nombre reservado con ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL TRABAJO ANFUNTCH

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, Abogado, actuando en representación de nombre reservado y de nombre reservado, funcionarios de la Dirección del Trabajo y socios de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo- en adelante e indistintamente, ANFUTCH-, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo ANFUTCH, del Directorio Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo y del Tribunal Calificador de Elecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por haber realizado distintas actuaciones en forma ilegal y arbitraria que privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos de sus representados, conforme pasa a reseñar.

La acción entablada, explica, se refiere a las graves infracciones contenidas en los siguientes documentos: 1.- Comunicado 16-2019, relativo a la convocatoria y elecciones nacionales de ANFUTCH, nuevamente con votación electrónica y a la asamblea para la conformación de la comisión electoral- TRICEL-, de 26 de agosto de 21019; 2.- Informativo N°1 del Tribunal Calificador de Elecciones de la Asociación, de 3 de septiembre de 2019; 3.- Respuesta enviada mediante correo electrónico de 9 de septiembre de 2019 por parte del Tribunal Calificador de Elecciones a misiva remitida por loa recurrentes con fecha 5 del mismo mes y año.

Sobre el particular, manifiesta que tanto la convocatoria a elecciones, el informativo N°1 del Tribunal Calificador de Elecciones y la respuesta enviada por aquel a la solicitud de los recurrentes son ilegales y arbitrarias, puesto que infringen lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N°19226, como también los estatutos de la ANFUTCH.

De la misma manera, cuestiona la reducción injustificada de las posibilidades de participación en la elección, que estaría determinada por un plazo no contemplado en los estatutos ni en la ley, así como el establecimiento de dos modalidades de candidaturas, las listas y la lista final complementaria como candidatos individuales fuera de listas, lo que importa una interpretación carente de razonabilidad de los estatutos de la asociación.

A continuación, expresa que mediante carta enviada al Tribunal Calificador de Elecciones se hizo presente a dicha instancia que existían diversas situaciones que afectaban el normal desarrollo de las elecciones, en especial lo atingente a los plazos para llevarla a cabo, afectando su derecho de participación, toda vez que sólo podrían ir en una lista complementaria. Ante dicha reclamación, se indicó que la elección fue debidamente convocada por el Directorio Nacional con 30 días de anticipación, unido a que las distintas etapas y los plazos se encontraban ajustadas a elecciones de períodos anteriores, como también que el plazo de inscripción de candidaturas era suficiente y se ajustaba a la práctica habitual de la asociación.

En cuanto al derecho, estima que los hechos descritos infringen lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que se establecieron diferencias arbitrarias en la presentación de candidatos con voto electrónico respecto de quienes lo hiciesen en otra modalidad, lo que vulnera igualmente lo dispuesto en el Convenio 111 de la OIT, ratificado por Chile y que transcribe.

Por otra parte, se vulnera lo contemplado en el numeral 15° del propio artículo 19 y que también estima conculcado, toda vez que sostiene que el informativo N°1 del Tribunal Calificador establece un mecanismo que impide la libertad de derecho de los socios y de asociación para la conformación de listas, que queda entregado al criterio discrecional de la Comisión Electoral, en virtud de un plazo a todas luces arbitrario, según ya ha sido explicado.

En cuanto al numeral 19° del artículo 19 de la carta fundamental, argumenta que el Directorio incurrió en una practica antisindical, entorpeciendo el derecho a sufragio de los miembros de la asociación, haciendo imperfecto para el votante el reconocimiento de las opciones dirigenciales, lo que es contrario también al texto del artículo 291 letra b) del Código del Trabajo.

A partir de lo expuesto, solicita que acogido que sea el presente recurso se dispongan las medidas siguientes: 1.-Dejar sin efecto el comunicado 16-2019, relativo a la convocatoria y elecciones nacionales de ANFUTCH, nuevamente con votación electrónica y a la asamblea para la conformación de la comisión electoral- TRICEL; 2.- Dejar sin efecto el informativo N°1 del Tribunal Calificador de Elecciones de la Asociación, de 3 de septiembre de 2019; 3.- Se ordene a la ANFUTCH efectuar una nueva convocatoria a elecciones respetando los plazos legales y estatutarios establecidos, permitiendo de esta forma que todos quienes quieran inscribirse bajo el formato lista puedan hacerlo independiente de la fecha de inscripción de candidatura; 4.- Disponer cualquier otra medida tendiente a restablecer el imperio del derecho y amparo de las garantías constitucionales de los recurrentes, todo con costas.

