SERVICIOS MÉDICOS CIDIAL LIMITADA con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 19 y 20: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece don Rubén Soto Carvajal, abogado, en representación convencional de Servicios Médicos Cidial Limitada interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director del Trabajo, por haber dictado la Resolución Exenta N° 2000-32981/2024 de fecha 24 de diciembre de 2024, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente el 5 de noviembre de 2024, vinculado a la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que contiene diferenciaciones arbitrarias respecto de solicitar información técnica de órganos del Estado para evaluar la petición de un fiscalizado y no de otro, y rechazar el requerimiento de calificación de servicios mínimos en contradicción a lo resuelto por los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, Defensa Nacional y del Trabajo y Previsión Social en la Resolución Exenta N° 5 de 31 de julio de 2023, vulnerando con ello el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que garantiza la igualdad ante la ley, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución impugnada y ordenando la evaluación conforme a derecho del recurso jerárquico interpuesto.

Expone que la empresa recurrente, forma parte del grupo Diaverum en Chile, constituido como un holding de centros de diálisis privados que administra diecinueve clínicas de diálisis a lo largo del territorio nacional. Específicamente, la sociedad recurrente opera la clínica de diálisis Diaverum Concepción, donde brinda servicios de hemodiálisis o diálisis, consistentes en procedimientos de sustitución renal que permiten el intercambio de solutos y líquidos mediante una máquina y filtro de diálisis, eliminando los productos tóxicos generados por el organismo que se acumulan en la sangre como consecuencia de la enfermedad renal.

Destaca que estos tratamientos revisten características de extrema urgencia y continuidad, toda vez que deben realizarse tres veces por semana por paciente, con una duración promedio de cuatro horas por sesión, no pudiendo separarse a más de dos días por medio debido al riesgo de envenenamiento de la sangre del paciente que tal interrupción involucra. Por esta razón, los servicios se prestan incluso en días festivos, organizándose en turnos de lunes-miércoles-viernes o martes-jueves-sábado. La insuficiencia renal crónica constituye una patología que forma parte del sistema AUGE/GES, siendo garantizada por el Estado a través del sistema público de salud FONASA, el cual, al carecer de la infraestructura necesaria para otorgar los tratamientos requeridos, contrata el servicio en clínicas privadas mediante licitación pública, proveyendo así la cobertura garantizada de atención médica para los pacientes del sistema de salud pública.

En el caso particular de la empresa recurrente, la clínica Diaverum Concepción atiende a pacientes provenientes no solo de la ciudad de Concepción, sino también de Hualpén, San Pedro de La Paz y Chiguayante, totalizando ciento seis pacientes. La relevancia de esta cifra se acentúa al considerar que la empresa cuenta con una organización sindical denominada Sindicato de Trabajadores Servicios Médicos Cidial Limitada, RSU N° 08.01.1013, formada por dieciocho de los veintidós trabajadores de la clínica, lo que representa casi la totalidad del personal. En consecuencia, en un escenario de huelga en el marco de una negociación colectiva, resultaría imposible otorgar los tratamientos de diálisis a los ciento seis pacientes atendidos por la empresa.

Ante esta situación y dado que no se logró acuerdo respecto a los servicios mínimos con la organización sindical, con fecha 10 de junio de 2024, Servicios Médicos Cidial Limitada presentó requerimiento de calificación de servicios mínimos y equipo de emergencia ante la Dirección Regional del Trabajo de Bío Bío. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° 800-27062/2024 de fecha 28 de octubre de 2024, la Dirección Regional del Trabajo de Bío Bío rechazó el requerimiento de calificación de servicios mínimos, fundándose esencialmente en dos argumentos: primero, que es el Estado a través de FONASA quien debe asegurar el derecho a la salud de los pacientes, por lo que la empresa recurrente no estaría obligada a hacer todo lo posible para prestar los servicios en un escenario de huelga; y segundo, que existiría una alternativa menos lesiva del derecho a huelga que la regulación de servicios mínimos, consistente en que FONASA realice tratos directos con el resto de los servicios de diálisis de la zona de Concepción para recibir a los ciento seis pacientes.

