nombre reservado con CLUB AEREO PERSONAL DE CARABINEROS Y OTRO

Santiago, nueve de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

1.- Que, a fojas 07 y siguientes, comparece don Patricio Cavada Artigues, abogado, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del CLUB AÉREO DEL PERSONAL DE CARABINEROS, representado por don nombre reservado y en contra del CLUB AEREO DE SANTIAGO, representado por don nombre reservado, por la negativa injustificada, ilegal y arbitraria de ingresar al Aeródromo Tobalaba, de la comuna de Santiago.

Sostiene el recurrente que, por medio de la acción ilegal o arbitraria previamente indicada, se vulnera el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Se ha dicho que ello significa que en Chile no hay persona ni grupo privilegiados. También se infringe, conforme al recurrente, el articulo 19 N° 7 de la Carta Fundamental, que establece el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Y también invoca el recurrente el artículo 19 N° 16 del mismo texto constitucional, que consagra el derecho a la libertad en el trabajo.

Los recurridos, indica el recurrente, son dueños en comunidad del inmueble donde se encuentra el denominado Aeródromo nombre reservado, también conocido como Aeródromo Tobalaba.

Dicho Aeródromo tiene la calidad de público, siendo su administrador el Club Aéreo de Santiago como consta en la Resolución Exenta N° 09/2/1/023 de 23 de enero de 2014 de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Afirma el recurrente que, en su calidad de piloto comercial de helicópteros desde hace más de 30 años, debe concurrir a su lugar de trabajo, que es precisamente el Aeródromo de Tobalaba, donde realiza sus labores de piloto y empresario, al otorgar los servicios de facilitación y de arriendo para terceros de horas de vuelo en algunas de las empresas aeronáuticas que usan este aeródromo público para sus actividades.

Indica que desde hace largos meses el gerente del Club Aéreo del Personal de Carabineros nombre reservado, conjuntamente con el vicepresidente de esta corporación, nombre reservado, iniciaron una persecución en su contra llegando a denunciarlo a su empleador y amenazarle a éste de poner término al contrato de arriendo que éste celebró respecto a las instalaciones del Club Aéreo del Personal de Carabineros, si no me despedía.

La persecución, agrega, ha llegado a niveles intolerables, impidiéndole el ingreso al Aeródromo de Tobalaba, los días 07 y 15 de septiembre del corriente, sosteniendo que en esta última fecha, lo hace acompañado de un notario que certifica esta circunstancia.

Sostiene que es ilegal y arbitrario impedir el acceso de esa parte al Aeródromo de Tobalaba, pidiendo el restableciendo del imperio del Derecho, ordenando el cese de cualquier medida destinada a restringir o impedir su acceso al aeródromo ya referido, e instruyendo que no se realicen en el futuro nuevamente este tipo de prohibiciones por parte de los recurridos, con expresa condenación en costas.

2) El Club Aéreo del Personal de Carabineros, informa a fojas 43 y siguientes a través del abogado Tomás Zamora Maluenda en su representación, quien indica que su representada es propietaria en conjunto con el Club Aéreo de Santiago, en diversa proporción, del Aeródromo nombre reservado, más conocido como Tobalaba. Sostiene que se trata de un Aeródromo "privado de uso público para la aviación civil" y que es controlado por la autoridad aeronáutica, en concreto la Dirección General de Aeronáutica Civil, en sus aspectos operacionales relativos a la actividad aérea, sin perjuicio de administrarse por ambos clubes propietarios.

Así y en este contexto, cada propietario además administra aquellos terrenos que son de su exclusivo dominio y propiedad, donde se erigen los hangares que son arrendados a diversos particulares e instituciones que operan al interior del aeródromo.

Se afirma en el recurso - incorrectamente, según el informante- que el Aeródromo en cuestión es público, "por lo que no se puede impedir el ingreso a éste".

