INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA TRANEX LTDA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO NORTE CHACABUCO

Foja: 62 Sesenta y Dos C.A. de Santiago Santiago, ocho de julio de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 15, comparece don nombre reservado, en representación de Ingeniería y Movimiento de Tierra Tranex Limitada, RUT N° RUT reservadoe interpone acción de protección constitucional en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Norte-Chacabuco, por el acto que estima ilegal y arbitrario de no tramitar su solicitud de reconsideración de multa administrativa por estimarla extemporánea, lo que en su concepto vulnera su garantía constitucional del artículo 19 N° 2, en virtud de los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho que expone.

Funda su recurso en que con fecha 11 de noviembre del año pasado se le notificó por la recurrida las resoluciones 1371/13/93 N°s 1 y 2, de fecha 10 de octubre de 2013, notificada a su parte mediante carta certificada, que le imponían respectivamente multas de 40 UTM y 15 IMM, por no llevar registro de asistencia y por no exhibir toda la documentación necesaria para efectuar las labores de fiscalización.

Agrega, que el 23 de diciembre presentó una solicitud de reconsideración administrativa, a la cual la recurrida no dio curso por estimar que no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de la resolución recurrida.

Expresa, que lo anterior se le comunicó mediante Resolución Ordinaria N° 95, de fecha 20 de enero de 2014, notificada a través de carta certificada, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 27 de enero de 2014, donde se le comunica que no se dio lugar a su solicitud por “incumplimiento a los requisitos legales”, considerando que: no se presentó “dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación”.

Manifiesta que la actuación denunciada es ilegal porque la única norma, dentro del Código del Trabajo, que se refiere al plazo para deducir reconsideración, es el inciso 1° del artículo 512, que establece que el plazo es de 30 días siguientes a la notificación, sin que en ninguna parte se establezca que el término es de días corridos.

No regulando el Código Laboral la naturaleza del término en cuestión, y por existir una ley especial que rige la materia, estima aplicable el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que prescribe que los plazos establecidos en dicha normativa son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Expresa, que la interpretación de la recurrida es, además, arbitraria porque crea un requisito adicional, que no se encuentra en la Ley, para la interposición de una reconsideración administrativa, en circunstancias que en este caso en concreto su recurso debió haber sido admitido a tramitación por entablarse dentro del plazo.

Termina solicitando se ordene a la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración administrativa, respecto de las resoluciones de multa ya individualizadas, hasta su completa terminación, con costas.

Segundo: Que, a fojas 45, rola informe de la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que la acción cautelar de marras no es la vía idónea para plantear la controversia de autos, toda vez que existen recursos administrativos y jurisdiccionales a través de los cuales la recurrente pudo obtener la enmienda de la resolución que motiva este recurso de protección.

Refiere que la resolución que estimó extemporánea la reconsideración administrativa fue dictada por autoridad competente, dentro de su competencia y previa ponderación de los hechos y la normativa aplicable. Así, se estimó que cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo la regla general del artículo 50 del Código Civil, y como el artículo 512 del Código del Trabajo, que se refiere a la reconsideración administrativa, no señala expresamente que el plazo es de días hábiles, debe entenderse entonces que es de días corridos.

Como en la materia no existe un vacío, no es aplicable la regla supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880 que invoca la recurrente.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Cuarto:Que, como se ha dicho en el motivo anterior, es necesario para la procedencia del recurso de protección, que se demuestre la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, -lo ilegal, es lo contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, y lo arbitrario, es aquello que es producto del mero capricho de quién incurre en él- que condujeren a la privación, perturbación o amenaza de un legítimo ejercicio de un derecho o garantía de las consultadas en el artículo 19 del mismo texto constitucional ya mencionado.

