Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e I

Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado representada quien interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-51644-2025, de 21 de abril de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°s82858533-9, 84182289-7, 85395564-7, 86632361-5, 88136588-K, 89265614-2, 90417054-2, 91721289-9, 93362274-6, 94823158-1, 96730060-8, extendidas por un total de 330 días a contar del 23 de febrero de 2023.

Afirma que el acto sería ilegal y arbitrario por cuanto se vulnera su derecho a la vida e integridad física y psíquica reconocido en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la resolución antes citada y se ordene el pago de las licencias médicas.

Segundo: Que evacuó informe el abogado Rodrigo Javier Campos Cortés, mandatario judicial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (R.M.), y en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), solicita el rechazo de la presente acción.

Expone que doña nombre reservado interpuso recurso de protección en contra de la confirmación del rechazo de las licencias médicas N°s82858533-9, 84182289-7, 85395564-7, 86632361-5, 88136588-K, 89265614-2, 90417054-2, 91721289-9, 93362274-6, 94823158-1 y 96730060-8. Al efecto señala que la COMPIN rechazó las referidas licencias médicas debido a que la paciente contaba con reposo extenso, sin presentar antecedentes médicos suficientes y actualizados que permitieran justificar la prolongación del reposo. Indicó que la recurrente presentó recurso de reposición contra dicho rechazo, acompañando antecedentes médicos emitidos por médico general institucional con fecha 26 de abril del año 2023, por diagnóstico de trastorno de disco intervertebrales lumbares y trastorno de disco cervical. Sin embargo, la autoridad administrativa determinó que dichos antecedentes no permitían justificar la prolongación del reposo más allá del período que ya había sido autorizado, toda vez que no contaba con derivación a especialista, no se mencionaba ajuste o adecuación de medicamentos, no se indicaba plan de recuperabilidad y reintegro laboral, no existía lista de espera a cirugía, ni carnet de kinesioterapias realizadas o evaluaciones pendientes, ni antecedentes adicionales que permitieran justificar el reposo. Agregó que se estimó sobrepasados los rangos de reposo calificados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral en base a las guías clínicas utilizadas de manera estandarizada para estos efectos.

Añade que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N°R-01-IBS-159408-2024, de 10 de octubre del año 2024, rechazó el recurso de reconsideración y reclamo interpuesto por la usuaria, confirmando el rechazo de las licencias médicas. Dicha entidad fiscalizadora manifestó que la parte recurrente no acompañó antecedentes que ameritaran efectuar un nuevo estudio de lo resuelto, señalando específicamente que del informe médico aportado con fecha 1 de octubre de 2023, no era posible desprender información que diera cuenta de la evolución del cuadro clínico a lo largo de todo el período, limitación funcional ocasionada, tratamientos actuales, ajustes de terapia según respuesta ni plan de tratamiento con fecha probable de reintegro laboral. Adicionalmente, indicó que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya habían sido ponderados por sus especialistas, por lo que no resultaba posible que se desvirtuara lo dictaminado previamente por ese Organismo Fiscalizador.

Finalmente, fundamenta su actuación en el artículo 14 del D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, que establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN el poder rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el período solicitado, o cambiarlo de total a parcial y viceversa. Asimismo, invocó el D.S.N°7/2013, que aprueba el Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas, específicamente su artículo 4, numeral II, referido a las Patologías Traumatológicas, señalando que a partir del día 31 de reposo laboral se requiere que la licencia médica continua sea otorgada por un médico traumatólogo, con tiempo estimado de reintegro laboral de acuerdo con diagnóstico y/o indicación de tratamiento quirúrgico.

Tercero: Que, comparece el abogado Francisco Ortega Bello, quien evacúa informe por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social y solicita el rechazo de la acción cautelar.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción, argumentando que la materia sobre la cual versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar del artículo 20 de la Carta Fundamental. Sostiene que las materias relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, así como el pago de subsidios por incapacidad laboral, pertenecen al campo de la seguridad social y, por tanto, se encuentran expresamente excluidas del ámbito de protección constitucional.

En subsidio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, expone que el marco jurídico-normativo que regula las licencias médicas en el sistema de seguridad social chileno. Señaló que conforme al artículo 149 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y al Decreto Supremo N°3 de 1984, la licencia médica constituye el derecho del trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un período determinado, en cumplimiento de una indicación médica certificada y autorizada por el organismo competente, pudiendo dar lugar al pago del subsidio por incapacidad laboral regulado en el DFL N°44 de 1978. Precisó que resulta esencial para la autorización de las licencias médicas la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere su capacidad de trabajo y pueda reincorporarse a la vida laboral.