Frente a esta resolución desfavorable, con fecha 5 de noviembre de 2024, la empresa recurrente presentó recurso jerárquico ante el Director del Trabajo en contra de la Resolución Exenta N° 800-27062/2024, en conformidad al artículo 59 de la Ley N° 19.880 en concordancia con el artículo 360 del Código del Trabajo. En dicho recurso, se hizo presente al Director del Trabajo la relevancia de contar con la opinión de FONASA respecto de la prevalencia del derecho a huelga por sobre el derecho a la salud de los pacientes, especialmente en relación al cumplimiento del contrato vigente entre FONASA y la recurrente, así como respecto a la capacidad real de derivar pacientes al resto de los servicios de diálisis de la zona, considerando la cantidad no menor de ciento seis pacientes enfermos renales.

No obstante, con fecha 26 de diciembre de 2024, la empresa fue notificada de la Resolución Exenta N° 2000-32981/2024 de fecha 24 de diciembre de 2024 del Director Nacional del Trabajo, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto, manteniendo la negativa a calificar los servicios mínimos y equipos de emergencia de la clínica de diálisis.

Señala como primera perturbación, la existencia de contradicciones entre los "triministerios" que dictaron el "Decreto de empresa estratégica" y la calificación de servicios mínimos por parte de la Dirección del Trabajo. En efecto, la recurrente denuncia que la actuación de la Dirección del Trabajo va en directa contradicción con lo regulado por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en la Resolución Exenta N° 5 de 31 de julio de 2023, publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2023, conocida como "Decreto de empresas estratégicas".

Esta contradicción se manifiesta en que algunos centros de diálisis privados tienen derecho a acogerse a los artículos 359 y 360 del Código del Trabajo para asegurar el otorgamiento de los tratamientos de diálisis en un escenario de huelga legal de sus sindicatos, mientras que otros centros de diálisis privados no poseen este derecho, debiendo solicitar directamente que se prive a sus sindicatos del derecho a huelga conforme al artículo 362 del Código del Trabajo. Esta situación se genera porque la autoridad administrativa competente para regular la opción intermedia –la Dirección del Trabajo– ha decidido negar esta alternativa menos lesiva de derechos por defecto, en tanto que la autoridad administrativa competente para privar directamente del derecho a huelga –los tres Ministerios individualizados– han decidido incluir entre las empresas en que no se podrá ejercer derecho a huelga a todos los centros de diálisis privados, salvo aquellos que cuenten con la regulación de servicios mínimos y equipos de emergencia, que la Dirección del Trabajo niega sistemáticamente.

La Resolución Exenta N° 5 de 31 de julio de 2023 determinó las empresas o corporaciones cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 del Código del Trabajo, incluyendo en su artículo primero un listado de sesenta y una empresas cuyos trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga por un período de dos años. Dentro de estas sesenta y una empresas se encuentran ocho dedicadas a la prestación de servicios de diálisis privados, incluidas cinco pertenecientes al grupo Diaverum Chile, al igual que la empresa recurrente.

Sostiene que resulta particularmente relevante que la posición de la autoridad administrativa para incluir a los centros de diálisis en el decreto de empresa estratégica se basó en el principio de estricta necesidad, señalando expresamente en el considerando 22 que se deben evaluar las herramientas de limitación al ejercicio del derecho a huelga que contempla el ordenamiento jurídico, estimando que la legítima prohibición de su ejercicio es la restricción más severa dentro de las que permite el legislador. Por esta razón, el Código del Trabajo contempla los servicios mínimos como una limitación de menor intensidad que garantiza la prestación de servicios por parte de los trabajadores, sin afectar la esencia del derecho, motivo por el cual aquellas empresas que cuenten con una resolución vigente que imponga la obligación a los trabajadores de mantener a un grupo de ellos cumpliendo funciones en un período de huelga, la continuidad en la prestación se mantiene indemne, no habiendo motivos para escalar la intensidad de la restricción al derecho hasta prohibirlo temporalmente.

