nombre reservado con BANCO ITAU

Santiago, cinco de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, con fecha 12 de diciembre último, comparece nombre reservado, en representación legal de Inmobiliaria Sovial S.A., ambos con domicilio en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra del Banco Itaú, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Las Condes Santiago, por terminar de manera arbitraria el contrato de cuenta corriente, conculcando con ello, su derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 Constitución Política de la República.

Señala que Inmobiliaria Sovial S.A. es titular de la cuenta corriente N° [cuenta reservada] en el Banco Itaú, sucursal de Avenida Providencia, antes Banco Corpbanca, indicando que, con posterioridad a la fusión de ambos bancos, su tarjeta de débito se bloqueó, quedando sólo con el libreto de cheques.

Indica que con fecha 6 de julio de 2017, se efectuaron diversos cargos por concepto de impuesto al valor agregado y comisión por uso y giro en su cuenta corriente. Que frente a ello se interpuso reclamo ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y se accedió a eliminar uno de los cargos. Expone asimismo que al tiempo de cierre tenía la suma de $ 8.000.000 en la cuenta corriente, suma de la que no se hizo uso para pagar los cheques girados antes ni después del cierre de la cuenta. Agrega que con fecha 13 de noviembre el banco, unilateralmente y sin dar aviso previo, cierra la cuenta corriente, manteniendo 4 depósitos a plazo en UF, que no ha podido cobrar. Estos depósitos, que detalla en su recurso, tienen fecha de vencimiento al 26 de febrero, 31 de enero, 8 de enero y 22 de enero, todos del presente año 2018. Hace presente que no ha tenido información de movimientos en la cuenta, lo cual le genera un desorden contable a la empresa, lo que le genera una problemática ante el Servicio de Impuestos Internos.

Que conforme a la normativa que resulta aplicable, para proceder al cierre de una cuenta corriente debe existir una causal. Así, y conforme al principio de interdicción de la arbitrariedad, el banco requerido no puede ejercer sus atribuciones de manera desproporcionada, caprichosa o carente de motivación y racionalidad, pues tal proceder deviene en un acto antijurídico. Cita los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil y solicita que se acoja con costas el recurso, ordenando al Banco reabrir la cuenta corriente y todos sus productos inherentes, cuenta de débito y crédito, restituyendo las sumas indebidamente cargadas.

2°) Que el abogado José Alexis Quezada Quezada, informando el recurso, por el Banco Itaú Corpbanca, expone, en lo que refiere al ítem "sumas indebidamente cargadas", que en primer término el recurso se torna extemporáneo, ya que el recurrente afirma que con fecha 6 de julio de 2017 se cargaron indebidamente las sumas que detalla, y el presente recurso se interpuso con fecha 12 de diciembre de 2017, excediendo el plazo de treinta días señalado en el artículo 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección. En lo que atañe al fondo, señala que, con ocasión del reclamo ante la SBIF, se dio respuesta, la cual se adjunta al informe.

Respecto del "cierre de la cuenta corriente", señala que éste se produjo después de analizar la situación del requirente al interior de Corpbanca, tomando conocimiento que nombre reservado estuvo relacionado con los siguientes hechos: 1. En el año 2010, la Corte de Apelaciones decreta su libertad por el delito de estafa reiteradas en contra del Banco de Chile, habiendo sido condenado a 800 días de presidio; 2.- En el año 2002, estuvo involucrado, aunque sin determinarse su responsabilidad en el caso Spiniak y en el homicidio de nombre reservado; 3.- En el año 2007 fue condenado por micro tráfico; 4.- En el año 1999, fue condenado por evasión de impuestos a 5 años de cárcel y multa.

En base a esos antecedentes y sin calificar las imputaciones de efectivas o no, pero tratándose de una entidad bancaria, su representada estaba obligada a adoptar las medidas de prevención del delito de lavado de activos, como lo exigen las Leyes N° 19.913 y N° 20.383, aplicando las reglas de su política de Compliance.

