nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, diez de junio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 7: téngase presente.

Al escrito folio 8: téngase por ampliado el informe. Al otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Diego Alonso Calderón Castillo, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos de nacionalidad china, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria de no dictar el acto terminal pertinente respecto de las solicitudes de “residencia temporal” por actividades lícitas remuneradas realizadas desde fuera de Chile por los recurrentes, perturbando dicha omisión el derecho constitucional de igualdad ante la ley y el debido proceso, establecidos en los artículos 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Relata que los recurrentes realizaron las solicitudes de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas desde fuera de Chile en las siguientes fechas: nombre reservado el 6 de mayo del año 2023, nombre reservado 1 de agosto del año 2023, nombre reservado el 19 de agosto del año 2023, nombre reservado el 22 de marzo del 2023 y nombre reservado el 22 marzo del año 2023. Indica que todos ellos suscribieron los respectivos contratos de trabajo con sus futuros empleadores, estando domiciliados dichos empleadores en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena. Asimismo, señalan que han cumplido con todas las exigencias legales y reglamentarias para obtener la residencia temporal subcategoría actividades lícitas remuneradas, desde fuera de Chile.

Menciona que habiendo transcurrido más de 210 días desde efectuadas las solicitudes de residencia temporal, éstas aún no han sido resueltas. Argumenta que este actuar negligente de la recurrida les ha impedido a los recurrentes acceder a la condición de residentes con residencia temporal, derecho legal que les asiste al cumplir cabalmente con las exigencias legales y reglamentarias, afectando su desarrollo personal y laboral.

En cuanto a los fundamentos de derecho, los recurrentes sostienen que la recurrida ha incurrido en una ilegalidad al incumplir los plazos impuestos a la autoridad para concluir un acto administrativo dentro de 6 meses o 180 días, y en una arbitrariedad al no tener dicho incumplimiento un fundamento razonable, siendo por tanto irracional e inmotivado, conforme lo disponen los artículos 37 y siguientes de la Ley Nº21.325 y su reglamento, así como los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº19.880.

Argumentan que la omisión de resolver las solicitudes de residencia temporal en un plazo razonable vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, al implicar una discriminación en contra de los recurrentes en relación al trato dispensado a otros interesados que, en una situación jurídicamente equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes. Asimismo, sostiene que se infringe la garantía del debido proceso legal en procedimientos administrativos, reconocida en el artículo 19 Nº3 de la Carta Fundamental, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que el debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio.

En definitiva, piden se acoja el recurso de protección interpuesto, ordenando a la recurrida a dictar el acto administrativo terminal, dando respuesta a las solicitudes de residencia temporal objeto del recurso en un plazo no superior a 30 días desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada o el plazo que se estime conveniente. En subsidio, que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, y que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacuó el informe, solicitando el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

En primer término, el Servicio recurrido alega que no ha incurrido en ningún acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías invocadas por los recurrentes. Argumenta que no ha dictado resolución alguna que efectúe diferencias arbitrarias entre los recurrentes y otros extranjeros solicitantes de permisos de residencia temporal que se encuentren en su misma situación fáctica. Por el contrario, manifiesta que ha tramitado las solicitudes de los recurrentes dando cumplimiento estricto a los preceptos contenidos en la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería, y en el Decreto N°177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece los requisitos y subcategorías de permisos de residencia temporal.

En segundo lugar, la recurrida expone latamente que las solicitudes de los recurrentes se encuentran actualmente en trámite, dentro de los plazos legales. Detalla que los recurrentes nombre reservado (código de trámite N°64342028), nombre reservado (código de trámite N°62841510) y nombre reservado (código de trámite N°62839100) efectuaron sus solicitudes con fechas 5 de mayo, 22 de marzo y 22 de marzo, todas de 2023, respectivamente. Respecto de ellos tres, el Servicio acredita haber enviado correos electrónicos, con fechas 3 de julio, 22 de mayo y 26 de mayo de 2023, respectivamente, requiriendo a cada uno de ellos acompañar documentos faltantes para proseguir con la tramitación, bajo apercibimiento de rechazo, en virtud del artículo 88 de la Ley N°21.325, habiéndose remitido los antecedentes dentro de plazo. A su turno, los recurrentes nombre reservado (código de trámite N°66845350) y nombre reservado (código de trámite N°67170629) realizaron sus solicitudes los días 1 y 18 de agosto de 2023.

