Protección contra Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que comparece Marcelo Brunet Bruce, abogado, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, por la dictación de la Resolución Exenta DOP N° NUM000, de 10 de febrero de 2026, que rechazó la solicitud de invalidación formulada en contra de la Resolución Exenta DOP N° NUM001, de 2024, y de la Resolución Exenta RA N° NUM002, de 2 de febrero de 2024, mediante las cuales se modificaron sus funciones y se redujo su grado de asimilación remuneratoria desde el grado 4° al grado 7° de la Escala Única de Sueldos.

Explica que la recurrente se desempeña en la Dirección de Obras Portuarias desde el año 1989 y que durante su trayectoria funcionaria ha ejercido diversas labores y funciones de jefatura. Agrega que por Resolución Exenta RA N° NUM003 fue designada como suplente en el cargo de Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, asimilada al grado 4° EUS.

Luego, por Resolución Exenta RA N° NUM004 fue contratada como profesional a contrata en el mismo grado. Posteriormente, mediante Resolución Exenta DOP N° NUM005, de 3 de marzo de 2021, se le encomendaron funciones de Jefatura del Subdepartamento de Gestión y nombre reservado, manteniendo dicha asimilación remuneratoria.

Señala que mediante las Resoluciones Exentas DOP N° NUM001 y N° NUM006, ambas de 2024, se dispuso el término de las funciones de jefatura que desempeñaba y se le destinó a cumplir la función de Analista de Gestión de Proyectos en la División de Proyectos. Añade que la Resolución Exenta RA N° NUM002 redujo su grado de asimilación desde el grado 4° al grado 7° EUS, fundándose en el cambio de funciones antes mencionado.

Sostiene que la rebaja de grado carece de una fundamentación suficiente, desde que la recurrida no habría explicitado de qué manera las nuevas funciones encomendadas justificarían una disminución de tres grados en su nivel remuneratorio. Añade que la medida desconoce su extensa trayectoria funcionaria, sus calificaciones, el cumplimiento de metas institucionales y las sucesivas renovaciones de su contrata en grado 4° EUS.

Del mismo modo, afirma que la decisión cuestionada vulnera los principios de confianza legítima, objetividad, razonabilidad y debida motivación de los actos administrativos. Además, argumenta que existirían antecedentes que permitirían inferir que la modificación de sus funciones y grado constituiría una represalia vinculada a una denuncia de acoso laboral que formuló en contra de su jefatura.

Explica que con fecha 10 de febrero de 2026, se rechazó la segunda solicitud de invalidación que promovió respecto de los actos administrativos antes referidos, por estimarse que no se habrían acompañado nuevos antecedentes capaces de alterar lo previamente resuelto por Resolución Exenta DOP N° NUM007, de 16 de junio de 2025.

Postula que el acto recurrido vulnera las garantías consagradas en los Nos 2, 3 inciso quinto y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se deje sin efecto la modificación de grado, se disponga la restitución de su asimilación al grado 4° EUS, se ordene el pago de las diferencias de remuneraciones y estipendios que correspondan y se adopten las demás medidas que esta Corte estime conducentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que al tenor del recurso informa la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas. En primer término alega la extemporaneidad del recurso, sosteniendo que los actos que materialmente modificaron las funciones y el grado de asimilación de la recurrente corresponden a las Resoluciones Exentas DOP N° NUM001 y RA N° NUM002, notificadas el 6 de febrero de 2024.

En este sentido, indica que la actora promovió una primera solicitud de invalidación administrativa, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta DOP N° NUM007, de 16 de junio de 2025, notificada por correo electrónico en esa misma fecha. Posteriormente, el 28 de enero de 2026 la actora presentó una segunda solicitud de invalidación, respecto de los mismos actos administrativos, con iguales fundamentos y peticiones, la que fue desestimada por Resolución Exenta DOP N° NUM000, de 10 de febrero de 2026, por no contener documentos, hechos ni vicios de legalidad nuevos que permitieran alterar lo ya decidido. Por lo antes expuesto, sostiene que esta última resolución constituye un acto meramente confirmatorio y no tiene la virtud de reabrir el plazo fatal para la interposición del recurso de protección.

En cuanto al fondo, expone que nombre reservado fue designada, sin concurso previo, para desempeñar funciones de jefatura, primero en el Departamento de Administración y Finanzas y, posteriormente, en el Subdepartamento de Gestión y nombre reservado. Agrega que estas labores correspondían a una encomendación de funciones de carácter funcional, que no constituía un nombramiento en propiedad ni integraba la estructura de planta del Servicio.

Indica que mediante Resolución Exenta DOP N° NUM006, de 2 de febrero de 2024, la actora fue designada como Analista de Gestión de Proyectos, pasando a ejecutar labores de apoyo a la jefatura de la División de Proyectos, de seguimiento y control de tareas e hitos, de implementación de herramientas de gestión y de elaboración de reportes.

