INVERSIONES MANGOSTA S.A con nombre reservado

Santiago , treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Al escrito folio 159949: téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado Luis Aedo Monsalve, abogado, en representación de sociedad INVERSIONES MANGOSTA S.A., y deduce recurso de protección, en contra de los concejales del Concejo Municipal de la Municipalidad de Santiago señores nombre reservado (quien a su vez presidió la sesión extraordinaria del 31 de enero del presente), nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado, y en contra de la Municipalidad de Santiago, representada por su alcalde subrogante don Héctor Feeley Díaz, con motivo de sus decisiones y omisiones ilegales y arbitrarias, contenidas en el acuerdo del Concejo Municipal de Santiago, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 31 de enero de 2018, por el que aprueban la no renovación de dos patentes de Alcoholes, por el período correspondiente al primer semestre de 2018, la primera con actividad autorizada salón de Baile y la segunda con actividad autorizada de Cabaret, ambas a nombre de la sociedad Inversiones Mangosta S.A. y en base a las cuales se amparaban las actividades desarrolladas en el inmueble del domicilio de la sociedad, cuya renovación fue solicitada oportunamente a la referida Municipalidad con fecha 16 de octubre de 2017.

Asimismo, se recurre en contra del Alcalde subrogante don Héctor Feeley Diaz de la Municipalidad de Santiago, atendido que ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, consiste en la falta de dictación y notificación del respectivo decreto alcaldicio que sanciona y pone en ejecución dicho acuerdo del Concejo, consistente en la no renovación para el primer semestre del 2018 de las patentes referidas y la determinación ilegal y arbitraria de proceder a bloquear en el sistema de registro de contribuyentes las patentes referidas imposibilitando su pago, ello en circunstancias que el procedimiento administrativo no se encuentra afinado, ni siquiera dictado, ni notificado el decreto alcaldicio respectivo, según sostiene.

Funda su pretensión indicando Inversiones Mangosta S.A., es una sociedad que trabaja bajo el nombre comercial de “Klubmangosta” para desarrollar actividades de clases de baile y fiestas con música envasada, establecimiento comercial que desarrolla su actividad amparado por las patentes de alcohol de cabaret y salón de baile y también por una patente comercial de restaurante.

Que en los trece años de funcionamiento, el local ha logrado renovar año a año sus patentes de alcohol sin problema alguno, ya que todos los socios cumplen con las exigencias de la ley, pues ninguno tiene antecedentes penales, infracción por ley de alcoholes, ni otra inhabilidad legal que les afecte.

Que los antecedentes exigidos por la I. Municipalidad de Santiago, correspondientes al proceso de renovación de las patentes de alcohol del primer semestre 2018 fueron entregados, conforme lo acreditan los comprobantes de solicitudes de renovación de patentes de alcohol, emitida por la Municipalidad de Santiago números 2077 y 2018, ambas de fecha 16 de octubre de 2017.

Que por medio de la presente acción cautelar se recurre en contra de los concejales del Concejo Municipal de la Municipalidad de Santiago, ya individualizados, y todos como concurrentes al voto de mayoría del acuerdo ilegal y arbitrario adoptado en sesión extraordinaria celebrada con fecha 31 de enero del presente año, que dispuso aprobar la no renovación para el primer semestre de 2018, de las patentes de alcoholes, a nombre de su representada INVERSIONES MANGOSTA S.A., N° 507128-3, con actividad autorizada Salón de Baile y la N° 505930-5, con actividad autorizada Cabaret. Dichas patentes tienen un mismo domicilio ubicado en domicilio reservado.

Asimismo, recurre en contra del Alcalde Subrogante de la I. Municipalidad de Santiago, don Héctor Feeley Diaz, puesto que ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria, que es la falta de dictación y notificación del respectivo decreto alcaldicio que sancione y ponga en ejecución el referido acuerdo, consistente en aprobar la no renovación para el primer semestre del 2018 de las patentes referidas y la determinación ilegal y arbitraria de proceder a bloquear en el sistema de registro de contribuyentes las patentes referidas imposibilitando su pago, ello en circunstancias que el procedimiento administrativo respectivo, no se encuentra afinado y ni siquiera dictado ni notificado el decreto alcaldicio referido.