Lo anterior no sería correcto, en opinión del informante, pues el aeródromo "Tobalaba", es un aeródromo "privado de uso público", cuya naturaleza jurídica está definida -señala- en el artículo 9 del Código Aeronáutico y en el artículo 2.1 del DAR 14, Reglamento de Aeródromos, aprobado mediante Decreto Supremo 173 de fecha 4 de octubre de 2004. En este contexto, hay que acotar -dice- que sigue siendo un recinto privado, cuyos dueños son el Club Aéreo de Santiago y el Club Aéreo del Personal de Carabineros. La naturaleza de "público" se refiere a que sus pistas de aterrizaje y despegue son "abiertas al uso público de la aeronavegación" (artículo 9 del Código Aeronáutico) y cuentan con las debidas "zonas de protección" (artículo 14 del Código Aeronáutico), en tanto el resto del aeródromo, en cuanto a su funcionamiento, tuición y supervigilancia, sigue bajo las restricciones que impongan sus propietarios. Cualquiera sea la naturaleza (privado, público o fiscales públicos) no existe libertad de desplazamiento y ésta se encuentra absolutamente restringida, acotada y controlada, atendida la naturaleza sensible de la actividad que se desarrolla en el interior de estos recintos.

En las zonas netamente privadas, agrega el informante, que son de exclusivo uso de los administradores o propietarios de los aeródromos, se dispone acerca de su utilización mediante la "Administración" del Aeródromo, entidad responsable del mismo ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante un Reglamento de Usuarios aprobado por Resolución Exenta N° 02065 de la Autoridad Aeronáutica de 29 de Octubre de 2003 y mediante contratos de arrendamientos celebrados con cada uno de los usuarios, donde además de las cuestiones propias de ese convenio privado, se les informa y notifica del cumplimiento del citado Reglamento de Usuarios, según expresamente se indica en la cláusula general décimo cuarta de los mencionados contratos de arrendamiento: "OBLIGACIONES: EL ARRENDATARIO contrae las obligaciones siguientes. Uno.- Acatar las normas, tanto en su espíritu como en su letra, contendidas en el Reglamento de Usuarios del Aeródromo nombre reservado (Tobalaba), cuyo texto se entiende íntegramente incorporado al presente instrumento contractual; como asimismo, las que dicte la Autoridad Aeronáutica o la Administración del Aeródromo o las normas de administración que señale el Club Aéreo del personal de Carabineros." Que en atención a lo precedentemente mencionado, el informante menciona que el recurrente no tiene vinculación jurídica alguna con dicha Corporación ni con el Club Aéreo de Santiago, no es arrendatario de hangar, no es empleado de algún arrendatario de hangar, no trabaja en ninguna dependencia interna del Aeródromo, no es un empresario autorizado para ejercer su empresa y por cierto no es socio de ningún Club Aéreo emplazado al interior de él. Resulta plenamente aplicable según éste el artículo 9° del Reglamento de Usuarios indicado, según el cual "Son áreas privadas de uso exclusivo de los usuarios todas las demás áreas no incluidas en los dos artículos precedentes, bajo las condiciones del contrato de arrendamiento o autorización respectivos." En conclusión, afirma, el Aeródromo nombre reservado (Tobalaba), es un espacio sujeto a restricciones de seguridad aérea operacional, tanto de la DGAC, de la Administración del mismo y de los propietarios. Es un espacio de naturaleza sensible en cuanto a la seguridad, en tanto allí se generan cientos de operaciones aéreas y en sus instalaciones existen dependencias y aeronaves de la Prefectura Aérea de Carabineros de Chile y de la Brigada Aeropolicial de la Policía de Investigaciones de Chile, del Club Aéreo del Ejército y del Club Aéreo de Carabineros, entre otros. En razón de esto, las políticas de seguridad alcanza no sólo a los arrendatarios, sino que a todos los usuarios y a aquellas personas que -por diversos motivos- requieren ingresar a las áreas de uso común. De allí que el aeródromo cuenta con un servicio de seguridad (puertas de acceso) que registran e individualizan a todas las personas que ingresan. Por su parte, en el mismo contrato (de ambos propietarios) se señala como obligación de los arrendatarios "Comunicar por escrito (a los propietarios) la individualización de las personas cuyo ingreso autoriza, cuyo destino debe ser única y exclusivamente el inmueble objeto del presente contrato." Finalmente, añade, hay que hacer presente que en el mismo Reglamento de Usuario se plasman profusas normas respecto de la seguridad y sus consecuentes restricciones en el uso de los espacios comunes.

