nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 11 y 13: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 23 de abril de 2025, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., por el acto ilegal y arbitrario correspondiente a la resolución notificada con fecha 16 de abril de 2025, que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por la recurrente en calidad de extranjera, invocando lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Expone que la solicitante, en su calidad de profesional extranjera, requirió el retiro de sus fondos previsionales conforme a dicha normativa, acompañando para ello certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contrato de trabajo y sus anexos, así como documentación adicional que acredita su afiliación al régimen de previsión de su país de origen.

Sin embargo, la recurrida rechazó la petición argumentando que el “Certificado de Seguridad Social no cumple criterios de aceptación”, sin precisar en qué consisten tales criterios ni efectuar verificación alguna respecto de la autenticidad del documento.

Alega que la constancia electrónica que acompañó contiene código de verificación consultable en la web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y que, adicionalmente, se acompañó certificado legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por lo que el rechazo, a su juicio, carece de sustento y constituye un acto arbitrario.

Sostiene que la Administradora ha realizado una interpretación formalista y restrictiva de la Ley N°18.156, incorporando exigencias no contempladas en ella, en circunstancias que la única exigencia legal consiste en acreditar afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones mínimas de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Refiere que otras administradoras, como AFP Cuprum, aceptan la verificación de la constancia electrónica, y que la negativa en el presente caso infringe la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución.

Agrega que la recurrente salió de Chile el 3 de diciembre de 2024 rumbo a Caracas, lo que refuerza la procedencia de la devolución de fondos previsionales, pues ya no percibirá prestaciones del sistema chileno.

Hace referencia a jurisprudencia de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones (roles 28881-2022, 96.380-2021, 247.104-2023, 325-2024, 241-2025), en que se ha declarado ilegal y arbitrario rechazar solicitudes similares de devolución de fondos de técnicos extranjeros, destacando que la interpretación restrictiva vulnera la finalidad de la ley y el derecho de propiedad de los afiliados.

Asegura que el acto impugnado carece de fundamento normativo, configurando arbitrariedad e ilegalidad al desconocer la validez de documentos suficientes para acreditar la afiliación extranjera.

En el petitorio de su recurso, solicita a la Corte se acoja el recurso impetrado, se declare ilegal y arbitrario el acto recurrido, y se ordene a AFP UNO emitir un nuevo pronunciamiento reconociendo la validez de la documentación acompañada y efectuar la devolución de los fondos previsionales en el plazo razonable que el tribunal determine.

SEGUNDO: Que comparece Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de la recurrida AFP Uno S.A., evacuando informe, solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Señala que la Administradora no ha negado la titularidad de los fondos de la recurrente, sino que se ha limitado a aplicar estrictamente la normativa previsional vigente.

Relata que con fecha 11 de abril de 2025 la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales como técnico extranjero, acompañando contrato de trabajo con Atlas Development Chile SpA, su anexo, título universitario y apostilla, y declaración jurada.

Con fecha 16 de abril de 2025 se notificó el rechazo de la solicitud, fundado en que el “Certificado de Institución de Seguridad Social” presentado no cumplía con los criterios de aceptación exigidos.

La AFP sostiene que dicho documento carece de la legalización y apostilla exigidas para tener validez en Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio Reservado N°2966 de 2023 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Expone que la normativa chilena exige que el trabajador extranjero, para acceder a la devolución, debe: a) acreditar su calidad de técnico mediante título legalizado; b) demostrar afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación de la institución correspondiente debidamente legalizada o apostillada; y c) manifestar en el contrato su voluntad de mantener dicha afiliación.

En el caso de autos, el certificado de afiliación presentado no cumple con los requisitos formales de autenticidad, pues no fue validado por la cadena de legalización exigida, de modo que no puede reconocerse en Chile.

La recurrida rebate el alegato de arbitrariedad sostenido en el recurso, precisando que la exigencia de legalización y apostilla no constituye un formalismo excesivo, sino una garantía mínima de autenticidad documental, indispensable para verificar efectivamente el cumplimiento de la Ley N°18.156.

Aduce que la mera posibilidad de consultar datos en un portal web extranjero no suple la obligación de presentar un documento formal debidamente legalizado.

Asimismo, señala que el hecho de que otras administradoras como Cuprum hayan resuelto en otros casos favorablemente no resulta vinculante ni constituye precedente obligatorio, pues no se conocen los antecedentes concretos de esas solicitudes.

Enfatiza que el hecho de que la recurrente haya salido del país no la exime de acreditar los requisitos legales, siendo irrelevante en cuanto a la procedencia del retiro.

Reitera que no existe acto arbitrario ni ilegal, sino el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Concluye que la acción carece de los requisitos del artículo 20 de la Constitución, pues no hay ilegalidad o arbitrariedad, ni agravio, ni afectación de garantías constitucionales, por lo que debe rechazarse el recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes acompañados al recurso, en especial el informe evacuado por la parte recurrida y los documentos acompañados por la actora junto a la acción cautelar deducida, no se advierte que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. ha fundado su decisión en la inobservancia de los requisitos legales copulativos que establece el artículo 1° de dicha ley, particularmente en lo que se refiere a la validez del certificado de afiliación al régimen previsional extranjero, por no haberse acompañado debidamente legalizado.

QUINTO: En lo que se refiere al primer requisito, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente: Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

Por su parte, la Superintendencia de Pensiones, en uso de sus facultades normativas, precisó los medios de acreditación exigibles, lo que hizo mediante la Circular N° 553, de 12 de febrero de 1988, la que en su número 1.1. letra b) establece expresamente: “La afiliación al régimen de seguridad social extranjero deberá acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada”. Asimismo, en relación a la calidad de técnico, la misma circular señala en la letra a): “Deberá acreditarse con documentos que den cuenta de los estudios especializados o profesionales del interesado, debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Estas mismas disposiciones han sido recogidas y sistematizadas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, reiterando la exigencia de que los documentos se presenten “debidamente legalizados”.

A su turno, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 345, establece la regla general respecto de los instrumentos públicos extranjeros, al señalar: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”, agregando luego los mecanismos específicos de legalización mediante agentes diplomáticos o consulares y certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEXTO: Que, pues bien, conforme a lo informado por la recurrida, la recurrente acompañó un certificado de afiliación que carece de la referida legalización, de manera que no cumple con las exigencias normativas impuestas por la autoridad. En este sentido, la exigencia de legalización del certificado no constituye una carga arbitraria impuesta por la administradora, sino una derivación razonable del deber de verificar si dicho documento cumple con los requisitos establecidos por la autoridad para producir sus efectos en Chile.

A lo anterior, cabe agregar que el certificado electrónico de cotizaciones no logra suplir esa deficiencia, pues no reúne los requisitos establecidos en la Ley 18.156, ya que es un certificado genérico; no señala las coberturas previsionales con las que cuenta el afiliado en su país de origen; no se encuentra firmado por la autoridad que lo emite y tampoco se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Más aún, tal como fue consignado en la certificación que antecede el presente fallo, no es posible acceder a la página web a la que hace mención, toda vez que el código de verificación de señalado documento se encuentra vencido.

En esos términos, el recurrente no ha adjuntado los documentos idóneos para acreditar la exigencia contemplada en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, aplicable para estos efectos.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo los requisitos señalados de carácter copulativo, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Uno, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por la recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que el actor estima vulneradas.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8547-2025.

En Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.