nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Santiago, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Jeanette Priscilla Villagra Rivas, abogado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, Subinspector, Grado 12º, de dotación de la Brigada de Investigación nombre reservado, dependiente de la Prefectura nombre reservado Centro nombre reservado, del mismo domicilio, deduce acción cautelar en contra de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, representada legalmente por nombre reservado, subprefecto Secretario Junta de Apelaciones, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo del recurso de apelación y confirmar su inclusión en Lista Anual de Retiro, recurso que fue deducido en contra de su Calificación y Clasificación, efectuada por la Junta Calificadora de la III Zona Policial, sede Santiago, quien baja la calificación efectuada por su jefe directo de nota 6,78 para Lista 1, De Mérito a nota 5,85, Lista 3, Regular, para luego con ello incluirlo en Lista Anual de Retiro, perturbando y amenazando con ello las garantías constitucionales previstas en los Nos 3, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que, con fecha 25 de agosto de 2017, la Honorable Junta Calificadora de la III Zona Policial, mediante comunicado de la misma fecha dentro del marco del proceso anual de calificaciones, revoca unilateralmente la calificación realizada por su jefe directo de Nota 6,78, como todos los años, lo que lo mantenía en Lista 1 de Mérito y procede a bajar arbitrariamente todas sus calificaciones propuestas a saber: el Factor 1 “Espíritu de Cuerpo” de nota 7 a 4; Factor 2 “Disciplina” bajando de nota 7 a 4; Factor 6 “Ética Profesional”, bajando de nota 7 a 4; Factor 8 “Criterio” bajando de nota 7 a 4, calificándolo y clasificándolo en Lista 3 Regular con nota 5.85, en consideración a supuestos “hechos” acontecidos durante el transcurso del presente período calificatorio correspondiente, los cuales según da cuenta el mismo documento dieron origen a dos Sumarios Administrativos, los cuales fueron ordenados instruir mediante Orden (R) N° 611, de fecha 12 de octubre de 2016 por el señor Jefe de la Prefectura nombre reservado y Sumario Administrativo dispuesto con Orden (R) N° 739, de fecha 14 de diciembre de 2016, instruido por el señor Jefe de la Brigada de Investigación nombre reservado.

Sigue señalando que, el primer sumario instruido por Orden (R) 611, se basa en hechos ocurridos el 13 de julio del 2016, fecha en la cual un particular de nombre nombre reservado, efectúa reclamo a dicha dotación, denunciando una serie de irregularidades en el marco de una investigación por el delito de apropiación indebida iniciada en su contra, quien alega haber tenido una conversación telefónica con el detective recurrente con fecha 25 de agosto del año 2016, en donde se le solicita hacer entrega del vehículo placa patente BTVY-19, de propiedad de su cónyuge de nombre nombre reservado, en un lugar distinto a la unidad policial, puesto que si se presentaba sería detenido. Conjuntamente con su reclamo, el señor nombre reservado da cuenta en una grabación telefónica, efectuada ilegalmente mediante una aplicación que este mantenía en su teléfono, con la cual de manera clandestina y subrepticia graba una supuesta conversación, que indica haber tenido solo con su representado. No obstante la manifiesta ilicitud del medio de prueba aportado por el reclamante y a la evidente afectación al debido proceso que ello conlleva, en virtud del reclamo interpuesto por don nombre reservado, se dio origen a dos Sumarios Administrativos instruidos mediante Ordenes (R) N°611 de fecha 12 de Octubre del 2016 y N°739 de fecha 14 de Diciembre de 2017, ambos resueltos mediante la incorporación dentro de sus considerandos de la prueba ilícitamente obtenida, contraviniendo de manera evidente uno de los principios básicos contemplados en la Carta Fundamental, contemplada en el artículo 19 Nº 3 , atentando contra el “debido proceso”.

