nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION SANTIAGO PONIENTE

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil once.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, por sí y a nombre de su madre doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y de sus primas nombre reservado y nombre reservado, la primera, con domicilio en domicilio reservado, y la segunda, en domicilio reservado, de la comuna de Ñuñoa, ha recurrido de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Dirección Santiago Poniente, con domicilio en domicilio reservado, por estimar conculcada la garantía constitucional contemplada en el numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en atención a los antecedentes que latamente expone.

2°) Que la actora, fundando la acción de amparo constitucional deducida expone, en síntesis, en lo pertinente, que la recurrida se habría negado a determinar el impuesto correspondiente a cada una de las asignaciones, a título singular, instituidas en el testamento que singulariza por la causante doña nombre reservado –fallecida el 06 de octubre de 2010-, acto que estima vulneraría la garantía constitucional señalada en el basamento precedente e implicaría la perturbación ilegal o arbitraria al ejercicio de las facultades del derecho de propiedad respecto de los legados instituídas en el mencionado testamento, Agrega que es legataria –conjuntamente con su madre y primas antes mencionadas- de los bienes raíces que singulariza, en virtud del testamento que invoca añadiendo que, no obstante que en la especie no es preciso obtener la posesión efectiva –ya que las asignaciones testamentarias no constituyen herencia-, los conservadores de bienes raíces no practican la inscripción del respectivo legado sin que previamente el impuesto de éste se determine por el Servicio de Impuestos Internos.

Hace presente, que la recurrida, el 22 de junio de 2011, sin fundarse en la ley, arbitrariamente y en forma verbal- “debiendo hacerlo por escrito”-, ante una solicitud administrativa de determinación de impuestos de los referidos legados que dice haber efectuado en un formulario suministrado por el Servicio, se habría negado, requiriendo al efecto una resolución judicial, lo que no fue posible obtener del competente Juzgado Civil de Santiago ni del Juzgado de Letras de Cauquenes.

Concluye solicitando, en atención a los antecedentes consignados, en lo pertinente, precedentemente que, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, adoptándose las providencias que se estimen necesarias, en especial, ordenar que la recurrida determine el impuesto que corresponde pagar a cada una de las asignaciones testamentarias antes referidas o, en su caso, que establezca las excepciones de impuesto que procedan, señalando las sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento, con costas.

3º) Que informando la Directora Regional de la XIV Dirección Regional Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos contraviene, en lo pertinente, las afirmaciones de la recurrente, y conforme al mérito de los fundamentos que expone solicita, en definitiva, el rechazo del arbitrio constitucional deducido, con costas.

Añade, que consultado el sistema computacional del Servicio, no se registran peticiones administrativas sobre determinación de impuestos que graven asignaciones testamentarias, a título singular, “de parte de las recurrentes”, ignorándose si existió petición verbal –y su negativa- por no constar con un registro que permita confirmar dicha circunstancia, agregando que, para requerir una respuesta formal y escrita del Servicio se debe efectuar una petición por escrito mediante formulario 2117 por parte del requirente o de su mandatario.

Hace presente que, aunque hubiera existido una petición administrativa por parte de “las recurrentes” solicitando la determinación de impuesto que grava a las asignaciones testamentarias a título singular o legados, no resulta procedente acceder a la petición, toda vez que no se contempla en la legislación civil una apertura de sucesión por causa de muerte, en que no existen herederos y sólo legados, y precisando, en atención, a las disposiciones que señala, que en la especie resultan aplicables a la apertura de la sucesión en comento lo establecido en el artículo 1° de la ley 19.903, debiéndose recurrir ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo anterior en atención con la negativa expresada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago a dar curso a una solicitud de dación de posesión efectiva testada expresada por “las recurrentes”, “toda vez que éstas no presentaron un testamento válido en que se les instituya herederas sino que sólo legatarias, por lo que no resulta procedente otorgarles la posesión efectiva testada de los bienes quedados al fallecimiento de la referida causante”. A mayor abundamiento, se invoca la Circular N°19, de 08 de abril de 2004, del Servicio de Impuestos Internos, que regula el pago de impuestos de asignaciones por causa de muerte, y el artículo 60 de la ley 19.671.

