Protección contra Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos: Comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), representada por su Director, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de diciembre de 2024, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, por la cual se le niega el derecho a impetrar beneficios previsionales con motivo del accidente en acto de servicio que sufrió, lo que vulneraría la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida reconocer expresamente el pago de los gastos médicos, como su reembolso, y una reevaluación por parte de la Comisión Médica Institucional de las patologías que atribuye al accidente vehicular que indica.

Expone que ingresó a la Policía de Investigaciones de Chile el 28 de marzo de 2011 como Oficial Policial Profesional, alcanzando el grado de Comisaria y desempeñándose actualmente en la Sección Balística del Laboratorio de Criminalística Central, agregando que el 14 de junio de 2022, al finalizar su jornada laboral, circulaba en su vehículo particular por la Autopista Vespucio Sur, cuando fue impactada por un camión en el costado izquierdo posterior. En ese momento, los daños aparentaban ser menores y el conductor del camión reconoció su responsabilidad, ofreciendo reparar los daños, por lo que intercambiaron datos y se retiraron del lugar, sin perjuicio de lo cual, mediante Orden N° NUM001, de 27 de marzo de 2023, de la Jefatura Nacional de Criminalística de la PDI, se instruyó sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del accidente antes mencionado, y que finalizó con la dictación de la Resolución Exenta impugnada.

Como antecedentes médicos relevantes, hace presente que en octubre de 2017, durante el cumplimiento de una diligencia policial consistente en la realización de pericias sobre un occiso, sufrió una lesión en el codo y brazo derecho al girar el cadáver que se encontraba en estado de rigor mortis y, producto de los malestares y dolores persistentes, debió ser intervenida quirúrgicamente el 17 de enero de 2018, siendo instruido el Sumario Administrativo N° NUM002, por el que se determinó mediante el Dictamen N° NUM003, de 6 de junio de 2018, de la Jefatura Nacional de Criminalística de la PDI, que tales lesiones no correspondían a actos propios del servicio.

Adiciona que las secuelas de estas lesiones hicieron necesaria una segunda intervención quirúrgica el 7 de noviembre de 2018. Expone que años más tarde, el 14 de junio de 2022, ocurre el accidente de tránsito antes aludido, experimentando molestias crecientes entre los meses de julio y noviembre de ese año, por lo que recibió atención médica y se realizó una serie de exámenes, siendo sometida a sucesivas intervenciones quirúrgicas de su extremidad superior derecha en los meses de marzo, mayo y diciembre de 2023, como asimismo en diciembre de 2024 (sexta operación), además de distintas sesiones de inyección de ácido hialurónico y colágeno, desembolsando una importante cantidad de dinero. Solicitó a su jefatura no continuar ejerciendo labores como perito balístico, petición que no fue atendida, lo que tuvo como consecuencia que una artrosis que se encontraba proyectada para un plazo de diez años, se desencadenó en un año.

Expresa, a continuación, que el sumario administrativo instruido mediante Orden N° NUM001, de 27 de marzo de 2023, con ocasión de su accidente de tránsito, derivó en el Dictamen N° NUM004, de 22 de enero de 2024, que la sobreseyó por no asistirle responsabilidad administrativa en los hechos investigados, al mismo tiempo que declaró que los hechos debían ser considerados como acto de servicio, conforme con lo dispuesto en la letra g) del artículo 5 del Estatuto de Personal de PDI. No obstante, se determinó que las patologías “Atrapamiento de nervio cubital de codo y muñeca derecha, atrapamiento de nervio radial interóseo posterior derecho, pinzamiento de codo derecho, lesión osteocondral radiohumeral derecha, síndrome de entrecruzamiento muñeca derecha”, son todas de origen mecánico, no relacionadas con eventos traumáticos ocurridos con ocasión del accidente de tránsito investigado, conforme lo determinado en Informe Técnico N° NUM005, de 21 de diciembre de 2023, de la Comisión Médica Institucional.