Explica que, atendido el cambio efectivo de funciones y el término de las responsabilidades de jefatura, se dictó la Resolución Exenta RA N° NUM002, que modificó el grado de asimilación remuneratoria de la actora desde el grado 4° al grado 7° EUS, decisión que fue adoptada de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 18.834, el cual dispone que los empleos a contrata deben asimilarse a un grado atendida la importancia de las funciones, la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien los sirve.

Puntualiza que los empleos a contrata no poseen un grado remuneratorio inmutable y que, al cesar las funciones de jefatura y encomendarse labores de analista, correspondía adecuar el nivel remuneratorio a la nueva realidad funcional.

Destaca que la modificación impugnada fue objeto de reclamación ante la Contraloría General de la República, organismo que, mediante Resolución Exenta N° NUM008, de 4 de noviembre de 2024, desestimó la presentación de la recurrente, concluyendo que la disminución de grado obedeció al término de las funciones de jefatura y que la autoridad se encontraba facultada para determinar el grado de asimilación correspondiente a la contrata.

Enfatiza que no existe vulneración del principio de confianza legítima, pues éste no confiere un derecho a mantener indefinidamente funciones de jefatura ni una determinada asimilación remuneratoria cuando cambian las labores efectivamente desempeñadas y que no se configura una afectación a la carrera funcionaria, por cuanto la recurrente reviste la calidad de funcionaria a contrata y no de planta.

En relación con la denuncia de acoso laboral y represalias, expone que el sumario administrativo al que se refiere la recurrente fue sobreseído mediante Resolución Exenta DOP N° NUM009, de 9 de enero de 2025, de manera que no existe antecedente administrativo que permita establecer una relación entre dicha alegación y la modificación de funciones o grado.

Finalmente, arguye que no se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas, pues la decisión fue adoptada por la autoridad competente, mediante un acto administrativo fundado, en ejercicio de sus potestades de organización interna y de determinación del grado de asimilación de los empleos a contrata, razón por la cual solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que si bien la recurrente individualiza formalmente como acto recurrido la Resolución Exenta DOP N° NUM000, de 10 de febrero de 2026, que rechazó la segunda solicitud de invalidación administrativa deducida por aquella, del mérito de su presentación aparece que el reproche constitucional se dirige contra la decisión administrativa que modificó las funciones que desempeñaba y, a consecuencia de aquello, redujo su grado de asimilación remuneratoria desde el grado 4° al grado 7° de la Escala Única de Sueldos.

En consecuencia, los actos que en realidad se cuestionan corresponden a la Resolución Exenta DOP N° NUM001, de 2024, que dispuso la modificación de sus funciones, y a la Resolución Exenta RA N° NUM002, de 2 de febrero de 2024, que modificó su grado de asimilación remuneratoria desde el grado 4° al grado 7° EUS.

Quinto: Que, asentado lo anterior, en lo relativo a la oportunidad de la acción cabe consignar que de los antecedentes aportados aparece que la Resolución Exenta RA N° NUM002, de 2 de febrero de 2024, que dispuso la modificación del grado remuneratorio de la recurrente, le fue notificada por carta certificada el 6 de febrero de 2024.

Asimismo, consta que los referidos actos administrativos fueron objeto de una primera solicitud de invalidación administrativa promovida por la recurrente, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta DOP N° NUM007, de 16 de junio de 2025, decisión que fue notificada a la interesada por correo electrónico en esa misma fecha.

De este modo, aun en el evento de entenderse que la solicitud de invalidación administrativa tuvo incidencia en el cómputo del plazo para el ejercicio de acciones jurisdiccionales, el conocimiento cierto de la decisión administrativa que resolvió esa primera impugnación se produjo, a más tardar, el 16 de junio de 2025.

Sexto: Que, posteriormente, la recurrente presentó una nueva solicitud de invalidación, con fecha 28 de enero de 2026, dirigida nuevamente contra la Resolución Exenta DOP N° NUM001, de 2024, y contra la Resolución Exenta RA N° NUM002, de 2 de febrero de 2024, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta DOP N° NUM000, de 10 de febrero de 2026, en atención a que no se acompañaron antecedentes distintos de los que ya habían sido examinados al resolverse la primera solicitud de invalidación por Resolución Exenta DOP N° NUM007, de 16 de junio de 2025.

En estas condiciones, la Resolución Exenta DOP N° NUM000, de 10 de febrero de 2026, no contiene una nueva decisión respecto de la situación funcionaria de la recurrente, sino que se limita a mantener lo previamente resuelto por la administración, sobre los mismos actos administrativos, frente a una solicitud sustancialmente idéntica. Por tanto, dicho pronunciamiento carece de aptitud para renovar o reiniciar el plazo fatal establecido para deducir la presente acción cautelar.

En este orden de ideas, entender lo contrario importaría admitir que la sola reiteración de una solicitud de invalidación administrativa, a requerimiento del interesado, tiene la virtud de renovar indefinidamente el plazo fatal para deducir la presente acción cautelar, conclusión que pugna con la naturaleza urgente y excepcional del recurso de protección, así como con la certeza jurídica que debe regir las actuaciones de la Administración.

Séptimo: Que, en este escenario, habiéndose notificado a la recurrente la decisión que sustancialmente reprocha el 6 de febrero de 2024 y, a lo sumo, habiéndose resuelto su primera solicitud de invalidación el 16 de junio de 2025, el recurso de protección interpuesto el 09 de marzo de 2026 resulta manifiestamente extemporáneo.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo anterior, aun si se prescindiera de la referida extemporaneidad, el recurso tampoco podría prosperar por cuanto no se advierte que los actos impugnados adolezcan de la ilegalidad o arbitrariedad que se les atribuye.

En efecto, de acuerdo a lo que dispone el inciso cuarto del artículo 10 de la ley 18834, “En los empleos a contrata la asignación a un grado será de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe y con la capacidad, calificación e idoneidad personal de quien sirva dicho cargo y, en consecuencia, les corresponderá el sueldo y demás remuneraciones de ese grado…” De esta regla se sigue que los empleos a contrata carecen de un grado remuneratorio específico, correspondiendo a la autoridad determinar, según la importancia de las funciones, el grado al que se asimilará la respectiva designación.

Ahora bien, en el caso de la especie, no existe controversia en cuanto a que la recurrente dejó de ejercer las funciones de Jefa del Subdepartamento de Gestión y nombre reservado, pasando a desempeñarse como Analista de Gestión de Proyectos en la División de Proyectos de la Dirección de Obras Portuarias. Por consiguiente, al haberse producido una modificación efectiva de las funciones y responsabilidades asociadas a su empleo, la Administración se encontraba facultada para revisar y adecuar el grado de asimilación remuneratoria correspondiente a las nuevas labores asignadas.

De este modo, existiendo una relación entre el término de las funciones de jefatura, la asignación de tareas de analista y la modificación del grado de asimilación desde el 4° al 7° de la Escala Única de Sueldos, forzoso resulta concluir que el acto cuestionado se dictó dentro del ámbito de atribuciones que el ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad administrativa, lo que excluye la ilegalidad que se alega en el recurso.

Noveno: Que tampoco se observa la arbitrariedad en el actuar de la recurrida, por cuanto la decisión que se cuestiona expresa que la actora dejó de ejercer labores de jefatura en un subdepartamento de la Dirección de Obras Portuarias y que conforme a las nuevas labores encomendadas, correspondía adecuar su remuneración en equivalencia con los profesionales de similar grado de responsabilidad.

En este sentido, el acto administrativo explicita tanto los presupuestos fácticos que justifican su dictación, esto es, el término de las funciones de jefatura y la asignación de labores de analista, como la razón jurídica que sustenta la consecuente adecuación del grado remuneratorio, satisfaciendo con ello la exigencia de fundamentación que debe preceder a una decisión de esta naturaleza.

Décimo: Que en lo relativo al principio de confianza legítima invocado por la recurrente es menester consignar que si bien las renovaciones sucesivas de una contrata pueden generar una expectativa de permanencia en el Servicio, ello no importa conferir al funcionario un derecho a conservar indefinidamente las funciones de jefatura que le han sido encomendadas transitoriamente, ni un derecho a mantener un grado de asimilación remuneratoria cuando las labores que lo sustentaban han sido modificadas.

De esta manera, el principio referido no resulta suficiente para sustentar la pretensión de la actora de conservar el grado 4° EUS, desde que la modificación cuestionada se produjo precisamente a consecuencia del término de las funciones de jefatura y de la asignación de nuevas labores de analista, razón por la cual esta alegación no puede prosperar.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, no se puede soslayar que la actora presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República, fundado en los mismos hechos a que sustentan la presente acción constitucional, esto es, la modificación de sus funciones y la consecuente reducción de su grado de asimilación remuneratoria. Presentación que fue desestimada mediante Resolución Exenta N° NUM009, de 4 de noviembre de 2024, por cuanto la autoridad concluyó que la disminución de grado obedeció al cese de las labores de jefatura que ejercía la recurrente, circunstancia que implicó una alteración de las actividades que desempeñaba y que habilitaba a la jefatura superior del Servicio para determinar el grado de asimilación remuneratoria correspondiente a sus nuevas funciones.

Asimismo, el órgano contralor precisó que la labor de jefatura desarrollada por la actora constituía una encomendación de funciones y no un nombramiento propiamente tal, de modo que la autoridad administrativa se encontraba facultada para poner término a dicha encomendación, con la consecuente modificación de las condiciones de la contrata, entre ellas, el grado de asimilación remuneratoria.

De esta manera, el citado pronunciamiento administrativo, emitido a propósito de los mismos antecedentes fácticos que sustentan el presente recurso, corrobora lo razonado precedentemente, en cuanto a que no se verifica ilegalidad ni arbitrariedad en la modificación de grado dispuesta por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

Duodécimo: Que en razón de lo dicho y por no configurarse los supuestos esenciales que exige el artículo 20 de la Constitución para otorgar la protección que se demanda, el recurso debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

Regístrese y archívese.

Redactada por el Ministro (s) señor Carrasco.

Protección N° 8482-2026.