados.

Solicita se acoja la acción, disponiendo como petición principal que la recurrida se abstenga de continuar obteniendo el pago del crédito social mediante descuentos en sus remuneraciones y se ordene la restitución de las sumas descontadas desde el reinicio del cobro; y en subsidio, que los descuentos futuros se limiten estrictamente al 15% de su remuneración conforme al artículo 96 de la Ley Nº 18.834, con costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, comparece Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien, junto con solicitar el rechazo de este, señala que la recurrente suscribió con su representada, con fecha 6 de diciembre de 2012, una operación de crédito social identificada con código Nº RUT reservado, ascendiente a $20.214.660, pactada a una tasa de interés mensual de 1,44%, pagadera en 48 cuotas de $597.133, con primer vencimiento el 31 de enero de 2013. Indica que las primeras 23 cuotas fueron efectivamente pagadas entre el 28 de enero de 2013 y el 11 de marzo de 2015.

Indica que, posteriormente, la titular solicitó una reprogramación de la deuda, suscrita el 23 de junio de 2015, por un saldo de $13.613.330, con la misma tasa de interés, pactándose 36 cuotas de $498.158, cuyo primer vencimiento operaba el 31 de julio de 2015. Hace presente que dicha reprogramación fue igualmente cumplida parcialmente, pagándose cuotas entre agosto de 2015 y abril de 2025, manteniéndose en mora las cuotas correspondientes a los meses de octubre de 2017 a junio de 2018, identificadas como cuotas Nº 58 a Nº 66, las cuales se encuentran pendientes de pago hasta la fecha.

Precisa que los descuentos efectuados en las remuneraciones de la actora se ajustan a la facultad legal prevista en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, precepto que dispone que las sumas adeudadas por concepto de crédito social deben ser deducidas de la remuneración por el empleador afiliado y remesadas a la Caja acreedora, sujetándose a las normas que rigen el pago y cobro de las cotizaciones previsionales.

Indica que no existe acto ilegal ni arbitrario, por cuanto la deuda no se encuentra extinguida, ni ha sido declarada prescrita, recordando que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho, de modo que, mientras no exista un pronunciamiento jurisdiccional en juicio de lato conocimiento, la obligación persiste y es plenamente exigible. Añade que el recurso de protección no es la sede para alegar prescripción ni para controvertir la existencia o exigibilidad de obligaciones contractuales, por no tratarse de un derecho indubitado ni de una cuestión de mera legalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que su representada ha decidido cesar de manera definitiva los descuentos asociados al crédito de la recurrente y restituir las sumas descontadas a partir de la reanudación del cobro, decisión que se actuará en cuanto las planillas de descuento mensuales lo permitan, atendido que estas se generan el día 25 del mes anterior al descuento respectivo.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que según consta de los antecedentes de convicción acompañados, es posible tener por establecido que entre las partes existió un contrato de mutuo que da origen a las sumas que la recurrida recaba a través de descuentos que ha realizado su empleador, a través de sus remuneraciones, y que, entre las partes existió además de una repactación al respecto, un juicio ejecutivo debidamente emplazado, el cual fue declarado abandonado en mayo pasado.

QUINTO: Que, sumado a lo anterior, se advierte por esta Corte que, si bien, la recurrida ha informado que ha dispuesto el cese de los descuentos reclamados y la restitución de las sumas recabadas por la acción de marras, de la documentación allegada por la recurrente se observa que los descuentos impugnados han continuado, motivo por el cual el actuar de la recurrida se ha tornado manifiestamente arbitrario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se acoge, con costas, la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-8568-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Mario Rojas González, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.