nombre reservado con COMISIÓN MÉDICA CENTRAL DEL LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que se interpone recurso de protección en favor de Sulvicmar nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, lo que vulneraría las garantías constitucionales reconocidas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 03 de febrero de 2026 presentó ante la recurrida, a través de su plataforma digital, una solicitud formal de retiro de fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, acompañando la documentación exigida por la normativa, entre ellos, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Añade que con fecha 04 de febrero de 2026, la recurrida le notificó el rechazo de su requerimiento, fundado en que la constancia electrónica del IVSS no cumplía con las exigencias normativas al no constituir un certificado de afiliación idóneo, omitir el detalle de las prestaciones específicas de seguridad social en su favor, carecer de firma autorizada y no encontrarse debidamente legalizada o apostillada. Al respecto, el recurrente arguye que se desconoce la imposibilidad material y jurídica de obtener legalizaciones consulares de documentos venezolanos en la actualidad, derivada del notorio quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Señala que el 06 de febrero de 2026, ingresó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, la que el día 11 del mismo mes y año, dio respuesta a su petición, señalando que: “…el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. En consecuencia y, tratándose de los ciudadanos venezolanos, la certificación de la documentación debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1o del Convenio de la Apostilla o Convención de la Haya. Tratándose de las certificaciones emanadas de las delegaciones consulares o embajadas de un país extranjero, en el cual expresamente se indique que este ha sido expedido en representación de la autoridad competente de la Seguridad Social del país que corresponde…”

Hace presente que la recurrente actualmente reside en España, lo que demuestra que no tiene intención de regresar a Chile.

Solicita en definitiva se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, dar curso a la solicitud de retiro de fondos de la recurrente y efectuar la devolución íntegra de los fondos previsionales dentro del plazo que esta Corte determine.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Indica, en primer lugar, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto, por tratarse de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, en la que no existe un derecho indubitado.

En subsidio, expresa que su representada no ha incurrido en actos ilegales ni arbitrarios, ajustando su conducta a la Ley N° 18.156 y al Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Relata que AFP Provida con fecha 14 de enero de 2026 rechazó solicitud del recurrente de autos, debido a que “Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado.”

En cuanto a los documentos acompañados a la acción, indica que la constancia de cotización no tiene firma, y, que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile”. Invoca al efecto los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Respecto de las declaraciones juradas, refiere que la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que aquellas presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos.

Asimismo, destaca que la Superintendencia de Pensiones cuenta con atribuciones para interpretar la legislación previsional e impartir normas generales de cumplimiento obligatorio para las AFP, conforme al artículo 3° del DFL N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que la Excma. Corte Suprema ha reconocido expresamente dichas atribuciones en fallos recientes.

Concluye que su representada se ha limitado a verificar copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente, sin que ello importe privación, perturbación ni amenaza alguna de garantía constitucional.

Tercero: Que informando la Superintendencia de Pensiones,, solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer lugar que el objeto de la acción excede el ámbito del recurso de protección, por no existir un derecho indubitado preexistente, y en consecuencia no resulta aplicable un procedimiento de emergencia.

Señala que en la respuesta al reclamo de la recurrente le señaló que conforme al Oficio Ordinario Nº12954, de dicho origen, las certificaciones electrónicas (Constancia Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y, sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las que no se pueda inferir un determinado período de cobertura; cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, exigido en la letra a) del artículo 1º de la Ley Nº18.156. Asimismo, hizo presente que el único documento con el cual se puede dar continuidad al trámite es una Constancia de Afiliación Vigente emitida por la autoridad previsional competente y el documento debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de otro modo el documento no sería valido.

Finalmente sostiene que no ha incurrido en actos arbitrarios o ilegales que perturben las garantías constitucionales de la recurrente Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción cautelar exige la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que este cause privación, perturbación o amenaza a una garantía constitucional, requiriéndose indispensablemente que el derecho reclamado tenga el carácter de indubitado y preexistente. No resulta ser esta vía un procedimiento de lato conocimiento destinado a declarar derechos controvertidos.

Quinto: Que, para resolver la controversia, es preciso tener presente que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción a la obligación general de cotizar en el sistema previsional chileno. Su artículo 1° exige copulativamente: a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, de los antecedentes allegados a estos autos aparece establecido que, para los efectos de acreditar el presupuesto previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, la recurrente acompañó ante la autoridad administrativa una constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, instrumento que no se encuentra suscrito por autoridad competente, ni legalizado o apostillado, y que, además, no permite tener por acreditado que dicho régimen le otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Séptimo: Que, asentado lo anterior, no se advierte que la actuación de la recurrida pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, desde que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos encuentra sustento en la falta de acreditación suficiente de los presupuestos copulativos que contempla el artículo 1° de la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional y, por ende, de aplicación restrictiva.

Octavo: Que, en efecto, la constancia electrónica acompañada por la actora, aun cuando incorpore mecanismos de verificación digital, no satisface, por sí sola, las exigencias formales que nuestro ordenamiento impone respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero, de manera que no resulta bastante para tener por acreditada, en esta sede cautelar, la cobertura previsional invocada en los términos exigidos por la ley.

Noveno: Que, en lo concerniente a la imposibilidad material para obtener la apostilla o legalización de la documentación emanada de autoridades venezolanas, cabe señalar que dicha circunstancia, aun cuando pudiere importar una dificultad práctica atendible, no autoriza a esta Corte para eximir del cumplimiento de exigencias legales expresas ni para sustituir, por la vía de esta acción cautelar, los medios de acreditación previstos por el legislador y desarrollados por la autoridad administrativa competente.

Décimo: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la recurrida aparece sustentada en antecedentes objetivos y en la aplicación de la normativa sectorial pertinente, sin que se advierta en su dictación un proceder caprichoso, infundado o discriminatorio que justifique el otorgamiento de la cautela constitucional pretendida.

Undécimo: Que, asimismo, tampoco se configura la vulneración del derecho de propiedad denunciada, toda vez que los fondos previsionales de la recurrente permanecen incorporados a su cuenta de capitalización individual y conservan la finalidad legal que les es propia, de modo que la negativa impugnada no importa privación, perturbación ni amenaza de dicho derecho, sino únicamente la improcedencia de su restitución anticipada en ausencia de los presupuestos legales que la hacen excepcionalmente procedente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Sulvicmar nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-8307-2026.