nombre reservado con BANCO DE CHILE.-

SEQ CHAPTER \h \r 1Santiago, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

1º.- Que doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, ha recurrido de protección en contra de Banco de Chile, representado legalmente por su gerente general don nombre reservado, de quien ignora profesión, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón del acto que estima arbitrario e ilegal en que aquel ha incurrido con fecha 22 de octubre de 2018, consistente en la negativa del Banco de restituir los fondos sustraídos desde su cuenta corriente N°[cuenta reservada] y línea de crédito N°[cuenta reservada], lo que estima vulnera el ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, por lo que solicita se le restituya los $5.000.000 que fueron sustraídos de las cuentas bancarias que refiere, más intereses y reajustes, como también eliminar cualquier inscripción de los registros públicos de deudores morosos que se haya efectuado, con costas.

Para fundar su recurso expone que el acto que lo motiva ocurrió el día 22 de octubre de 2018, cuando el Banco le comunicó, mediante carta enviada a su correo electrónico, que no restituiría la suma de $5.000.000.- sustraídos desde su cuenta corriente N°[cuenta reservada] y línea de crédito N°[cuenta reservada], consistentes en $3.433.179 y $1.566.821, respectivamente. Añade que desde septiembre de 2014 es titular de la cuenta corriente que refiere y el día 26 de septiembre de 2018, estando en el 21° Juzgado Civil de Santiago -su lugar de trabajo- ingresó desde su computador a la página web del Banco de Chile, registrando cédula de identidad y clave de acceso a internet, y una vez en su cuenta revisó sus saldos de las tarjetas, los cuales se encontraban correctos y procedió además a pagar su tarjeta de crédito nacional, para lo cual la página le pide la clave del digipass, la que ingresó, cerrándose ésta de manera inesperada, apareciendo un mensaje de seguridad que le indicó volver a ingresar, lo que hizo, pudiendo constatar esta vez un saldo negativo en color rojo, de aproximadamente $1.566.821.-, en circunstancias que minutos antes registraba $3.433.179.-, advirtiendo en el listado de movimientos un pago en Servipag.com por el monto de $5.000.000.

Explica que tomó contacto inmediato con el Banco recurrido, indicándole que fue víctima de un fraude bancario, haciendo presente las escazas medidas de seguridad adoptadas por el Banco frente a una transacción inusual en razón de su comportamiento financiero, realizando además por estos hechos la respectiva denuncia y solicitud de reintegro de los fondos. Luego de referir problemas en el sistema de atención del Banco, señala que el día 22 de octubre de 2018 recibe la respuesta formal del Banco, rechazando su solicitud de devolución del monto reclamado, la que explica que el pago electrónico de cuentas reclamado por la actora requiere necesariamente el uso de la clave de seguridad más el código digipass, cuyo conocimiento y resguardo es de exclusiva responsabilidad del cliente, sin que se haya encontrado información que permita concluir que los sistemas del Banco hayan sido vulnerados.

Manifiesta que le extraña enormemente que el Banco exija condiciones tan precarias frente a un pago de $5.000.000, lo que estima debió informarse al menos por un correo electrónico, haciendo presente que- de acuerdo a la información de prensa que aporta- es un hecho público y notorio las deficiencias en seguridad del Banco recurrido.

Finalmente, y luego de analizar el marco jurídico de la controversia, explica que cuando el Banco no cumple con sus obligaciones de disponer de sistemas informáticos seguros, debe responder porque es titular del deber de seguridad y eficaz custodia material del dinero depositado, motivo por el cual atendido su calidad de depositario de un bien fungible, debe responder y asumir las consecuencias de la sustracción, porque le corresponde evitar que las operaciones electrónicas sean realizadas por terceros no autorizados por cada cliente, siendo el Banco el único y exclusivo afectado por el engaño, dada su calidad de depositario de los fondos.