No obstante lo señalado y entregando razones adicionales, cualquier persona puede ingresar sin problema alguno al Aeródromo, bastando cumplir con alguno de los dos siguientes requisitos:

a) Autorización transitoria de ingreso para personas que previa identificación, concurra a realizar alguna diligencia específica y concreta a alguna empresa, Club Aéreo, Centro de Mantenimiento, Escuela de Vuelo, hangar, etc. Respecto de la persona "visitante", indica, se consulta a las respectivas empresas o personas vinculadas jurídicamente con los propietarios y controladores del Aeródromo, sobre dicha persona y verificada la justificación de la visita y con su identificación se le hace pasar con un pase de “Visita";

b) Autorización permanente de ingreso, a aquellas personas que desarrollan alguna actividad profesional al interior del Aeródromo, sea en calidad de propietarios o arrendatarios de hangares. Asimismo, está autorizado el ingreso de pilotos, técnicos y/o trabajadores en general. En relación con estos últimos, deberán ser debidamente acreditados por sus empleadores ante la Gerencia del Club Aéreo del Personal de Carabineros, como reza el respectivo Reglamento.

A mayor abundamiento y al menos respecto de alguna instalación o recinto ubicado en terrenos de los recurridos, el Sr. nombre reservado no tiene actualmente -señala- calidad alguna que lo habilite para ingresar ni tampoco relación contractual conocida como empleado, empresario ni menos como arrendatario.

Conforme lo expresado por este informante y por las limitaciones indicadas, no existe -sostiene- la vulneración de ninguna de las garantías señaladas por el recurrente, por lo que el recurso debe de ser rechazado, con costas.

3) Por su parte, a fojas 81 y siguientes, informa el abogado Jaime Parra Santos, en representación del Club Aéreo de Santiago, quien hace presente que la acción constitucional interpuesta por la recurrente se presentó de forma extemporánea, porque el señor nombre reservado ya tenía prohibición de ingreso al recinto, desde el 18 de febrero de 2015, medida de seguridad que desde esa fecha, informa, fue establecida por el Club Aéreo de Santiago (CAS), por lo anterior la recurrente al presentar su acción constitucional de protección recién con fecha 17 de Septiembre de 2015, prácticamente siete meses después de que se adoptó la medida por la administración, excede completamente el plazo de 30 días dispuesto para ello. Para acreditar lo anterior se acompaña al primer otrosí del informe copia de la denuncia Rol 2337-2015, además documento ORD N° 0874 de fecha 05 de Junio de 2015, que contiene la resolución dictada por la Fiscalía Nacional Económica, ante una denuncia interpuesta por el mismo recurrente, por supuestas conductas anticompetitivas en el aprovisionamiento de combustible de aviación en el Aeródromo Tobalaba, toda vez que el señor nombre reservado -señala- tenía un camión aljibe con el cual vendía sin control y por lo tanto irresponsablemente combustible a aeronaves en el sector del Club Aéreo del Personal de Carabineros, sin contar con las medidas de seguridad que se deben tomar para la carga de combustible de una aeronave. Por lo que con fecha 18 de febrero de 2015, se adoptó la decisión de prohibir el ingreso del señor nombre reservado con su camión aljibe, porque dicha actividad que estaba realizando el actor no contaba con la autorización ni cumplía con las medidas de seguridad que exige la autoridad aeronáutica, atentando de este modo contra el bien jurídico denominado "seguridad de vuelo" dentro del recinto; por lo anterior, afirma este informante, la acción constitucional interpuesta es completamente extemporánea según lo antes señalado y conforme a la documentación acompañada en el primer otrosí de su presentación.

Es del caso que, afirma, el CAS de ninguna manera ha vulnerado la garantía constitucional de "igualdad ante la ley", establecida en el Artículo 19° N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que el Aeródromo Tobalaba es un aeródromo de uso público, pero que funciona en un recinto privado propiedad una parte del Club Aéreo de Santiago (CAS) y otra parte del Club Aéreo del Personal de Carabineros (CAPECAR). Por otra parte, informa que a dicho aeródromo sólo tienen acceso personas que realizan actividades aeronáuticas que no atentan contra la seguridad del recinto, pues se mantiene un control estricto de todas las personas que ingresan a dicho lugar.

