nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN Y ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber efectuado descuentos arbitrarios e ilegales en las remuneraciones del recurrente, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin notificación previa y en paralelo a un proceso judicial en curso, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 N°24, por lo que solicita que se ordene el cese de los descuentos y la restitución de los montos ya descontados.

Expone el recurrente que suscribió un pagaré en favor de la recurrida Caja de Compensación. En dicho instrumento se pactó que el simple retardo y/o mora en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada, facultaría a la demandante para exigir sin más trámite el pago total de la deuda o del saldo a que se hallare reducida, considerándose la obligación como si fuera de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, todo conforme al artículo 9° de la ley 18.010.

Manifiesta que debido a las condiciones laborales y económicas del país, cayó en mora con la obligación pactada con la entidad recurrida. Como consecuencia de ello, la Caja de Compensación lo demandó ejecutivamente, iniciándose la causa rol C-9551-2020 tramitada ante el 27º Juzgado Civil de Santiago, caratulada "CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES CON nombre reservado", en la cual el recurrente declara no haber sido notificado de la demanda.

Que, no obstante lo anterior, señala que mediante la liquidación de sueldo de los meses de febrero y marzo de 2024, figura un descuento por la suma de $160.141 en cada mes, efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Afirma que jamás fue notificado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar el descuento que finalmente ordena a su empleador a retener parte de su remuneración por este concepto. Asimismo, sostiene que en ninguna oportunidad fue informado por ningún medio legal, extrajudicial o judicial, ni de ninguna clase, que le permitiera prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Especialmente considerando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda, causa en la que actualmente se encuentra pendiente de ser notificada por falta de diligencia de la demandante.

El recurrente hace presente que el valor de lo descontado directamente desde su remuneración es superior al monto de las cuotas pactadas en el pagaré, siendo un monto completamente antojadizo sin explicar al menos el cálculo aritmético mediante el cual han arribado a dicha cantidad de dinero.

En cuanto a los fundamentos de derecho, invoca la ley 18.833 que "Establece un nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar (C.C.A.F.), sustitutivo del actual contenido en el decreto con fuerza de ley N° 42, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social". Haciendo referencia a los artículos 21 y 22. Sostiene que en los hechos se advierte un uso arbitrario e ilegal de este último artículo, pues el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación se trata de un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Respecto a la arbitrariedad del acto recurrido, el recurrente recalca que la recurrida, al momento de interponer la demanda ejecutiva ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, Caja Los Andes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.

Afirma que la actuación ilegal y arbitraria de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes vulnera su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarlo y perturbarlo de su derecho de propiedad sobre el monto descontado desde su remuneración, que se verifica en la liquidación de sueldo acompañada y que podría repetirse para los pagos de los próximos meses.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que la parte recurrida, evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso de protección en atención a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

En primer lugar, la recurrida expone los antecedentes relativos al crédito social otorgado por su representada. Señala que con fecha 19 de julio de 2018, la Caja de Compensación otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código N°09800674767, por un capital inicial de $2.662.028.-, a una tasa de interés mensual de 2.04%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $91.509, cuyo primer vencimiento correspondió a la fecha 30 de septiembre de 2018.

La recurrida detalla el historial de pago de dicho crédito, señalando que, a la fecha del informe, la operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de enero 2020 a noviembre 2022 (cuotas N° 17 a N° 51).

En segundo lugar, sostiene que no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte. Fundamenta esta afirmación en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece el mecanismo de descuento para el pago de cuotas de crédito social, argumentando que se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Invoca los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, señalando que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. En consecuencia, sostiene que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible.

La recurrida enfatiza que la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por ende, el recurrente no puede pretender evadir el pago de las obligaciones que mantiene para con la Caja de Compensación a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad. Dicho derecho, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

En virtud de lo anterior, la recurrida rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, la Caja de Compensación Los Andes informa que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, señala que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que, en el presente caso, el acto que el recurrente tilda de ilegal y arbitrario es haber solicitado a su empleador la retención de cuotas de un crédito que se encuentra en mora y, respecto del cual, se ha ejercido la acción cambiaria en sede civil.

Quinto: Que, luego de lo dicho, teniendo en consideración lo solicitado en el petitorio del arbitrio de marras, y habiendo informado la entidad recurrida su decisión de cesar los descuentos denunciados y su voluntad de restituir las sumas descontadas, es que se acogerá el recurso de protección deducido con el solo objeto de asegurar el cumplimiento de aquello.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y, en consecuencia, solo en cuanto se ordena que la recurrida deberá restituir dentro del plazo de diez días las sumas descontadas al recurrente desde la reanudación de los mismos, debiendo además abstenerse de seguir realizando estos descuentos por igual concepto.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

N°Protección-8350-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jose P. Rodriguez Moreno, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señora Catalina Infante Correa.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dos de octubre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.