Hace presente que recurrió de apelación en contra del referido dictamen, el que fue rechazado mediante la Resolución Exenta impugnada, de 9 de diciembre de 2024, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, al estimarse por aquella autoridad que no se aportaron nuevos antecedentes que permitan desvirtuar lo resuelto por la Jefatura Nacional de Criminalística de la PDI.

Acusa que la mencionada Resolución Administrativa es ilegal y arbitraria al omitir considerar antecedentes médicos objetivos y elementos de juicio relevantes que acreditan la relación directa entre sus lesiones y el accidente vehicular sufrido el 14 de junio de 2022, el que por lo demás se desarrolló en acto de servicio.

Precisa que sus diagnósticos médicos, registrados en informes de atención ambulatoria, son contestes en señalar que las lesiones, malestares y dolencias se derivan del accidente de 14 de junio de 2022, todo lo cual consta en dieciocho registros de atención médica, destacando que al 29 de junio de 2023 su diagnóstico es de inestabilidad rotacional posterolateral asociado a artrosis moderada de codo derecho, secundario a trauma de alta emergía durante el año 2022, puntualizando que los médicos le recomendaron de manera explícita un cambio de funciones laborales para evitar la carga excesiva de fuerza que podría desencadenar nuevas recidivas en su cuadro clínico, lo que fue desestimado por su jefatura.

Detalla que resulta contradictorio que la Resolución Exenta impugnada haya calificado su accidente de tránsito como acto de servicio, pero determine que sus lesiones son de origen común, negándole el derecho a impetrar beneficios previsionales, descartando de manera arbitraria e ilegal el nexo causal entre el accidente y las consecuencias médicas que se derivan del mismo.

Asimismo, reprocha una infracción al deber de abstención pues la Resolución Exenta recurrida tiene como antecedente fundante para su emisión el Informe Técnico N° NUM005 de 21 de diciembre de 2023 JENASA, el cual, a su vez, se apoya en el Informe de Evaluación de 7 de agosto de 2023, confeccionado por el Subprefecto (S) nombre reservado, mismo funcionario que participó en la suscripción del citado Informe Técnico.

Expresa que la Resolución Exenta cuestionada adolece de falta de motivación y fundamentación, lo que resulta especialmente grave al tenor de los preceptos de la Ley N° 19.880, por lo que solicita en definitiva que esta Corte ordene a la recurrida a reconocer expresamente el pago de los gastos médicos, como su reembolso, y una reevaluación por parte de la Comisión Médica Institucional.

Al informar el abogado Omar Castro Torres, en representación de la Policía de Investigaciones de Chile, solicita el rechazo de la presente acción de protección.

Refiere, en primer término, que la acción cautelar resulta improcedente debido a que ella se instituyó como un mecanismo de emergencia rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones o atropellos flagrantes de ciertos derechos fundamentales, no siendo la presente controversia susceptible de ser resuelta mediante esta vía, al pretenderse que se deje sin efecto una Resolución Exenta que da término a un proceso disciplinario legalmente tramitado por la PDI, añadiendo que el recurso de protección no constituye una nueva instancia administrativa, ni es un medio idóneo para conocer nuevamente la situación planteada por la recurrente.

Relata que mediante la Orden N° NUM001, de 27 de marzo de 2023, de la Jefatura Nacional de Criminalística de la PDI, se instruyó un sumario administrativo que tuvo por objeto esclarecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el accidente vehicular donde la recurrente resultó lesionada, y que el Informe Técnico N° NUM005, de 21 de diciembre de 2023, de la Comisión Médica Institucional, fue la que determinó que la patología de la actora era de origen común y no se relacionaba con los eventos traumáticos investigados.

Puntualiza que mediante Resolución Exenta N° NUM006, de 30 de agosto de 2023, se reconoció expresamente el pago de todos los gastos médicos, hospitalarios y terapéuticos en que hubiera incurrido la actora producto del accidente en acto de servicio, enviando mediante un oficio remisor a la Jefatura Nacional de Salud las boletas o facturas, sin embargo, consultada la entidad pertinente señalaron que la funcionaria afectada a la fecha no había cursado ninguna solicitud, pese a encontrase a su disposición toda la información disponible para ello.

