ARRIGONI MODULAR SPA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Santiago, veinte de noviembre de dos mil quince.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fs. 1 comparece Juan Agustín Castellón Munita, abogado, en representación de Arrigoni Modular SpA., ambos con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo – Norte Chacabuco, representada por la Inspectora Comunal señora nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, solicitando se adopten todas las medidas necesarias para otorgar a su representada la debida protección y restablecer el imperio del Derecho ante la acción arbitraria e ilegal cometida con la dictación por parte de la recurrida de la resolución Ordinaria N° 1223, de 20 de agosto de 2015.

Señala que el 6 de julio de 2015 un fiscalizador de la recurrida se presentó en dependencias de Arrigoni Modular SpA ubicadas en Américo Vespucio 1881 y nombre reservado 090, comuna de Quilicura, inspeccionando y posteriormente aplicando una sanción a la compañía, por haber constatado supuestamente los hechos infraccionales consistentes en no mantener un ejemplar del contrato de trabajo en el lugar de las faenas y el no pago íntegro de las remuneraciones respecto del trabajador nombre reservado. Esta fiscalización fue realizada dentro del procedimiento administrativo N° 1181/2015 de la referida Inspección Comunal del Trabajo, que terminó con la aplicación de la multa N°3231/15/048, números 1 y 2, de 6 de julio de 2015. A raíz del primer hecho, se aplicó una multa de 40 UTM, y por el segundo, una de 30 UTM.

En contra de la decisión de multa se interpuso solicitud de reconsideración administrativa el 6 de agosto de 2015, por estimar que se incurrió en un error de hecho en la apreciación de las circunstancias fácticas que llevaron a su aplicación. Dicha actuación se fundó en lo dispuesto por el artículo 511 del Código del Trabajo, que faculta al Director del Trabajo para reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, reconsideración que, según el artículo 512 del mismo cuerpo legal, debe ser fundada y pronunciarse a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse nombre reservado de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa.

Pronunciándose respecto de esa presentación, la recurrida dictó Ordinario N°1223 en virtud del cual rechazó la solicitud de reconsideración efectuada por su parte, aduciendo la extemporaneidad de la misma. De esta manera, a través de este ordinario la Inspectora del Trabajo determino lo siguiente: "En relación a la presentación ANT., mediante la cual se solicitó reconsideración de la(s) multa(s) indicadas en la misma presentación, se informa a Ud. que no se dio cumplimiento a los requisitos que permiten a este Servicio conocer de tal solicitud, pues esta: NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE SU NOTIFICACION”.

De esta forma, ha existido una vulneración a su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 2 y N° 3, al interpretar de manera ilegal y arbitraria los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo en lo que al plazo de interposición de la solicitud de la Reconsideración se refiere, estimando éste como un plazo de días corridos, en lugar de días hábiles, como ha sido el criterio reiterado de la Corte Suprema.

Agrega que a la luz de las consideraciones expuestas, al analizar el actuar en que ha incurrido la Inspección del Trabajo, a través de su Jefa de Servicio, no cabe sino advertir que se ha incurrido en un hecho ilegal y arbitrario que ha vulnerado precisamente el derecho de igualdad ante la ley de Arrigoni Modular SpA al negársele la posibilidad de interponer un recurso de reconsideración establecido sin distinción alguna por ley. Dicho acto ilegal y arbitrario ha consistido -reitera- en la negativa del servicio recurrido en cuanto a aceptar a tramitación un recurso de reconsideración interpuesto nombre reservado legal, atribuyéndose contra derecho facultades que vulneran la referida garantía.

Refiriéndose al plazo señalado sostiene que el artículo 512 del Código del Trabajo preceptúa “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse nombre reservado de 30 días de notificada la resolución que aplicó las multas administrativas”. Advierte que la disposición no establece en caso alguno que dicho plazo de 30 días debe considerarse de forma “corrida”; hace presente que ello contradice el criterio sostenido por la Corte Suprema, citando al efecto diversas sentencias en apoyo de su posición.

En conclusión, sostiene que la requerida actuó arbitrariamente al declarar extemporánea la presentación del recurso de reconsideración de las multas laborales individualizadas, obviando a su sólo antojo que dicho plazo señalado por la Ley N°19.980 es uno de carácter especial, que prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Por lo antes expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Ordinaria N°1223 de 2 de agosto de 2015, emanada de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

Segundo: Que a fs. 63 informa la recurrida solicitando el rechazo del recurso por improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido. Sostiene que si bien es cierto el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley-procedimiento de reconsideración de multa y reclamación judicial de multas-como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida. En apoyo de su petición cita la jurisprudencia que indica.