Asevera el recurrente que ambos sumarios administrativos, fueron instruidos considerando los mismos antecedentes y la misma prueba documental y que en ambos procesos, no existe evidencia alguna que demuestre que haya prestado su consentimiento para ser grabado, lo que constituye no tan solo una afectación infranqueable al debido proceso, sino que además constituye un ilícito penal, contemplado en el artículo 161-A del Código Penal.

Sostiene que los hechos abordados en el presente recurso, violentan gravemente el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política de la República, derecho a la honra y al prestigio de su persona en la institución, hechos que además debieron necesariamente ser denunciados al Ministerio Público, lo que no sucedió, por cuanto ninguna prueba se ha aportado en el proceso de la “supuesta denuncia” realizada por el señor nombre reservado, ante el Ministerio Público, por los hechos aseverados en su reclamo, lo que atenta aún más contra el debido proceso.

Ante dichas vulneraciones interpuso debidamente y dentro de plazo los recursos pertinentes a fin de reclamar de los vicios ante la Junta de Apelaciones, con el objeto que ésta, conforme a las atribuciones que le competen, reconsiderara su resolución y no considerara los “HECHOS”, que estaban siendo aún investigados en procedimientos sumariales que adolecen de graves vicios, solicitando expresamente que ésta resolviera conforme lo señalado en el artículo 2 del Decreto Nº 28, Reglamento de Calificaciones de la Policía de Investigaciones y se considerara en dicha evaluación su desempeño en el trabajo, las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar y bajo ningún respecto hechos que estaban a la fecha siendo investigados en procesos aún no afinados, solicitando a su vez se considerara la evaluación realizada por su jefatura directa, quien constata el mérito del trabajo realizado, calificándolo con nota 6,78 para Lista 1 de Mérito.

No obstante sus reclamaciones, ninguno de los miembros de la Junta consideró la incorporación de la prueba ilícita como ilegal, reafirmando su decisión, aplicando además en mérito de dichos sumarios, como sanción, la medida disciplinaria de “cinco días de permanencia en el cuartel”, en el sumario Nº 611 y “cuatro días de permanencia en el cuartel“, en el sumario Nº 739.

Indica que habida consideración que el fundamento de la rebaja de la calificación, ya explicada y realizada por la Junta de Calificaciones se debe únicamente a los hechos y no como correspondería a su desempeño en el trabajo, ni a las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar, dicho fundamento y proceso de calificación es arbitrario y además ilegal, ya que, a mayor abundamiento, dichos hechos fueron investigados en sumarios en los cuales ha quedado en evidencia la consideración e incorporación de prueba ilícita, razón por la cual estos sumarios adolecen de un vicio de nulidad.

Hace presente, además, que a la fecha de la respectiva calificación aún estaba pendiente el plazo para interponer recursos a lo resuelto en los respectivos sumarios, estando pendiente también la resolución del recurso impetrado con fecha 15 de Junio del año 2017, en virtud del cual se apela de la resolución del sumario Nº 739, conforme el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, aprobado por Decreto Nº 1, de 1982, recurso que fue remitido al señor nombre reservado.

Reitera que tal y como se ha dado cuenta, los sumarios en virtud de los cuales se investigaron la ocurrencia de los supuestos ”hechos”, son los que han servido de argumento para la decisión de la Junta Calificadora y a la fecha de dicha calificación no se encontraban ejecutoriados, estando pendiente la resolución de los recursos, por lo que contraviene a su vez las normas mínimas de emplazamiento, exigibilidad para que éstos puedan surtir sus efectos. Señala que si bien es cierto que la Junta Calificadora actúa dentro del marco de las facultades o atribuciones de las cuales está dotada, por lo que en apariencia su actuar es legítimo, no obstante ello su actuar puede ser considerado arbitrario al fundar su calificación en supuestos “hechos” de los cuales se derivan dos sumarios administrativos tramitados con graves vulneraciones a garantías constitucionales, consagradas en el artículo 19 Nº 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

