AGRÍCOLA Y FORESTAL KRAGOR LIMITADA con A.F.P. PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil dieciocho.

Proveyendo a los escritos folios 13 y 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Carlos Fernando Tagle Tasso, abogado, en representación de la sociedad “Agrícola y Forestal Kragor Limitada, del giro de su denominación, interpone acción de protección en contra de Servicios Equifax S.A, de la Cámara de Comercio de Santiago y de AFP Provida S.A, por el acto ilegal y arbitrario de mantener informada en sus registros una supuesta deuda o morosidad que debió haber sido eliminada, por tratarse de deudas que carecen de título ejecutivo y que, por lo demás, se encuentran prescritas.

Expone que a raíz los trámites para obtener un crédito en el Banco Estado, se le informó el 28 de noviembre de 2017, que no se podía otorgar crédito alguno por mantener morosidades en el sistema financiero, puntualmente, una deuda previsional informada el 11 de octubre de 2017 en el Boletín N° 0168, que se mantiene vigente mes a mes, lo que se certifica a través de constancia de 28 de noviembre de 2017.

En efecto, en Dicom Equifax aparece con una deuda previsional con AFP PROVIDA por $416.869, de la que nunca supo y que se trataría de una deuda del año 2004.

Afirma que AFP PROVIDA ha publicado y mantiene una publicación de deuda que no cumple con los requisitos para permanecer informadas en el sistema (DICOM), conforme a lo ordenado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Capítulo 18-5) y los artículos 6, 12 y siguientes de la Ley N° 19.628; y 98 y siguientes de la Ley N° 18.092, Señala que en el presente caso AFP PROVIDA S.A. mantiene esta deuda, la que acrece de título ejecutivo, pues no se le ha demandado por dichos títulos, como se podrá comprobar a través dela Oficina de Distribución de Demandas de esta Corte.

Por lo que de acuerdo a lo ordenado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Capítulo 18-5) y lo dispuesto en los Arts. 6, 12 y siguientes de la Ley N° 19.628; y 98 y siguientes de la Ley N° 18.092, solicita que se proceda a la eliminación de los antecedentes comérciales indicados.

Aduce que la mantención de la publicación de los antecedentes de comérciales de la recurrente es ilegal y arbitraria a la luz de los ordenado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Capítulo 18-5) y lo dispuesto en los arts. 6, 12 y siguientes de la Ley N° 19.628.

Dicha actuación contraviene el derecho a la protección de la vida privada, por el descredito provocado a la empresa por la antedicha publicación. Asimismo, vulnera las garantías contenidas en los numerales 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues por dicha información no se le entregarán créditos que permitan el desarrollo de su actividad económica. Por último transgrede su derecho a la propiedad, no podrá hacer libre uso de los atributos y derechos que goza en su patrimonio, es más se verá imposibilitado de hacer uso de su patrimonio, afectándolo en las capacidades de desarrollo y acrecentarlo.

Por lo anterior, solicita que se ordene la eliminación de los antecedentes comerciales de la recurrente de las publicaciones indicadas de las deudas previsionales con AFP PROVIDA S.A.

Segundo: Que la Cámara de Comercio de Santiago A. G. informó que el responsable del banco de datos que da cuenta de las infracciones a la legislación laboral es la Dirección Trabajo, organismo que recopila las nóminas de empleadores morosos en el pago de las cotizaciones respectivas. Es la Dirección del Trabajo quien ha encomendado a Equifax Chile S.A., la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, mediante contrato de 15 de noviembre de 2010, por consiguiente, el responsable del banco de datos denominado “Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, en los términos de la Ley N° 19.628, es la empresa Equifax Chile S.A. Por su parte, la Cámara de Comercio de Santiago A.G. suscribió con la empresa Equifax Chile S.A. un contrato de licencia de uso de carácter temporal, para cada edición del Boletín de Infractores mencionado, en virtud del cual, la actualización del boletín le corresponde a EQUIFAX, quedándole expresamente prohibido a la Cámara de Comercio de Santiago efectuar cualquier clase de eliminaciones o aclaraciones, señalando el referido contrato que se le debe indicar al solicitante que debe efectuar su presentación en la Dirección del Trabajo o en cualquiera de las oficinas de la empresa EQUIFAX Chile S.A.

Afirma que el recurso de protección interpuesto carece de fundamentos, toda vez que no existe la conducta ilegal o arbitraria, toda vez que la información sobre morosidades previsionales le fue informado a la Dirección del Trabajo conforme al artículo 94, N° 3°, del Decreto Ley N° 3.500. Asimismo, ninguna de las normas a las que alude el recurrente es aplicable en la especie, ya que se refieren a obligaciones de carácter comercial.

Puntualiza que, conforme a las normas emitidas por la Superintendencia de Pensiones señala que no se deberá enviar información de empleadores morosos una vez transcurrido el plazo de cinco años contado desde que la respectiva cotización se hizo exigible, solo cuando estos son personas naturales. En consecuencia, correspondiendo los datos en cuestión a una persona jurídica, no se aplican estas instrucciones de carácter obligatorio que la Superintendencia e Pensiones ha impartido a las instituciones sometidas a su fiscalización.