En consecuencia, conforme al principio de estricta necesidad establecido en el considerando 26 del decreto, se resolvió que en el caso de las requirentes que cuentan con calificación de servicios mínimos vigentes, no resulta procedente que sean incorporadas en la nómina de aquellas empresas cuyos trabajadores no pueden ejercer derecho a huelga, en tanto las mismas partes de la relación laboral han determinado o han solicitado que la autoridad administrativa competente determine la aplicación de una restricción menos gravosa al derecho a huelga de los trabajadores. Acorde a estos razonamientos, la única clínica de diálisis no declarada empresa estratégica, Sociedad de Responsabilidad Limitada Intermédica División Diálisis Limitada, fue dejada fuera por la sola razón de contar con servicios mínimos y equipos de emergencia regulados.

Aduce que existe en la Dirección del Trabajo una opinión contradictoria con los Ministerios a cargo del Decreto de empresa estratégica. De conformidad al Informe anual sobre estándares técnicos en materia de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia correspondiente a abril de 2024, en el período entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, la Dirección del Trabajo recibió treinta y dos procesos administrativos de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, aprobando únicamente una calificación sometida a su conocimiento, perteneciente a la actividad económica de "Actividades financieras y de seguros".

Denuncia que esta actuación de la Dirección del Trabajo evidencia un actuar arbitrario fundamentado en el principio de estricta necesidad, toda vez que mientras los "triministerios" señalan que por dicho principio no se declara empresa estratégica al centro de diálisis que cuenta con calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia, la Dirección del Trabajo indica que por el mismo principio no otorgará la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia al centro de diálisis, porque existe una alternativa a esta calificación consistente en que FONASA realice contratación directa para derivar a los pacientes. Esta lógica resulta contradictoria, pues si se rechaza la afectación menor del derecho a huelga basado en que FONASA asegurará los tratamientos vía trato directo, entonces nunca sería posible la afectación mayor del derecho a huelga, pues técnicamente todos los centros de diálisis podrían ser suplidos vía trato directo de FONASA.

Adicionalmente, cuestiona que la autoridad estatal no haya consultado información técnica a FONASA sobre las eventuales consecuencias de la paralización de Servicios Médicos Cidial Limitada en un escenario de huelga, a diferencia del único caso de calificación de servicios mínimos aprobado por la Dirección del Trabajo durante el período 2023-2024, donde sí se solicitó opinión técnica a la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones. En el caso de la recurrente, la autoridad atribuyó la responsabilidad de acreditar la inexistencia de capacidad para derivar pacientes al particular, señalando que dicha suposición no encontraba sustento en ningún antecedente entregado por la reclamante.

Alega que la actuación de la Dirección del Trabajo vulnera la garantía de igualdad ante la ley por cuanto aplicó distinciones arbitrarias o indebidas a su solicitud, toda vez que siendo un centro de diálisis y existiendo los antecedentes del "Decreto de Empresa Estratégica" y del "Informe de estándares técnicos sobre Calificación de Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia", contaba con la expectativa razonable de ser tratada con igual criterio que el resto de los centros de diálisis privados del país.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 2000-32981/2024 de fecha 24 de diciembre de 2024 y se ordene a la recurrida resolver conforme a derecho el recurso jerárquico de fecha 5 de noviembre de 2024 presentado por la parte recurrente, o se adopten de inmediato las providencias que el tribunal juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe ordenado, la Dirección del Trabajo, solicita el rechazo de la acción.

En primer término, plantea la improcedencia del recurso de protección por constituir un sustituto jurisdiccional inadecuado de las acciones y procedimientos específicos contemplados por el ordenamiento jurídico para impugnar actuaciones administrativas. En este sentido, argumenta que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de garantías constitucionales taxativamente enumeradas, constituyendo un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Consecuentemente, sostiene que si bien el artículo 20 de la Constitución dispone que el recurso de protección puede deducirse "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes", ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley. Específicamente, indica que lo recurrido es la resolución de un recurso jerárquico presentado en el marco de un procedimiento administrativo de calificación de servicios mínimos, que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección, toda vez que esta acción corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de derechos fundamentales indubitados, y no un mecanismo ordinario de control contencioso administrativo de nulidad.