No obstante lo anterior, con fecha 01 de septiembre del 2017, en virtud de presentación de recurso de apelación ante la Honorable Junta Calificación, se reclama nuevamente del vicio de nulidad de los sumarios administrativos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y, encontrándose dentro del plazo reglamentario, solicitó a la Honorable Junta de Apelaciones, acoger el recurso de apelación y dejar sin efecto dicha calificación por estar fundada en hechos probados mediante la incorporación, ponderación, y valoración manifiestamente ilícita y el 15 de septiembre 2017, se le notifica que la Honorable Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, atendidos los antecedentes negativos que registró en el período calificatorio, lo propone para integrar la Lista Anual de Retiro, estando aún con recursos pendientes y contraviniendo el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado con Decreto N° 28, de 1981, el cual en su Título I, Artículo 4° el cual dispone: “En la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere. Sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. En la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario solo durante el período a que ella se refiere.”

Señala que los recursos presentados por su parte, fueron rechazados con fecha 10 de noviembre del 2017 y notificado lo resuelto el 14 de noviembre de 2017, a lo que agrega que los fundamentos de la Honorable Junta Calificadora, no se condicen con lo expresado en su Hoja de Vida Anual, la cual se mantiene intachable desde el año 2014 a la fecha del período calificatorio de que se trata. Explica que la Junta Calificatoria indica que se consideró para evaluar el desempeño todos los antecedentes consignados en la cédula de notificación de fecha 25 de agosto de 2107 (entendiéndose por todos, incluso los obtenidos ilegalmente), exceptuando únicamente los hechos que constan en el proceso administrativo Nº 739, de 14 de diciembre del 2016, de la Brigada de Investigación nombre reservado, dado que se verifica el error de consignar hechos que no correspondían al proceso calificatorio, conforme a lo señalado en la cedula (R) Nº 45, párrafo cuarto, no obstante ello mantiene la calificación y consecuencialmente la Propuesta a retiro.

Invoca el Dictamen Nº 58857, de la Contraloría General en lo que se refiere a la finalización previa de los sumarios administrativos y los artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.880, además de doctrina acerca de los actos discrecionales y su fundamentación. Reitera el contenido del artículo 4° del Decreto N° 28, de 6 de mayo de 1981.

Luego se explaya acerca de la prueba ilícita, la que, en su concepto, está constituida por la grabación de la conversación por un particular, sin su consentimiento y alega el disímil criterio de la Honorable Junta Calificadora en orden a no considerar “Hechos” mientras no estén probados mediante procesos afinados o ejecutoriados. Asevera también que la resolución impugnada mediante la presente acción constitucional, que desestimó el recurso de apelación antes referido, fue pronunciada en el ámbito de una investigación sumaria llevada a cabo con graves vulneraciones al debido proceso, lo que configura una vulneración a los derechos a la defensa y al debido proceso, el derecho de su honra y la de su familia, la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y el derecho al trabajo y su protección, los hechos en que se asila carecen de sustento legal y, por ende, no obstante que los dos primeros no están protegidos por la presente acción constitucional- argumenta el recurrente- corresponde tenerlos presente para la resolución de esta acción cautelar.

Enseguida alude a las garantías conculcadas, esto es, el debido proceso, el derecho a defensa, la libertad de trabajo y su protección, el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia y a la forma en que se transgreden.

Pide ordenar dejar sin efecto la cédula Nº 45, en virtud de la cual se confirma su calificación en Lista 3 y se dispone su inclusión en Lista Anual de Retiro, debiendo dictarse la resolución administrativa que en derecho corresponda.

Segundo: Que, informando el recurrido, en primer lugar, alega la improcedencia de este recurso, señalando que por su intermedio se pretende que la Junta Calificadora realice una nueva sesión calificatoria y se excluyan antecedentes de la Hoja de Vida, lo que, a su juicio, resulta ajeno a la acción cautelar de que se trata, ya que se impugnan las atribuciones de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y de la Junta de Apelaciones, las que se encuentran establecidas en el Decreto Supremo N° 28, de 6 de mayo de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional. Invoca el fallo dictado por esta Corte de Apelaciones en el recurso N° 5198-06 y acumulados que cita.

En cuanto al fondo del asunto, sostiene que el recurrente fue calificado, en principio con 6,78 para Lista 1 y que, posteriormente, la Junta Calificadora luego de conocer y examinar los antecedentes contenidos en la Hoja de Vida del funcionario, esto es, hechos acontecidos durante el transcurso del período que se califica -1 de agosto de 2016 a 31 de julio de 2017- y que dieron origen a dos sumarios administrativos, de tal gravedad y que comprometen el prestigio de la institución, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional y artículo 2, inciso primero, del Reglamento de Calificaciones, según el detalle que consigna, resuelve reducir la calificación, explicando cada uno de los rubros que se bajan, con sus razones, esto es, en el caso de “Espíritu de Cuerpo” de 7 a 4, porque desconoce la doctrina institucional, falseando datos en los informes institucionales, lo que se manifiesta con la denuncia de un particular; en “Disciplina”, de 7 a 4, sobre la base de los mismos antecedentes, rubro en el que se reconoce que los sumarios no se encuentra terminados, pero, señala que los hechos se encuentran fehacientemente acreditados; del mismo modo se procede en los ítems “Ética Profesional”, “Capacidad Funcionaria”, “Criterio”, “Condición Física” (en este se considera el uso de licencia médica para rebajar la nota), manteniendo la nota 7 propuesta por el Jefe Superior en los ítems “Reserva Funcionaria”, “Aptitud de Mando”, “Respeto a la Dignidad Humana”, “Iniciativa”, “Conducta Privada”, “Cooperación”, “Sociabilidad” y “Asistencia y Puntualidad”, lo que arrojó un promedio de 5,85 para Lista Regular, por unanimidad.

Agrega que, conforme lo dispone el artículo 71, letra c), del citado Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980, la Junta Calificadora, estimó que el funcionario carece de la idoneidad necesaria para continuar perteneciendo a la Institución, por lo que se le propone para integrar la Lista Anual de Retiros, de lo que fue notificado el 15 de septiembre de 2017, haciendo uso del recurso respectivo para ante la Junta de Apelaciones deduciendo reconsideración, la que fue desestimada con fecha 10 de octubre de 2017.

Para dicha desestimación se consideró que, si bien el artículo 4 del Reglamento de Calificaciones, impide ponderar un castigo antes que se termine el sumario administrativo correspondiente, ello no obsta a considerar los hechos que le sirvieron de base, pues lo que dicho precepto impide es considerar la sanción como fundamento para rebajar la calificación si el procedimiento disciplinario aún no finaliza (invoca dictamen de la Contraloría General de la República en este sentido). Se agrega que el hecho que originó el sumario administrativo N° 611, ocurrió dentro del período calificatorio, ya que el Informe Policial cuestionado se realizó el 29 de agosto de 2016. Precisa, además, que en relación con los hechos que motivaron el sumario N° 739, la Junta de Apelaciones consideró únicamente los Informes Policiales elaborados con fechas 30 de agosto de 2016 y 2017, respectivamente. Esta decisión fue notificada al funcionario con fecha 13 de octubre de 2017.

Continúa el reclamado explicando que, en contra de la inclusión en la Lista Anual de Retiros, el funcionario también dedujo apelación para ante la Junta de Apelaciones, el que también fue rechazado con fecha 10 de noviembre de 2017 y notificado el 14 del mismo mes y año, basándose en la Hoja de Vida e Informe Anual de Calificación y en que no se aportan hechos nuevos que hagan variar el criterio aplicado, por lo que se mantiene la referida inclusión.

Enseguida, la reclamada aborda los reproches que se le efectúan por el recurrente, a cuyo respecto explica que los órganos de que se trata poseen atribuciones legales para valorizar el desempeño funcionario, sin que existan impedimentos para que consideren las medidas disciplinarias aplicadas al calificado. En relación con los hechos que motivan un sumario administrativo -considerados por la Junta de Apelaciones- sostiene que ellos pueden ser considerados una sola vez en las evaluaciones, esto es, al acaecer o al ser sancionados, habiéndose presentado la primera situación en el caso, por hechos producidos durante el período calificatorio. Agrega que la Junta Calificadora es independiente en el ejercicio de sus funciones y que las anotaciones son antecedentes informativos a considerar al momento de la evaluación.

