Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago.

Santiago, cinco de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la abogada Judith Urzúa Arriaza, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior, por la omisión arbitraria e ilegal en que habrían incurrido al no resolver oportunamente su petición de carta de nacionalización, lo que vulneraría la garantía prevista en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República.

Alega que el recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el 1 de marzo de 2023, sin embargo, aún no se ha dado respuesta a su solicitud.

Denuncia como ilegal y arbitraria, en consecuencia, la omisión de la autoridad recurrida consistente en la falta de resolución de la petición de carta de nacionalización del actor.

Solicita se ordene a las recurridas resolver sin mayor dilación y tramitación la petición de nacionalización del recurrente, y se adopten las demás medidas que SS. Iltma. estime necesarias para tales efectos, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informando el Servicio Nacional de Migraciones, en lo atingente al recurso, señala que es efectivo que se solicitó por la parte recurrente la carta de nacionalización el 1 de marzo de 2023, y que actualmente se encuentra en la etapa de “análisis”.

Sostiene que el estado de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de sus derechos o el desenvolvimiento natural del extranjero en el territorio nacional.

Precisa que la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de dichas solicitudes termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la petición de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, para que se otorgue o no la nacionalización, la cual constituye una gracia.

En razón de lo anterior, solicita que se rechace en todas sus partes la acción.

Tercero: Que informando el Ministerio del Interior expone, en primer lugar, que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte del Ministerio.

Luego, indica que los antecedentes en cuestión se encuentran actualmente en estado de tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, como una etapa previa a la entrega de los antecedentes a dicha cartera de Estado para su posterior resolución.

Señala que la acción debe ser rechazada, por no existir una omisión arbitraria o ilegal por parte de la autoridad. Al respecto, refiere que las solicitudes de nacionalización son sometidas a un análisis exhaustivo, lo que implica una extensa tramitación; por otro lado, mencionan que la carta de nacionalización corresponde a una expresión del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República e indica que sólo entre enero y marzo de 2024 se han presentado más de 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de carta de nacionalización.

Por tales razones, explica que la no dictación del acto respectivo no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Sostiene que el plazo previsto por el artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye uno de carácter fatal para la administración y que no es posible concluir que la sola demora en la tramitación supone una vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República establece.

Finalmente, menciona que de acogerse la acción existe un riesgo de potencial vulneración de los derechos respecto de los demás interesados que se encuentran en similar situación a la del recurrente, y que la acción de protección no constituye la vía idónea para obtener la aceleración de la tramitación de esa clase de procedimientos.

Así las cosas, solicita el rechazo de la acción, con costas, por carecer de motivos plausibles para litigar.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el acto arbitrario e ilegal que se denuncia en el recurso corresponde a la falta de pronunciamiento por parte de la recurrida, acerca de la solicitud de carta de nacionalización planteada por la parte recurrente el 1 de marzo de 2023.

Sexto: Que la autoridad recurrida asevera que no existiría omisión ilegal ni arbitraria de su parte, y que actualmente el asunto se encuentra en etapa de “análisis”. Empero, lo cierto es que hay datos suficientes que dan cuenta de la demora en la tramitación del referido procedimiento administrativo, el que ya cuenta con más de un año en tramitación a la fecha de dictación de esta decisión.

Séptimo: Que puede concederse que los parámetros y exigencias de prontitud y oportunidad, aplicables al caso, no pueden prescindir de la realidad que implica el conocido volumen que han alcanzado las peticiones en materias de migración. Sin embargo, tampoco es posible desconocer que acá se ha superado, con creces, el plazo razonable para emitir la decisión, el que supera ampliamente aquel que fija el artículo 27 de la Ley N°19.880, lo que ha dado lugar a la incertidumbre reclamada, por lo que la demora, deviene en arbitraria.

Octavo: Que, en esas condiciones, la omisión evidenciada lesiona el derecho a la igualdad de trato que favorece al recurrente -artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental-, dado que no existe razón atendible que justifique la falta de respuesta por parte de la requerida, la que se encuentra en tramitación por más de un año.

Noveno: Que, por todo lo antes razonado, la acción constitucional será acogida, correspondiéndole a esta Corte arbitrar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones remitir a la Subsecretaría del Interior los antecedentes necesarios para una acertada resolución de la petición de nacionalización del recurrente, ello dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde que el presente fallo quede firme y ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-8511-2025.