Asimismo, la recurrida enfatiza que la ley contempla como recurso natural contra dicha resolución la reclamación judicial según lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 504 del mismo cuerpo legal. Precisa que el artículo 420 letra e) establece expresamente como competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo "las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social". En consecuencia, argumenta que pretender utilizar el recurso de protección en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento jurídico procesal laboral expresamente contempla para solucionar conflictos jurídicos laborales, desvirtúa la naturaleza jurídica de esta acción cautelar y sustituye al procedimiento judicial declarativo expresamente regulado.

En segundo lugar, la recurrida plantea la inexistencia de un derecho indubitado que proteger en favor del recurrente. En este punto, argumenta que el recurso de protección, para ser acogido, requiere de la constatación de un derecho afectado en carácter de preexistente e indubitado, presupuesto que no concurre en la especie. Sostiene que el recurrente, a lo largo de toda su presentación, se limita a discutir la aplicación de doctrina realizada por la institución fiscalizadora de normas laborales, efectuada dentro del marco jurídico que regula sus atribuciones, pretendiendo que la Corte se pronuncie acerca de las facultades que la Constitución y la ley han conferido al Servicio.

En tercer término, la recurrida desarrolla extensamente la legalidad de la resolución impugnada, sosteniendo que la Dirección del Trabajo emitió el acto administrativo cuestionado actuando dentro de la esfera de sus atribuciones legales. Explicó que mediante una presentación de Servicios Médicos CIDIAL Limitada se requirió un pronunciamiento acerca de la procedencia de calificar servicios mínimos en el marco de una eventual negociación colectiva, y que la respectiva Dirección Regional del Trabajo rechazó dicha procedencia por no cumplirse con la hipótesis legal considerando el principio de estricta necesidad.

Funda la legalidad del acto en diversas disposiciones normativas, particularmente el artículo 1° letra b) del D.F.L. N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo, que establece que corresponde a la Dirección del Trabajo "Fijar de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes el sentido y alcance de las leyes del trabajo". Asimismo, invocó el artículo 5° letra b) del mismo cuerpo legal, que confiere al Director la facultad de "Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación social", y el artículo 505 del Código del Trabajo, que dispone que "La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo".

Adicionalmente, explica detalladamente el marco normativo aplicable, señalando que la Ley N° 20.940 introdujo un nuevo texto al Libro IV del Código del Trabajo que regula la negociación colectiva, específicamente en los artículos 359 a 361 sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a huelga. Precisó que el artículo 360 establece que la calificación para determinar si se trata de servicios mínimos debe producirse antes del inicio de la negociación colectiva, y que si las partes no concuerdan, cualquiera puede requerir la intervención de la Dirección Regional del Trabajo, cuya resolución "sólo será reclamable ante la Dirección Nacional del Trabajo", es decir, mediante recurso jerárquico.

En cuarto lugar, aduce que la resolución impugnada no fue dictada contra derecho, sosteniendo que a través de la Resolución Exenta N° 2000-32981/2024 se dio estricto cumplimiento a los principios constitucionales de reserva normativa y supremacía constitucional. Refutó las alegaciones del recurrente, precisando que no es efectivo que la resolución de un recurso jerárquico en materia de servicios mínimos no sea reclamable en tribunales, ya que procede la reclamación judicial en virtud de los artículos 420 letra e) y 504 del Código del Trabajo.

Asimismo, aclara que no existen contradicciones entre la resolución de empresa estratégica citada por el recurrente y la resolución del recurso jerárquico de la Dirección del Trabajo, explicando que ambos procedimientos son distintos y operan bajo lógicas diferentes: en un caso se despoja a los sindicatos del derecho a huelga y en el otro sólo se limita su ejercicio sin dañar su esencia. Para sustentar esta diferenciación, citó el considerando 24 de la resolución de empresas estratégicas que establece la incompatibilidad del proceso de servicios mínimos con la regulación de empresa estratégica.