Luego explica la formación de los sumarios mencionados por el recurrente. El primero N° 611, para investigar el reclamo de un particular y determinar la responsabilidad del funcionario y de posibles otros involucrados, en el que se le sancionó con cinco días de permanencia en el cuartel, a lo que se llegó sobre la base de una serie de pruebas y antecedentes recabados, las que se obtuvieron de manera legal y reglamentaria. Por otra parte, en cuanto al sumario N° 739, originado en la omisión de consultar a todas las personas que el recurrente cita en los seis Informes Policiales (los que singulariza el reclamado) de 2016, no dando cumplimiento al Protocolo ni a las instrucciones del Ministerio Público, existiendo, además, discrepancias entre las diligencias realizadas y los registros institucionales, afirma también que se sancionó con seis días de permanencia en el cuartel y se arribó a ello sobre la base de las pruebas y antecedentes recabados, los que se obtuvieron de manera legal y reglamentaria.

A continuación, el recurrido explica el régimen estatutario que se aplica a los funcionarios, examina las disposiciones legales sobre la conformación del escalafón, nombramiento, funciones de la Junta Calificadora, para, luego, referirse a las garantías supuestamente conculcadas, explicando, en cuanto al debido proceso, que lo protegido es el inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, no la referencia que hace el recurrente; controvierte la afectación a las restantes garantías denunciada, concluyendo que la calificación e inclusión en Lista de Retiro han sido adoptadas por el órgano competente, con atribuciones legales y se encuentran debidamente fundadas, de modo que no puede considerárselas como ilegales o arbitrarias, razón por la que solicita el rechazo de la acción cautelar.

Tercero: Que, conforme se desprende de lo consignado precedentemente, las acciones ilegales y/o arbitrarias se hacen consistir en conocer y resolver una investigación sumaria considerando una prueba ilícitamente obtenida y aportada; basar exclusivamente en los hechos investigados en esos sumarios (con esa prueba) una baja de calificación de Lista de Mérito a Lista Regular sin encontrarse ejecutoriadas las decisiones adoptadas y sin considerar el desempeño durante el período respectivo; por último, resolver de igual manera y sin ponderar los argumentos del recurrente contra la inclusión en Lista Anual de Retiro, con lo que se entienden vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 Nos. 3, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, sabido es que la procedencia del recurso de que aquí se trata, está determinada, según lo prevé el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en los siguientes términos: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 Nos 1, 2, 3 inciso quinto; 4, 5, 6, 9 inciso final; 11, 12, 13, 15, 16 en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a lo establecido en el inciso cuarto, 19, 21, 22, 23, 24 y 25 podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes ….”. En la especie, la acción contra la que se recurre existió, como ya se anotó –establecer hechos sobre la base de prueba ilícita, resolver calificación cimentándose en esos hechos cuya investigación no se encuentra afinada, no considerar el desempeño funcionario durante el período calificatorio excediendo el tiempo a calificar y no ponderar los argumentos vertidos para la inclusión en Lista de Retiros- de modo que debe examinarse, a seguir, la ilegalidad y/o arbitrariedad de la misma, desde que la norma concede la presente acción cautelar tanto ante la ilegalidad como ante la arbitrariedad o ambas al unísono. Así, por ilegal debe entenderse la conducta que contraría o no se sujeta a la normativa que naturalmente la regula; por arbitrario, el comportamiento caprichoso y antojadizo, sin sustento legítimo.

Cuarto: Que, como premisa para elucidar la transgresión traída a esta sede para su resolución, cabe consignar que la vulneración de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, está referida específicamente al inciso quinto de la norma, esto es, a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales sino por el tribunal establecido por la ley y con anterioridad a la perpetración del hecho. Tal es la garantía constitucional que se encuentra a resguardo a través de la presente acción cautelar, según lo establece el artículo 20 de la Carta Fundamental, ya reproducido.