Respecto de los antecedentes específicos del caso, la recurrida expuso que la señora nombre reservado presentó reclamación contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región Metropolitana, impugnando el rechazo de las licencias médicas ya individualizadas en el considerando anterior, todas rechazadas por reposo no justificado, ante lo cual la Superintendencia, mediante Resolución Exenta N° R-01-IBS-159408-2024 de fecha 10 de octubre de 2024, confirmó dichos rechazos.

Refiere, en cuanto al aspecto procesal, que la señora nombre reservado interpuso recurso de reposición contra la resolución antes mencionada el 21 de marzo de 2025, esto es, fuera del plazo legal de cinco días establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880. Habiendo sido notificada electrónicamente el 10 de octubre de 2024 a la casilla de correo expresamente autorizada por la recurrente, el plazo para recurrir venció el 17 de octubre de 2024, razón por la cual mediante Resolución Exenta R-01-UNAAD-51644-2025 de 21 de abril de 2025, se rechazó el recurso de reposición por extemporáneo.

En cuanto a las justificaciones médico-administrativas del rechazo de las licencias, la recurrida señaló que informe médico aportado por la recurrente el 1 de octubre de 2023, no contenía información que diera cuenta de la evolución del cuadro clínico a lo largo de todo el período, la limitación funcional ocasionada, los tratamientos actuales, los ajustes de terapia según respuesta, ni el plan de tratamiento con fecha probable de reintegro laboral. Citó expresamente lo consignado por la Contraloría Médica de la COMPIN en la cartola médica del paciente en el sentido que: "(…) No adjunta antecedentes que permitan establecer o justificar la prolongación del reposo otorgado por el diag enunciado, más allá del periodo que ya ha sido autorizado previamente, sin plan de manejo, sin exámenes o imágenes, sin acreditar terapias de rehabilitación, sin FPA. Se rechaza".

Señala que la decisión se apoya en las facultades fiscalizadoras que le confieren el artículo 3° de la Ley N°16.395, que la establece como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión en los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo; el artículo 27 del mismo cuerpo legal que somete al Servicio Nacional de Salud a su control administrativo y técnico; y las letras d) y e) del artículo 38, que le otorgan competencia para emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de beneficios y fijar la interpretación de las leyes de previsión social.

Finalmente, niega la existencia de acto arbitrario o ilegal, así como la vulneración de derechos constitucionales, señalando que su actuación se limitó a ejercer las facultades legalmente conferidas dentro del ámbito de sus competencias, sin afectar el derecho a la vida, integridad física y psíquica, protección de la salud o propiedad de la recurrente, toda vez que no existe un derecho preexistente e indubitado al subsidio por incapacidad laboral cuando las licencias médicas han sido legítimamente rechazadas por no encontrarse médicamente justificado el reposo prescrito.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho vulnerado, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en relación a la improcedencia del recurso, resulta inconcuso que en la especie se ha planteado la vulneración del derecho constitucional previsto en el N°1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto del que sí es procedente el presente arbitrio, por lo que dicha alegación se desestimará.

Séptimo: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-51644-2025 de 21 de abril de 2025 que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reposición presentada por la recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque el derecho fundamental invocado por la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

En efecto, la resolución recurrida señala que la razón por la cual se confirmó el rechazo de la licencia médica fue: “Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 10/10/2024 X(sic), por lo que usted tuvo plazo hasta el día 17/10/2024, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora(sic).

Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N° 19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo”.

A mayor abundamiento, en cuanto a las razones médico-administrativas que motivaron el rechazo de las licencias médicas de que se trata, y que están expresadas en la resolución que fuera objeto del recurso de reconsideración por la actora, quedó establecido que “(…) entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio. En efecto, del informe médico aportado, con fecha 01/10/2023, no es posible desprender información que dé cuenta de la evolución del cuadro clínico a lo largo de todo el período, limitación funcional ocasionada, tratamientos actuales, ajustes de terapia según respuesta ni plan de tratamiento con fecha probable de reintegro laboral.

Que, por otra parte, cabe hacer presente a la parte recurrente, que para que se pueda efectuar una nueva de la situación reclamada, es indispensable que acompañe a su solicitud nuevos antecedentes, que tengan el carácter de fundantes”.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 8343-2025 Protección