Segundo: Que el abogado señor Raúl Campusano Palma evacuó informe en representación de las recurridas, solicitando el rechazo de la acción cautelar.

En síntesis y, previa reseña de los orígenes y características de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo, expresa que en el proceso del año 2019 que se cuestiona fueron inscritas 13 candidaturas, casi duplicando los 7 cargos que debían ser llenados, lo que denota una elección altamente participativa y muy competitiva. A dicha circunstancia se suma que el plazo para inscripción de candidaturas fue ampliado hasta alcanzar 12 días corridos- entre los días 6 y 17 de septiembre-, en relación a los breves plazos que existían con anterioridad, tiempo más que suficiente y que es considerado siempre por las distintas candidaturas, quienes preparan con bastante antelación sus propuestas para este fin. De ahí que los recurrentes son dos socios que representan una facción más política que sindical dentro de la agrupación, muy problemática y que ha participado en diversas elecciones, sin lograr apoyo.

En relación a lo expuesto, cuestiona que el plazo para inscribir candidaturas haya sido alguna vez de 30 días, toda vez que tal es el máximo, que no obsta a que se fije uno menor que resulte razonable a las circunstancias, como ocurrió en dicho proceso y otros anteriores. Puntualiza que apenas la Comisión Electoral publicó el cronograma los recurrentes manifestaron su decisión de no participar en el proceso y restarle legitimidad, prefabricándose una justificación para esto mediante la formulación de una aparente consulta, la que fue respondida de manera clara, pese a lo cual el recurso que se informa ya había sido presentado, sin esperar dicha respuesta.

A continuación, enfatiza que las elecciones del año 2017 se realizaron en las mismas condiciones que las del año 2019 que se cuestionan, sin que hayan sido impugnadas por los recurrentes. Lo propio es posible decir de los años 2015, 2013, 2011, 2009 y otros, reparando en que la única salvedad fue la innovación que se introdujo de votación electrónica, que lejos de desmejorar o restringir los plazos y derechos contribuyó a su perfeccionamiento.

Sin perjuicio de lo anotado, la ley N°18.953 establece en su artículo 10 N°2 que en caso de promoverse una reclamación electoral aquella debe ventilarse ante el correspondiente Tribunal Electoral Regional, siendo una controversia ajena al carácter cautelar de la presente acción. Igualmente, hace notar que la elección que se pretende impugnar fue ya revisada por la Dirección del Trabajo, la que no manifestó reparo u observación alguna, corroborando que aquella fue realizada con estricto apego de las normas legales y estatutarias aplicables.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en síntesis, los cuestionamientos formulados por los actores, se circunscriben a las supuestas irregularidades cometidas en el proceso eleccionario de la Asociación correspondiente al año 2019, entre ellas, respecto del plazo fijado para la inscripción de candidaturas y la circunstancia de utilizar mecanismo de votación electrónica.

Quinto: Que es un hecho cierto, no controvertido que las elecciones correspondientes al proceso eleccionario cuestionado se llevaron a efecto, siendo revisada por la Dirección del Trabajo, sin encontrar reparos al efecto.

Sexto: Que por otra parte, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.296, artículo 19, establece en lo pertinente, “Para las elecciones de directorio deberán presentarse las candidaturas en la forma, oportunidad y con la publicidad que señalaren los estatutos. Si éstos nada dijesen sobre la materia, las candidaturas deberán presentarse por escrito ante el secretario del directorio, no antes de treinta días ni después de dos días anteriores a la fecha de la elección.”. Luego, el cuestionamiento efectuado respecto del plazo establecido para la inscripción de candidaturas, no tiene asidero, puesto que la norma establece como plazo máximo los treinta días, pero nada impide que pueda ser menor, como lo ha sido en el presente caso.

Séptimo: Que, finalmente, la cuestión planteada, excede los límites de la presente acción cautelar, no siendo el presente arbitrio la vía idónea para reclamar las supuestas irregularidades cometidas en el proceso eleccionario, existiendo un procedimiento para ello, conforme lo establece el artículo 10 N°2 de la ley 18.953, Sobre Tribunales Electorales Regionales, que establece: “Artículo 10.- Corresponde a los Tribunales Electorales Regionales: ... 2°.- Conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios.”.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, Abogado, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo ANFUTCH, del Directorio Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo y del Tribunal Calificador de Elecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N°83336-2019.

Pronunciada por Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich.