Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensaci

C.A. de Santiago Santiago, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuentos por planilla en sus remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2026, por la suma de $228.521 en cada mes, pese a existir un juicio ejecutivo pendiente para el cobro del mismo crédito social, estimando vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 3 de noviembre de 2022 celebró con la Caja de Compensación 18 nombre reservado un contrato de crédito social por la suma de $5.970.344, pagadero en 48 cuotas mensuales de $216.640, cayendo en mora desde la cuota N° 21, con vencimiento el 10 de agosto de 2024, tras perder su fuente laboral. Señala que intentó regularizar la deuda, pero la única alternativa ofrecida fue su repactación, la que rechazó por estimarla perjudicial.

Refiere que la Caja de Compensación 18 nombre reservado optó por hacer efectiva la cláusula de aceleración e interpuso, el 25 de noviembre de 2025, demanda ejecutiva por el total de la deuda en la causa Rol C-16272-2025, seguida ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, agregando que fue indebidamente emplazado al practicarse la notificación en un domicilio donde ya no residía, motivo por el cual dedujo incidente de nulidad por falta de emplazamiento el 5 de marzo de 2026, actualmente pendiente de resolución.

Sostiene que, no obstante encontrarse en tramitación dicho juicio ejecutivo, la Caja de Compensación Los Andes efectuó descuentos en sus remuneraciones de enero y febrero de 2026 por un total de $457.042, montos superiores incluso a la cuota originalmente pactada y respecto de los cuales no recibió explicación sobre su fundamento o forma de cálculo.

Alega que las recurridas ejercen simultáneamente dos mecanismos de cobro de una misma acreencia, pues mientras persiguen judicialmente el pago íntegro del crédito acelerado continúan descontando sumas de sus remuneraciones por la vía del artículo 22 de la Ley N° 18.833, configurándose una autotutela arbitraria que afecta su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

En favor de sus argumentos, invoca jurisprudencia de esta Corte que ha estimado improcedente mantener los descuentos por planilla una vez iniciada la cobranza judicial mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración y solicita que se ordene a las recurridas abstenerse de continuar efectuando tales descuentos, restituyan las sumas descontadas indebidamente, con costas.

SEGUNDO: Que informa Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando el rechazo del recurso. Expone que no es acreedora del crédito social ni titular de la deuda del recurrente, sino que actúa únicamente como mandataria o diputada para recibir el pago por encargo de la Caja de Compensación 18 nombre reservado, en el marco del Proyecto Intercajas, sistema mediante el cual las Cajas de Compensación gestionan la recaudación de créditos sociales respecto de trabajadores que se encuentran afiliados a una Caja distinta de la acreedora.

Señala que, a requerimiento de la Caja 18 nombre reservado, informó al empleador del recurrente la existencia de la deuda y solicitó el descuento por planilla conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833, percibiendo el 10 de febrero de 2026 la suma de $228.521, monto que fue posteriormente remitido íntegramente a la Caja acreedora.

Explica que el Proyecto Intercajas se encuentra regulado por un convenio de mandato y prestación de servicios suscrito entre las Cajas de Compensación el año 2013, con participación de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación y de SINACOFI como operador del sistema, convenio celebrado al amparo del artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833 y de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social mediante las Circulares N° 2714, 2743 y 2839.

Agrega que, conforme a dicho sistema, Caja Los Andes actúa únicamente como representante de la Caja acreedora para recibir el pago, de manera que los descuentos efectuados extinguen parcialmente la obligación del deudor respecto de ésta, conforme a los artículos 1576 y 1580 y siguientes del Código Civil y al artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Finalmente, invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en particular la sentencia dictada en el Rol N° 31.756-2019, que reconoció la legalidad del funcionamiento del Proyecto Intercajas, sosteniendo que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno.

TERCERO: Que informa la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso. Expone que, el 3 de noviembre de 2022, el recurrente contrató con dicha entidad un crédito social por la suma de $5.790.000, pagadero en 48 cuotas mensuales de $228.521, incluyendo la prima del seguro de desgravamen obligatorio, registrando pago regular de las primeras veinte cuotas y cayendo en mora desde la cuota N° 21.

Señala que, verificada la morosidad, dedujo demanda ejecutiva, actualmente tramitada ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, sin que las incidencias planteadas en dicho procedimiento, como la nulidad de emplazamiento, puedan ser resueltas mediante la presente acción cautelar.

Agrega que el cobro por planilla se efectuó a través del sistema Intercajas, por intermedio de la Caja Los Andes, entidad afiliada al actual empleador del recurrente, mecanismo expresamente reconocido por la Superintendencia de Seguridad 8Social para permitir la recaudación de cuotas de créditos sociales cuando el trabajador cambia de empleador o de Caja de Compensación.

Sostiene que el descuento cuestionado se ajusta a lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley N° 18.833, 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley N° 17.322, normas que obligan al empleador a descontar y enterar las cuotas del crédito social, obligación que además fue expresamente aceptada por el recurrente en el pagaré mediante el mandato conferido a sus empleadores para efectuar dichos descuentos.

Afirma, en consecuencia, que no existe actuación ilegal o arbitraria, pues el cobro corresponde al ejercicio de una facultad legal destinada a recuperar un crédito social vigente. No obstante lo anterior, informa que, sin reconocer la procedencia de la acción ni admitir ilegalidad alguna, dispuso el cese de los descuentos por planilla y la restitución al recurrente de las sumas efectivamente percibidas desde enero de 2026.

CUARTO: Que, mediante presentación posterior, la recurrida dio cuenta que con fecha 27 de mayo de 2026 registró en su sistema el cese de los descuentos a contar de junio de 2026, informando asimismo dicha circunstancia a la Caja Los Andes, y acompañó comprobante de consignación judicial por la suma de $914.084, correspondiente al monto a restituir al recurrente.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, falto de razonabilidad de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, esto es, el cese de los descuentos y la devolución de los montos descontados de sus remuneraciones, habiendo informado la entidad recurrida que la situación denunciada por esta vía no se encuentra vigente, pues ya se dispuso tanto el cese de dichos descuentos como la devolución de las sumas cobradas, es que no se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que en la actualidad se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

SÉPTIMO: Que, en este contexto, teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Protección N° 8485-2026