nombre reservado con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Santiago, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo en consideración:

1°) Que se recurre de protección por parte de un grupo de 20 trabajadores de la empresa Servicios Generales Maper Limitada, unidos para negociar colectivamente un Instrumento Colectivo de Trabajo, los cuales se mencionan en el libelo, quienes lo hacen por intermedio del abogado don Hugo Fábrega Vega, contra la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, representada por doña nombre reservado. Indicando como acto administrativo agraviante el Ordinario N°1133 que deniega registrar el Instrumento Colectivo acordado entre los recurrentes y la empresa, amenazando y perturbando las garantías contenidas en los numerales 2, 15, 16, 19, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que los trabajadores unidos al efecto, procedieron a aprobar la última oferta presentada por el empleador, firmándose el instrumento en virtud de lo dispuesto en el artículo 320 del Código del Trabajo, el 2 de noviembre de 2017. La inspección no procedió al registro del mismo lo que constituye un acto ilegal y arbitrario, porque de las normas de los artículos 320 y 321 del Código del Trabajo es posible colegir que el Instrumento Colectivo es una convención celebrada entre empleadores y trabajadores. Considera una obligación de la recurrida proceder al registro, porque esta convención ha sido celebrada entre empleadores y trabajadores; y el Tribunal Constitucional en sentencia pronunciada en autos rol N° 3016 (3026)- 16-CPT de 9 de mayo de 2016, declaró inconstitucional la norma de la reforma laboral que disponía que el “Contrato colectivo es aquel celebrado por uno o más empleadores con uno o más sindicatos, conforme al procedimiento de negociación colectiva reglada establecida en el Título IV del Libro IV de este Código.”. Ello, porque la negociación es un derecho de los trabajadores, no de las organizaciones sindicales.

Con el acto recurrido se priva a los recurrentes de todas y cada una de las prerrogativas y derechos que el Libro IV entrega a los trabajadores que, ejercitando su derecho de asociación de manera diversa a la formación de un sindicato, quieren y desean negociar colectivamente;

2°) Que en el epígrafe “La ilegalidad del Acto”, destaca que los órganos del estado deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, dentro de su competencia y sin otras atribuciones que las que les confiere el ordenamiento jurídico, previa investidura de sus miembros. Cita al efecto los artículos 6, 7 y 8 de la Carta Fundamental. La competencia de la recurrida la establece claramente el artículo 320 del Código del Trabajo, a su juicio, por lo que era imperativo registrar el instrumento colectivo. Bajo el epígrafe “La Arbitrariedad del Acto”, señala el recurso, que tratándose del ejercicio de potestades públicas la autoridad no sólo tiene como limitación el Derecho sino también una serie de principios que limitan el margen de libre apreciación que la potestad pública le otorga, de forma de evitar que su actuar sea arbitrario, contrario a la razón o al derecho. Así, el límite de la razonabilidad en cuya virtud la autoridad debe escoger la mejor solución posible, exige un deber jurídico de buena administración, de forma que su decisión no se encuentre motivada por su mera voluntad o capricho. Otro de los parámetros está constituido por la proporcionalidad, lo que atiende a la debida relación que debe existir entre los medios escogidos para alcanzar un fin y la medida que se adopte para ello. Además, la prudencia gubernativa, de actuar conforme a la recta razón. Por lo tanto la arbitrariedad es uno de los límites del ejercicio de la potestad discrecional. Se refiere luego a las garantías invocadas y por qué se las afectaría con el acto administrativo comentado y cita jurisprudencia en apoyo de lo que se sostiene en el recurso, pidiendo se lo acoja, dejando sin efecto el Ordinario N° 1605 de 13 de noviembre de 2017; se ordene proceder al registro denegado y se imponga las costas que se causen;

3°) Que, don Guillermo Vera Zapata, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, informa solicitando el rechazo con costas del recurso, sobre la base de la exposición que hace. Se llegó a la conclusión de que no era procedente el registro, porque se trataba de un acuerdo entre un empleador y un grupo de trabajadores. Referente al artículo 320 del Código del Trabajo, en que se funda la presunta ilegalidad, dice que este precepto impone una condición para calificar un determinado instrumento como “Instrumento Colectivo”, el haberlo generado de acuerdo a las reglas del Libro IV del Código.

