nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

nombre reservado, siete de noviembre de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que a fojas 4 don nombre reservado, empleado público, interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representada por su director general don Eduardo Gordon Valcarcel porque estima vulnerados sus derechos constitucionales a la privacidad y honra personal y de su familia, a desarrollar una actividad económica, a un debido proceso y al de dominio que tiene sobre su calificación personal. Dice ser Sargento 2° y pertenecer a la dotación de la Décima Comisaría de la Cisterna y, a la vez, dueño de una empresa distribuidora de gas, que funciona en su domicilio de domicilio reservado. Expresa que el 22 de marzo de 2011 se ha enterado que se estaba realizando una investigación en su contra, para lo cual la Institución recurrida había ordenado una investigación a su domicilio, levantamientos fotográficos, vulnerando su privacidad familiar y sin mediar orden judicial, con lo que se vulnera su derecho a un debido proceso ya que ni siquiera se le ha informado de la existencia de la investigación presuntamente dispuesta por el mando de la Institución, sin decirle de qué se le acusa. Tales acciones estarían supuestamente fundadas en que él estaría desarrollando actividades comerciales prohibidas o reñidas con su calidad de funcionario público, en circunstancia que su actividad de distribuidor de gas es lícita y no es incompatible con su calidad funcionaria, que además no es una calidad controlada por Carabineros de Chile, sino que es una actividad fiscalizada de acuerdo a la Ley N °18.410 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Así, concluye, la presencia de Carabineros en su domicilio y lugar de empresa perturban en forma injustificada y arbitraria su otra actividad. Solapadamente se le acusa indirectamente de tener vínculos con narcotraficantes.

Agrega que hace varios años, que la Institución, a través de distintos oficiales, incluso de los más altos mandos, reiteradamente le han efectuado investigaciones. Precisa que esta vez no se le ha comunicado nada. La primera fue vez que fue objeto de investigación fue a requerimiento del Director Nacional de Seguridad y Orden Público, con el grado de General Inspector de Carabineros, don nombre reservado, la autoridad de más alta jerarquía en lo operacional.

En otro capítulo señala que ha sido mal calificado, no permitiéndole subir de lista sin motivo alguno que sólo se justifica en los hechos que denuncia. Así, no se le permite llegar a grado uno porque no da la talla y el peso, con lo que le coartan incluso la posibilidad de asistir a la Escuela de Suboficiales, ya que aparentemente y por un error de hecho y de derecho cree el mando institucional que la actividad empresarial que desarrolla se encuentra prohibida o es incompatible con su calidad funcionaria, o bien cree que tiene vínculos con el narcotráfico. En este caso tendría que hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público y respetarse sus garantía del debido proceso con plenas oportunidades para acreditar su inocencia ante el fiscal o ante el tribunal competente. En cuanto al comercio del gas licuado, la autoridad competente es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Por su parte dice cumplir con todas las disposiciones para ejercer esta actividad. Mantiene vigente su registro de marcas comerciales, su patente municipal, su iniciación de actividades y declaraciones y pago de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos.

Refiriéndose a la actividad funcionaria y ley de probidad, dice que conforme con la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, N ° 18.961, artículo 37 “El personal de Carabineros de Chile estará sujeto a todas aquellas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que se establezcan en el estatuto del personal y demás normas legales y reglamentarias”. Y conforme a la Ley N ° 18,575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado “Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio, conciliable con su posición en la administración del Estado siempre que con ello no perturbe, el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones y limitaciones establecidas por ley” (Art.56).Por su parte el Reglamento de Disciplina de Carabineros, en sub artículo 22 1) letra K dice “Mantener o dedicarse a negocios, empresas comerciales o cualquiera otra actividad incompatible con la fiscalización que corresponda a Carabineros o que menoscabe la dignidad profesional”.