Por último, interpone el presente recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Santiago, representada por su Alcalde subrogante don Hector Feeley Diaz, ello en base a que tanto el Alcalde, que es la máxima autoridad de la Municipalidad, como el Concejo Municipal, constituyen la respectiva Municipalidad, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley N° 18.695, además, considerando que la Municipalidad, detenta una identidad legal distinta a los integrantes del Concejo y del Alcalde, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De esta forma, las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias emanan de sus propios órganos que la constituyen y en consecuencia, manifiesta su voluntad y le afectan los mismos.

Indica que su representada toma conocimiento de la decisión de no renovación de las patentes de autos al momento de finalizar la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del 31 de enero último al presenciar la votación respectiva, sin acceso a sus fundamentos.

Agrega que por el acto recurrido la sociedad respectiva se encuentra impedida de desarrollar las actividades amparadas por las patentes quedando en completa indefensión, pues ni siquiera se le ha dado acceso a las actas de dicha sesión ni a sus audios, considerando las numerosas gestiones para obtenerlas y sin que se pongan a su disposición, Agrega que lo más grave es que sin tener conocimiento de los fundamentos de dicha decisión, sin tener acceso al audio o actas de dicha sesión y sin que mediara la dictación del decreto Alcaldicio respectivo, y saltándose todo el proceso administrativo que regula los actos administrativos, se procede a darle efectos inmediatos a dicha decisión, impidiendo derechamente el pago de las patentes referidas, por el primer semestre de 2018, privandola del desarrollo de las actividades económicas amparadas por dichas patentes.

Indica que según lo dispone el artículo 65 letra o) de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695, es el Alcalde quien tiene la facultad de, en este caso renovar patentes de alcoholes, previa consulta a las juntas de vecinos respectivas; para lo cual requiere el acuerdo del Concejo. Así, los recurridos han actuado fuera de la órbita de su competencia, en clara infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución de la Republica de Chile, puesto que tomándose como base solo el acuerdo del Concejo Municipal de 31 de enero han procedido a bloquear en el sistema de registro de contribuyentes las patentes de marras imposibilitando su pago, ello sin que la autoridad facultada para ello dictara el correspondiente decreto alcaldicio.

Indica a su vez que rige en la especie la Ley 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que regulan los actos de los órganos de la administración del Estado, atendido que en su artículo 2, expresamente hace extensivo el ámbito de la aplicación de la misma a las Municipalidades.

Para la ejecutoriedad del acto administrativo de no renovación de las patentes referidas, no basta con el solo acuerdo tomado por el Concejo en la sesión extraordinaria, ya que era preciso que se dictara el correspondiente decreto alcaldicio, el cual en forma ilegal no ha sido dictado, ni notificado. Los recurridos actuando por vías de hecho, proceden en estas circunstancias a impedir el pago de las patentes de marras, por el período del primer semestre de 2018, teniendo presente que las mismas se mantienen completamente vigentes mientras no se verifique una causal de extinción establecida en la Ley.

Afirma que de forma ilegal y arbitraria y por vías de hecho, se le impide el desarrollo de las actividades que amparaban dichas patentes, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que dispone en su inciso segundo que el valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados, en los meses de enero y julio de cada año, y en su inciso 3° dispone que los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al deudor y lo probare documentalmente, circunstancia que le corresponde apreciar al Alcalde.