Que como el señor nombre reservado estaba efectuando, afirma, una actividad irregular al vender combustible de aeronave dentro del recinto, pasó a tener la calidad de una persona que realizaba una actividad que atenta en contra del Aeródromo; por lo anterior, el acto interno del CAS de impedir el ingreso al señor nombre reservado no es discriminatorio, ya que sólo resguarda la seguridad del recinto y de un grupo mayoritario de personas que ingresan al aeródromo a realizar actividades que no ponen en riesgo la seguridad del lugar, ni tampoco de las aeronaves, entidades y personas que se encuentran en él.

Por otra parte, agrega, el señor nombre reservado no realiza a la fecha ninguna actividad aeronáutica dentro del Aeródromo Tobalaba, por lo que estima que el CAS se encuentra en todo su derecho de prohibir su entrada a ese perímetro.

En cuanto a la vulneración, invocada por el actor, del "N° 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile", esto es, “El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual", no se encuentra recogida en la enumeración taxativa realizada por el artículo 20 del señalado texto constitucional, por lo que no resulta procedente invocarlo en esta sede.

Finalmente, sostiene, en cuanto a la vulneración del N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, esto es, "la libertad de trabajo", para que se pueda hacer efectiva esta garantía constitucional, debe existir -indica- un vínculo contractual entre el recurrente y el recurrido, vínculo contractual que a la fecha no existe, ni jamás ha existido entre su representado el Club Aéreo de Santiago con el señor nombre reservado, así como tampoco se ha podido acreditar algún vínculo contractual con algún tercero que opere o preste servicios en el Aeródromo Tobalaba.

Solicita en definitiva rechazar dicha acción constitucional en todas sus partes, ordenando además la prohibición de ingreso del señor nombre reservado al Aeródromo nombre reservado (Tobalaba), por revestir un peligro para las entidades y personas que funcionan y trabajan dentro de dicho recinto.

4) A fojas 106, el abogado del recurrente acompañó un escrito de téngase presente, en donde expresa las observaciones que le merecen los informes emitidos por las recurridas, que según él solo tendrían por finalidad justificar su actuar ilegal y arbitrario en la especial regulación aeronáutica, realizando consideraciones sobre la seguridad de los aeródromos que nada dicen relación con el recurso de protección, insistiendo en su petición de que esta Corte dicte las medidas que se estimen necesarias para que los recurridos cesen en la prohibición de ingreso al aeródromo, decisión que señala vulneraría la igualdad ante la ley, y afectaría su libertad de trabajo.

5) Que, con fecha 17 de noviembre de 2015 se produjo la vista del recurso, escuchándose los alegatos de los abogados del recurrente y del recurrido.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como queda claro de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a esta Corte dice relación con la decisión adoptada por la administración del aeródromo Tobalaba, identificado como Aeródromo nombre reservado, de prohibir el ingreso del recurrente a sus instalaciones, lo que fue corroborado mediante la certificación del Notario Público de Santiago, don nombre reservado, con fecha 15 de septiembre de 2015, medida que según el afectado vulneraría su derecho a la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

SEGUNDO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran de modo taxativo en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

TERCERO: Que, en consecuencia, la misión de esta Corte se debe ceñir al análisis de la ilegalidad y/o arbitrariedad que se le atribuye por la recurrente a la mencionada decisión y, en caso de existir dicho acto ilegal o arbitrario, verificar si éste vulnera las garantías constitucionales que el recurrente estima amagadas.

CUARTO: Que, sobre este particular, resulta necesario analizar entonces la cuestión relativa a la legalidad de la medida adoptada y luego, respecto de la arbitrariedad de la misma.

