Recurso de protección

Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado, docente de la Escuela Polonia Gutiérrez Caballería, dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa, y deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa y de don nombre reservado, presidente de su directorio y alcalde de la referida comuna, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la resolución de nueve de enero de dos mil veintiséis, que acoge la vista fiscal del sumario administrativo instruido en su contra y dispone su destitución por falta de probidad, y en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, que rechaza por extemporáneo el recurso de reposición deducido en contra de la anterior y mantiene la sanción impuesta, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el veintiocho de mayo de dos mil veinticinco se instruyó sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran afectarle, y que, sustanciado dicho procedimiento, se le formuló un cargo único consistente en haber viajado al extranjero entre el nueve y el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, encontrándose con licencia médica que requería reposo laboral total en su domicilio, según certificado médico con fecha de inicio nueve de mayo de dos mil veintitrés y término dieciocho del mismo mes y año, emitido por un facultativo sin especialidad.

Sostiene que la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veinticinco, que formula dicho cargo, carece de todo fundamento legal, por cuanto no indica cuáles son las normas infringidas en virtud de las cuales se procede a formularlo, configurándose una indeterminación de la acción que le impide ejercer adecuadamente su derecho a defensa. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, constituye requisito indispensable que los cargos imputados a un funcionario se establezcan con la debida especificidad, explicitando la actuación anómala y el detalle de los hechos constitutivos de la infracción, así como la forma en que ellos vulneran sus deberes funcionarios. Agrega que dicha resolución le es puesta en conocimiento el veintitrés de agosto de dos mil veinticinco, otorgándosele un plazo de 5 días para formular descargos, y que de la lectura del expediente aparece la existencia de una resolución de nueve de agosto de dos mil veinticinco, esto es, anterior a aquella, que supuestamente estaría correcta.

Refiere que interpuso recurso de reposición el diecisiete de febrero de dos mil veintiséis en contra de la resolución que dispone su destitución, de la cual expresa haber tomado conocimiento el trece de febrero de dos mil veintiséis, y que dicha reposición es rechazada y notificada por correo electrónico en esa misma fecha, lo que hace aplicable la interrupción del plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Añade que la carta enviada por intermedio de Correos de Chile no es recibida por ella, quedando imposibilitada de tomar conocimiento de la resolución respectiva.

Expone que corresponde a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y a las instituciones de salud previsional investigar las denuncias sobre uso indebido de licencias médicas y determinar el rechazo o invalidación de una ya concedida cuando el trabajador incurre en incumplimiento del reposo, de modo que la fiscalización del uso de la licencia médica, la determinación de su validez y la sanción por su supuesto mal uso constituyen facultades privativas y exclusivas de dicho organismo. Precisa que la preceptiva aplicable permite distinguir la facultad de los organismos de salud para investigar transgresiones a las normas que rigen el uso, otorgamiento y autorización de las licencias médicas, de la atribución de los órganos de la Administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios, y sostiene que se la sanciona por el supuesto mal uso de una licencia médica, aspecto que no compete determinar a la recurrida, la que al dictar una sanción disciplinaria sobre una materia ajena a su competencia actúa fuera de los márgenes de la ley, con infracción del principio de legalidad.

Sostiene que el acto es además arbitrario por desproporcionalidad de la sanción, pues la medida más gravosa se adopta sin ponderar debidamente las circunstancias latamente explicadas en el sumario, a saber, que la licencia médica es prescrita por un cuadro de angustia severa y tiene por objetivo principal la recuperación psíquica; que el viaje reviste carácter urgente y humanitario por motivos de salud de un familiar directo, sin constituir disfrute recreativo ni uso intencional y fraudulento del beneficio; y que existen discrepancias y contradicciones en la forma en que la vista fiscal interpreta las pruebas y la cronología del viaje. Detalla, sobre este último aspecto, que el trayecto hasta el hospital en que se encuentra su madre demanda tres días, comprendiendo la salida de Santiago a Madrid el nueve de mayo, con llegada al día siguiente y pernoctación en esa ciudad, el traslado de Madrid a Murcia y luego a Águilas el once de mayo, con pernoctación, y el traslado de Águilas a Lorca el doce de mayo, seguido de taxi hasta el recinto hospitalario.

