ILAN SPA con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, siete de enero de dos mil veintiuno.

Proveyendo a los folios 12 y 13: a todo, téngase presente.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, en representación de ILAN SPA, sociedad del giro distribuidora y comercializadora de alimentos, representada por don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra Superintendencia de Seguridad Social, representada legalmente por su Superintendente Sr. Claudio Reyes, señalando que el acto ilegal y arbitrario que se denuncia consiste en permitir la modificación de la tasa de cotización adicional diferenciada, alzándola en 3,4% fijada por la Asociación Chilena de Seguridad, rechazando el recurso de reposición interpuesto por su parte en relación al acto de fecha 11 agosto 2020.

Sostiene que dicho acto ilegal, se basa en la existencia de un accidente de trayecto, que fue considerado erradamente -según el recurrente- como accidente de trabajo y que, de no haberse considerado como tal, no se habría ocasionado el alza de la cotización adicional diferenciada.

Señala que el 18 de noviembre de 2019, mediante Resolución N° 0563337 se decretó por la ACHS, el alza de la cotización adicional diferenciada de un 3,40% la que sumada a la cotización básica de 0,90% y la tasa de la Ley Sanna de 0,03%, arroja una tasa total de 4,33%.

Añade que el alza decretada tiene una vigencia de dos años, es decir, desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, periodo en el cual la empresa pasó a cotizar por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de 0,93% a 4,33%.

Explica que ello se traduce en términos económicos en aumentar el pago a la ACHS desde $388.324.- que se pagaba en diciembre de 2019 a la cantidad de $1.768.753.- que se cancela en el mes de enero de 2020 y los meses siguientes y que, si se proyecta todo el periodo de cotización aumentada, manteniendo el promedio de la dotación actual, el diferencial que será percibido, por un error en la determinación de la naturaleza del accidente es de $33.130.296.

Manifiesta que, para determinar el aumento de la tasa de cotización adicional diferenciada, la ACHS tomó en cuenta los accidentes ocurridos en el periodo de julio de 2016 a junio de 2019, incluyendo el accidente de trayecto sufrido por el ex trabajador don nombre reservado, el 30 de enero de 2018, que debe ser excluido como siniestralidad efectiva y no debe tomarse en cuenta para los efectos de los recargos de la cotización adicional.

Precisa que lo que ocurrió, fue que el trabajador en su calidad de ejecutivo de ventas, en circunstancias que se dirigía a una reunión de trabajo y caminaba para visitar a un cliente en el centro de Santiago, específicamente en la Galería de calle Monjitas, cayó al suelo, lesionándose principalmente la cadera.

Asevera que, lo anterior resulta clave, pues sólo los accidentes del trabajo afectan la estadística de siniestralidad de la empresa, más no de los accidentes de trayecto. Afirma que así lo disponen los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 67 del año 1999, que establece el Reglamento para la aplicación de las exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada, conforme lo previenen los artículos 15 y 16 de la Ley N° 16.744.

Indica que la Superintendencia ha señalado que en el evento que la víctima de un accidente de trayecto directo que media entre dos lugares de trabajo, no cuente con testigos o parte de Carabineros, la sola declaración de la afectada puede constituir un medio de prueba suficiente, si se encuentra debidamente circunstanciada en cuando a día, hora, lugar y mecanismo lesional y de ella se desprendan hechos que permitan probar lo acontecido.

Refiere que en contra de la Resolución N° 0563337 de la ACHS que decretó el alza de la cotización, su parte interpuso recurso de reclamación con fecha 02 de marzo de 2020 y el día 02 de junio de 2020 fue rechazado por la Suseso por estimar que la tasa de cotización adicional diferenciada se fijó conforme a derecho, dentro del plazo de 90 días hábiles, sin contar los sábados, todo ello de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Añade que la Suseso argumentó en lo relativo al accidente que experimentó el Sr. nombre reservado que era una “situación jurídicamente consolidada”, sin negar que el infortunio del trabajador fue un accidente de trayecto. Agrega que, dicha entidad no profundiza en la calificación del mismo y desecha el recurso por estimar que estaba supuestamente fuera de plazo.