Considera vulnerados la igualdad ante la ley, porque se le está discriminando del modo dicho, exponiendo que el derecho se le ha negado y rechazado de plano en forma ilegal y arbitraria con esta investigación que se le ha comunicado parcialmente el 22 de junio de 2011. La garantía del N °4 de la Constitución ¨Política de la República, al imputársele actividades reñidas o incompatibles con su calidad funcionaria, y al inventársele conexiones supuestas con el narcotráfico, tomando fotografías a su domicilio sin un debido proceso. También cita el artículo 19 N °3, la protección de la ley en el ejercicio de los derechos, destacando la falta de un procedimiento justo y racional, sin que se le haya señalado de qué se le acusa, sin la presencias de un abogado defensor, afectando su derecho a defensa jurídica. Igualmente, el artículo 19 N “21 porque no puede desarrollar libremente la actividad económica del negocio que posee en su domicilio, que administra su familia, siendo él el dueño de los medios económicos. Por último cita el artículo 7 de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, el que se vulnera este derecho inalienable por la discriminación por ser personal de nombramiento institucional.

Pide se repongan los derechos vulnerados en la forma sdolicitada, con costas en caso de oposición, corrigiendo el imperio del derecho, y obligando a Carabineros de Chile para que cese en la investigación arbitraria, le de conocimiento íntegro de sus actuaciones, sean obligados a cesar en la vulneración de los derechos del compareciente y su grupo familiar y sólo se les permita continuar con su presunta investigación con respecto a esas garantías bajo la dirección de un fiscal y previa autorización de un tribunal de garantías o juzgado militar en su defecto;

2°) Que a fojas 25 la Dirección General de Carabineros informa el recurso. Precisando los hechos expresa que el 17 de junio de 2011 la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, informó a la Jefatura de Zona Metropolitana que en el domicilio del sargento 2° nombre reservado, ubicado en domicilio reservado, actualmente se distribuye gas licuado envasado, existiendo una fachada con los colores característicos de la empresa “Gas Abastible” con nombre de fantasía “Gasmilenio” y que en este contexto el funcionario estaría aprovechando su calidad para interferir en procedimientos policiales que afectan a vehículos repartidores de su propiedad, además, de estar haciendo notoria su calidad de carabinero generando problemas con otros repartidores de gas. Esto dio motivo a que la Jefatura de Zona Metropolitana dispusiera a la Prefectura de Carabineros nombre reservado la instrucción de una investigación administrativa, para establecerla efectividad de los hechos informados. En tal virtud se constituyó en el domicilio del recurrente, el oficial a cargo procedió a tomarle declaración, señalando que nunca ha interferido o hecha notoria su condición en algún procedimiento en el que se hayan envuelto sus trabajadores o cuando éstos sean fiscalizados por Carabineros o por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entregando una serie de documentos en la oportunidad que avalan la legitimidad de la actividad comercial que desarrolla en su domicilio.

En el marco de esta investigación, se adjuntó una serie de elementos probatorios y declaraciones de testigos que permitieron al oficial a cargo formarse la convicción de que al sargento 2° nombre reservado le asiste responsabilidad administrativa, luego que se estableciera que este suboficial ha interferido en procedimientos policiales e inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, haciendo notoria su condición de funcionario de la Institución a fin de obtener beneficios personales, solicitando que las notificaciones por infracciones cursadas a sus vehículos queden sin efecto, infringiendo con ello el artículo 62 N °2 de la Ley N °18.575. También allí se determina que en su condición funcionaria tiene pleno conocimiento de las normas que regulan el actuar de todo carabinero, tanto en la vida profesional como privada, menoscabando la dignidad profesional al amenazar a un civil que también es vendedor de gas licuado, de ocasionarle daños en su integridad personal y patrimonial, contraviniendo disposiciones contenidas en el artículo 22 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N °11. El oficial a cargo de la administración ha sido categórico en sus conclusiones. También estableció que en su otra actividad cuenta con los permisos necesarios, no siendo una actividad incompatible con la función de Carabineros y que la actividad misma no es fiscalizada por la Institución (Ley 18.410). Pero eso no quita que se detectaron algunas anomalías directamente relacionadas con su calidad de funcionario público, que constituyen faltas de orden administrativo, motivo por el cual se están proponiendo sanciones de este carácter. No se han vulnerado los derechos y garantías de igualdad ante la ley o el ejercicio de cualquier actividad económica, porque no se trata de actividades y funciones incompatibles, sino de faltas administrativas por los hechos que las configuran. De otra parte, al tomársele declaración en la investigación él fue notificado de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten y contemplados en los artículos 17, 62 y 78 del Reglamento de Sumarios Administrativos N ° 15, en concordancia con el oficio N °22 de 11 de marzo de 2003 de la Subdirección General de Carabineros, disposiciones que dan pleno respeto a un debido, justo y racional procedimiento administrativo, acorde con las normas de la Ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.