A este respecto señala que la Ley N° 20.940 no contempló procedimiento de negociación para los grupos de trabajadores. Al efecto, expresa que el artículo 327 del Código del Trabajo señala de manera expresa, en relación con la negociación colectiva reglada, que el proceso se inicia con la presentación del proyecto por parte de “el o los sindicatos al empleador”; que el artículo 314, respecto de la negociación no reglada, establece que la negociación es “entre uno o más empleadores y una o más organizaciones sindicales”. O sea, en su concepto, no está contemplada la posibilidad de que un grupo de trabajadores negocie de acuerdo a lo establecido en el Libro IV, siendo evidente que no puede obtener este grupo un “Instrumento colectivo” en los términos del artículo 320 del Código. De otra parte, el artículo en mención, inciso final, dispone que los instrumentos colectivos, cuya definición ha entregado, deben ser registrados en la Inspección del Trabajo. No resultaría así en este caso, pues la recurrente no es un sindicato ni una organización sindical, por ende, aun cuando haya llegado a un acuerdo con su empleador, el mismo no tiene el carácter de instrumento colectivo ni tiene sus efectos.

Atribuye el yerro en que incurriría la recurrente al hecho de obviar la parte final de la definición que el Código da a la expresión “Instrumento colectivo”, esto es, la frase “de conformidad a las reglas previstas en este Libro”, que marca de esta forma la necesidad de seguir las reglas y condiciones que la propia ley impone para efectos de obtener como resultado un instrumento colectivo. Adicionalmente, el artículo 19 N° 16 inciso 5° de la Constitución señala “…La Ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica.”. Esas modalidades son las que están comprendidas –apunta- en el Libro IV del Código del Trabajo, al que no se han sometido los recurrentes.

Agrega que luego de la supresión por el Tribunal Constitucional, en sentencia de 9 de mayo de 2016, citada de contrario, del artículo 315 incorporado por el artículo 1° numeral 37 del Proyecto de Ley aprobado por el Congreso que “Moderniza el sistema de relaciones laborales” (conocido como reforma laboral), y que regulaba el procedimiento de negociación colectiva de los grupos negociadores, la negociación de estos colectivos quedó sin regulación en la ley, provocándose con ello un vacío evidente que no puede ser subsanado sino por la actuación del legislador de conformidad a la previsión del inciso quinto del numeral 16 del artículo 19. En este sentido, como ha tenido ocasión de señalar la Dirección del Trabajo en Ord. N°1163/0029, de fecha 13 de marzo de 2017, dictamen en el cual se fundamenta el Ord. N°1605 de fecha 13 de noviembre de 2017 de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco “…excede las facultades de esta Dirección del Trabajo el determinar a qué tipo de procedimiento de negociación colectiva y en qué forma podrían acceder los grupos negociadores o de trabajadores que se unen para el solo efecto de negociar. Si esta autoridad se atribuyera estas facultades estaría infringiendo normas constitucionales contenidas en los artículos 6, 7, 19 N°16 y 63 N°s 2 y 4, y por ende susceptible de sancionarse con su nulidad, originando las responsabilidades y sanciones para la autoridad que incurriera en esta infracción.”

La doctrina ha señalado en esta misma línea argumental -continúa-, que “la subsistencia, insistimos, al sujeto espontáneo trabajadores que se unen para negociar colectivamente en la definición de contrato colectivo del artículo 6 inciso 3°, es consecuencia de la ejecución de la sentencia del TC ante la técnica legislativa del proyecto de reforma laboral: la declaración de inconstitucionalidad solicitada respecto de la definición de contrato colectivo del artículo 6 inciso 3°, al hacer referencia únicamente a la organización sindical eliminando la frase trabajadores que se unen para negociar colectivamente, tuvo por efecto mantener vigente la actual definición; en cambio, respecto de las normas sobre grupos negociadores contenidas en el nuevo Libro IV del proyecto, la declaración de inconstitucionalidad produjo la eliminación de dichas normas, sin que “revivieran” las disposiciones sobre grupos negociadores hoy vigentes y que dejan de regir el próximo 31 de marzo de 2017, produciéndose un vacío legal.”. Producto de todo esto, se insiste, si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador, las que son vinculantes para las partes y producen los efectos comunes de todo acuerdo contractual, dichos instrumentos no tienen los efectos jurídicos que el Libro IV del Código del Trabajo asigna al instrumento colectivo suscrito en el marco de una negociación colectiva reglada (contrato colectivo) o no reglada (convenio colectivo) de sindicato. (Dictamen 1163/0029). Así, siguiendo al profesor nombre reservado, no se puede asimilarlos a los derechos, prerrogativas y obligaciones propias del procedimiento de negociación colectiva reglada, como lo son la obligatoriedad del empleador de negociar colectivamente y de suscribir un contrato colectivo, el derecho a huelga o el derecho a fuero, entre otros aspectos.