Tercero: Que, por su parte Equifax Chile S.A., requiere el rechazo de la presente acción de protección por cuanto el registro o banco de datos responsable de los datos materia del presente recurso es la Dirección del Trabajo a través del Boletín Laboral de infractores a la Legislación Labora y Previsional; respeto del cual tiene la administración, distribución y difusión del “Boletín Laboral de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”, al cual se incorpora la información sobre multas e imposiciones adeudadas se envía por la Dirección del Trabajo a Equifax, en virtud de los contratos suscritos, actualizando, aclarando, cancelando y/o eliminando las multas, infracciones y/o dudas que puedan plantearse respecto de la información entregada. Por lo que Equifax solo se ha limitado a transmitir esa información, por cuanto la adquirió en virtud de un contrato válidamente suscrito, para así poder incluirlo en sus bases de datos.

Por lo demás, indica que las disposiciones de la Ley N° 19.628, no resultan aplicables a la sociedad recurrente en su calidad de persona jurídica, atendido lo dispuesto en el artículo 2°, letras f) y ñ) y dela historia fidedigna de su establecimiento; cuestión que ha sido corroborada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Cuarto: Que, también informa la AFP Provida S.A., requiriendo que se deseche la acción constitucional dirigida en su contra, por no ser la vía idónea para resolver materia de lato conocimiento, ya que no existe un derecho indubitado, sino que uno controvertido, motivo por el cual no puede solucionarse vía recurso de protección, sino que en un juicio ordinario sobre prescripción, en donde deberá acreditar el ´termino de los respectivos servicios.

Asimismo, da cuenta de la ausencia total de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la AFP Provida S.A., ya que el recurrente efectivamente mantiene cotizaciones previsionales obligatorias morosas por los períodos de Noviembre a Diciembre de 2002; Abril a Agosto de 2004; y Octubre a Diciembre de 2004, por un monto total de $6.392.333, respecto de una serie de trabajadores afiliados a AFP Provida, las que se consigna con los intereses, reajustes y recargos que establece mensualmente la propia Superintendencia de Pensiones.

Afirma que su actuación no es ilegal, y que se encuentra obligada a remitir la información de deudores a la Dirección del Trabajo, puntualizando que nos e trata de una deuda comercial, por lo que el plazo de prescripción debe contarse dese el término de los respectivos servicios y no desde que la obligación se hizo exigible; por lo que, independiente de la cantidad de años que hayan transcurridos respecto de la publicación dela s cotizaciones adeudadas, mientras no existe declaración de prescripción, la deuda previsional, sigue completamente vigente y exigible al empleador, mediante los procedimientos que establece la normativa laboral y previsional vigente.

Finalmente, refiere que las personas jurídicas no son titulares de datos personales cautelados por la Ley N °19.628, sino que únicamente a las personas naturales.

Quinto: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar:

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria;

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Séptimo: Que, como se desprende de lo manifestado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Octavo: Que, en este contexto, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado.

De lo expuesto por los comparecientes, en el caso sub lite no se puede concluir que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la mentada publicación por la presente vía, pues, requiere de una declaración de derechos, lo que no procede en esta clase de procedimiento. En efecto, carece de la calidad de indubitado quien invoca una situación de hecho contradicha por el recurrido.

Noveno: Que, por lo demás, quien debe recoger la información pertinente y confeccionar el listado de deudores de obligaciones previsionales y laborales es la Dirección del Trabajo, por lo que cualquier cuestionamiento debió dirigirse en contra de dicho organismo estatal, lo que no sucedió en la especie.

Décimo: Que, en todo caso, no es posible formar el convencimiento que los recurridos hayan cometido un acto u omisión arbitraria o ilegal que amerite adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia.

Undécimo: Que, según lo dispone el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, el recurso de protección es una acción destinada a adoptar una medida para que cese una actuación arbitraria o ilegal, esto es, contraria a la ley o que sea producto del mero capricho de quien incurre en ella y dado su carácter excepcionalísimo, está llamado únicamente a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentarse, siendo que, en el caso propuesto, lo que la parte recurrida ha hecho es actuar en el ejercicio de las prerrogativas legales y reglamentarias con que cuenta, lo que permite también excluir algún supuesto de carácter antojadizo.

Duodécimo: Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes aportados por las partes, estos no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que -en el presente caso- los hechos invocados en el recurso, constituyan un acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del legítimo ejercicio de derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual, el presente recurso no puede prosperar.

Décimo Tercero: Que, por último, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada por el recurrente, por existir los procedimientos correspondientes, y además, porque el recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que, como se indicó, protege la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección, se rechaza, el recurso deducido por el abogado Carlos Fernando Tagle Tasso en favor de la Sociedad Agrícola y Forestal Kragor Limitada.

Regístrese, notifíquese por la vía más rápida y, en su oportunidad, archívese, si no se apelare.

N°Protección-Ant-83793-2017.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, e integrada por el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.