Manifiesta en relación con la Resolución Exenta impugnada que no carece de falta de motivación, ya que a partir de la simple lectura de los hechos y fundamentos que se expresan en ella, se explicitan los supuestos de hecho para la adopción de la decisión, permitiendo así que la actora ejerza su derecho a la impugnación, sea por la vía del recurso administrativo o bien de la acción jurisdiccional.

Hace presente que no han existido en el caso de autos, a diferencia de lo que plantea la recurrente, infracciones legales o administrativas al principio de probidad por vulneración del deber de abstención, puesto que el Subprefecto (S) nombre reservado no ha tenido intervención como perito o testigo en el procedimiento administrativo de que se trata, circunstancia que lo hubiera obligado a abstenerse de participar, según contempla la Ley N° 19.880 , y tampoco se ha explicado por la recurrente cómo se configura la afectación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, sin que se mencione de qué manera en un caso similar haya existido un trato distinto de parte de la autoridad, consideraciones a partir de las cuales solicita el rechazo del presente arbitrio.

Y considerando:

Primero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Segundo: Que la acción que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000 de 9 de diciembre de 2024, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, a partir de la cual se niega a la recurrente el derecho a impetrar beneficios previsionales producto de un accidente en acto de servicio, lo que vulneraría la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que es útil consignar los siguientes antecedentes para una acertada decisión: 1- La Jefatura Nacional de Criminalística de la PDI, mediante Orden N° NUM001 de 27 de marzo de 2023, instruyó sumario administrativo con el objeto de esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente vehicular donde resultó lesionada la Comisaria OPP nombre reservado, la naturaleza, gravedad, importancia y clasificación provisoria de las lesiones o incapacidad que le pudo ocasionar, si se produjo en acto de servicio, si le corresponde impetrar beneficios previsionales y si le asiste responsabilidad administrativa en los hechos a personal institucional; 2- El Informe Técnico N° NUM005 de 21 de diciembre de 2023, la Comisión Médica Institucional presidida por el Prefecto Inspector (S) nombre reservado e integrada por el Subprefecto (S) nombre reservado, Comisario (S) Jorge Cabané Rivas y Coimisario (S) nombre reservado, concluyó, respecto de las lesiones sufridas por la actora, lo siguiente: i- ha quedado apta para continuar con el Servicio Institucional, sin limitaciones; ii- es dada de alta a contar del presente Informe Técnico; iii- no tiene derecho a impetrar beneficios previsionales; y iv- las patologías “Atrapamiento de Nervio Cubital de Codo y Muñeca Derecha, Atrapamiento de Nervio Radial Interóseo Posterior Derecho, Pinzamiento de Codo Derecho, Lesión Osteocondral Radio Humeral Derecha, Síndrome de Entrecruzamiento Muñeca Derecha”, son todas de origen común, no relacionadas con eventos traumáticos ocurridos en los hechos investigados en el Sumario Administrativo N° NUM001, de fecha 27 de marzo de 2023; 3- Por Dictamen N° NUM004, de 22 de enero de 2024, de la Jefatura Nacional de Criminalística de la PDI, la actora fue sobreseída por no asistirle responsabilidad administrativa en los hechos indagados, debido a que el accidente de tránsito donde estuvo involucrada el 14 de junio de 2022, en momentos que transitaba por la Autopista Américo Vespucio Sur, de poniente a oriente, primera pista de circulación, pocos metros antes de la salida N° 30, General Velásquez, rumbo a su domicilio particular ubicado en la comuna de Buin, luego de cumplir con su jornada laboral, al ser colisionado su automóvil por un camión, presentando días posteriores lesiones en su brazo izquierdo y en su antebrazo derecho, fue consecuencia de la conducción intempestiva del conductor del vehículo mayor.

