nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante e indistintamente SUSESO, por el acto ilegal y arbitrario en que ha incurrido al rechazar las licencias médicas de la recurrente.

Para fundar su recurso, señala que el no pago de las licencias médicas (15) le ha causado un deterioro mental, físico y económico, importante. El COMPIN con fecha 13 de junio le autorizó 4 licencias que son posteriores respecto a las que se conocen en la presente acción.

Agrega que, en la actualidad retomó sus funciones en el trabajo, esto es, como conductor de buses interprovinciales, con los riesgos que ello conlleva, porque está preocupado por sus problemas económicos.

Indica que nunca fue contactado por la Comisión Médica del COMPIN. Por lo tanto, entiende que le rechazan las licencias médicas arbitrariamente. Añade que con el actuar de la recurrida se están vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, en especial, menciona el derecho a la protección de la salud.

Señala que adjunta informes médicos y un informe de los médicos tratantes en esa ocasión.

Espera que se pongan en su lugar autoricen sus licencias médicas para poder trabajar tranquilo. A su vez, solicita que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Adjunta los siguientes documentos: 1) RE N° R-01-DRBS-67564-2022, de 27.05.2022, con REF. Licencia Médica. Reconsideración. Confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo; 2) RE N° R-01-UME-65580-2022 de 25.05.2022, con REF. Licencia Médica. Confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo; 3) Documento escaneado titulado Informe Complementario de Médico Tratante con logo COMPIN, Ministerio de Salud. Paciente, de 31 de agosto de 2021 emitido respecto de don nombre reservado como paciente; se menciona su diagnóstico, historia clínica, tratamiento actual, evolución y pronostico, donde se indica como fecha probable de retorno el mes de febrero de 2022. Firma y timbre de nombre reservado., médico cirujano; 4) Documento escaneado titulado Informe Complementario de Médico Tratante con logo COMPIN, Ministerio de Salud. Paciente, de 04 de abril de 2020 emitido respecto de don nombre reservado como paciente; se menciona su diagnóstico, historia clínica, tratamiento actual, evolución y pronostico, donde se indica como fecha probable de retorno de reintegro el día 30 de abril de 2022. Firma y timbre de nombre reservado, médico cirujano; 5) Documento con logo IST del Servicio de Evaluaciones Laborales del Instituto de Seguridad del Trabajo, emitido respecto de don nombre reservado como conductor profesional. Emitido con fecha 14.01.2022 y con fecha de examen el 11.01.2022 por el doctor nombre reservado. Da cuenta de conclusión médica, indicaciones, diagnóstico y observaciones. Se dispone que no tiene vigencia; 6) Documento escaneado titulado Informe Complementario de Médico Tratante con logo COMPIN, Ministerio de Salud. Paciente, de 23 de junio de 2021 emitido respecto de don nombre reservado como paciente; se menciona su diagnóstico, historia clínica, tratamiento actual, evolución y pronostico, donde se indica como fecha probable de retorno de reintegro el mes de septiembre de 2021. Firma y timbre de nombre reservado, médico cirujano; 7) Documento escaneado titulado Informe Médico Tratante con logo del Servicio de Salud Metropolitano Central, Ministerio de Salud. Paciente, de 18 de febrero de 2022 emitido respecto de don nombre reservado como paciente; se menciona su diagnóstico y que se encuentra con controles. Para ser presentado en la SUSESO. Firma y timbre de nombre reservado, médica cirujana; 8) Diversos antecedentes médicos del recurrente.

Luego de evacuado el informe de la recurrida, el recurrente presenta un escrito donde controvierte los dichos de la SUSESO, reiterando, en síntesis, los argumentos de su recurso y el motivo del mismo, esto es, el rechazo de sus licencias médicas; asimismo, adjunta una serie de documentos, entre los cuales destaca el certificado de defunción de su madre emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por resolución de 26 de agosto de 2022, se ordenó tener presente estas alegaciones en la vista de la causa.

Segundo: Que, informando la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solicita que se rechace la presente acción constitucional, por extemporánea, en subsidio alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social y, en subsidio de las alegaciones anteriores informa sobre el fondo del asunto.

En tal contexto, y respecto de la extemporaneidad, alega que el recurrente ejerció la presente acción constitucional con fecha 13 de junio de 2022, vale decir, cuanto el plazo de 30 días corridos estaba con creces vencido; toda vez que el señor nombre reservado ya tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas por parte de la COMPIN hace más de 7 meses contados hacia atrás desde la fecha antes indicada.

Explica que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

A continuación, esgrime que la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales Respecto de la alegación subsidiaria de improcedencia del recurso, la SUSESO arguye que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la presente acción cautelar.

Añade el carácter cautelar del recurso de protección en cuanto a que debe dársele una aplicación restringida aplicando únicamente en casos en que exista una violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”, lo cual, a su juicio, no ocurre en este caso.

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, en primer lugar hacer notar el marco jurídico normativo que regula la materia a que se refiere la presente acción cautelar. Alude al derecho a licencia médica, en cuanto a que la incapacidad laboral por motivos de salud puede ser permanente o transitoria y luego, en relación a las primeras, se refiere a las pensiones de invalidez reguladas en el Decreto Ley N° 3500, de 1908 y, respecto de las segundas se refiere propiamente a las licencias médicas, cuya regulación se encuentra en D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud y, a continuación explica que de cumplirse los requisitos legales de la misma da origen al pago de subsidio por incapacidad laboral regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social o, al pago de la remuneración en el caso de trabajadores afectos a estatutos especiales.

