nombre reservado con CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, siete de febrero de dos mil diecinueve.

Al folio 47062: téngase presente.

Vistos:

Que comparece Marcela del Carmen González Moraga, abogada, en representación de nombre reservado, e interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y Los Andes, en razón del acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el descuento en sus remuneraciones, por parte de la segunda, de sumas de dinero correspondientes a créditos contraídos con la primera, sin ningún tipo de aceptación de su parte.

Explica que el señor nombre reservado solicitó a la recurrida Caja de Compensación La Araucana dos préstamos en el año 2009, por las sumas de $1.603.682 y $1.527.988, respectivamente, ambos pagaderos en 48 cuotas mensuales. En el año 2010 fue desvinculado de la empresa en que prestaba funciones, percibiendo el respectivo finiquito y entendiendo que se había hecho el cobro de ambos créditos del mismo. Luego, ya en el año 2018, ingresa a su actual trabajo, en la empresa Salud y Vida S.A, afiliándose a la Caja de Compensación Los Andes y, desde el mes de marzo de 2018 hasta la fecha, se le ha realizado un descuento de su remuneración, por concepto de los préstamos ya indicados, cuestión sobre la que en caso alguno fue consultado y a la que mucho menos manifestó su conformidad.

Precisa que los referidos descuentos se efectuaron entre los meses de marzo y julio de 2018, y luego fueron reanudados en el mes de octubre del mismo año, alcanzando la suma total de $428.923.- Ello, pese a que la recurrida Caja de Compensación La Araucana, por su propia desidia, no ha iniciado oportunamente las acciones ordinarias comunes, tendientes a la persecución del pago de su crédito, pudiendo hacerlo. Arguye en tal sentido que la doctrina y jurisprudencia adoptadas “universalmente”, es que este proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de deudas contraídas hacen más de 9 años.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, indica que con su actuar las recurridas han infringido aquellas contempladas en el artículo 19 números 2, 3, 16 y 24. En cuanto a las dos primeras garantías, lo funda en se ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, a quienes, para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios; mientras que acusa una más abierta vulneración del derecho de propiedad y libertad contractual, pues se han efectuado cobros mediante una Caja con la que el señor nombre reservado no suscribió préstamo alguno. El único contrato que actualmente existe es de orden laboral y solo vincula a las partes contratantes.

En virtud de lo anterior, solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida devolver las sumas de dinero descontadas a contar de marzo de 2018 y que se ordene no efectuar más la realización de descuentos en sus remuneraciones sucesivas, con costas.

Que, informando la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita se le tenga por allanada al recurso, sin condenársele en costas, por cuanto ha dispuesto las gestiones tendientes a evitar futuros descuentos a la remuneración del recurrente, mediante su remoción de la nómina de cobros que es remitida a su empleador. Ello, sin perjuicio que ya se había informado el descuento correspondiente al mes de diciembre de 2018.

No obstante lo anterior, precisa que fue a través del sistema denominado “Proyecto Intercajas”, que Caja de Compensación La Araucana les solicitó la gestión de descuentos en la remuneración del señor nombre reservado, por concepto de pago de cuotas del crédito social otorgado por la referida institución. Por ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 de la ley N° 18.833, a través de la nómina de retenciones de crédito social de los meses de febrero a noviembre de 2018, informó al empleador del recurrente descuentos por un total de $1.064.955.-, de los cuales recaudó la suma de $428.923.-, monto que fue remesado a La Araucana.

Que, por su parte, evacuando informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, sin reconocer la extinción de las deudas de que se trata, solicita se le tenga por allanada al recurso, eximiéndosele del pago de las costas, en atención a que, por una parte, se han dispuesto las gestiones tendientes para hacer devolución al recurrente de la suma de $428.923.- y, por otra, cesar los descuentos que haya de producirse en su remuneración a partir del mes de enero de 2019.

Sin perjuicio de ello, también indica que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 17.322 y Circular N° 2052 del año 2003 emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. Normas que en resumen describen el mecanismo del pago del crédito social, que opera, valga la redundancia, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar del crédito social, en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador y la obligación legal de este de remesar dicho descuento a la Caja diputada para recibir el pago conforme al Sistema InterCajas.

En ese entendido, expone los antecedentes propios de los dos créditos otorgados al recurrente y la cantidad de cuotas impagas, precisando que, de existir descuentos posteriores, sólo tendrá conocimiento de los mismos al efectuarse las respectivas remesas.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°. Que, como reiteradamente se sostiene, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°. Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario lo hace consistir en los descuentos que comenzó a efectuarle la Caja de Compensación Los Andes desde el mes de marzo de 2018 hasta el mes de julio del mismo año, reanudándose luego en octubre de 2018 hasta el mes de diciembre de 2018, por un total de $428.923 del total de sus remuneraciones en favor de Caja Compensación La Araucana por un convenio intercajas, sin que cuente con una autorización de su parte o un mandato que le permita comunicar a su empleador la facultad de efectuar el referido descuento.

3°. Que, como se señaló en lo expositivo de este fallo, la circunstancia fáctica antes descrita, ha sido reconocida por las recurridas, allanándose a la pretensión del recurso, amparándose ambas en el carácter social del crédito y en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y otros textos legales citados.

4°. Que, sobre el asunto planteado, tal como ha reconocido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (Rol 2895-2018) el actuar de las recurridas resulta arbitrario, pues al amparo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 y demás disposiciones legales citadas, Caja Los Andes permitió que un tercero como es Caja La Araucana reviviera una facultad que le permite cobrar en forma oportuna los créditos sociales, pero ocho años después de la mora, sin que se realizara en dicho lapso alguna gestión tendiente al cobro de la deuda.

En estas circunstancias, el proceder descrito aparece antojadizo y conculca el derecho de propiedad de la actora sobre sus remuneraciones, amparado por el Constituyente en el artículo 19 N° 24 de la Carta Política, de manera que corresponde adoptar las medidas conducentes a restaurar el imperio del derecho.

A mayor abundamiento, la circunstancia de haberse allanado las recurridas a la pretensión del recurrente no hace desaparecer el daño que le ocasionó al actor el atentado sufrido a su garantía fundamental por el proceder arbitrario e ilegal acreditado, y, particularmente, no constando a esta magistratura que las gestiones tendientes para hacer devolución al recurrente de la suma de $428.923 y de hacer cesar los descuentos en su remuneración a partir del mes de enero de 2019 se hayan verificado efectivamente, restituyéndose al patrimonio del recurrente estos montos descontados de su remuneración, se acogerá el recurso de marras disponiéndose las medidas urgentes que se señalarán en lo resolutivo a fin de dar la debida protección al recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, con costas, el recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Andes y Caja de Compensación La Araucana, debiendo la primera abstenerse de continuar efectuando los descuentos a la remuneración del recurrente en favor de la segunda, disponiéndose que procedan dentro de quinto día a reembolsarse los montos indebidamente descontados a partir de las remuneraciones pagadas entre el mes de marzo a diciembre de 2018, ambas inclusive, debiendo cesar en lo sucesivo de efectuarle descuentos por las obligaciones referidas en su libelo, sin perjuicio de su derecho a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional correspondiente.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-84403-2018.