Quinto: Que, la resolución impugnada se dicta dentro del ámbito de las competencias legales que se han definido para la autoridad que la suscribe, por lo cual no puede ser considerada como ilegal. Además, el acto recurrido se ha ajustado a la normativa vigente, que en este caso, resulta ser el artículo 50 del Código Civil y el artículo 512 del Código del Trabajo. El primero establece la regla general de como se computan los plazos establecidos en la ley, que son de días corridos, y para que dichos plazos sean de días hábiles se requiere de expresa disposición legal y el segundo establece expresamente el plazo específico y preciso que se necesita para interponer un recurso de reconsideración para impugnar una multa administrativamente que ha sido impuesta en el ámbito laboral, como el deducido por la recurrente en este caso, que es de treinta días; que, entonces, existiendo un plazo legal establecido en la Ley laboral y al no decirse en forma expresa si se trata de días hábiles -como se dice en varios otros plazos que estable el mismo Código del Trabajo- rige la norma general del Código Civil, ya mencionada, entonces su cómputo será de días corridos, contándose, tantos, los días hábiles como los inhábiles, y de esta forma, aparece que el plazo se encontraba expirado al momento de ejercer dicha reconsideración administrativa la recurrente, por lo que se encuentra conforme a la Ley su denegación.

Entonces, como se ha dictado con fundamento legal suficiente, tampoco, puede ser considerada arbitraria como lo alega la recurrente.

Sexto: Que, en cuanto al argumento de la recurrente que la ilegalidad en este caso se cometería por la circunstancia de que al no estar regulado por el Código Laboral la naturaleza del término en cuestión, y por existir una ley especial que rige la materia, debería darse aplicación a ella, que en este caso a su juicio sería el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que prescribe que los plazos establecidos en dicha normativa son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los sábados, domingos y festivos, se rechaza, por no compartirlo esta Corte. En efecto, tratándose la norma citada una de aplicación supletoria, esto es, para el solo caso de que no se contemple plazo alguno, es decir, exista un vacío al respecto, cosa que no se da en el caso de autos, y entonces, como en esta materia tal vacío legal no existe, no resulta aplicable la regla supletoria del artículo ya mencionado e invocado por la recurrente.

Séptimo: Que, de la manera antes razonada, también, se desecha la alegación de arbitrariedad que se le atribuye a la recurrida de que estaría creando un requisito adicional, que no se encuentra en la Ley, para la interposición de una reconsideración administrativa, al exigir un plazo con cómputo de días corridos y en ello fundar el rechazo a la suya para dejar sin efecto la multa que se le impusiera por vía administrativa, en circunstancias, que como se dejó establecido, sólo se ha procedido a dar aplicación a la normativa legal vigente, y de este modo no se agrega ningún requisito nuevo a dicho plazo, por lo que se encuentra ajustada a derecho y sin arbitrariedad la decisión de desechar la reconsideración que se impugna y, además, se ajusta a dictámenes anteriores de la Contraloría General de la República, como es el dictamen N° 64.985 de 20 de noviembre de 2009.

Octavo: Que, por ello, ante la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en el acto por el cual se recurre, no resulta posible determinar la existencia de una infracción a las garantías constitucionales que el recurrente estima conculcadas. Esto, ya que sin perjuicio de todo lo ya razonado, lo que resulta suficiente para rechazar la presente acción, esta Corte, también, para ello tiene presente que habiéndose alegado como garantía afectada la del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, la existencia de diferencias arbitrarias cometidas por la recurrida contra la recurrente, ésta última no ha acreditado que se ha cometido con ella alguna diferencia en relación a otros administrados a quienes haya aplicado una interpretación distinta a dicho plazo en cuestión.

En tales circunstancias, el acto recurrido no puede ser considerado como ilegal ni arbitrario y, siendo éstos elementos la razón esencial para acoger o rechazar un recurso de protección, su falta hace inviable que el recurso prospere.

Noveno: Que, en consecuencia, de lo relacionado en los motivos anteriores, a juicio de esta Corte, aparece que el acto impugnado, como arbitrario ilegal y conculcador de garantías constitucionales del recurrente, se ajustó a la normativa legal que rige la materia y, en tales condiciones, no existe en este caso algún acto arbitrario o ilegal cometido por la recurrida que autorice la intervención de esta Corte, como, tampoco, que ésta haya vulnerado garantías constitucionales del recurrente, motivo por el cual la acción constitucional deducida debe ser desestimada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, con costas, el recurso deducido, en lo principal de fojas deducido a fojas 15, por don nombre reservado, en representación de Ingeniería y Movimiento de Tierra Tranex Ltda.

Redacción Ministro señor Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese, N° Protección- 8293-2014.

Pronunciada por la Septima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por La Ministro señora María Rosa Kittsteiner Gentile y conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. No firma, la Ministra señora Kittsteiner, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, ocho de julio de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.