Quinto: Que, por consiguiente, ha de elucidarse si, en la especie, el recurrente ha sido juzgado por alguna comisión especial, lo que, desde ya, es posible desestimar, no sólo porque no es el reproche formulado en el recurso que se examina, sino porque tanto la Junta Calificadora como la de Apelaciones, que son los entes que han participado en el proceso calificatorio del funcionario reclamante, son los órganos establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980 y el Reglamento respectivo, contenido en el Decreto Supremo N° 28, de 1981 al efecto.

Sin perjuicio de ello es dable agregar que el reproche relativo a la obtención de prueba ilícita para demostrar los únicos hechos establecidos, según el reclamante, además de no haberse demostrado con los escasos antecedentes aportados, no ha resultado ser el único sustento de las inconductas atribuidas al funcionario reclamante, desde que se le atribuye la elaboración de Informes Policiales inexactos y transgrediendo los protocolos, cuestión que no se relaciona siquiera con la supuesta obtención de prueba ilícita, cuya calidad de tal no es dable discutir en esta acción cautelar.

A lo anterior cabe agregar que el reclamante ha tenido, indudablemente, la oportunidad de defenderse, tanto así que reconoce haber utilizado todo el sistema recursivo que la ley sectorial le franquea hasta llegar a esta sede.

Sexto: Que, bajo el mismo prisma habrá de examinarse la pretendida vulneración de la vida privada y de la honra de la persona y familia del recurrente, respecto a la que igual reproche se formula por el funcionario afectado, es decir, una grabación no consentida de una conversación telefónica y que, posteriormente, fue admitida, incorporada y valorada en el procedimiento disciplinario incoado, según dice el reclamante. No se ha sustentado exclusivamente en dicha prueba los reproches que se le formulan, independiente que ella pueda o no ser calificada de ilícita, la que, además, no aparece como pública y atentatoria contra la honra del afectado, quien no alega no haber sostenido la conversación.

Séptimo: Que, por último, en lo tocante a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación y a que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, no se divisa la forma de afectación de esta garantía, con el rechazo a las apelaciones y reconsideraciones deducidas por el reclamante, manteniéndolo en la Lista de Retiros desde que la decisión adoptada en relación con el funcionario lo ha sido por órganos competentes y conforme al procedimiento reglado, independiente de la ilicitud o no de la prueba contra la que se reclama y considerando que no existió una única inconducta. Asimismo, no ha sido la Junta Calificadora ni la de Apelaciones las entidades que han considerado esa prueba, aquéllas sólo tuvieron presente los hechos que se atribuyen al recurrente.

Octavo: Que, además, a propósito de los hechos no correspondientes al período calificatorio, reproche contenido en el recurso, cabe señalar que aquéllos que se mencionan como considerados por la reclamada corresponden, precisamente, al tiempo a calificar pertinente, 2016-2017 y, de acuerdo a lo que dispone el artículo 58 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1980, que dispone: “La calificación se hará basada en los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida y demás antecedentes que estime útiles al efecto …”, por lo que ponderar los hechos –no la sanción- atribuidos al funcionario durante el período a calificar se encuentra dentro de las facultades de las Juntas respectivas, los que, por lo demás, el reclamante no discute.

Noveno: Que, finalmente, esta Corte estima del caso consignar que la presente acción cautelar no puede constituirse en una instancia más allá de las que la propia ley le franquea al funcionario, para tratar de desvirtuar, nuevamente, las inconductas en las que se ha visto involucrado, respecto de las cuales hizo valer todos los recursos establecidos por la ley sectorial y que es lo que, en definitiva, se intenta por esta vía.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el intentado a favor de nombre reservado, en contra de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

Redacción de la Fiscal Judicial, señora nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N° 83.672-2017.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministro (S) señora María Luisa Riesco Larraín y por la Fiscal Judicial señora nombre reservado. Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.