Protección contra Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de la Contraloría Regional M

Santiago, catorce de enero de dos mil veintiuno.

Proveyendo el escrito folio 18 y 19: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Que con fecha 17 de septiembre de 2020, se dedujo acción de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° 220 de 31 de mayo de 2020, mediante la cual se rechazó la reconsideración respecto de la resolución que niega lugar a la solicitud de condonación de $8.196.562.- y ordena su devolución en cuotas. Estimando que con ello se vulneran las garantías contenidas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicita se acoja el recurso y en definitiva se deje sin efecto la resolución impugnada, y se acoja la condonación solicitada, con costas.

Expone que entre 2001 y 2020 fue funcionario en el Servicio de Salud Metropolitano Central, como enfermero, obteniendo el nombramiento como Coordinación de Gestión del SAMU en septiembre de 2016. Según indica, le señalaron que, dado que era funcionario dependiente de Servicio de Salud Metropolitano Central, para asumir sus funciones en propiedad, administrativamente debían enviarle a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en comisión de servicios, pero que aquello no afectaría sus remuneraciones, si no mediaba cambio de grado -en ese momento, grado 11° EUS-. Luego de detallar sus funciones desarrolladas entre 2016 hasta abril de 2019, el 7 de marzo de 2019 se le notificó que debía restituir la suma indicada al inicio, por orden de la Contraloría, en atención a las remuneraciones recibidas indebidamente. Recalca que antes de iniciar sus funciones en el SAMU, manifestó que solo lo haría si se mantenía su remuneración, por lo que nunca pensó que había recibido asignaciones indebidas.

En razón de lo anterior, concurrió a la Contraloría solicitando la condonación de la deuda, en virtud de lo que disponen los artículos 67 y 67 bis de la Ley N° 10.336, pues recibió dicha suma de dinero de buena fe. Sin embargo, con fecha 12 de junio de 2019, se rechazó dicha solicitud, fundada en que el recurrente había percibido asignaciones de cuarto turno y de urgencia, a pesar de que no le correspondía, pues entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017, ejerció funciones en horario diurno, a través de diversas comisiones de servicio, respecto de las cuales además, no existe constancia de haber sido dispuestas mediante el pertinente acto administrativo.

Refiere que luego de haber reclamado de dicha resolución, se dictó el acto impugnado mediante este recurso, que es el de fecha 31 de mayo de 2020 y que le fue notificado el 21 de agosto de dicho año, mediante el cual, por no haber aportado nuevos antecedentes, se rechazó la reconsideración.

Reprocha de dicha actuación, en tanto carece de fundamento o motivo, además que el Ente Contralor tiene la facultad de condonar deudas de funcionarios públicos, en relación con remuneraciones percibidas injustificadamente, cuando éstas han sido percibidas de buena fe, como ocurre en este caso, por cuanto, como lo reconoce la resolución de 2019, no intervino en el origen de la deuda.

Por su parte, al evacuar su informe, la Contraloría General de la República solicitó el rechazo de la acción. Alegó preliminarmente la extemporaneidad de la acción, por cuanto si bien se recurre formalmente contra la resolución que rechaza la solicitud de reconsideración, la pretensión del recurrente es dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 227 de 12 de junio de 2019, que rechazó condonar la deuda y concedió facilidades de pago.

Por otro lado, alega que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección por cuanto se pretende discutir la correcta interpretación y alcance de las normas que se entienden infringidas, dado que se cuestiona la legalidad de la orden de reintegrar las remuneraciones percibidas indebidamente. Agrega que, incluso en el año 2018 se dictó un Reglamento que regula las atribuciones previstas en el artículo 67 de la Ley N° 10.336, para establecer un procedimiento de análisis e impugnación de las devoluciones y reintegros ordenados.

En cuanto al fondo del asunto, estima que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en su actuar, por cuanto con fecha 14 de junio de 2018, recibió una denuncia bajo reserva de identidad, haciendo presente que el actor habría percibido indebidamente la asignación de cuarto turno en el Servicio de Salud Metropolitano Central -SSMC-, lo que contravendría el principio de probidad. Atendiendo dicha denuncia, mediante el Oficio N° 1.667 de 1 de febrero de 2019, la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago determinó que no resultó procedente que el SSMC enterara al recurrente las asignaciones de cuarto turno prevista en los artículos 94 y siguientes del DFL, y de urgencia establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.264, entre los meses de septiembre de 2016 y diciembre de 2017, puesto que durante ese período ejerció funciones como Coordinador de gestión SAMU, en comisión de servicios en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en horario diurno, por lo que no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la ley para percibir dichos emolumentos; esto es, trabajar efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requieran atención las veinticuatro horas del día, durante todos los días del año en un sistema de turnos rotativos.

Asimismo, por medio de la Resolución Exenta N° 227 de 12 de junio de 2019, se negó lugar a la solicitud de condonación formulada por el actor, por cuanto no dio cumplimiento a uno de los requisitos que la ley exige para poder percibir válidamente dichos estipendios, cual es desempeñarse efectivamente y permanentemente en puestos de trabajo que requieran atención las 24 horas al día, durante todos los días del año, en sistema de turnos rotativos, incumplimiento que él no podía desconocer, al haberse desempeñado como coordinador SAMU en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en horario diurno, durante el período observado, y sin que aportara antecedente alguno que justificara que se desempeñó efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requirieran la atención las veinticuatro horas al día, durante todos los días del año en sistema de turnos rotativos, entre los meses de septiembre de 2016 y diciembre de 2017, requisito para percibir las asignaciones cuestionadas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que no existe discusión que el acto recurrido correspondió a la Resolución N° 220 de fecha 31 de mayo de 2020 de la Contraloría General de la República a través de la cual se desestimó la solicitud de reconsideración formulada por el actor respecto de la Resolución Exenta N° 227 de 12 de junio de 2019, que le concedió facilidades para el pago respecto de la deuda originada en razón de las sumas que percibió en forma indebida, por concepto de la asignación de cuarto turno prevista en los artículos 94 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y de la asignación de urgencia establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.264 desde septiembre de 2016 hasta diciembre de 2017.

Tercero: En la especie resultan ser hechos no controvertidos que:

1. Con fecha 14 de junio de 2018, la recurrida recibió una denuncia bajo reserva de identidad, haciéndose presente que el actor habría percibido indebidamente la asignación de cuarto turno en el Servicio Salud Metropolitano Central -SSMC-, lo que contravendría el principio de probidad.

2. Atendida dicha denuncia, mediante Oficio N° 1667 de 1 de febrero de 2019, la recurrida determinó que no resultó procedente que el SSMC enterara al recurrente, las asignaciones de cuarto prevista en los artículos 94 y siguientes del DFL y de urgencia establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.264, entre los meses de septiembre de 2016 y diciembre de 2017, puesto que durante ese período ejerció funciones como Coordinador de gestión SAMU, en comisión de servicios en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en horario diurno, por lo que no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la ley para percibir dichos emolumentos; esto es, trabajar efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requieran atención las veinticuatro horas del día, durante todos los días del año en un sistema de turnos rotativo.

3. Agregó dicho pronunciamiento, que el SSMC debía disponer las medidas que en derecho correspondieren para obtener el reintegro de las sumas indebidamente pagadas por los anotados conceptos, sin perjuicio de comunicar al recurrente su posibilidad de solicitar el otorgamiento de facilidades de pago o de condonación de los montos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

4. Acto seguido, con fecha 7 de marzo de 2019, el SSMC comunicó al recurrente la deuda de $8.196.562 y requirió su reintegro.

5. En virtud de presentación N° 172.211 de 14 de marzo de 2019, el actor solicitó la condonación de los respectivos montos y en subsidio, la rebaja prudencial de aquéllos, de conformidad con la mencionada facultad antes referida.

6. Mediante Resolución Exenta N° 227 de 12 de junio de 2019, la recurrida negó lugar a la solicitud de condonación formulada por el actor, por cuanto no dio cumplimiento a uno de los requisitos que la ley exige para poder percibir válidamente dichos estipendios, esto es, desempeñarse efectiva y permanentemente en puestos de trabajo que requieran atención las 24 horas al día, durante todos los días del año en sistema de turnos rotativos, incumplimiento que él no podía desconocer, al haberse desempeñado como coordinador SAMU en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en horario diurno, durante el período observado.

7. No obstante, lo anterior, la recurrida otorgó al actor, facilidades de pago para la devolución del monto de 169,5151 Unidades Tributarias Mensuales, en sesenta y cinco cuotas iguales, mensuales y sucesivas, con un 12% de interés anual en favor del Fisco.

8. A través de presentación N° 188.357 de 20 de junio de 2019, el recurrente solicitó la reconsideración de la decisión consignada precedentemente, siendo desestimada mediante Resolución Exenta N° 220 de 31 de mayo de 2020 de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

Cuarto: La recurrida Contraloría General de la República alega que el presente arbitrio ha sido interpuesto fuera del plazo fatal de treinta días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, por cuanto la acción cautelar pretende dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 227 de 14 de junio de 2019, notificada al actor el 19 de junio de 2019, dado que el presente arbitrio fue interpuesto el 17 de septiembre de 2020.

La referida alegación será desestimada por cuanto el acto terminal y respecto del cual se recurre aconteció el 31 de mayo de 2020, a través del cual la recurrida se pronunció mediante Resolución Exenta N° 220 de 2020, la que rechazó el recurso de reconsideración de la Resolución Exenta N° 227 de 2019, el que fue notificado el 21 de agosto de 2020, interponiéndose por tanto este recurso de protección dentro del plazo dispuesto para tal efecto.

En cuanto al fondo:

Quinto: Resulta pertinente destacar que el artículo 67 de la Ley N° 10.336 -fundamento legal de la Resolución Exenta N° 220 de 2020, impugnada en estos autos- contempla la facultad del Contralor General para ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, como asimismo, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución de las remuneraciones percibidas indebidamente como asimismo, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución de las remuneraciones percibidas indebidamente, si hubiere habido buena fe o justa causa de error.

Por su parte, la Resolución N° 35 de 2018, la Contraloría General de la República, estableció un procedimiento especial que contiene todos los elementos necesarios para velar por los derechos de los funcionarios públicos, toda vez que ella contempla la posibilidad de acompañar antecedentes a la solicitud respectiva, de efectuar la petición de informe al servicio correspondiente y de interponer los recursos previstos en la Ley N° 19.880.

Sexto: De esta forma, no existe acto ilegal -supuesto en que no se atiende a la normativa por la que debe regirse o en que un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley- o arbitrario -carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los mecanismos empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar- llevado a cabo por la Contraloría General de la República, dado que de conformidad con el artículo 98 de la Carta Fundamental y 5° inciso tercero de la Ley N° 10.336, le corresponde cautelar y vigilar la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que rigen a los servicios y entes públicos, sujetos a su fiscalización, entre los cuales se encuentra la recurrente. Por su parte, la actuación de la recurrida se fundó en lo previsto en el artículo 67 de la Ley N° 10.336.

Séptimo: Igual derrotero seguirá la desestimación de la arbitrariedad, por cuanto de la sola lectura del oficio recurrido, se contienen fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la Contraloría General de la República a la conclusión que en la Resolución Exenta se expresa.

Octavo: Por último, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto se trata de determinar la procedencia del derecho del supuesto derecho del actor de retener o no devolver determinado dinero que le fue pagado, lo que impide considerar que éstos se encuentren ante un derecho de carácter indubitado. De esta forma, la recurrente discrepa del criterio hermenéutico arribado por el órgano contralor para decidir sobre el particular, por lo que esta acción resulta absolutamente improcedente, atendida la naturaleza cautelar del arbitrio en análisis.

Noveno: Como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta a favor de don nombre reservado en contra de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección – 85.469-2020 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón.