nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO CENTRO

Santiago, veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS y teniendo presente:

1º Que en lo principal del escrito agregado a estos antecedentes Fernando Arab Verdugo, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Marsol S.A., de su mismo domicilio, deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Santiago Centro, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado de esa comuna, a fín de que se restablezca el imperio del derecho frente a las arbitrariedades de que fue objeto su representada.

Que como antecedentes de hecho del expresado recurso señala que con fecha 26 de septiembre del año pasado se realizó una fiscalización laboral en las dependencias de nombre reservado y en virtud de ella con fecha 30 de septiembre del mismo año se dictó la resolución de multa N°8507/17/100, la cual sancionó a su representada con cinco multas de una cuantía total ascendente a 280 UTM.

Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo la resolución de multa antedicha fue notificada a su parte por carta certificada de fecha 18 de octubre de 2017. Con fecha 17 de noviembre de ese año la empresa interpuso un recurso de reconsideración administrativa en contra de la resolución de multa N°8507/17/100-3-5, de acuerdo a los dispuesto por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.Finalmente, con fecha 04 de diciembre de 2017, nombre reservado fue notificada del ordinario N°64, de fecha 24 de noviembre de 2017, emitido por la Inspección Provincial del Trabajo, el cual declaró la inadmisibilidad del recurso de reconsideración administrativa presentada por su parte por no haberse presentado dentro del plazo legal de treinta días corridos contados desde su notificación;

2° Que funda el señalado recurso en el hecho que la jurisprudencia mayoritaria de los tribunales superiores de justicia ha interpretado las normas contenidas en el artículo 508 del Código del Trabajo y el artículo 25 de la Ley N°19.880, Ley de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado señalando que el plazo establecido en el artículo 508 del cuerpo de leyes primeramente señalado constituye un plazo de días hábiles administrativo, razón por la cual, para el cómputo del mismo no deben contabilizarse los días sábado, domingos y festivos.

Finalmente señala como infringidas las garantías constitucionales contempladas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

3° Que informando la abogada María Begoña Iglesias, por la recurrida solicita que el recurso de protección deducido en contra del Ordinario N°64 de 24 de noviembre del año 2017 sea rechazado, con costas, por cuanto el señalado recurso se utiliza como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y regladas por la legislación correspondiente y por tal razón, se debería declarar la improcedencia del señalado recurso.

En cuanto al fondo del recurso resulta que este se sustenta en la oportunidad en que comienza a correr el plazo para recurrir en contra de la multa impuesta por la Dirección del Trabajo y sobre el particular señala que habiendo sido recepcionada la resolución de multa en las oficinas de correos el día martes 10 de octubre de 2017, esta ha de entenderse notificada el día martes 17 de octubre de 2017 y no el día miércoles 18 de octubre como erróneamente lo entiende la recurrente, razón por la cual, resultaría evidente que el Ordinario N°64 no obedece a un acto arbitrario e ilegal, sino que se ajusta plenamente a derecho, por cuanto el plazo establecido en la ley para solicitar reconsideración administrativa de multas, vale decir, el artículo 512 del Código del Trabajo el cual dispone que: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa”. Es decir la norma transcrita no establece si el plazo de treinta días es de días corridos o de días hábiles.

Por último, en virtud de lo señalado manifiesta que no se ha afectado por la recurrida ni la garantía de igualdad ante la ley ni tampoco la de protección al derecho de propiedad, debiendo desestimarse por esta razón el señalado recurso;

4° Que, tal como establece el artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección es una vía a la que las personas pueden acudir sin perjuicio de otros derechos, de modo que la posibilidad con que cuenta el afectado de requerir la intervención de los tribunales de justicia a través de procedimientos legales no excluye de plano, por sí sola, la procedencia de este remedio constitucional, en la medida que concurran los presupuestos que la hacen procedente;

5° Que cabe precisar, entonces, que la cuestión aquí debatida no concierne a la procedencia, oportunidad o monto de la multa, sino a la manera de computar el plazo de reclamación que fija el artículo 512 del Código del Trabajo;

6° Que los plazos de días establecidos en la Ley N°19.880, sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo, son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

7° Que se equivoca la informante cuando afirma que si el plazo para presentar una reconsideración fuera de días hábiles, el legislador laboral así lo habría dicho. Del silencio de la norma del Código del Trabajo en cuanto a si estamos ante días corridos o hábiles no es posible deducir que deben preterirse las reglas supletorias contempladas en la Ley sobre Bases Generales del Procedimiento Administrativo. Es necesario tener presente que la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 19.880 nos permite detectar, como idea matriz o fundamental del proyecto contenido en el mensaje presidencial que le dio origen, que la Constitución dispone expresamente que son materias de ley "las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública". Esto significa, para el Presidente de la República, que “…el constituyente ha encargado la regulación básica de los procedimientos de los actos de la administración, a la ley. Pero no a una ley cualquiera, sino a una de "bases". Por tanto, ella debe establecer sólo los elementos básicos, fundamentales y esenciales de la regulación, dejando a la potestad reglamentaria del Presidente de la República la regulación de los procedimientos.

Esta fórmula se justifica plenamente por la complejidad de los procedimientos, la posibilidad, más o menos frecuente, de mutación y el grado de desarrollo técnico que estas materias muchas veces asumen”. Ello provoca que en nuestra actual legislación, existan múltiples procedimientos. Algunos tienen regulación de rango legal y otros tantos, fundamentalmente del funcionamiento cotidiano de la administración, no tienen dicha regulación, quedando sometidos a las prácticas y doctrinas del servicio respectivo, con la consiguiente inseguridad para el ciudadano. (Mensaje presidencial, Boletín 2594-06). Consecuencia forzosa de lo que se viene diciendo es que la vocación esencial de la Ley 19.880 es establecer las bases generales para la actuación de todos los órganos de la administración del Estado. Dicha conclusión se refuerza por la interpretación armónica del artículo 25 con lo dispuesto, a su vez, por los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 13, 14, 17 y 18 del mencionado estatuto legal. Si no lo entendiéramos así, no cabe duda que cada organismo o servicio público entendería a su modo los estatutos particulares que rigen su funcionamiento, lo que provocaría dudas, incertidumbres y confusiones, que fueron precisamente las que este cuerpo legal buscó terminar;

8° Que, en las condiciones anotadas, el acto recurrido, esto es, la Resolución comunicada mediante oficio Ord. N°64, que tuvo por extemporánea la reclamación que la recurrente dedujo, debe ser calificada como ilegal, pues no se ajusta a la preceptiva vigente y aplicable en la especie;

9° Que no cabe duda que de la actuación señalada se derivó la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 N°2 de su texto, pues constituye diferencia arbitraria, en relación a los demás sujetos sometidos a la acción fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, haber denegado a la actora la posibilidad de dar trámite a la reconsideración que dedujo en tiempo y forma.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el deducido por el abogado don Fernando Arab Verdugo, en representación de Marsol S.A., en contra de la Inspección del Trabajo de Santiago Centro, y se deja sin efecto el oficio Ordinario N°64 de 24 de noviembre de 2017, debiendo la autoridad recurrida pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración de multa de Marsol S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.- Redacción del Ministro Sr. Alejandro Madrid Crohare.- No firma el Abogado Integrante señor Hernán López Barrientos, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol Nº84939-2007.- Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare e integrada por el Ministro (S) señor Hernán López Barrientos y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.