QUINTO: Que, sin embargo, antes de ello, una de las recurridas ha planteado una alegación de extemporaneidad del recurso. Como se sabe, el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección estableció en el número 1 que "El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos." Sobre esta alegación, debe indicarse que en la especie la recurrida mezcla dos aspectos que se encuentran en el caso bastante ligados, cual es la actividad económica que el recurrido habría intentado realizar en el aeródromo Tobalaba, de venta de combustibles en condiciones distintas a las habituales, que fue indicada como atentatoria contra la seguridad aérea, del ingreso de la persona natural al recinto aéreo, que es lo que habría sido prohibido, contra lo cual se recurre de protección. No es materia del análisis de esta acción la actividad económica que habría intentado realizar el recurrente.

Sostiene la recurrida Club Aéreo de Santiago que el señor nombre reservado tenía prohibición de ingresar al aeródromo Tobalaba desde el 18 de febrero de 2015, lo que evidentemente haría completamente extemporánea su pretensión.

En relación a este punto debemos estarnos a la última parte de la regulación del Auto Acordado citado, en su numero 1, esto es, "desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos", lo que en este caso requiere de una atenta lectura del recurso de protección, en el que se señala que se le impidió el acceso al aeródromo Tobalaba recién con fecha 07 de septiembre de 2015, no habiéndose acompañado ningún antecedente la recurrida que dé cuenta de que la mencionada prohibición de acceso fue conocida de manera cierta o de que haya tenido noticias de la misma el afectado con anterioridad. Los documentos acompañados por la recurrente, que figuran a fojas 56 al 63, dicen relación con la actividad económica que el recurrente habría pretendido realizar al interior del aeródromo y el procedimiento administrativo realizado por la Fiscalía Nacional Económica, la que con fecha 03 de junio de 2015 concluye que "no existen antecedentes que ameriten el inicio de una investigación." El único antecedente cierto que fue acompañado a estos autos fue, aparte del reconocimiento antes indicado por el recurrente, el certificado emitido por el Notario Público de Santiago, don nombre reservado, de fecha 15 de septiembre de 2015.

De este modo, la acción de protección fue interpuesta con fecha 17 de septiembre de 2015, esto es, apenas 10 días del reconocido acto de prohibición que habría indicado el propio recurrente, sin que se cuente con ningún otro antecedente que permita llegar a una conclusión distinta, por lo que la alegación de extemporaneidad será desechada.

SEXTO: Que, entrando a conocer del fondo del asunto, en relación a la legalidad de la medida, preciso es señalar que la condición jurídica del Aeródromo Tobalaba no puede discutirse, ya que no resulta controvertido que se trata de terrenos de propiedad de particulares en los cuales se encuentra instalado dicho aeródromo, el que está consagrado, de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 9 del Código Aeronáutico, como uno privado de uso público.

Que, sobre el particular, cabe señalar que en general, cuando hablamos de inmuebles destinados a la navegación aérea, se suelen identificar en ellos zonas de acceso público, pero en donde existe una sujeción estricta a las regulaciones de dichos lugares, en atención a las sensibles razones de seguridad que son del todo conocidas. En este caso, se debe indicar al respecto, que existe un Reglamento de Usuarios del Aeródromo nombre reservado, aprobado mediante Resolución Exenta N. 02065, de fecha 29 de octubre de 2003, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que expresamente indica en el artículo 6 del mismo que "los terrenos del Aeródromo se clasifican en áreas de uso público y áreas de uso privado". Por su parte, su artículo 8 nos refiere que la áreas privadas de uso común "están destinadas al uso de los socios de los clubes propietarios, de los arrendatarios de éstos y de las personas especialmente autorizadas por los clubes propietarios, bajo las condiciones que fije el respectivo contrato de arrendamiento o autorización escrita". A ello debe adicionarse que en los contratos de arrendamiento que suscribe la administración del recinto se les incorpora una cláusula general que señala expresamente: "OBLIGACIONES: EL ARRENDATARIO contrae las obligaciones siguientes. Uno.- Acatar las normas, tanto en su espíritu como en su letra, contendidas en el Reglamento de Usuarios del Aeródromo nombre reservado (Tobalaba), cuyo texto se entiende íntegramente incorporado al presente instrumento contractual; como asimismo, las que dicte la Autoridad Aeronáutica o la Administración del Aeródromo o las normas de administración que señale el Club Aéreo del Personal de Carabineros." De modo que dicho Reglamento de Usuarios del Aeródromo Tobalaba resulta plenamente aplicable a la situación, en virtud de que en estas materias es completamente obligatorio para todos los usuarios del mismo.