También se determinó que el hecho investigado debe ser considerado como acto de servicio, y con arreglo a lo indicado en el Informe Técnico N° NUM005, la lesión de la extremidad superior derecha no tiene su origen en el accidente de tránsito materia de la pesquisa; 4- Contra dicho dictamen, la funcionaria presentó recurso de apelación que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 9 de diciembre de 2024, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, en razón de que conforme a Informe Técnico N° NUM007 de 24 de octubre de 2024, de la Jefatura Nacional de Salud, se ratificó lo descrito en el Informe Técnico N° NUM005 de 21 de diciembre de 2023, “(…) determinándose que producto de los hechos investigados en este Sumario Administrativo N° NUM001, la funcionaria sufrió una ‘Contusión de Brazo Izquierdo’, la que por su naturaleza es considerada de mediana gravedad, sin secuelas funcionales, no siendo ésta de importancia (…) quedando la funcionaria apta para continuar al servicio de la institución, sin limitaciones, siendo dada de alta a contar del Informe Técnico N° NUM005 del 21.DIC.023, no teniendo derecho a impetrar beneficios previsionales”. Cuarto: Que, asentado lo anterior, en cuanto al reproche que formula la recurrente de una supuesta contradicción que surgiría al calificarse el siniestro vehicular como acto de servicio y, simultáneamente, estimarse que las patologías de su brazo derecho son de origen común, cabe aseverar que tal incongruencia no se verifica, puesto que se explicitó por la denunciada que la lesión que efectivamente sufrió la reclamante a consecuencia del accidente vehicular es una contusión en su brazo izquierdo, no las dolencias del brazo derecho, que son previas a dicho accidente de tránsito y de origen común. Consignándose claramente en la Resolución Exenta N° NUM006, de 30 de agosto de 2023, que “(…) se procederá a pagar los gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica (…) y todos los medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación (…) siempre y cuando se acredite que ocurrieron en acto de servicio”. Por consiguiente, no resultaba procedente la cobertura reclamada tratándose de gastos que no han sido generados por un accidente en acto de servicio. Quinto: Que, por otra parte, ésta no es la sede para atender la pretensión de la actora en orden a confrontar los diagnósticos médicos que adjunta con el análisis que al efecto practicó el órgano técnico de la Policía de Investigaciones, persiguiendo hacer prevalecer unos sobre otros. Sexto: Que tampoco es posible vislumbrar la incidencia que pudo traer una eventual vulneración al deber de abstención por parte del funcionario policial nombre reservado, al haber formado parte de la Comisión Médica Institucional -cuyo informe, por lo demás, fue refrendado por la Jefatura Nacional de Salud- pues es un órgano colegiado que no sólo tuvo en vista el Informe de Evaluación realizado por nombre reservado, sino también todos los antecedentes que arrojó el sumario administrativo Séptimo: Que, así las cosas, del mérito de los antecedentes expuestos, aparece que el recurso no puede prosperar al no haber existido un actuar ilegal o arbitrario de parte de la recurrida en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de diciembre de 2024, ni puede afirmarse que en la resolución impugnada existe el déficit de fundamentación que se alega, desde que al decidir del modo en que lo hizo, la recurrida se fundó en antecedentes técnicos que sustentaban el origen común de las patologías del brazo derecho de la actora, descartándose su relación con el accidente vehicular de 14 de junio de 2022.

Octavo: Que es preciso relevar que el recurso de protección constituye una instancia de protección de derechos indubitados que se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que conforme a lo dicho, en la especie no concurre, toda vez que lo que subyace al cuestionamiento de la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de diciembre de 2024, es la decisión de la Comisión Médica Institucional contenida en el citado Informe Técnico N° NUM005, de 21 de diciembre de 2023, cuya objeción, atendidos los argumentos que la sostienen, no corresponde que sea abordada por medio de la presente acción cautelar, desde que no constituye una vía para la declaración de derechos. Noveno: Que, por último, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las de la protegida, hayan recibido un trato distinto.

Décimo: Que, por lo razonado precedentemente, es posible concluir que no ha existido alguna acción u omisión de parte de la recurrida que pueda ser calificada como arbitraria o ilegal, por lo que este recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción deducida por nombre reservado en contra de Policía de Investigaciones de Chile.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol N°Protección-854-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por el ministro (S) señor Rodrigo Carrasco Meza y la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.