Por ende, queda establecido que los hechos en que se basa el recurso no son efectivos y que las actuaciones de Carabineros de Chile han sido ajustadas a derecho y con respeto al pleno ejercicio de las garantías constitucionales. Pide, por todo ello, rechazar el recurso;

3°) Que del sumario administrativo agregado para tener a la vista en el presente recurso, se desprende: a) que el mismo se inició el 21 de junio de 2011 y que finalizó el 5 de agosto de 2011; b) El Memorándum N °249 de 17 de junio dirigido al señor Subdirector de Carabineros le informa que personal de la Dirección Nacional de Inteligencia tomó conocimiento que en el domicilio domicilio reservado° nombre reservado (10° Comisaría “La Cisterna”) actualmente se distribuye gas licuado envasado, existiendo como fachada un logo corporativo con los colores de la empresa “Gas Abastible” y de nombre de fantasía “Gas Milenio”. En lo pertinente, se comunica que fue denunciado por un civil por lesiones leves en agresión debido a un problema que tuvo el civil con un repartidor de gas de la empresa del citado PNI (el recurrente). Esto el 29 de diciembre de 2007, parte de la 46 ° Comisaría “Macul” y el 14 de octubre de 2008, mediante parte de la 18° Comisaría de Ñuñoa, fue denunciado por un civil por “amenaza de muerte”, identificándolo como carabinero, agregando que su agresor mantiene una empresa con el nombre “Gas Milenio”. Hace presente que estos hechos fueron informados mediante memorándum de 18 de mayo de 2009 sin que a la fecha se hayan adoptado medidas administrativas; c) se agregó su hoja de vida que da cuenta de sanciones disciplinarias anteriores; d) se adjuntó la calificación de 2008, de 2009, de 2010, todas listas satisfactorias; e) hay constancia de visita domiciliaria, habiendo declarado el 22 de junio de 2011 ante el oficial investigador, oportunidad en que se le hizo saber que podía pedir la inhabilidad del referido oficial de acuerdo con la ley y que en el caso de deducirse cargos en su contra, le asiste el derecho a contestar la vista fiscal acorde lo previsto en los artículos 62 y 78 del Reglamento de Sumarios Administrativos N °15; f) documentos relativos a la actividad comercial del sumariado; g) declaraciones de un funcionario que da cuenta de un llamado que hacía el sumariado a su señora mientras cumplían funciones policiales, consultando si se había presentado un chofer; h) declaración de un trabajador de la distribuidora del recurrente, en relación con uno de los hechos que dieron origen al sumario; i) declaración de otro trabajador (ex) del negocio particular del funcionario sumariado, dando cuenta de la intervención de esta persona intercediendo en procedimientos a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; j) declaración de una persona que narra situaciones de intervención para que no le cursaran infracciones; K) otras declaraciones y grabaciones entregada por declarantes; l) el Oficial Investigador presenta cargos contra el sumariado por aparecer de los antecedentes de la investigación que interfirió en procedimientos policiales adoptados por funcionarios de Carabineros e Inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, haciendo notoria su calidad de carabinero a fin de obtener beneficios personales, solicitando que queden sin efecto las notificaciones por infracciones al tránsito, y por menoscabar la dignidad profesional, por amenazas a un ciudadano, lo que ha afectado la imagen institucional pues es conocido como miembro activo de la Institución en las comunas de Peñalolén y Macul. Propone su baja por conducta mala; m) informe del Departamento de Asesoría Jurídica que pide poner en conocimiento del investigado el informe del oficial investigador para que pueda ejercer sus descargos; n) remisión de la nombre reservado a la Jefatura Zona Metropolitana; ñ) Reservado de la Jefatura a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad; o) orden de sumario administrativo de la nombre reservado de 1 de agosto de 2011 que nombra al Capitán señor nombre reservado, en calidad de Fiscal instruirlo para establecer las responsabilidades disciplinarias del hecho se deriven a raíz de las graves faltas a la disciplina cometidas por el Sargento 2° nombre reservado; p) Cierre del sumario administrativo y Vista Fiscal de 5 de agosto de 2011, en que se señalan las mismas conclusiones y proposiciones de sanción que en el informe del oficial investigador, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 69 y 70 del Reglamento de Sumarios Administrativos N ° 15;