En apoyo de sus aseveraciones la recurrente, por el primer otrosí de su recurso, acompañó, entre otros, los siguientes documentos: cartola de listado de movimiento del Banco de Chile, en la que consta el pago de los $5.000.000 reclamados; cartola de la línea de crédito; denuncia ante la Policía de Investigaciones; carta de objeción por cargo en cuenta corriente y carta respuesta del Banco a la objeción.

2°.- Que evacuando el respectivo informe el Banco recurrido solicita el rechazo del recurso, con costas. En primer término alega la extemporaneidad del mismo, en razón de que los hechos que lo motivan son del día 26 de septiembre de 2018, fecha en la que se produce la transacción desconocida, siendo interpuesto el recurso el día 21 de noviembre de 2018, esto es, fuera del plazo previsto en el Auto Acordado que regula la materia.

Sobre el fondo sostiene que el antecedente esencial de la transacción se encuentra constituido por la circunstancia que se ingresó al sitio privado de internet de la recurrente, digitando su número de cédula de identidad, su clave personal y su clave de digipass o clave dinámica, y que lo grave del caso es que, fundado en la mera aserción de inseguridad de las redes y en la presunta existencia de un delito, se pretende hacer al Banco responsable de la pérdida del dinero, en circunstancias que para poder efectuar el pago objetado se utilizó tanto la clave secreta para operar en internet de la recurrente, como la clave que genera el dispositivo denominado digipass.

Niega que la recurrente sea víctima de un delito y que terceros hayan vulnerado sus redes en su perjuicio, manifestando que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado sobre las cuestiones del recurso, debiendo la materia ser debatida en un juicio de lato conocimiento. Expresa que en el caso de autos la transacción impugnada no es una transferencia de fondos electrónica, sino que corresponde a un pago de una cuenta determinada en el Sitio Web Servipag, mediante el ingreso al sitio web autorizado de esta empresa, para efectuar su pago a través de internet, para lo que debe usarse las claves secretas del cliente, quien debe mantener la debida diligencia y cuidado en su mantención.

Explica que sus portales están certificados por Symantec, empresa de alto prestigio y tercero ajeno, de modo que la transacción no se ejecutó vulnerando sistemas de seguridad del Banco, ni por la falta de seguridad de sus redes, como lo sostiene la recurrente, insistiendo en que la página no ha sido vulnerada, sino que es el cliente quien ha proporcionado a terceros los medios dados por la recurrida para su autentificación, operadas en este caso por un tercero.

Finalmente precisa que la transacción que objeta la recurrente no corresponde a un movimiento sospechoso, ni con patrones de fraude, porque se ejecutó en un sitio web destinado a recaudar pagos, autorizado expresamente para este servicio, que deja constancia de las obligaciones que extingue mediante los pagos que recibe. No se trata en este caso de una transferencia electrónica realizada a un tercero, sino que de un pago, en el que queda establecido a qué proveedor se le efectúa y qué obligaciones precisas extingue, con constancia de su beneficiario, por tal razón no se trata de un movimiento sospechoso, ni con patrones de fraude como sostiene la recurrente.

3°.- Que en este arbitrio de naturaleza cautelar cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

4°.- Que en lo que dice relación con la extemporaneidad alegada por la recurrida, cabe tener presente que el acto recurrido es el contenido en la carta formal de respuesta a la objeción del cargo, de fecha 22 de octubre de 2018, emitida por el Banco de Chile, documento que en copia se acompañara por la recurrente bajo el numeral 8° del primer otrosí de su presentación, y el recurso fue deducido el 21 de noviembre del mismo año, esto es, dentro de plazo, por lo que tal alegación ha de ser desestimada.

5º.- Que los antecedentes aportados por la recurrente, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan algún acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del ejercicio legítimo de los derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

6º.- Que, el hecho denunciado, atendida su naturaleza, ha de ser revisado en instancia penal o por vía ordinaria en juicio de lato conocimiento y no a través del presente recurso.

7º.- Que así las cosas, la acción cautelar intentada, debe ser rechazada al no haberse comprobado su fundamento fáctico.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Banco de Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

No firma el Ministro señor Balmaceda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Protección Nº 83.414-2018.