EULEN SEGURIDAD S.A con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO LA FLORIDA

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

Proveyendo al escrito folio N° 18141: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Aníbal Rogel Sepúlveda, abogado, en representación de la empresa Eulen Seguridad S.A., deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Ord. N° 962 de 30 de octubre de 2017, la que denegó la tramitación de la reconsideración de multa presentada por su parte por extemporánea, pese a encontrarse dentro del plazo legal, lo que estima que vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 24 de agosto de 2017, en fiscalización efectuada por la recurrida, se constató que no llevaba correctamente el registro de biométrico de asistencia y de horas trabajadas, lo que implicó que se le aplicara una multa de 100 UTM, resolución que le fue notificada el 5 de septiembre de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, ya que la carta certificada se le envió el 29 de agosto de 2017.

Refiere que el 16 de noviembre de 2017 intentó ejercer su derecho a reconsideración, sin embargo, mediante Resolución Ord. N°962 de 30 de octubre pasado, se le informó el rechazo de la misma, por considerar que se encontraba fuera de plazo, toda vez que el órgano administrativo estimó que no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos.

Estima que la resolución impugnada carece de sustento legal, vulnerando las garantías del artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, pues priva arbitraria e ilegalmente el ejercicio de un derecho que la ley le concede, el que puede ejercerse dentro del plazo de 30 días hábiles, pues la norma no señala que sea de días corridos y por tratarse de un recurso presentado en etapa administrativa, debe aplicarse de forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Segundo: Que, informando doña María Eliana Alegría Esteban, abogada, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, solicita el rechazo del recurso por improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido.

Sostiene que si bien es cierto el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos específicos contemplados en la ley como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida. En apoyo de su petición individualiza jurisprudencia.

Agrega que, en estas condiciones, el recurso de protección está siendo utilizado por la recurrente como un sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías ordinarias para su discusión y resolución.

Por lo anterior, estima que es necesario ponderar adecuadamente los efectos de acoger el presente recurso, en los términos en que ha sido interpuesto, dado que todo empleador al cual se le notifique una multa, se encontraría, sin exigencia alguna, habilitado para impugnar aquella resolución a través del presente recurso de protección, tratándose de una materia destinada naturalmente a ser conocida por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso, en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición. En efecto, estima que no se ha incurrido en ningún acto ilegal y arbitrario, ya que el Ordinario recurrido está dictado en atención a lo dispuesto en los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo y, por otra parte, el acto impugnado es razonado, argumentado y fundado conforme a derecho.

En subsidio, informa las circunstancias del recurso y expresa que la multa se notificó de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo el 5 de septiembre de 2017 y recién el 6 de octubre pasado, la recurrente solicitó la reconsideración de la multa. Sin embargo, dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en la citada norma del Código del Trabajo, esto es, ser presentado dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución de multa administrativa, que en relación con la doctrina vigente del servicio sería a más tardar el 5 de octubre de 2017. En consecuencia, el 30 de octubre de 2017, mediante el Ordinario N°962 del Inspector Comunal del Trabajo de La Florida, se comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su reconsideración, en atención a que ésta fue presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

De todo lo antes expuesto, concluye, no se divisa de qué manera su actuar ha vulnerado las garantías previstas en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República, ni cómo ello habría afectado a la recurrente, citando al efecto dos Dictámenes de la Contraloría General de la República, que establecen que el plazo es de días corridos.

Finalmente, agrega que en contra del Ordinario N°963 correspondía utilizar la vía judicial, a través del artículo 512 del Código del Trabajo, o bien la vía administrativa, en virtud del recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880 y no correspondía utilizar la acción de protección.

Por todo ello, solicita el rechazo de la acción impetrada, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o amenace su ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que sostiene el actor que la resolución de multa le fue notificada con fecha 5 de septiembre de 2017, habiendo solicitado la reconsideración de la multa aludida con fecha 6 de octubre de 2017, dictándose al efecto el Ord N°962, de 30 de octubre de 2017, que no acogió a tramitación la reconsideración por estimarla extemporánea, considerando dicho plazo como de días hábiles, en circunstancias que es de días corridos.

Sexto: Que sobre el particular cabe hacer presente que el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración de multa ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, dado que se trata de una solicitud presentada en la etapa de tramitación en sede administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, ha de aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al ser un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley 19.880, respecto de los procedimientos administrativos, prima por sobre las normas de carácter general contenidas en el Código Civil.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido que la solicitud de sustitución fue presentada el 6 de octubre de 2017, por lo que, conforme a lo que se ha razonado, ello ocurrió dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que impuso la multa, lo que aconteció el 5 de septiembre de 2017.

Octavo: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida deviene en un acto ilegal y arbitrario pues por ella se negó a tramitar una solicitud contemplada en la ley que fue interpuesta dentro de plazo, afectando de esta forma la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en tanto la autoridad recurrida ha desconocido el término en toda su extensión y ha dado un trato discriminatorio que no procede sea aceptado, resultando innecesario pronunciarse sobre la otra garantía invocada.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don Aníbal Rogel Sepúlveda, en representación de Eulen Seguridad S.A. y se deja sin efecto la Resolución Ord. 962 de treinta de octubre de dos mil diecisiete, emanada de la Inspección Comunal del Trabajo La Florida, debiendo la recurrida admitir a tramitación la solicitud de reconsideración de multa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-Ant-83882-2017.