Que todo lo anterior, vulnera el principio de escrituración, pues no se ha dictado y menos aún notificado el decreto alcaldicio correspondiente, ni siquiera se le ha dado acceso al audio o actas de la sesión extraordinaria del Concejo; vulneradose así igualmente los Principios de Transparencia y Publicidad establecidos en el artículo 16 de la misma ley referida, quedando en la más completa indefensión. Agrega que se ha vulnerado también el Principio Conclusivo, establecido en el artículo 8 de la Ley N° 19.880, atendida la total inexistencia de la dictación del respectivo acto decisorio, en la especie el decreto alcaldicio que se pronuncie respecto a la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad, conforme a la ley, y asimismo el Principio de Contradictoriedad y de Igualdad de los interesados en el Procedimiento, contemplado en el artículo 10 de la Ley N° 19.880, ya referida, puesto que se le da efectos inmediatos al acuerdo adoptado por el Concejo sin dar la oportunidad de oír sus alegaciones y sin darle posibilidad alguna de defensa, y agrega que se contraviene el Principio de Impugnabilidad, del artículo 15 de la Ley N° 19.880, ante la total ausencia del respectivo acto decisorio, debidamente notificado, por lo que se ha visto impedida de ejercer impugnación alguna en la especie.

Indica que todas estas ilegalidades son graves y arbitrarias, puesto que el plazo para pagar las patentes municipales vence el 31 de enero del año en curso, es decir, el mismo día en que vencía la patente correspondiente al segundo semestre de 2017, corresponde al mismo día en que se reúne el Concejo municipal en su sesión extraordinaria.

Manifiesta igualmente la recurrente que es ilegal el acuerdo del Concejo extraordinario de aprobar la no renovación de las patentes de autos, pues ha tomado conocimiento, extraoficialmente, que el fundamento de los concejales recurridos para votar a favor de la no renovación de las patentes de alcohol de marras, diría relación con un proceso de actualización de la recepción final de los locales en los que se desarrolla la actividad comercial de Inversiones Mangosta S.A., proceso que está en desarrollo y con plazos completamente vigentes, ya que la sociedad dueña de los locales (Inversiones Los Robles Limitada), llamada a realizar la mencionada actualización de la recepción final por obras menores, se encuentra en plena tramitación para obtenerla, ello dentro de los plazos otorgados a dicho efecto, los cuales no se encuentran vencidos, cuestión que también sería ilegal, atendido lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 19.925, que se refiere a la concesión de patentes, el cual solo es aplicable para el otorgamiento de patentes de alcoholes, es decir, entre otros requisitos, la recepción definitiva debe existir al tiempo del otorgamiento de la respectiva patente comercial, no pudiendo imponerse, como requisito para las renovaciones posteriores, las actualizaciones posteriores de la recepción final original.

Hace presente que su representada en su carácter de titular de las patentes de marras, detenta un derecho de dominio incorporado a su patrimonio, el cual le permite semestralmente la renovación de las patentes de alcoholes y el desarrollo de las actividades económicas amparadas por dichas patentes; derecho que ha ingresado a su patrimonio como un derecho adquirido, porque dichas patentes les fueron otorgadas respetando todos los procedimientos y requisitos prescritos por la ley para su otorgamiento. De esta forma no existiendo norma legal que permita aprobar la no renovación de patentes por actualizaciones posteriores de la recepción final original, la aprobación de no renovación adoptada por el Concejo Municipal respecto de las patentes señaladas es ilegal, quedando en evidencia que de darse validez a dicho acto ilegal y arbitrario, se le estaría dando el carácter de expropiatorio. Quedando por otro lado en evidencia que el Concejo Municipal se ha excedido totalmente en sus facultades, atendido que en derecho público sólo puede hacerse lo que la ley expresamente permite.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas refiere que el acto ilegal y arbitrario antes mencionado le coarta el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, artículo 19 Nº 24, que le asiste a su representada sobre el establecimiento que funciona amparado en dichas patentes de alcoholes, impidiendo su actividad de salón de baile y cabaret, es decir, le coarta totalmente el ejercicio legítimo del mismo.

El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, establecida en el artículo 19 N° 21, y que que como propietaria del Establecimiento comercial de autos, desarrolla en el mismo una actividad económica amparada por las patentes de alcoholes y que durante trece años ininterrumpidos ha desarrollado estas actividades, cumpliendo con toda la normativa que regula su funcionamiento y la actividad desarrollada.

El derecho de igualdad ante la ley, artículo 19 N° 2 de la Constitución, la cual se encuentra conculcada desde el momento que es objeto de actos y omisiones ilegales y arbitrarias.

Por todo lo anteriormente expuesto, pide se acoja el presente recurso y se ordene dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Santiago, con fecha 31 de enero de 2018 que aprobó la no renovación para el primer semestre de 2018, de las patentes de alcoholes N° 507128-3, con actividad autorizada Salón de Baile y la N° 505930-5, con actividad autorizada Cabaret, las que amparan las actividades desarroladas en domicilio reservado. Se ordene la renovación de las patentes referidas y que la Tesorería Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santiago reciba el pago del valor de dichas patentes, por el periodo correspondiente al primer semestre de 2018. Que se adopten todas las otras medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección, con costas.

Acompaña la recurrente certificado notarial de fecha 5 de febrero del presente, emitido por el Notario de Santiago don nombre reservado, comprobantes de solicitudes de renovación de las patentes de alcohol de autos, emitidos por la I. Municipalidad de Santiago No 2077 y 2081, ambas de fecha 16 de octubre de 2017, copia de pantallazo de sitio WEB de consulta de deudas municipales por concepto de contribución de Patente Municipal de la I. Municipalidad de Santiago, copias de las patentes municipales, a nombre de INVERSIONES MANGOSTA S.A., N° 507128-3, con actividad autorizada Salón de Baile y la N° 505930-5, con actividad autorizada Cabaret, debidamente pagadas y correspondientes al 1° y 2 semestre de 2017, copia de documento obtenido de la página WEB del Servicio de Impuestos Internos de fecha 6 de febrero del presente, en la cual consta los datos tributarios de inicio de actividades y actividades económicas vigentes, ello a partir del 3 de febrero del año 2004 y los socios vigentes, copia del libro de remuneraciones de Inversiones Mangosta S.A., de fecha 2 de febrero del presente, en la que consta que dicha sociedad tiene a 13 personas contratadas y fotografía de reclamo estampado con fecha 1 de febrero del presente, por el representante de Inversiones Mangosta S.A, en libro de reclamos de ventanilla única de la Ilustre Municipalidad de Santiago, por no poder pagar por ventanilla las patentes de autos por encontrarse bloqueadas, según se le informó en dicho acto.

SEGUNDO: Que compareció don Claudio Cancino Lagunas, abogado, en representación de la Municipalidad de Santiago, evacuando informe y solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

Indica que las patentes de alcoholes se rigen por la normativa contenida en la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, así́ como en lo dispuesto en el D.L. N° 3.063 sobre Rentas Municipales y su proceso de renovación se realiza conforme al artículo 65 letra o) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Indica que la renovación o no de una patente de alcohol es una atribución exclusiva del Alcalde con autorización expresa del Concejo Municipal, de conformidad a lo señalado en el art. 65 letra o) de la ley 18.695. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen N° 9.572, de 2005 de Contraloría General de la República, entre otros, ha sostenido que ante una solicitud de renovación de patente de alcoholes, el Municipio respectivo debe verificar el cumplimiento actual de los requisitos legales habilitantes para poseerla.

Sostiene que de acuerdo a lo anterior, tanto para el otorgamiento como para la renovación de patentes de alcoholes, sean o no limitadas, las Municipalidades deben exigir que se acredite que las construcciones en que pretendan funcionar o funcionen los Establecimientos que amparan tales patentes se encuentren ajustadas a la normativa urbanística vigente, además de acompañar las declaraciones juradas y certificados de antecedentes contenidos en el artículo 4° de la ley 19.925.

Que el Art. 26 del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales dispone lo siguiente: “Artículo 26.- Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24.Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior.

La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad.”.

Señala que dentro de esos permisos que exigen otras leyes especiales, se encuentra el cumplimiento de la recepción definitiva del inmueble de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 y 145 de la L.G.U.C, circunstancia que no se verifica en el presente caso.