En quinto término, desarrolla la ausencia de arbitrariedad en la resolución impugnada, argumentando que el recurrente alega infundadamente que el actuar de la Dirección del Trabajo habría sido arbitrario por existir una resolución que no le permite fijar servicios mínimos en circunstancias que otras empresas de su mismo giro han sido calificadas como empresas estratégicas. Sin embargo, sostuvo que como quedó demostrado en la resolución impugnada, existen razones legales más que suficientes para afirmar que la doctrina aplicada respecto de la estricta necesidad establecida en el Código del Trabajo se realizó en uso de facultades legales fundadas.

Luego, sostiene que la resolución impugnada no amenaza, perturba o priva al recurrente del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales. Respecto a la supuesta infracción a la igualdad ante la ley y la proscripción de discriminaciones arbitrarias del artículo 19 N°2 de la Constitución, argumentó que el razonamiento del recurrente es equivocado, pues la resolución no incurre en vulneraciones al derecho a la igualdad ante la ley, ya que no se aprecia discriminación ni arbitrariedad en el acto impugnado, siendo este fundado y no habiéndose negado al recurrente la oportunidad para instar por la vía de tribunales ordinarios.

Precisa que el recurrente plantea una supuesta discriminación refiriéndose a un acto que emana de otros entes administrativos respecto del cual no solicitó su incorporación como empresa estratégica, tratándose de la Resolución Exenta Nº 5 de 31.07.2023, dictada conjuntamente por los Ministerios de Economía, Defensa Nacional y del Trabajo, que tiene su fundamento en el artículo 362 del Código del Trabajo. Explicó que tal resolución no emana del Servicio, no se fundamenta en las normas que le corresponde aplicar en la calificación de servicios mínimos, se trata de un procedimiento que se inicia a requerimiento de parte que el recurrente no efectuó, y termina en una resolución reclamable judicialmente mediante el mecanismo del artículo 402 del Código del Trabajo, acción que tampoco interpuso el recurrente.

Finalmente, la recurrida argumenta que acoger el presente recurso de protección conllevaría una infracción a la legislación y Carta Fundamental, sosteniendo que dejar sin efecto por esta vía la resolución impugnada constituiría una evidente vulneración a la propia ley, dado que no existe controversia respecto del tenor literal de los artículos 359 y 360 del Código del Trabajo y la doctrina que el Servicio aplica.

En atención a lo anterior, solicita el rechazo de la acción, con costas.

TERCERO: Que, la presente acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar, que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados, esto es, expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

CUARTO: Que al efecto, preciso es recordar, como se ha sostenido invariablemente por la jurisprudencia, en relación a la procedencia de la acción constitucional de protección, que es indispensable que quien recurre detente un derecho de carácter cierto, determinado e indubitado, que amerite su cautela en un procedimiento breve y concentrado, como el de autos, que tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

QUINTO: Que por lo ya expuesto, y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema, ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos sobre los cuales se invocan no son controvertidos con fundamentos plausibles.

Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como medio fácil y expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio resuelva y declare que tiene la razón y el derecho que reclama.

SEXTO: Que en este caso, de lo informado por la recurrida, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta apreciable que existe discrepancia en cuanto a la procedencia de la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia que la recurrente sostiene que le correspondía obtener para su clínica de diálisis, según lo reclama en este arbitrio. En tanto, la Dirección del Trabajo recurrida afirma que, aplicando el principio de estricta necesidad establecido en los artículos 359 y 360 del Código del Trabajo, no procedería otorgar dicha calificación, toda vez que existirían alternativas menos lesivas del derecho a huelga, consistentes en que FONASA realice tratos directos con otros servicios de diálisis de la zona para recibir a los pacientes, lo que haría improcedente otorgar la calificación solicitada.

SÉPTIMO: Que atendido lo reflexionado precedentemente, y no pudiendo calificarse como indubitado el derecho que se estima conculcado, especialmente considerando que la legislación laboral contempla el mecanismo específico de reclamación judicial establecido en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo para impugnar resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, procediendo desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias citadas, en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, y en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de Servicios Médicos Cidial Limitada en contra de la Dirección del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección-846-2025