Expresa que su parte, con fecha el 08 de junio de 2020 interpuso el recurso de reposición solicitando a la Suseso que se pronunciara derechamente acerca de la calificación del accidente, en el entendido que el recurso de reclamación fue interpuesto dentro de plazo.

Así, precisa que el 11 de agosto de 2020, la Suseso dictó la resolución impugnada que dispone: “Que, en la especie de acuerdo a la DIAT que se ha tenido a la vista, el día 30/01/2018, el señor nombre reservado, a las 11:00 horas, al visitar a un cliente en terreno, se tropezó al entrar en una galería en la calle Monjitas. La jornada laboral del trabajador era de 08:30 a 18:30 horas.

Que, la contingencia en cuestión constituye un accidente con ocasión del trabajo, ya que ocurrió durante un cometido laboral del afectado y dentro de su jornada laboral, por ende, los días perdidos por esta contingencia han debido imputarse a la tasa de siniestralidad efectiva de la empresa recurrente.

Por tanto, rechaza el recurso de reposición formulado, confirmándose la aludida RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-49498-2020, por lo que la tasa de cotización adicional diferenciada fijada por la Mutualidad se ajusta a derecho”.

Aclara que el Sr. nombre reservado no tenía una jornada de trabajo, pues no registraba asistencia y estaba acogido al artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo, ya que se desempeñaba como ejecutivo de ventas en terreno y que el accidente ocurrió en el trayecto de su domicilio a visitar a un cliente, entonces esa circunstancia, debió ser tomada en cuenta.

Manifiesta que la ACHS no ha tomado en consideración que el empleador es una empresa que presta servicios de almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos envasados importados, en la cual el legislador ha estimado que el riesgo de accidente del trabajo es prácticamente inexistente, de forma tal que en aplicación de la norma dispuesta no debería aumentarse la cotización adicional diferenciada en un 3,40%.

Plantea que la ACHS decide utilizar la facultad legal de alzar la tasa, y en el ejercicio de su prerrogativa de fiscalizar a dicha empresa, la Suseso, sin mayores antecedentes, la confirma. En ese caso, indica que le surge necesariamente la exigencia de justificar y fundamentar detalladamente el alza de la tasa; dado que está haciendo uso de una facultad extraordinaria conferida por ley a uno de los contratantes para modificar, unilateralmente, el precio total del Contrato de Seguro de Accidentes del Trabajo, por lo que dicha facultad de revisión del precio, debe entenderse condicionada a un cambio efectivo, substancial, real y verificable de sus costos asociados, algo que no parece justificado, si se tiene en cuenta que la cobertura del siniestro, ni siquiera corrió por cuenta de la ACHS sino que del Instituto de Seguridad Laboral, por tanto, el acto es arbitrario, al derivar de una voluntad infundada de quién dictó o ejecutó dicho acto.

Señala que la afiliación a un organismo administrador del seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, determina la incorporación al patrimonio del afiliado del bien incorporal constituido por el conjunto de derechos personales emanados de dicho contrato, y, por consiguiente, el alza de la tasa de cotización adicional diferenciada, afecta un bien de carácter incorporal de índole patrimonial con contenido económico, que en este caso se traduce en tener que pagar a la empresa aseguradora más de $33.000.000 por el plazo de dos años.

En virtud de lo expuesto, solicita que se acoja la acción de protección y se ordene dejar sin efecto el alza de la tasa indicada, con costas.

Por su parte, el recurrido evacúa informe, señalando que, mediante presentación de 4 de marzo de 2020, la empresa ILAN SPA recurrió ante su representada reclamando en contra de la Asociación Chilena de Seguridad por la tasa de cotización adicional diferenciada que le fijó, ya que habría considerado los días perdidos derivados de un accidente del trabajo en el trayecto que sufrió su ex trabajador, don nombre reservado, en su tasa de siniestralidad efectiva, lo que no correspondería.

Indica que requerida la Mutualidad informó que, del estudio estadístico de la mencionada empresa, en aplicación del D.S. N° 67 de 1999 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se fijó su tasa de cotización adicional diferenciada, en un 3,4%, y su cotización total, en un 4,33%, según consta en la Resolución N° 0563337 de 18 de noviembre de 2019.

La referida Asociación agrega que, en relación al accidente que experimentó el Sr. nombre reservado, dado el contexto en el que se hace la presente reclamación; la objeción planteada por la empresa a la calificación del infortunio, no corresponde a un error de hecho, a los que se refiere el inciso final del artículo 11° del citado Decreto Supremo N°67, por lo que tal pretensión debiera ser desechada de plano en aplicación del artículo 77 de la citada Ley N° 16.744, por inoportuna, constituyendo ésta, una situación jurídicamente consolidada.

Sostiene que mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-49498-2020 de 02 de junio de 2020, la Superintendencia resolvió que: “(…) sobre el particular, cabe hacer presente que conforme al artículo 77 de la Ley N°16.744, el plazo para reclamar en contra de las resoluciones de los Organismos Administradores del Seguro de dicha Ley es de 90 días hábiles, por lo que la calificación del siniestro que sufrió su ex trabajador nombre reservado constituye una situación jurídicamente consolidada”.

Por lo anterior, refiere que se rechaza la reclamación formulada, por cuanto la tasa de cotización adicional diferenciada que se le fijó a la empresa reclamante se ajusta a derecho, confirmando lo obrado por la Asociación Chilena de Seguridad.

Señala que mediante presentación de fecha 8 de junio de 2020, la recurrente interpuso un recurso de reposición en contra de dicha RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-49498-2020, rechazando por la Resolución Exenta N° R-01-F-75750-2020 de 11 de agosto de 2020, que señaló que: “en la especie de acuerdo a la DIAT que se ha tenido a la vista, el día 30/01/2018, el señor nombre reservado, a las 11:00 horas, al visitar a un cliente en terreno, se tropezó al entrar en una galería en la calle Monjitas. La jornada laboral del trabajador era de 08:30 a 18:30 horas.

Que, la contingencia en cuestión constituye un accidente con ocasión del trabajo, ya que ocurrió durante un cometido laboral del afectado y dentro de su jornada laboral, por ende, los días perdidos por esta contingencia han debido imputarse a la tasa de siniestralidad efectiva de la empresa recurrente”.

Manifiesta que, por tanto, rechazó el recurso de reposición formulado, confirmándose la aludida la Resolución Exenta N° R-01-UJU-49498-2020 y en consecuencia, la tasa de cotización adicional diferenciada fijada por la Mutualidad se ajusta a derecho.

Por otro lado, indica que el recurrente solo ejerció la acción constitucional con fecha 9 de septiembre de 2020, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, a pesar de que el actor, ya tenía conocimiento de la situación planteada, al menos, con fecha 4 de marzo de 2020 cuando realizó una presentación a ese Servicio por la materia recurrida, es decir, han transcurrido más de seis meses desde la primera presentación que realizó el recurrente por la materia recurrida de protección. En consecuencia, la acción constitucional sería extemporánea, En subsidio, alega la improcedencia de la presente acción por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un aspecto específico del Sistema Chileno de Seguridad Social, a saber, el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, con la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a ésta.

Agrega que la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio, informa en cuanto al fondo que, la tasa de cotización adicional, las contingencias laborales, como el caso del accidente calificado, deben de acuerdo con la legislación vigente en la materia, contabilizarse para los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 16.744 y DS. Nº 67 del año 2000 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Hizo presente que sólo los accidentes del trabajo calificados como “de trayecto”, no afectan la tasa de cotización que es de cargo del empleador y aquellos que afectan a los dirigentes de agrupaciones sindicales a causa o con ocasión de sus actividades gremiales.

Por tanto, de existir algún tipo de problema respecto del alza de dicha cotización, la actora debió recurrir a ese Servicio para reclamar por dicha situación en base al procedimiento señalado Decreto Supremo Nº 67 y no presentar un recurso de protección para resolver esta materia intentando eximirse de la normativa ya señalada.

Señala que, si la empresa tenía la disposición de excluir de su siniestralidad efectiva el referido accidente del Sr. nombre reservado, debió acreditar una de las excepciones contenidas en el artículo 2 del D.S. N°67 de 1999 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuestión que no ocurrió.

En consecuencia, el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social, no ha estado motivado por el capricho, pues se han dado las razones por las cuales se resolvió acerca de no otorgar la procedencia de otorgar la cobertura del Seguro Social de la Ley Nº 16.744.

Afirma que no ha cometido ilegalidad alguna y que en su libelo no aduce en forma precisa norma legal o reglamentaria que haya sido infringida, por cuanto no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regula esta materia, simplemente su parte se ha pronunciado en cuanto a lo consultado, en circunstancias que solicitó los antecedentes del caso a la mencionada Asociación, resolviendo mediante las citadas resoluciones, las que reúnen todos los argumentos entregados por el mencionado Organismo Administrador y el recurrente, en base a los cuales se fundaron los referidos dictámenes.

Asevera que lo que existe, lisa y llanamente, es la discusión en torno a la aplicación de una norma específica a la que se fija su sentido y alcance en uso de sus atribuciones legales.

Señala que la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de su acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes. Expresa que, en la especie, la discusión acerca de la calificación del accidente como del trabajo, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la cobertura del Seguro de la Ley N° 16.744.

Expresa que la contraria, en resumen, para calificar al dictamen de la Superintendencia como ilegal, parte del supuesto que la conclusión a la que llega es “errónea”, ya que ella tiene otra opinión sobre el particular, sin embargo, no se debe perder de vista que la recurrida está llamada por la normativa a fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social, de carácter obligatorio, vinculante para los organismos fiscalizados y en cuanto está asociada con la aplicación de preceptos jurídicos a casos concretos, lo que importa necesariamente que los fiscalizados las apliquen en el correcto sentido y alcance que se determina, sin perjuicio de los reclamos que sean procedentes. Añade que cualquier otra interpretación importa dejar a esta Superintendencia como una instancia consultora o consejera no vinculante, lo que está en abierta contradicción con la naturaleza “fiscalizadora” que tiene este Servicio.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Segundo: En primer término, corresponde indicar que el acto respecto del cual se recurre corresponde a la resolución dictada por la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 11 de agosto de 2020, a través del cual se dispuso que: “Que, en la especie de acuerdo a la DIAT que se ha tenido a la vista, el día 30/01/2018, el señor nombre reservado, a las 11:00 horas, al visitar a un cliente en terreno, se tropezó al entrar en una galería en la calle Monjitas. La jornada laboral del trabajador era de 08:30 a 18:30 horas.

Que, la contingencia en cuestión constituye un accidente con ocasión del trabajo, ya que ocurrió durante un cometido laboral del afectado y dentro de su jornada laboral, por ende, los días perdidos por esta contingencia han debido imputarse a la tasa de siniestralidad efectiva de la empresa recurrente.

Por tanto, rechaza el recurso de reposición formulado, confirmándose la aludida RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UJU-49498-2020, por lo que la tasa de cotización adicional diferenciada fijada por la Mutualidad se ajusta a derecho”.

En consecuencia, el actor a través del presente arbitrio discrepa de la calificación jurídica efectuada por la recurrida en torno a haberse considerado el accidente sufrido por don nombre reservado con ocasión del trabajo y no de trayecto, permitiéndose en consecuencia la modificación de la tasa de cotización adicional diferenciada, alzándola en 3,4% fijada por la Asociación Chilena de Seguridad.

En cuanto a la extemporaneidad:

Tercero: En primer término, se desestimará, la alegación de extemporaneidad sostenida por la recurrida, en atención a que los efectos del acto objeto del presente arbitrio continúan produciéndose, aunado a que el acto respecto del cual se recurre aconteció el 11 de agosto de 2020 -acto terminal a través del cual se resolvió un recurso de reposición presentado por el trabajador antes signado-, por lo que la presente acción fue presentada el 09 de septiembre del año recién pasado, esto es, dentro del plazo que prevé el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

En cuanto a la improcedencia:

Cuarto: Del mismo modo se rechazará la improcedencia alegada pues si bien la garantía del artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, no está incluida dentro de aquellas que enumera el artículo 20 del mismo texto constitucional, igualmente se denuncia en el libelo, la infracción a otros derechos protegidos por el constituyente mediante esta acción.

En cuanto al fondo:

Quinto: Con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. El inciso 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”. Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a la recurrida le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.” En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a la SUSESO: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Por su parte, Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Asimismo, a la Superintendencia le corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº16.395, sobre Organización y Funciones, “(…) la fiscalización del seguro sobre accidentes del trabajo como de las instituciones que a él se dediquen (…)”. Por su parte, el inciso quinto del artículo 12 de la Ley N° 16.744, dispone que: “Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad con sus leyes y reglamentos orgánicos.” De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 16.744, se entiende por accidente del trabajo “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.”

Además, conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley N° 16.744, son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo de la víctima. Según lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, las enfermedades profesionales son las “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”. Por su parte, el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en complemento del precepto legal antedicho dispone que, para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

En cuanto a la tasa de cotización adicional, que es lo que finalmente alega la recurrente, las contingencias laborales, como el caso del accidente calificado, deben de acuerdo con la legislación vigente en la materia, contabilizarse para los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley Nº 16.744 y D.S. Nº 67 del año 2000 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Cabe hacer presente que sólo los accidentes del trabajo calificados como “de trayecto”, no afectan la tasa de cotización que es de cargo del empleador y aquellos que afectan a los dirigentes de agrupaciones sindicales a causa o con ocasión de sus actividades gremiales.

En efecto, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 67 dispone que las exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional se determinarán en relación con la magnitud de la siniestralidad efectiva y que el artículo 2° del mismo cuerpo normativo precisa que la siniestralidad efectiva se determina en razón de las incapacidades y muertes provocadas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, estableciendo, además, que día perdido es aquel en que el trabajador, conservando o no la calidad de tal, se encuentra temporalmente incapacitado debido a un accidente del trabajo o a una enfermedad profesional, sujeto a pago de subsidio por incapacidad laboral.

Por tanto, de existir algún tipo de problema respecto del alza de dicha cotización, existe un procedimiento señalado en el Decreto Supremo Nº 67. Ahora bien, según el Compendio Normativo de la Ley N° 16.744 contempla instrucciones para calificar un accidente como de trayecto, analizándose previamente las circunstancias del caso. Al respecto, la Ley Nº 20.101 modificó el artículo 5° de la Ley Nº 16.744, ampliando el concepto de accidente del trabajo en el trayecto a aquellos que ocurran en el trayecto directo "entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores". Es así que conforme al inciso segundo del artículo 7º del D.S. Nº 101 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo organismo administrador mediante el correspondiente parte de Carabineros u otros medios igualmente fehacientes, tales como declaración de testigos. Ahora bien, la declaración de la víctima debidamente circunstanciada y ponderada con otros antecedentes concordantes, también permite formarse la convicción de la ocurrencia del siniestro.

Sexto: Así las cosas, la decisión emanada de la SUSESO, implica colegir que obró dentro de las atribuciones que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización e interpretación con que cuenta dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo, esto es, de haber declarado que los hechos que la actora cuestiona tienen la naturaleza de accidente del trabajo.

Para efectuar, dicha decisión la recurrida ha interpretado y aplicado, de manera razonada, el artículo 5 de la Ley N° 16.744, previo análisis de los supuestos fácticos que ameritaron su pronunciamiento, actuando por tanto dentro de la esfera de su competencia.

En ese contexto la decisión impugnada mediante el presente arbitrio constitucional se encuentra razonablemente justificada, lo que descarta la arbitrariedad que se denuncia.

Octavo: En efecto, el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, de modo que la labor de este tribunal de alzada es la de revisor de la juridicidad de lo obrado, en este caso por la SUSESO, sin que en tal examen se advierta más que el estricto cumplimiento de la ley y de la normativa reglamentaria aplicable a la materia de autos.

Noveno: Descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado en relación a la citada y previa calificación y consecuente modificación de la tasa de cotización adicional diferenciada, alzándola en 3,4% fijada por la Asociación Chilena de Seguridad, plasmada en la resolución dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Décimo: Por otro lado, es dable tener presente que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos del actor, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Undécimo: Con arreglo a lo antes expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-83209-2020.