Que, en atención a que el proceso de renovación de patentes, éste se realiza de manera semestral, y que dichos requisitos deben verificarse a más tardar en los meses de enero y julio de cada año, pues constituye la época tope en que debe realizarse las renovaciones respectivas. En este sentido, indica que el actor reconoce expresamente que se encuentra en proceso de obtener la recepción definitiva del inmueble por parte Dirección de Obras Municipales, con el objetivo de cumplir la normativa urbánistica y alzar la medida de inhabilidad que grava su propiedad.

Que, en efecto, de acuerdo con lo informado mediante Ordinario N° 335 de 15 de febrero de 2018, la Dirección de Obras señala que el origen del asunto dice relación con una visita técnica en el inmueble de domicilio reservado, en la que se pudo constatar alteraciones al interior del inmueble, las que no se encontraban amparadas en el permiso de edificación y recepción definitiva de dicha propiedad. Lo anterior implica una vulneración gravísima a los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que motivó la dictación del Decreto Secc. 2° N° 10.356 de 30 de noviembre de 2017 que dispuso la Inhabilidad del inmueble de autos. En definitiva, lo que el recurrente considera un “acto arbitrario e ilegal”, es precisamente el hecho de exigírsele el cumplimiento de la normativa para efectos de realizar el trámite de renovación y que no realizó dentro del período respectivo.

Indica que el recurrente ignora que el hecho de haber presentado una solicitud de permiso de obra para habilitar la salsoteca que funcionaba de manera irregular, no lo faculta a realizar dicha actividad económica desde ese mismo momento, pues de acuerdo a la normativa urbanística, la Dirección de Obras puede realizar observaciones a dicha solicitud, las que deben ser subsanadas por el arquitecto a cargo del proyecto y que con posterioridad y, solo en el caso que se hayan subsanados las observaciones de manera satisfactoria, se le otorgará el respectivo permiso que lo faculta unicamente a hacer las transformaciones y modificaciones que dicho instrumento autoriza. Asi, una vez que el interesado concluye dichas obras, el Municipio debe concurrir al inmueble y verificar en terreno mediante un funcionario capacitado al efecto, que todas las modificaciones se llevaron a cabo en los mismos términos que fueron autorizados por el permiso de obras y solo en caso de que ello sea efectivo, la Dirección de Obras Municipales procederá a otorgar la recepción definitiva del inmueble y en consecuencia, a dejar sin efecto la medida de inhabilidad de la propiedad.

Informa que el reclamante no obtuvo la recepción definitiva del inmueble en tiempo y forma para el respectivo proceso de renovación de patentes, por lo que el Municipio se vio en el imperativo legal de proceder a no renovar dichas patentes por no cumplir con los requisitos establecidos para su ejercicio y que lo anterior no osbta a que con posteriroidad el actor gestione la obtención de una nueva patente de alcohol de los mismos giros, una vez que se encuentre al día en el cumplimiento de la normativa urbanística respecto de dicho inmueble.

Agrega que a su vez que el recurrente señala que se han vulnerado los numerales 2, 24 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política, pero omite indicar de qué manera se ha verificado dicha transgresión.

En este sentido manifiesta que toda actividad económica está determinada de acuerdo a las normas legales que la regulan, y en este sentido, los artículos 116 y 145 de la L.G.U.C., establecen de manera clara que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso antes de su recepción definitiva, total o parcial. En otras palabras, el derecho a ejercer la actividad económica de la recurrente se encuentra regulado específicamente por la L.G.U.C y Ley 18.695, que determinan los requisitos y procedimientos para poder renovar dicha patente y seguir realizando la actividad económica de venta de alcohol, exigencias que el reclamante no cumplió y que trajo como consecuencia la no renovación de la misma, por lo que afirma no se ha incurrido en ninguna vulneración a la garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, al contrario, ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en la ley para el ejercicio de la actividad de venta de alcohol.