Agrega que, en estas condiciones, el recurso de protección está siendo utilizado por la recurrente como un sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías ordinarias para su discusión y resolución.

Por lo anterior, es necesario ponderar adecuadamente los efectos de acoger el presente recurso, en los términos en que ha sido interpuesto, dado que todo empleador al cual se le notifique una multa, se encontraría, sin exigencia alguna, habilitado para impugnar aquella resolución a través del presente recurso de protección, tratándose de una materia destinada naturalmente a ser conocida por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

Expone que la empresa Arrigoni Modular SpA presentó recurso de protección fundado en la circunstancia de haberse vulnerado el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Carta Fundamental, al haberse desprendido del artículo 512 del Código del Trabajo que el plazo a que dicha disposición se refiere es de días hábiles y no corridos, por aplicación del artículo 25 inciso 1° de la Ley N°19.880, aplicable en la especie por tratarse de un trámite administrativo, siendo por ende, los plazos de días hábiles administrativos, y que al declararse extemporánea su solicitud, se ha vulnerado la garantía que indica.

Agrega que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha dicho expresamente, así en los artículos 162 inciso 2° y 7°, artículo 168 inciso 1°, artículo 201 inciso 4° y 503 inciso 3°, entre otros, éste último sobre reclamación judicial de multas. Sin embargo, en el caso de la especie nada dijo y sólo estableció que el plazo era de 30 días, por lo que debe entenderse, en su opinión, que es de días corridos. Precisa que la tesis sostenida por dicha Dirección del Trabajo se ajusta plenamente a lo sostenido por dictamen de la Contraloría General de la República de 2009, el que transcribe, ratificado por otro de 10 de marzo del 2014, N° 17344, que reitera y ratifica el anterior, el que también transcribe. En apoyo de su postura cita además la disposición del artículo 22 del Código Civil.

En consecuencia, en su concepto, queda más que demostrado que el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos, resultando el Ord. N° 1223 de 20 de agosto de 2015 plenamente ajustado a derecho, no procediendo que sea dejado sin efecto.

Finalmente expone que la Inspección del Trabajo, como todo órgano del Estado, ha ajustado su actuar a las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento del mandato legal que lo autoriza; aduce la improcedencia del recurso en análisis en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, siendo la acción impugnada totalmente legal y carente de arbitrariedad.

De todo lo antes expuesto, concluye, no se divisa de qué manera su actuar ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N° 2, ni cómo ello habría afectado a la recurrente, menos aún cuando el Servicio ha mantenido inalterable su postura respecto al plazo aludido, que es de días corridos, respecto de todos los administrados, no existiendo antecedente alguno que demuestre lo contrario, no resultando factible invocar una vulneración que en la práctica no existe. Por todo ello, solicita el completo rechazo de la acción impetrada, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o amenace su ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que sostiene el actor que la resolución de multa le fue notificada con fecha 6 de julio de 2015, habiendo solicitado la reconsideración aludida con fecha 6 de agosto de 2015, dictándose al efecto el Ord N° 1223, de 20 de agosto de 2015, que no acogió a tramitación tal reconsideración por estimarla extemporánea, considerando dicho plazo como de días corridos.

Sexto: Que sobre el particular cabe hacer presente que, como lo ha resuelto ya reiteradamente la Corte Suprema, el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, dado que se trata de un recurso presentado en la etapa de tramitación en sede administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, ha de aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al ser un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley 19.880, respecto de los procedimientos administrativos, prima por sobre las normas de carácter general contenidas en el Código Civil.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el 6 de agosto de 2015, por lo que, conforme a lo que se ha razonado, ello ocurrió nombre reservado de 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que impuso la multa, lo que aconteció el 6 de julio de 2015.

Octavo: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida deviene en un acto ilegal y arbitrario pues por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley que fue interpuesto nombre reservado, afectando de esta forma la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en tanto la autoridad recurrida ha desconocido el término en toda su extensión y ha dado un trato discriminatorio que no procede sea aceptado.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido a fs. 1 por Juan Agustín Castellón Munita, en representación de Arrigoni Modular SpA, y se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N°1223, de 20 de agosto de 2015 emanada de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte Chacabuco, debiendo la recurrida admitir a tramitación el Recurso de Reconsideración planteado respecto de la Resolución de Multa N° 3231/15/048, de 6 de julio de 2015.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la abogado integrante sra. Paola Herrera Fuenzalida.

No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

Protección N° 84509-2015 Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázurriz e integrada por la Fiscal señora María Loreto Gutiérrez Alvear y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veinte de noviembre de dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.