Agrega que la autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución solo cuando una ley expresa tipifica la conducta con dicha sanción, y que esta procede únicamente cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, elemento de ponderación que en la especie no se acredita ni se razona, sin que las resoluciones impugnadas contengan los razonamientos lógicos y jurídicos que habrían permitido arribar a una conclusión de tal gravedad. Precisa que lo reprochado corresponde a una actividad realizada fuera de su horario laboral, encontrándose con licencia médica, en circunstancias que surge una situación familiar de extrema gravedad que la obliga a auxiliar a su madre, por ser hija única, de modo que no resulta posible estimar configurada, con motivo del servicio, una falta grave a la probidad en un contexto privado.

Añade que debe considerarse su irreprochable conducta anterior, pues nunca ha sido objeto de proceso disciplinario alguno, y que un castigo de tal magnitud, aplicado a un hecho que en el peor de los casos constituye una falta menor, no resulta racional.

Sostiene que se vulnera la igualdad ante la ley, por cuanto dicha garantía prohíbe a la ley y a toda autoridad establecer diferencias arbitrarias e impone el deber de respeto irrestricto, sin que puedan efectuarse discriminaciones que deriven en la afectación de los derechos subjetivos de los administrados, y que aplicar una sanción como la destitución con infracción de los principios de tipicidad y proporcionalidad, y con falta de fundamentación de las resoluciones, importa una vulneración de ese derecho, especialmente en relación con quienes, en situación similar o superior, resultan sancionados con medidas disciplinarias menos gravosas.

Expone asimismo que existe infracción del debido proceso administrativo, pues el cargo tiene contenido difuso y sin claridad de las acciones específicas, lo que imposibilita formular descargos precisos y eficaces, se sanciona por hechos no comprendidos en los cargos y no se consideran atenuantes, incumpliéndose las garantías de un procedimiento racional y justo.

Refiere, en cuanto al derecho de propiedad, que este comprende la propiedad sobre los intereses anexos al empleo, prerrogativa que la judicatura está en el deber de preservar, y que en la especie se dispone una destitución revestida de un supuesto actuar formal, pero en los hechos flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitraria, que la priva de la carrera funcionaria, de la estabilidad en el empleo y de las respectivas remuneraciones. Añade que la ejecución inmediata de la medida significa la privación total de remuneraciones desde el catorce de enero de dos mil veintiséis, afectando gravemente la subsistencia de su grupo familiar y configurando un perjuicio actual y continuo.

Pide, en definitiva, que se acoja la acción constitucional, adoptándose todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y de las garantías fundamentales vulneradas, especialmente que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada, disponiéndose su absolución o una sanción administrativa proporcional, y que se ordene su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas desde la aplicación de la medida hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que, comparece la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Lampa y evacúa el informe respectivo, exponiendo como antecedentes que el acto terminal que la recurrente busca dejar sin efecto es la resolución de nueve de enero de dos mil veintiséis, que acoge la vista fiscal y formaliza la destitución, la que es notificada por carta certificada el catorce de enero de dos mil veintiséis, al domicilio registrado por la funcionaria en su contrato, y además por correo electrónico el veintiocho de enero de dos mil veintiséis, a la casilla expresamente indicada por la propia recurrente como forma de notificación en el procedimiento. Añade que el sumario administrativo se instruye por cuanto la recurrente viaja al extranjero entre el nueve y el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, encontrándose con licencia médica que indica reposo total en el domicilio, y que el veintitrés de agosto de dos mil veinticinco se formulan cargos por dichos hechos.

Indica que, notificada la formulación de cargos, la recurrente alega expresamente en sus descargos que no se han individualizado las normas infringidas, alegación que reproduce en el presente recurso, y que en ese mismo escrito señala como medio de notificación su correo electrónico.

Precisa que, atendido lo expuesto por la propia recurrente, el nueve de septiembre de dos mil veinticinco se acoge su observación y se realiza una nueva formulación de cargos, esta vez indicando las normas que se estiman infringidas, a saber, el artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883 y el artículo 55 de la Ley N°18.575, haciendo presente que en la resolución respectiva se consigna, por error de transcripción, la fecha nueve de agosto de dos mil veinticinco. Agrega que dicha reformulación es notificada por correo electrónico a la recurrente el nueve de septiembre de dos mil veinticinco, a la casilla por ella designada; que el dos de octubre de dos mil veinticinco se emite el informe fiscal proponiendo la medida disciplinaria de destitución; y que la reposición de diecisiete de febrero de dos mil veintiséis es rechazada por extemporánea mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la alegación central del recurso, relativa a la falta de consignación de normas en la primera formulación de cargos, no consolida un vicio invalidante, por cuanto es expresamente alegada por la recurrente en el procedimiento, es acogida por la autoridad instructora y da lugar a una nueva formulación de cargos con identificación de las normas estimadas infringidas, debidamente notificada al correo designado por ella misma. Precisa que, en consecuencia, la recurrente conoce desde el inicio el hecho imputado, consistente en el viaje al extranjero durante licencia médica con reposo total, y con posterioridad conoce también el encuadre normativo estimado aplicable, pudiendo ejercer su defensa, de manera que no se configura un acto ilegal o arbitrario que amerite tutela por esta vía, menos aun cuando se pretende retrotraer el procedimiento a una etapa ya corregida dentro del propio sumario administrativo.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que el procedimiento disciplinario se sustancia conforme a la normativa aplicable, la observación formal esgrimida por la inculpada es acogida y subsanada oportunamente mediante una nueva formulación de cargos que cita las disposiciones que se estiman infringidas, y las notificaciones se practican por los medios legales y por aquel expresamente designado por la propia recurrente, sin que se produzca indefensión alguna. Sostiene, como alegación principal, que el recurso es extemporáneo, por cuanto se interpone transcurridos más de 30 días desde, al menos, la notificación por correo electrónico de veintiocho de enero de dos mil veintiséis y, con mayor razón, desde la notificación por carta certificada de catorce de enero de dos mil veintiséis, agregando que la recurrente intenta impugnar el acto terminal mediante recurso de reposición que es rechazado por extemporáneo, de modo que por esta vía se pretende revivir un plazo ya caduco.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección, en primer término, por extemporáneo y, en subsidio, por no configurarse acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales, atendida la subsanación oportuna y la inexistencia de indefensión, todo con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como primera cuestión, la recurrida solicitó se declare la extemporaneidad del recurso, basado en que si bien la actora esgrime que tomó conocimiento del acto administrativo sancionatorio contra el cual se endereza el arbitrio el 13 de febrero de 2026 y que interpuso un recurso de reposición el 17 del mismo mes, el cual fue desestimado esa misma fecha, lo cierto es que la resolución fue notificada por carta certificada, con fecha 14 de enero de 2026, al domicilio registrado por la funcionaria en su contrato; y, además, por correo electrónico, con fecha 28 de enero de 2026, a la casilla de correo electrónico indicada expresamente por la propia recurrente como forma de notificación en el procedimiento. El recurso de protección, en tanto, fue interpuesto el 5 de marzo de 2026, esto es, transcurridos más de 30 días desde -al menos- la notificación por correo electrónico del 28 de enero de 2026.

Además, hizo presente que el recurso de reposición al que alude la actora fue rechazado por extemporáneo mediante Resolución N°NUM000, de 19 de febrero de 2026. De tal modo -explica- por esta vía se pretende revivir un plazo ya caduco, lo que no resulta procedente en sede cautelar.

Cuarto: Que, la alegación de extemporaneidad referida será desestimada, toda vez que las alegaciones de la recurrida relativas a las fechas de notificación por carta certificada y/o correo electrónico no se sustentan en antecedentes fehacientes que hayan sido allegados al informe, ni constan tampoco en la copia del sumario que igualmente se adjuntó.

En tal sentido, la recurrida adjuntó a la copia de la resolución recurrida - NºNUM001 de 9 de enero de 2026- un comprobante de carta certificada datado el 14 de enero de 2026, en el cual se manuscribió en su parte superior “Res NUM001”, ignorándose en qué momento se realizó tal escrituración.

Luego, se acompañó por la recurrente fotocopia de un mail de 28 de enero de 2026 donde únicamente se le da aviso a la docente que se le había remitido vía carta certificada -presuntamente enviada el 14 de enero de 2026- la “Resolución NºNUM001, que acoge la vista fiscal de la Resolución NºNUM002 relativa a licencias médicas ordenado por la Contraloría General de la República”, sin que en esta comunicación por vía electrónica se haga mención siquiera tangencial del contenido de la Resolución que se señalaba como remitida previamente ni se incluye tampoco la misma, por lo cual carece de la calidad de acto de notificación. A dicha comunicación, la actora replicó por correo electrónico de 11 de febrero, refiriendo que no había recibido la carta certificada en cuestión, solicitando le fuera enviada la Resolución por esa vía, lo cual se cumplió el 13 de febrero de 2026. Como respaldo de la falta efectiva de recepción de la carta certificada de 14 de enero, la actora aportó un pantallazo de respuesta de Correos de Chile, donde se le informa que dicha comunicación “no pudo ser entregada en su domicilio”.

Los antecedentes aludidos, dejan de manifiesto que resulta plausible la indicación de la recurrente de no haber tenido efectivo contenido de la Resolución NºNUM001, sino solo hasta el 13 de febrero de 2026, cuando se le remitió, a requerimiento suyo. De allí que el término de treinta días que contempla el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección vencía el 15 de marzo de 2026, por lo cual, al haberse interpuesto el presente arbitrio el 5 de marzo de 2026, queda de manifiesto la oportunidad de la presentación del recurso.

Quinto: Que, desestimada la solicitud de extemporaneidad, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

Al respecto, ha de tenerse presente que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que, siendo la naturaleza del recurso de protección esencialmente cautelar, su finalidad es brindar eficaz y oportuno amparo a las personas de los efectos de un acto ilegal o arbitrario que lesiona un derecho indiscutido.

Séptimo: Que, la recurrente reclama como garantías conculcadas, aquellas establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 2, -igualdad ante la Ley- y 24 -derecho de propiedad -.

La pretensión de la actora consiste en que se deje sin efecto la sanción de destitución adoptada por la recurrida, disponiendo su absolución o una sanción proporcional, disponiendo, asimismo, su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplicó la destitución hasta su efectiva reincorporación.

Octavo: Que, por su parte la recurrida, solicitó el rechazo del recurso haciendo presente que la alegación central del recurso, esto es el no consignar normas en la primera formulación de cargos no consolidó un vicio invalidante, desde que habiendo sido expresamente alegada por la recurrente en el procedimiento, fue acogida por la autoridad/instructor y se practicó una nueva formulación de cargos con identificación de las normas estimadas infringidas, la cual fue debidamente notificada al correo designado por la propia recurrente. En tal sentido, afirma que la actora conoció desde el inicio el hecho imputado -viaje al extranjero durante licencia médica con reposo total- y, posteriormente conoció también el encuadre normativo que se estimó aplicable, pudiendo ejercer su defensa. Por ello, entiende que no se configura un acto ilegal o arbitrario que amerite tutela cautelar por la vía del recurso de protección, menos aun cuando se pretende retrotraer a una etapa ya corregida dentro del propio procedimiento administrativo.

Noveno: Que, como se advierte, las alegaciones esgrimidas por la recurrente se conducen tanto contra la decisión final adoptada por la recurrida -la sanción de destitución- como por el desarrollo de las actuaciones propias del procedimiento administrativo sancionador al que se le sometió.

Décimo: Que, como se ha señalado sostenidamente por la jurisprudencia de muestro máximo tribunal, el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo. Empero, sí permite el control jurisdiccional de la instrucción de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa, y, en tal escenario, el cumplimiento de los principios que deben informar el procedimiento, y, en especial -en lo que atañe al presente arbitrio- el de legalidad.

Undécimo: Que, en tal sentido, teniendo presente las alegaciones vertidas por las partes y, en especial, de la revisión de los actos que se ejecutaron durante el procedimiento -allegados a esta sede cautelar a través de la copia del expediente sumarial que se tiene a la vista- es posible determinar los siguientes hitos relevantes: a) por Resolución NºNUM002 de 28 de mayo de 2025, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo en contra de diversos funcionarios del área de la educación de la Municipalidad de Lampa, entre los cuales se encontraba la recurrente nombre reservado en relación con la realización de viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica; b) la recurrente nombre reservado reconoció la efectividad de haber hecho uso de licencia médica entre el 9 y el 18 de mayo de 2023 y, durante tal período haber efectuado un viaje al extranjero, específicamente a España, justificando el mismo en la necesidad de concurrir a buscar a su madre, la cual se encontraba internada en un hospital psiquiátrico, debido a su padecimiento de esquizofrenia, finalidad que se cumplió pues la retiró desde el establecimiento de salud y la trajo consigo a Chile donde procedió a inscribirla en un Cesfam para obtener atenciones de salud en la modalidad GES por su patología de esquizofrenia; c) mediante Resolución de 23 de agosto de 2025, se procedió a la formulación de cargos en contra de la investigada, acto administrativo que contiene la indicación fáctica que se le reprocha y le informa del plazo legal que cuenta la funcionaria para formular sus descargos y acompañar prueba en relación a los hechos indicados; d) la actora presentó un libelo de descargos, relevando como primera alegación, la ausencia de las normas que se decían infringidas conforme al cargo único formulado en su contra, contrariando la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que exige que los cargos imputados a un funcionario sean establecidos con la debida especificidad, lo cual debe incluir la indicación de las infracciones que se dicen cometidas y la forma como vulneró sus deberes funcionarios; e) luego de esta actuación por parte de la recurrente, se agrega en el expediente sumarial una formulación de cargos fechada el “9 de agosto de 2025”, en la cual se reitera el cargo único, agregando un párrafo que indica como normas infringidas las del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883 y artículo 55 de la Ley N°18.575. La misma resolución refiere haber procedido con “esa misma fecha” a la notificación de la funcionaria mediante correo electrónico; f) tras este acto administrativo, se agrega al expediente un escrito presuntamente presentado por la sumariada, de cuya lectura se desprende que es exactamente el mismo libelo esgrimido respecto de la formulación original de cargos, pues en él consta que se dirige contra “resolución de fecha 23 de agosto de 2025” y contiene las mismas indicaciones relativas a la ausencia de fundamento jurídico del cargo, así como idénticos documentos adjuntados a la presentación anterior; g) en fojas 80 se agrega el informe fiscal o vista, de fecha 2 de octubre de 2025, por el cual se propone la sanción de destitución; h) finalmente, el 9 de enero de 2026, se dicta la Resolución NºNUM001 que, acogiendo la vista fiscal, dispone la sanción de destitución por falta a la probidad de nombre reservado, acto terminal contra el cual se endereza la acción cautelar en análisis.

Duodécimo: Que, existe consenso en nuestra doctrina y jurisprudencia en torno a los principios sobre los cuales se construye el Derecho Administrativo Sancionador, siendo el de legalidad uno de aquellos que se denominan “sustantivos”. En este orden de ideas, el profesor nombre reservado

Q. refiere que “la forma en que opera la legalidad respecto de la atribución de las potestades sancionadoras reconoce diversos ámbitos, en donde la reserva legal puede ser absoluta o relativa dependiendo de cada una de las materias, a saber: a) la atribución de la potestad sancionadora a un órgano administrativo que es una materia de estricta reserva legal; b) la determinación de las conductas constitutivas de infracción que es una materia de reserva legal relativa ya que el núcleo de la conducta debe encontrarse en la ley, mientras que los aspectos complementarios y de detalle pueden ser objeto de un reglamento; c) las sanciones administrativas que es una materia de reserva legal absoluta; y d) el procedimiento administrativo sancionador cuyas bases deben encontrarse en la ley mientras que los aspectos complementarios o de detalle corresponden a reglamentos o normas administrativas lo que incluye las normas que regulan los criterios para la aplicación de sanciones” (Curso de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, editorial Libromar Spa, agosto 2023, p. 829).

En tal orden de ideas, el artículo 11 de la Ley 19.880 establece que “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Décimo tercero: Que, acorde a lo consignado en el raciocinio precedente, ha podido constatarse que el procedimiento administrativo incoado en contra de la recurrente no se ha ceñido a las normas y principios que lo definen. Esto en cuanto los dos actos de formulación de cargos dictados resultan claramente defectuosos y han afectado gravemente el derecho a defensa de la actora, privándola -en la práctica- de formular sus descargos y presentar prueba apta para contrarrestar la imputación, de un modo que se ajuste a los planteamientos por ella señalados.

En efecto, en cuanto al primer acto de formulación de cargos, de fecha 23 de agosto de 2026, la propia recurrida ha admitido que omite toda consideración de las normas y fundamentos de derecho que integran la infracción administrativa que se imputaba a nombre reservado. Ello fue representado expresamente por la funcionaria en su escrito de descargos. Y, si bien en las copias del sumario allegadas al recurso no consta en modo alguno la resolución que habría recaído sobre ese libelo, la recurrida informó que se acogió la observación efectuada por vía principal y se habría procedido a dictar una nueva formulación de cargos con fecha 9 de septiembre de 2025 donde sí se señalaban las normas que se estimaban con vulneradas. Esto último, empero, no puede ser considerado como efectivo, desde que la resolución a la cual se le atribuye el carácter de “rectificatoria” y que se lee a continuación del escrito de descargos de la recurrente está fechada el “9 de agosto de 2025”, esto es, en una data anterior a la primitiva formulación de cargos, sin que se haya demostrado que ese supuesto “error de transcripción” haya sido solucionado dentro del procedimiento administrativo.

Por el contrario, lo que se extrae del expediente sumarial es que el funcionario a cargo de la investigación se limitó a dictar ese erróneo acto administrativo de formulación de cargos y -enseguida- se procedió a insertar nuevamente la misma presentación anterior de la actora y, luego, emitir la vista fiscal con la propuesta de sanción que finalmente fue acogida por la autoridad que dictó la Resolución NºNUM001 donde se dispuso la destitución de la recurrente.

En virtud de lo que se advierte de los antecedentes sumariales no consta que la señora nombre reservado haya sido debidamente emplazada el 9 de septiembre de 2025 para que pudiera efectuar nuevos descargos -ahora ya en conocimiento de las normas que se decía habría trasgredido- por cuanto la citada “segunda” formulación de cargos señala que es “con esa misma fecha” -es decir el 9 de agosto de 2025- que se procedió a notificar vía correo electrónico a la docente.

Es más, de la lectura de la Resolución NºNUM001 contra la cual se endereza el presente arbitrio cautelar se verifica que no se hace alusión alguna a descargos que la funcionaria haya podido efectuar después de la rectificación de la formulación de cargos, mucho menos que haya podido rendir pruebas, por lo que dicha Resolución de término fue antecedida de un procedimiento administrativo viciado, contrario a la ley y que no respetó los los principios que informan la Ley Nº19.880 y que en el caso de los procedimientos administrativos sancionatorios, vienen a ilustrar el procedimiento que debe desarrollar la administración.

Décimo cuarto: Que, no obsta a lo antes concluido la circunstancia de que la recurrente, ante la primera formulación -defectuosa- de cargos haya realizado descargos respecto del hecho que se le imputaba, porque al haber admitido la autoridad administrativa a cargo del procedimiento la omisión normativa denunciada, expresamente se le concedió un nuevo término de cinco días para hacer sus descargos y acompañar los antecedentes o medios de prueba que estimare útiles para su Defensa.

Décimo quinto: Que, habiéndose constatado la ilegalidad del procedimiento administrativo incoado en contra de la recurrente, no cabe sino concluir que efectivamente la recurrida ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley de la actora, garantizado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, desde que nombre reservado fue objeto de una diferenciación indebida al habérsele formulado cargos sin sujeción a la ley, esto es, sin consignar los fundamentos de derecho, culminando en una sanción de destitución que no cumple con los estándares indispensables para considerarlo ajustada a las normas legales y principios que inspiran el derecho administrativo sancionador.

En razón de ello, la acción cautelar será acogida.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en las disposiciones legales y constitucionales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad esgrimida por la recurrida.

II.- Se acoge, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo de Lampa, dejándose sin efecto, en consecuencia la Resolución NºNUM001, así como las formulaciones de cargos dictadas con fecha 23 de agosto de 2025 y 9 de agosto de 2025 (sic), retrotrayendo el procedimiento administrativo a la etapa de formulación de cargos que deberá realizar el funcionario competente y proseguir con todas las etapas posteriores pertinentes hasta que funcionario no inhabilitado que corresponda emita una nueva resolución de término del sumario, debidamente fundada, en cumplimiento de las exigencias legales y de motivación del acto administrativo, en la cual deberá ponderar debidamente los antecedentes que la funcionaria sumariada aporte.

Acordado con el voto en contra de la abogada integrante Catalina Infante Correa, quien estuvo por rechazar el recurso de protección presentado por doña nombre reservado, por las siguientes consideraciones: 1° Que la recurrida actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y adoptó la decisión luego de un proceso legalmente tramitado, en el que la recurrente tuvo oportunidad de efectuar sus descargos y allegar prueba para apoyar su defensa. 2° Que no desvirtúa lo anterior la circunstancia de que en sus orígenes la formulación de cargos haya sido defectuosa al omitir las normas jurídicas que le servían de fundamento, por cuanto aquello fue subsanado a fojas 56, el día 9 de septiembre de 2025 -un error de transcripción alude al mes de agosto, pero se hace necesario tener presente que se encontraban aproximadamente 20 sumarios en curso por la misma causa, lo que a juicio de esta disidente excusa tal desprolijidad-, fecha en que se dejó sin efecto la formulación original incompleta, y se anunció la notificación de los nuevos cargos que saneaban la deficiencia anterior. 3° Que la circunstancia de que, con posterioridad a ello, a fojas 58 y siguientes, la recurrente reiterara en idénticos términos los descargos y la prueba que había presentado antes de la subsanación -a fojas 38 y siguientes-, es prueba no sólo de que dicha notificación se le practicó sino también de que la alegación referente a la omisión normativa no impidió que ella desde el inicio tuviera conciencia de la ilicitud de la conducta reprochada. 4° Que, en efecto, de su declaración es posible advertir que el viaje realizado desde el 9 al 18 de mayo de 2023 a España con el objeto de visitar a su madre enferma fue planificado, y que según dan cuenta los documentos acompañados por ella misma, la licencia psiquiátrica obtenida telemáticamente el día anterior a su viaje, por un médico general que reproduce los síntomas descritos por ella, era parte de dicho plan.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la Ministra Claudia Parra Villalobos.

No firma la Abogada Integrante Catalina Infante, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por ausencia.

Rol Protección 8313-2026.