Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Santiago Santiago, diez de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece nombre reservado, y deduce acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, por la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UJU-42171-2023, de 30 de marzo de 2023 que confirmó la decisión de la COMPIN Región Metropolitana, en el sentido de rechazar el pago del subsidio por su incapacidad laboral, correspondiente a las licencias médicas N°s 65492514-3; 67126680-3; 68592033-6; 69669128-2; 71291598-6; 73289344-K; 74620981-9; y, 75994942-0, emanadas de FONASA.

Indica que el 02 de enero de 2017 fue contratada como secretaria administrativa por Sociedad “nombre reservado y nombre reservado Limitada”, cuyo representante legal era don nombre reservado, cónyuge de la recurrente, servicios que prestó hasta la fecha de su despido y finiquito ocurrido el 11 de octubre de 2022. Indica que durante el tiempo que prestó sus servicios fue diagnosticada con una “condromalacia patelar de rodilla derecha avanzada” lo que devino en una incapacidad laboral, cuya recuperación se fue alargando en el tiempo debido a la complejidad del diagnóstico, lo cual dio lugar al otorgamiento de las licencias singularizadas.

Indica que la resolución recurrida rechazó las licencias por estimar que supuestamente no se ha acreditado que la recurrente tuviera la calidad de trabajadora dependiente respecto de su empleador de la época, a pesar de haber acompañado todos los antecedentes relativos a la existencia de dicha relación laboral de acuerdo a las exigencias del Código del Trabajo.

Estima que la decisión de la recurrida carece de fundamento legal y racionalidad y vulnera las garantías resguardadas en los números 1, 2, 9, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Solicita se tengan por aprobadas las licencias médicas ya singularizadas, dejando así sin efecto la resolución exenta recurrida.

Segundo: Informa por la recurrida Superintendencia De Seguridad Social, el abogado Francisco Ortega Bello, quien solicita el rechazo del recurso.

En primer término alega la improcedencia del mismo por cuanto la materia sobre la que realmente versa, esto es la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, y en cuando al fondo del asunto, alude a los fundamentos plasmados en la resolución recurrida, la cual indica que, los objetivos de las licencias médicas, esto es, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral, son improcedentes respecto de personas cuya calidad de trabajador no aparezca suficientemente acreditada, la cual debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador. Que la COMPIN Región Metropolitana no pudo acreditar el desempeño laboral de la interesada mediante huellas materiales y concretas. Que el supuesto empleador no acreditó ingresos suficientes para respaldar el pago de la remuneración mensual estipulada, precisándose además que quien aparece como representante legal de la empresa empleadora -según el contrato de trabajo respectivo-, a saber, don nombre reservado, es marido de la interesada. Que en base a los antecedentes aportados, tampoco fue posible acreditar que la interesada haya desempeñado efectivamente la labor consignada en el contrato de trabajo, no resultando suficiente que registre cotizaciones en dicha condición.

Asegura que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Que en cumplimiento de la Ley 20.585, debe asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Añade que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud, no implica el nacimiento de algún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración.

Concluye que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, no existiendo tampoco vulneración o amenaza a las garantías constitucionales mencionadas en el recurso.

Tercero: Informa por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, su presidente, nombre reservado, quien señala que las Licencias Médicas Nº 65492514-3, 67126680-3, 68592033-6, 69669128-2, 71291598-6, 73289344-K, 74620981-9 y 75994942-0, se encuentran autorizadas medicamente, no obstante lo anterior, respecto al análisis de la procedencia del pago del subsidio por incapacidad laboral al que pudiere dar lugar el reposo otorgado, se encuentran sin derecho a subsidio, toda vez que no se acredita la solvencia económica del empleador según las rentas presentadas.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, en la especie, resulta atinente el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencia Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Provisional,el que dispone:

“ La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposos solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

También es pertinente el artículo 21, que señala:

“Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite el trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

Sexto: Que, de la Resolución Exenta Nº R -01- UJU - 42171-2023, datada en Santiago, el 30 de marzo de 2023, se verifica que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, pretende revestir con carácter de notoriedad que del contrato de trabajo de la recurrente y la empleadora “nombre reservado y nombre reservado Limitada”, con anexo respectivo, liquidaciones de remuneración, certificado de cotizaciones, registro de asistencia, declaración jurada de nombre reservado, que indica la función de la amparada, mail de los que la recurrida solo indica sus fechas de emisión, que la actora nombre reservado, no pudo acreditar ante la Institución “el desempeño laboral", pues, a juicio de la Institución de Seguridad Social, no se comprueban datos que le entregue conocimiento suficiente de las circunstancias que denomina “la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de labores para el empleador, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales”, agregando que, el representante legal de la empresa empleadora es el cónyuge de la recurrente.

Sin embargo, del examen de los papeles de la recurrente que se practica, no resulta que haya prueba y ni siquiera leves indicios que puedan encontrarse y que obrasen en contra de ella, es decir, de ellos no surge actividad reprochable alguna en el sentido que pueda imputársele que no se encuentra acreditada su calidad de trabajadora.

Séptimo: Que, por consiguiente, las licencias médicas rechazadas en razón de lo anterior, no se ajusta a la citada normativa que invoca la recurrida, por lo que, de esa forma, no se han explicitado las razones que motivaron la decisión denegatoria y, en consecuencia, tal denegación carece de fundamento. Carencia de fundamentación del acto administrativo que lo convierte "ipso jure" en arbitrario, carente de razonabilidad e ilegal, desde que, la ley exige como requisito esencial la fundamentación del acto administrativo, según lo disponen los artículos 11, 16 y 41 de la Ley Nº 19.880, sobre procedimientos administrativos.

De ahí, se comprueba la violación flagrante de las garantías fundamentales reconocidas por la Constitución que está obligada a mantener y a hacer respetar esta Corte, porque de su estricto cumplimiento depende el derecho de la recurrente a la vida y a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la salud en la vertiente de elegir el sistema que desee, y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, aseguradas en los numerales 1, 2, 9, 18 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por haber dictado la Resolución Exenta Nº R-01-UJU-42171-2023, de 30 de marzo de 2023, que confirmó la decisión de COMPIN Región Metropolitana, en el sentido de rechazar el pago del subsidio por su incapacidad laboral, correspondiente a las licencias médicas Nºs 65492514-3; 67126680-3; 68592033-6; 69669128.2; 71291598-6; 73289344-K; 74620981-9 y, 75994942-0, emanadas de FONASA, respectivamente, Resolución Exenta que es dejada sin efecto, se tiene por aprobadas las licencias médicas ya singularizadas y, por consiguiente, se ordena el inmediato pago de éstas a la actora.

Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-8390-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Zepeda Arancibia, señor Tomás Gray Gariazzo y el abogado Integrante señor Sebastián Hamel Rivas. No firma el ministro señor Jorge Zepeda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

En Santiago, diez de enero de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.