NOVANET S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Foja: 131 Ciento Treinta y Uno C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

A fojas 129 y 130, téngase presente.

VISTOS 1º) Que ha comparecido doña nombre reservado, RUT. RUT reservado, actuando en representación de la empresa Novanet S.A., empresa del giro de “Servicio telecomunicaciones, ventas por mayor y otros productos”, domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, representada por doña nombre reservado y, en contra de los fiscalizadores de esa institución, doña nombre reservado y don nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, denunciando que, por actos de las recurridas, se han vistos afectados los derechos fundamentales de la recurrente, establecidos en los numerales 3º inciso 5º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que, los días 15 y 21 de junio de 2016, los referidos fiscalizadores, representando a la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, realizaron una fiscalización y, en su mérito, el día 30 del mismo mes y año, procedieron a dictar dos resoluciones administrativas en donde se le acusa la separación ilegal de 2 trabajadoras, sin la autorización judicial, debido a que ambas se encontraban con fuero laboral maternal, ello pese a que, ambas fueron finiquitadas por la causal prevista en el artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo, declarando siempre que fueron tratadas con dignidad y respeto en sus derechos fundamentales, sin menoscabo, tratos discriminatorios o exposición a condiciones de trabajo inseguras, otorgando el respectivo finiquito y renunciando a las acciones del caso.

Así, no obstante lo anterior, los fiscalizadores, en las resoluciones administrativas que se indican, proceden a aplicar 2 multas de 70 unidades tributarias mensuales cada una, incurriendo con ello en un acto arbitrario e ilegal ya que se han desconocido el valor legal del acto jurídico bilateral del finiquito otorgado, erigiéndose, además, como una comisión especial al sancionarlo, por cuanto, de ninguna manera, pueden los fiscalizadores de la Inspección Comunal restarle valor a los instrumentos legales indicados, pues carecen de esa facultad y están contraviniendo el artículo 7º y 76 de la Carta Fundamental, como asimismo, la normativa orgánica de la Dirección del Trabajo, en cuanto ésta lo habilita para aplicar sanciones administrativas solo cuando se encuentre en situaciones objetivas de infracción a las normas laborales, es decir, cuando sorprenda en sus labores de fiscalización ilegalidades claras, precisas y determinadas, por lo tanto, no se extiende a la declaración de ilegalidad que han realizado de manera ilegal puesto que se están abrogando potestades propias y excluyentes de los Tribunales Laborales.

Así, conforme a lo dicho, sostiene que se han visto vulneradas las disposiciones constitucionales señaladas, viéndose afectado su derecho de propiedad por la acción de una comisión especial que ha desatendido el valor legal de un instrumento legal, cual es un finiquito, a tal punto que, las trabajadoras del caso, dedujeron las correspondientes acciones judiciales antes los Tribunales de la especialidad y que terminaron por conciliación, lo cual confirma la actuación ilegal de las recurridas y que se vería reforzada por la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que señala, solicitando, en definitiva, que las multas administrativas que individualiza sean dejadas sin efecto, con expresa condena en costas.

2º) Que, por parte de los recurridos, emitieron informe en el cual, como cuestión inicial, plantearon la inadmisibilidad del mismo, por cuanto, la materia que se encuentra en debate tiene asignado, por ley, un procedimiento especial de reclamo y que se sustancia conforme a las reglas que establece el Código Laboral, por lo tanto, considera que no existe un verdadero derecho fundamental que sea objeto de la protección constitucional y por ello solicita su declaración de inadmisibilidad.

En segundo término, pasan a enunciar los requisitos que deben cumplirse de manera copulativa para que la acción de protección sea acogida y, en esa tarea, explican que las multas que se impugnan fueron dictadas en ejercicio de las facultades que el artículo 505 del Código del Trabajo le entrega a la Inspección del Trabajo y las mismas se encuentran debidamente fundadas y razonadas, de allí que, en cualquier caso, se ha ceñido de manera expresa al principio de legalidad y juridicidad que emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, verificándose los presupuestos elementales de todo Estado de Derecho, negando así la acusación de haberse erigido como una comisión especial ya que solamente se ha limitado al control del cumplimiento de la legislación laboral. En tal sentido, también descartan cualquier arbitrariedad cometida, enfatizando las normas legales en que se fundamentó la multa impugnada, descartando así cualquier afectación a los derechos fundamentales de la recurrente y que están establecidos en los numerales 3º inciso 5º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, en forma subsidiaria a lo que vienen indicando, en detalle, explican los motivos que se tuvieron en vista para dictar las multas administrativas, reiterando la acusación ya detallada, reiterando que no se cumplen con ninguno de los requisitos y presupuestos que la propia Carta Fundamental exige para la interposición y viabilidad del recurso impetrado, no habiendo afectación ni aún en grado de amenaza de los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente, por lo que estiman que la acción en análisis debe ser rechazada.

3°) Que, como primer análisis, cabe desestimarse la alegación de inadmisibilidad, ello por cuanto, el tenor literal del artículo 20 de la Constitución Política de la República permite la interposición de la acción y no la supedita a la finalización de ningún procedimiento o a la interposición o no de alguna acción ante Tribunal Ordinario, entendiendo con ello que, en la especie, bien puede accionarse por esta vía como le efectúa la recurrente.

4°) Que, en cuanto al fondo, dos elementos fundamentales se requieren para acoger la acción constitucional que se conoce, a saber, la arbitrariedad y la ilegalidad. Así, etimológicamente, lo primero se entiende como una forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho y que no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Y, en cuanto a lo segundo, claro está que se trata de un accionar que se separa del ordenamiento jurídico, por lo tanto, imperioso resulta analizar ambos elementos para determinar el destino de la acción.

En tal sentido, con respecto a la ilegalidad, baste con señalar dos disposiciones legales, los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo. El primero, en su inciso 1°, señala que las sanciones por infracciones a la legislación laboral y de seguridad social y a sus reglamentos, se aplicarán administrativamente por los respectivos inspectores del trabajo o por los funcionarios que se determinen en el reglamento correspondiente. Dichos funcionarios actuarán como ministros de fe. Y, respecto de la segunda norma señalada, también en su inciso 1°, refiere que, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.

De las disposiciones mencionadas, es posible arribar a la conclusión que, en ningún caso, los recurridos han actuado fuera de los márgenes que la propia ley les faculta, puesto que la misma los faculta precisamente a fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, por ello no puede considerarse de ilegal el actuar de las recurridas.

Finalmente, en lo que dice relación con el segundo requisito, la arbitrariedad, de la lectura de las Resoluciones de multa, en ambas existen los fundamentos y razonamientos que se tuvieron en vista para aplicar las sanciones pecuniarias, los cuales, se pueden compartir o no, pero permiten cumplir con la exigencia que se viene analizando.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por la empresa Novanet S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente y sus fiscalizadores, doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-85473-2016.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro (S) señor Tomás Gray Gariazzo y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez. Autoriza el (la) Ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.