Y al no constituir el instrumento o acuerdo del grupo de trabajadores un “instrumento colectivo” en los términos del artículo 320 del Código laboral, no corresponde que la Inspección registrara el acto. Aceptar la tesis de contrario sería, a su juicio, producir un efecto insospechado y de sentido inverso al que pretendió el TC en la sentencia de 9 de mayo de 2016 referida ya que, daría la categoría de “instrumento colectivo” a acuerdos en los cuales no se ha seguido ninguna regla de procedimiento, porque para tales grupos no existen, y tampoco aplicando las reglas propias de la negociación colectiva de sindicatos, si se pretendiere que ante la ausencia de reglas especiales se aplicaran a la negociación de grupos –lo que no se comparte-, pues se trata de una negociación que no se ha podido nunca verificar al amparo del Libro IV del Código del Trabajo. Lo que se hace es poner a los grupos de trabajadores en un pie de preeminencia en relación al sindicato, pues lo exime de cumplir las exigencias mínimas que la ley exige al sindicato para arribar a un instrumento colectivo de aquellos regulados por el artículo 320.

De obligársele a efectuar una actuación “contraria a Derecho”, en caso alguno podría lograrse el efecto que se aplique a este pacto todo lo dispuesto en el Libro IV ya que el registro en sí mismo no tiene ningún efecto jurídico consecuencial a su realización. De este modo no se ha conculcado la garantía del artículo 19 N°16 de la Constitución Política porque no se ha impedido a las partes del acuerdo ejercer y gozar los beneficios que de ese acto emanan, no obstante que la garantía invocada no la menciona el artículo 20 de la Carta Política. Tampoco se les ha impedido asociarse y del mismo modo no ha habido afectación de las demás garantías señaladas, como la del derecho de propiedad;

4°) Que, el recurso de protección no es una instancia de declaración de derechos y lo cierto es que en el recurso de marras se pretende una ilegalidad de la recurrida sobre la base de una interpretación jurídica que contradice la posición de la recurrente de que le asista el derecho a que el acuerdo arribado en la forma ya dicha, sin sujeción al procedimiento del Libro IV del Código del Trabajo, pueda ser tratado como si lo fuera, arguyéndose que la autoridad faltaría a las reglas fundamentales que la Constitución fija a los órganos y autoridades públicas, mientras que la recurrida sostiene lo contrario.

Eso, prima facie. Además, de lo que se trata es que la Ley N° 20.940 estableció una norma que sólo permitía negociar colectivamente a estos grupos de trabajadores no organizados sindicalmente, en aquellos casos en que no hubiere sindicato. El Tribunal Constitucional suprimió la norma que establecía la negociación colectiva de los grupos de trabajadores, pero quedaron disposiciones que hacían referencia a lo suprimido. Esto es lo que decidió el Tribunal Constitucional y conforme a la Carta Fundamental la negociación colectiva es materia de ley y corresponde al Presidente la iniciativa de legislar al respecto. Por ende, suprimida la norma que habilitaba a los grupos de trabajadores para negociar, deja de asistirles el derecho a negociar en este sentido. Carecen estos grupos de las normas jurídicas que les permitan el ejercicio del derecho, como es determinar la voluntad colectiva, elegir a sus representantes, aceptar o rechazar las propuestas empresariales.

La recurrida, no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna en este caso, al no registrar el acto, lo que hizo fundadamente a través del Ordinario N°1133, aduciendo que la ley no contempla norma alguna que establezca la modalidad o el procedimiento de la negociación colectiva que puedan practicar aquellos trabajadores agrupados, refiriéndose a los recurrentes; y que si bien los grupos negociadores pueden formular y acordar condiciones comunes de trabajo con su empleador, las que son vinculantes para las partes -obviamente- no pueden producir los efectos especiales previstos y regulados en el Libro IV del Código del Trabajo. No se ha faltado, por ende, a lo dispuesto en el artículo 320 del Código del Trabajo ni se ha amagado en forma alguna ninguna garantía constitucional, siendo de advertir que conforme el devenir de la legislación en la materia, lo que se ha procurado es que la negociación fuera fruto de una real convención entre los trabajadores y los empleadores, por lo que antes de la Ley N° 20.940 los grupos sólo podían negociar bajo la modalidad reglada o semirreglada y ahora una negociación que no cumple con las normas del Libro IV del Código del Trabajo, no tiene los efectos vinculantes que de sus disposiciones emanan.

5°) Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, también, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema en la materia, se rechaza la acción de protección deducida por don Hugo Fábrega Vega, abogado, por el grupo de trabajadores de la Empresa Servicios Generales Maper Limitada, unidos para negociar un instrumento colectivo de trabajo, representados por la Comisión Negociadora integrada por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 83.009-2017.

Redacción del Ministro señor Silva C. No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Torres, por ausencia.