Debe también indicarse que, como se dijo, rige a este respecto plenamente lo dispuesto por el artículo 9 del Código Aeronáutico, que señala que los aeródromos "civiles se dividen en públicos y privados. Son públicos los aeródromos abiertos al uso público de la aeronavegación; y privados, aquellos destinados al uso particular." A su vez, resulta atingente también lo señalado por el artículo 11 de dicho cuerpo legal, que señala: "El establecimiento y operación de un aeródromo se hará previa autorización y habilitación de la autoridad aeronáutica, la que determinará las normas sobre su instalación, destino y funcionamiento." Finalmente, conviene también tener presente lo dispuesto por el artículo 94 del mencionado código: "Los clubes aéreos son corporaciones de derecho privado que tienen por finalidad la práctica deportiva y el uso y fomento de la navegación aérea en todas sus formas.

"La autoridad aeronáutica tendrá la supervigilancia y control de sus actividades técnicas y aéreas." Lo señalado resulta plenamente concordante con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 16.752, que fija la organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en sus letras b) y j), que disponen que corresponderá a la Dirección indicada "b) Controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados y administrar los públicos de dominio fiscal, sin perjuicio de las funciones policiales que correspondan a las fuerzas de orden y seguridad publicas en sus respectivos ámbitos de competencia y siempre que ello no afecte a la seguridad aérea.

"J) Fiscalizar las actividades de la aviación civil, en resguardo de la seguridad de vuelo y dictar las instrucciones de general aplicación que sean necesarias para los fines señalados." Entonces, no puede pretenderse que una persona particular, ingrese a terrenos privados, donde se ejerce la actividad de aeronavegación y que, solo a ese respecto, tiene un uso público. De modo que no se encuentra abierto a cualquier persona que quiera circular libremente por el mismo, sino que está sometido a una serie de restricciones motivadas en razones de seguridad, que se encuentran estrictamente reguladas, como ha sido dicho.

En virtud de las consideraciones anteriores, no estamos en presencia de un acto que pueda estimarse ilegal, cuando la administración de un recinto privado destinado a la aeronavegación, y en ese aspecto, de uso público, fundado en razones de seguridad aéreas, conforme con la normativa pertinente, haya adoptado la decisión de prohibir la entrada al recinto a una persona determinada.

Tampoco puede estimarse que la actuación de la mencionada administración ha sido arbitraria, pues aquella ha fundamentado debidamente tal restricción, indicando que la persona sobre la cual adoptó esa decisión incurrió en conductas que, en su concepto, ponen en peligro la seguridad aérea, sobre las cuales la Fiscalía Nacional Económica realizó una acuciosa investigación, llegando a la conclusión que en la actividad relativa al aprovisionamiento de combustible "no existen antecedentes que ameritan el inicio de una investigación." SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo dicho, debe agregarse que no es la Corte la llamada a prohibir, como lo pide la recurrida Club Aéreo de Santiago, el ingreso del señor nombre reservado al Aeródromo nombre reservado, pues tal potestad resulta privativa del órgano de administración de dicho recinto, conforme a las regulaciones constitucionales, legales y administrativas pertinentes.

OCTAVO: Que, estimando que el presente recurso tenía por objeto que se declarara que la prohibición de ingreso al aeródromo Tobalaba del recurrente señor nombre reservado, impugnada, era ilegal y arbitraria, lo que se rechazará por esta Corte en base a las consideraciones ya expresadas, sin perjuicio de lo cual y estimando que el ejercicio de esta acción constitucional no puede significar una carga económica para los ciudadanos, no se condenará en costas al recurrido.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, de 1992, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 7 y siguientes.

Regístrese.

Redacción del abogado integrante señor Mauricio Decap Fernández.

N° Protección-84332-2015.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y por el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil quince, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.