Señala que no existe un acto ilegal, ya que el artículo 27 de la Ley N° 19.913 sanciona el delito de lavado de activos y si la recurrida recibe dineros de origen ilícito, se expone a cometer tal ilícito, el cual es una de los delitos bases de la Ley N° 20.383, de Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Indica asimismo que su conducta no es ilegal, ya que se limitó a ejercer legítimamente el derecho a terminar la relación contractual con la recurrente, derecho que se encuentra reconocido en el contrato celebrado entre las partes, y además en la legislación, por ser un contrato de carácter indefinido intuito personae, haciendo presente lo contemplado en el párrafo 10 del Capítulo 2.2. de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras “10 Cierre de cuentas corrientes" y que indica que "La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco, como también puede ser a petición del cliente, quien para efectos debe presentar una solicitud formal en tal sentido. No debe ser impedimento para dar curso al cierre el que deberá hacerse efectivo a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de presentada la solicitud, el hecho de que el titular de la cuenta que se cierra mantenga deudas con el banco".

Solicita en consecuencia, que se rechace el recurso de protección, por no existir conducta arbitraria ni ilegal.

3°) Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°) En lo atinente al primer aspecto del recurso, esto es los cargos por concepto de impuesto al valor agregado, que el recurrente reclama no eran procedentes, debe ser desestimado, por ser extemporáneo a la fecha de interposición de esta acción, unido a que de los alegatos se desprende que el monto de esos cargos fue solucionado, toda vez que no fue objeto de un nuevo reclamo, señalando la recurrida que el tema fue superado.

En cuanto los depósitos que no ha podido cobrar, lo cierto es que tampoco inciden en una eventual trasgresión, ya que el cobro de algunos de ellos aún no se devengan y los dos vencidos ya fueron pagados con fecha 14 de noviembre y 14 de diciembre, ambos de 2017, respectivamente.

5°) Ahora bien, en cuanto al cierre de la cuenta corriente del recurrente, las razones de fondo que el banco Itaú Corpbanca esgrime para haber tomado esa decisión resultan atendibles y están lejos de considerarse arbitrarias o ilegales. En efecto, dado los antecedentes penales anteriores que registra el recurrente y que da cuenta el banco recurrido, el cierre de la cuenta corriente se inscribe en una política preventiva del Banco (Compliance) para evitar verse involucrado en delitos sancionados en las Leyes N° 19.913, sobre lavado de activos y N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Cabe destacar que el artículo 27 letra b) sanciona incluso al autor de los delitos descritos en las letras a) y b) de esa disposición. El inciso tercero establece que también será sancionado con pena privativa de libertad aquel que "no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable", situación a que podría verse expuesta la recurrida.

Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 20.393, entre los delitos a que puede ser sancionada la persona jurídica, contempla el de lavado de activos, previsto y sancionado en el artículo 27 de la Ley N° 19.913, antes referido. Más aún, el artículo 4° de la Ley N° 20.393, señala pautas a las personas jurídicas involucradas en esa normativa, estableciendo un modelo de prevención de esos ilícitos.

6°) Sin perjuicio de lo anterior, en lo relativo al cierre unilateral de la cuenta corriente, lo cierto es que los bancos tienen esa facultad, como se desprende del Párrafo 10 del Apartado II del Capítulo 2.2 "Cuentas Bancarias y Cheques" de la Recopilación Actualizada de Normas, de la Superintendencia de bancos e Instituciones Financieras, no siendo impedimento para ello que el titular de la cuenta corriente mantenga deudas con el banco.

7°) En consecuencia, al adoptarse el cierre de la cuenta corriente dispuesto por el banco recurrido como política de prevención de un eventual lavado de activos, acatando lo dispuesto en la normativa de la Ley N° 20.393, particularmente en el artículo 4° de esa ley, aunado a que -conforme a las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras- está permitido el cierre unilateral de ese contrato, ese acto no puede considerarse ilegal o arbitrario, razón por lo que el recurso debe ser desestimado.

Por las razones anteriores, más lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; artículo 27 de la Ley N° 19.913; artículos 1° y 4° de la Ley N° 20.393 y Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el recurso de protección, interpuesto el día 12 de diciembre de 2017, por nombre reservado, en representación de Inmobiliaria Sovial S.A., en contra de Banco Itaú Corpbanca.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Tomás Gray.

Protección N° 82.895-2017.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Torres, por ausencia.