A continuación, alude a conforme a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social, le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En este sentido, precisa sus facultades conforme a la Ley N° 16.395 y a la Ley N° 20.585, conforme a la cual debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En cuanto a la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad vincula su alegación con el derecho a la licencia médica, indicando al respecto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16325 a la SUSESO le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Agrega que a dicha entidad la sucedieron – en las funciones que no derivan del Código Sanitario – las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud que, a su vez, tienen a cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez – COMPIN-, las cuales participan en la administración del derecho a licencia médica como primera instancia o como instancia de apelación, según corresponda.

En consecuencia, según señala, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Por otro lado, arguye que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y, es en dicho cuerpo reglamentario en que se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

En otro orden de ideas, alega que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, lo cual no ocurre, en su parecer, en este caso. Precisa en cuanto a que el “derecho a licencia médica” del recurrente no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

A mayor abundamiento, según alegan, se refiere a que constan en los antecedentes del recurrente distintos informes médicos de especialistas de la Superintendencia.

Como otra alegación o defensa, la SUSESO alude a la ausencia de derechos vulnerados. Indica que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolverla situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, así como de ningún otro.

En definitiva, solicita que se rechace el presente recurso de protección, con costas.

Adjunta a su presentación las copias de los antecedentes del expediente administrativo del caso del seños nombre reservado.

Tercero: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad respecto de las licencias 51926385-8; 53549281-6; 54726244-1; 56338396-8; 57030964-1; 58058875-1; 58697872-1; 59222920-K; 59205925-8; 59814007-3; 60613942-K; 60630409-9, deberá necesariamente desestimársela, por haberla previamente desechado la Excma. Corte Suprema mediante resolución de fecha 08 de julio de 2022 que declaró admisible el recurso respecto de todas las licencias médicas a que alude el recurrente en su presentación.

En lo que atañe a esta misma alegación respecto del resto de las licencias impugnadas, RUT reservado; RUT reservado y RUT reservado, ha de reflexionarse que el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de 3 licencias médicas del recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, con lo cual se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 13 de junio de 2022, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

Este Tribunal no desconoce que las referidas resoluciones exentas contra las que se recurre sólo vino a desestimar la reconsideración deducida contra la decisión de mantener el rechazo de las licencias resuelto por la COMPIN, mas, sin embargo, resulta razonable que el plazo para recurrir se contabilice a partir de la resolución final de la Superintendencia, desde que ella marca, como se dijo, el término definitivo de la vía administrativa, que deja como único camino para procurar revertir la decisión que se estima arbitraria e ilegal la del recurso de protección de garantías constitucionales.

No puede exponerse al recurrente a que en el evento de deducir el recurso contra la decisión que le afecta, se le responda que debe agotar primero la vía administrativa y que luego cuando lo haga, agotada esa vía, se le diga que debió reclamar contra el acto original. Otorga mayor certeza la postura de esperar el agotamiento de la sede administrativa, mediante el ejercicio de todos los recursos que prevea el ordenamiento para el asunto de que se trate, antes de exigir que se recurra a la tutela constitucional ante los tribunales ordinarios de justicia;

Quinto: Que, ahora bien, en relación al fondo y acerca de la actuación que por esta vía se impugna debe tenerse primeramente en consideración lo que dispone la normativa que regula la materia.

El artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/84, que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, prescribe que tanto la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos, agrega la norma, se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Pues bien, en este marco normativo es que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región Metropolitana rechazó las licencias médicas del recurrente, correspondientes al periodo comprendido entre el desde el día 28 de abril de 2021 por un total de 226 días a contar de dicha fecha y luego 10 de noviembre de 2021 por un total de 60 días. No se observa en este proceso ilegalidad ni arbitrariedad alguna que pueda atribuírsele a la COMPIN, sin perjuicio de tenerse también en consideración que los rechazos de las licencias resueltos aparecen debidamente fundamentados;

Sexto: Que, en cuanto a la actuación que cupo a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, ha de indicarse que la citada Ley 20.585 ha entregado a este órgano de la Administración del Estado el cumplimiento de ciertas funciones con el objetivo de asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario sea de una Institución de Salud Previsional o del Fondo Nacional de Salud.

En este contexto y en lo que atañe al caso sobre que versa el recurso, la valoración de los antecedentes acompañados por esta recurrida permiten descartar cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad en su proceder, pues demuestran que la decisión adoptada, además de encontrar soporte legal, no se sustentó en el mero capricho de la autoridad que intervino en la misma, quien, por el contrario, emitió su parecer de orden técnico con pleno apego a la normativa que regula el derecho denominado licencia médica, en una decisión apoyada en la revisión de los profesionales médicos de la COMPIN y, a mayor abundamiento, por los profesionales médicos especializados de la Superintendencia de Seguridad Social.

Séptimo: Que, en razón de lo expuesto en los motivos anteriores y por no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de protección deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en lo principal de la presentación de fecha 13 de unió de 2022, por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

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N°Protección-82977-2022.