Agrega, que ante una eventual actuación del Servicio que hubiere negado la determinación del impuesto en comento al no acompañarse una resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación que determine el otorgamiento de la posesión efectiva de doña nombre reservado, ésta no resultaría ilegal ni arbitraria al tenor de los antecedentes que expresa.

Concluye impugnando la interposición del recurso sub judice en atención a los antecedentes que, pormenorizadamente señala, precisando que no hay constancia de la solicitud invocada como presentada “ por las recurrentes”, añadiendo que el artículo 5 de la ley 19.880 establece el principio de la escrituración, y que éstas no han proporcionado “los antecedentes indispensables, que permitan determinar cuál es, en concreto, el supuesto acto arbitrario e ilegal que según ellas se habría cometido”, en atención de todo lo cual estima que “no cabe más que concluir que no existe un acto u omisión que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario”. En cuanto a la garantía constitucional que se dice vulnerada, en atención a las alegaciones que señala, se estima que carece de toda fundamentación, por lo que no existiría en el actuar del Servicio arbitrariedad o ilegalidad alguna, ya que éste actuó conforme a la ley y, en ningún caso, se habría negado a determinar el impuesto de las asignaciones referidas, “toda vez que no existe constancia de que dicha solicitud fuere presentada”.

4º) Que, previo al análisis del negocio sub judice, es preciso consignar, como reiteradamente en los últimos años lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

5°) Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

6°) Que, atendido lo consignado en los basamentos precedentes, es dable concluir que son variadas las exigencias que deben concurrir respecto de la presentación del arbitrio constitucional antes indicado, así como para acogerse por el tribunal respectivo, atendida su naturaleza.

7°) Que del mérito de lo señalado, en lo pertinente, en los motivos 2° y 3° que anteceden, se infiere que la controversia sub judice incide en la presunta negativa de la recurrida de determinar el impuesto que correspondería pagar por cada una de las asignaciones testamentarias, a título singular, instituido en el testamento que se singulariza.

8°) Que, para un mejor acierto al resolver el árbitro constitucional en estudio –sin perjuicio de lo consignado en los basamentos que anteceden- corresponde tener presente que, dado su naturaleza excepcional, el ámbito de su aplicación corresponde limitarlo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad son evidentes, lo que, en la especie, a juicio de esta Corte, no ocurre, más aún, considerando que los fundamentos invocados no se encuentran acreditados y además han sido controvertidos en los hechos y el derecho.

9°) Que, atendido lo razonado, en lo pertinente, en los motivos precedentes y lo informado por la Directora Regional Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos –consignado, en lo sustancial, en el considerando 3° de este fallo-, conducen a esta Corte a la conclusión que en el caso sub lite no ha habido por parte de la recurrida ninguna actuación -ni arbitraria o ilegal- en los hechos que se le reprochan.

10°) Que, en consecuencia, conforme a lo concluido en los basamentos que anteceden, por no haberse constatado en este caso particular los presupuestos de la acción de protección –arbitrariedad y/0 ilegalidad del acto-, resulta inoficioso entrar al análisis de otras cuestiones que latamente vienen planteadas en el libelo de fojas 17 y siguientes, como asimismo, irrelevante, pronunciarse acerca de si se conculcó la garantía constitucional mencionada como vulnerada.

11°) Que, por lo tanto, la acción cautelar intentada debe ser rechazada, al no haberse comprobado su fundamento, sin perjuicio de otros derechos que pueda ejercer la actora por la vía que corresponda.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, 1°, 3° y 5° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza el recurso deducido en lo principal del escrito de fojas 17 y siguientes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Proteccion-8426-2011.

Redacción del Ministro señor Raúl Héctor Rocha Pérez.

Pronunciada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada por el ministro señor Raúl Héctor Rocha Pérez y el abogado integrante señor Bernardo Lara Berrios.