Sostiene que tampoco se ha incurrido en vulneración al N° 24 del artículo 19°, por cuanto la propiedad de las patentes de alcoholes está supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el ley para su ejercicio y explotación, de manera que si posteriormente al otorgamiento de una patente de alcohol, su titular ha incurrido en alguna de las inhabilidades contenidas en artículo 26 del D.L 3.063, automáticamente perderá la oportunidad de seguir realizando dicha actividad por expreso mandato legal. En este sentido, si el contribuyente no subsanó en tiempo y forma la situación irregular del inmueble, no existe manera que el Municipio supla dicha carencia, sin incurrir en una manifiesta ilegalidad y arbitrariedad. Para estos fines el recurrido acompaña copia del expediente administrativo del inmueble de autos que se tramita ante la Dirección de Obras Municipales.

TERCERO: Que también comparecieron de manera separada nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, todos concejales de la I. Municipalidad de Santiago, y Héctor Feeley Díaz, Administrador municipal de la ya referida institución y declararon que hacen suyo el informe emitido por la I. Municipalidad de Santiago en estos autos.

CUARTO: Que de conformidad a lo señalado en los considerandos anteriores, es preciso indicar que con fecha 30 de noviembre de 2017, luego de realizar una visita inspectiva al inmueble en que funciona el Establecimiento de comercio de la recurrente, se dictó un Decreto de inhabilidad del referido inmueble, por existir obras que no cuentan con la recepción definitiva por la Dirección de Obras Municipales, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se encuentra el inmueble en cuestión inhabilitado totalmente para su funcionamiento, según consta en el expediente administrativo acompañado a estos autos de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago, el que fue materia de solicitud de prorroga de plazo por la parte recurrente.

QUINTO: Que en definitiva el acto administrativo que se impugna por esta vía de protección constitucional, cual es el acuerdo del Concejo de la Municipalidad de Santiago, de 31 de enero de 2018, que aprobó la no renovación para el primer semestre del año en curso, las patentes de alcoholes N° 507128-3 y la de Cabaret N° 505930-5, de titularidad de la recurrente Inversiones Mangosta S.A., tienen como antecedente previo el Decreto Alcaldicio N° 10356, de 30 de noviembre de 2017, que declaró la inhabilidad total de la propiedad ubicada en domicilio reservado, por infringir los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por no contar con la recepción definitiva de las obras, y no obstante haber solicitado la recurrente de autos prórroga del mismo, finalmente no logro subsanarlos reparos formulados por la Dirección de Obras Municipales.

SEXTO: Que en este contexto la Municipalidad recurrida y su Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece “El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: o) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes, de la, han actuado dentro del ámbito de sus competencias, y en cumplimento a lo dispuesto por los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que desde ya permite descartar el reproche de ilegalidad en la actuación de los recurridos que formula el recurso, y de otra parte de los antecedentes tenidos a la vista, a saber el acto administrativos impugnado y del expediente administrativo de la Dirección de Obras Municipales, se puede también concluir que no se han configurado actos de carácter arbitrarios, que sean susceptibles de amparo en esta acción constitucional, ya que la medida adoptada consistente en la no renovación de las patentes comerciales respectivas, no sea debido a un mero capricho o voluntad unilateral infundada de los recurridos.

SEPTIMO: Que finalmente, cabe señalar que no se observa que los actos impugnados por la recurrente, hayan quebrantado los principios que informan el procedimiento administrativo, contenidos en la Ley N° 19.880, y asimismo, no se divisa la manera o modo como se hayan podido vulnerar las garantías constitucionales de los números 2, 21 y 24 de la Constitución Política, atendido a que como se ha establecido el acto administrativo impugnado ha sido adoptado por los órganos municipales competentes dentro de las potestades legales que los regulan.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales de la E. Corte Suprema y artículo 20 de la Constitución Política, SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por Inversiones Mangosta S.A., en contra de la Municipalidad de Santiago, a causa del acuerdo de fecha 31 de enero de 2018, adoptado por el Concejo Municipal y del Alcalde (s) don Héctor Feeley Diaz.

Regístrese, comuníquese y archívense.

N° Protección 8491-2018.

Redacción Abogado Integrante Sr. Oscar Torres Zagal.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, e integrada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Oscar Torres Zagal.