4°) Que, en primer término cabe advertir que el procedimiento del sumario administrativo no se encuentra concluido, pues no se ha procedido aún a efectuar los descargos por parte del funcionario imputado, existiendo constancia que el 05 de agosto se procedió a hacer entrega del sumario al señor nombre reservado, por lo que el procedimiento debe continuar en la forma que prevén los artículos 73 y siguientes del reglamento. En seguida, corresponde decir que en la etapa sumarial en la que fue oído el funcionario, se han formulado cargos que dicen relación con el comportamiento de éste en cuanto carabinero, por haber interferido (según los cargos) en procedimientos policiales adoptados por personal de Carabineros de Chile e Inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los que tendrían por objeto obtener beneficios personales haciendo notoria su calidad de carabinero, solicitando que las notificaciones por infracciones cursadas fueses dejadas sin efecto, agravado esto por el conocimiento de las normas legales e institucionales con menoscabo de la dignidad profesional y daño para la imagen de la institución, teniendo en cuenta las amenazas hechas a un ciudadano con dañar su integridad personal y a sus bienes. Ninguno de estos cargos se relaciona con una eventual vinculación con el tráfico de drogas, porque como se lee en el considerando 7° de la Vista, ello no se logró establecer;

5°) Que, el acto que se reclama no es ilegal ni arbitrario, pues se refiere a una investigación y sumario administrativos dispuestos por la autoridad facultada para el efecto. El artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961 contempla que “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo. El personal que infrinja sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa conforme lo determine el Reglamento de Disciplina, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle.” A su vez, el Reglamento respectivo señala en su artículo 3°: “tendrán facultad para ordenar la instrucción de sumario los oficiales que a continuación se indican: e) los prefectos”.

En la especie, la Jefatura de la Zona Metropolitana ordenó pasar a la nombre reservado los antecedentes enviados por la Dirección Nacional de Inteligencia para que se dispusiera una investigación administrativa y el Prefecto ordenó que el Oficial Investigador, ahora en calidad de Fiscal instruyera el sumario administrativo a fin de establecer responsabilidades. Por otra parte, esta investigación en modo alguno ha tratado de impedir que el funcionario recurrente pueda desempeñarse en una actividad económica como la que ha emprendido, pues no ha sido ése el objeto del sumario, ni la Institución se ha planteado siquiera que sean actividades incompatibles o prohibidas para los funcionarios, o ilícitas en sí, de donde deriva que mal puede estarse afectando las garantías de los Números 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. En cuanto al 19 N °4, no se advierte que ello pudiera ser constitutivo de infracción constitucional, toda vez que se trata de actos que dicen con una investigación dispuesta por la autoridad competente a raíz de antecedentes que hablan de un mal uso de la calidad de carabinero que afectaría la imagen de la Institución, tratándose de personal activo de ella. Y en lo que atañe al debido proceso, sin perjuicio de lo que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en la investigación esta persona ha sido oída, se han adjuntado sus antecedentes personales funcionarios y los relativos a su empresa particular y se encuentra pendiente la continuación del procedimiento durante el cual deberá emplazársele para que efectúe sus descargos y haga valer sus derechos, de manera que tampoco puede estimarse que exista esta infracción constitucional;

6°) Que, en estas condiciones, sólo cabe desechar el recurso materia de estas reflexiones.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido en lo principal de fojas 4 por don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Silva.

Protección N° 8.458-2.011.

No firma la Ministra (s) señora Elsa Barrientos Guerrero, por haber cesado en sus funciones, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino, conformada por la Ministro (S) señora Elsa Barrientos Guerrero y el Abogado Integrante señor Andrea Muñoz Sánchez.