El Servicio expresa, a través de capturas del Registro Nacional de Extranjeros, que todas las solicitudes de los recurrentes se encuentran en la etapa final de tramitación, denominada "Resolución". Alega que en virtud del artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo de seis meses que tal norma establece para la conclusión de los procedimientos administrativos no tiene el carácter de fatal. Cita jurisprudencia emanada de la Excma. Corte Suprema que confirmaría que el plazo del artículo 27 no es fatal, sino que obliga a la Administración a concluir los procedimientos dentro de términos razonables, a fin de no mantener a los administrados en un estado de incertidumbre.

En tercer término, la recurrida sostiene que su actuar no ha vulnerado las garantías constitucionales de los recurrentes. Refuerza que no ha dictado acto administrativo alguno que efectúe diferencias arbitrarias respecto de ellos, en comparación con otros extranjeros que hayan solicitado iguales permisos de residencia temporal por motivos laborales. Asimismo, aduce que la tardanza en la resolución de las solicitudes de los recurrentes nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado obedecería a la omisión de estos en acompañar la totalidad de los antecedentes requeridos por la ley migratoria y su reglamento, en los plazos que les fueran concedidos para subsanar esas faltas.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Servicio Nacional de Migraciones solicita tener por evacuado el informe, rechazar en todas sus partes el recurso de protección intentado en su contra, por no existir de su parte acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere las garantías fundamentales de los recurrentes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, la demora excesiva respecto de las solicitudes de residencia temporal por actividades lícitas remuneradas realizadas desde fuera de Chile por los recurrentes, y, posteriormente, si aquellas acciones constituyen, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza las garantías constitucionales invocadas, con el fin de que esta Corte ordene a la recurrida a dictar el acto administrativo terminal, para resguardar los derechos y garantías que se dicen afectados.

QUINTO: Que por presentación de fecha 9 de junio de 2024 la recurrida amplió su informe, manifestando que por Resolución Exenta N°24263532, de 29 de mayo de 2024, el Servicio de Migraciones otorgó a nombre reservado el beneficio migratorio solicitado, por lo que a su respecto el recurso ha perdido oportunidad, quedando por dilucidar y resolver la situación de los restantes 4 recurrentes.

SEXTO: Que respecto del fondo, para resolver se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que esta Corte, de acuerdo a las fechas en que se presentaron las solicitudes de residencia temporal de los recurrentes, ha verificado que desde la presentación de las solicitudes de nombre reservado y nombre reservado, el 22 marzo del año 2023, ha transcurrido más de un año sin resolución por parte del Servicio Nacional de Migraciones, y que respecto de los recurrentes nombre reservado y nombre reservado el procedimiento ha durado aproximadamente 9 meses, también encontrándose pendiente el pronunciamiento del Servicio.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración en la tramitación de las solicitudes de nombre reservado y nombre reservado, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de las solicitudes de residencia temporal, excediendo en demasía el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

En cuanto a las solicitudes de nombre reservado y nombre reservado, y conforme al criterio que ha mantenido esta Corte, se verifica que la tramitación de estas aún se encuentran dentro de un plazo razonable, atendido las alegaciones y descargos expuestos por la recurrida para justificar el retraso.

NOVENO: Que, por lo anterior, la dilación del recurrido en el pronunciamiento de las solicitudes de nombre reservado y nombre reservado, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que:

1) SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida, como medida para restablecer el imperio del derecho, emitir el pronunciamiento, que en derecho corresponda, sobre la solicitud de residencia temporal que tiene pendiente, ello, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

2) SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, por haber perdido oportunidad, así como el interpuesto en favor de nombre reservado y nombre reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por no verificarse, por ahora, una acción u omisión arbitraria e ilegal en la tramitación de su solicitud de residencia temporal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-8527-2024.