Protección contra Departamento de Inmigración dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores

C.A. de Santiago Santiago, uno de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Sergio Aburto Mayorga, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, nacional cubana, y en contra del Departamento de Inmigración dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en denegar solicitud de visa sujeta a contrato, solicitada para la segunda de las protegidas, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 2.

Funda el recurso expresando que, tras haber ingresado al país, doña nombre reservado obtuvo residencia definitiva y el 08 de diciembre del 2020 constituyó la empresa “RG CONTROL SPA” dedicada al servicio de ingeniería electrónica, eléctrica y de automatización, iniciando actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 19 de enero del 2021. Sostiene que, ante la necesidad urgente de que una persona de confianza pudiera atender a la parte contable de su empresa, solicitó a la recurrida tramitar “Visa Sujeta a Contrato a favor de doña nombre reservado, presentando toda la documentación que les solicitó la r, a saber: copias de hoja de identificación de pasaporte, Inscripción de nacimiento debidamente legalizada, copia de la cédula de identidad de doña nombre reservado, Carta Invitación debidamente firmada ante notario chileno, Certificado Médico debidamente legalizados, Contrato de Arrendamiento , etc”.

Afirma que dicha solicitud fue recibida a trámite y que la recurrente nombre reservado fue citada el 04 de febrero de 2022 a entrevista consular, la que se llevó a cabo sin que le hicieran ningún requerimiento adicional. Adiciona que el “10 de febrero del 2022 la recurrida procede a evaluar los antecedentes aportados por doña nombre reservado; sin hacer ningún requerimiento en ese momento ni a posteriori a las recurridas.”

Añade que el “28 de abril del 2022, por lo que aparece en el portal de la recurrida, se dictó resolución consular, sin ser notificada de su contenido a las recurrentes hasta hoy.”, que el “25 de mayo del corriente, la recurrida cerró el caso, sin dar ninguna referencia a las razones por las cuales se rechazó la solicitud de visa de marras”, que el “26 de mayo del corriente, al revisar doña nombre reservado el portal del Consulado de Chile en Cuba, se notició del hecho que la solicitud de visa de su hermana estaba cerrada en su tramitación, a resultas de ello remitió un correo electrónico a la recurrida explicando que no recibieron ninguna comunicación al respecto.”. Complementa lo anterior señalando que el mismo día “la recurrida contestó expresamente que “la solicitud de visa (de doña nombre reservado) fue denegada,y que en una próxima ocasión recibirá Resolución Exenta (…)”.

Argumenta que la situación descrita es arbitraria y desproporcionada, pues las protegidas fueron diligentes en presentar la documentación requerida, la que estima no fue analizada cuidadosamente, pues se pudo requerir la respectiva complementación, según el artículo 31 de la Ley N° 19.880. Además, sostiene que doña nombre reservado intentó concurrir a las oficinas de la recurrida el 30 y 31 de mayo de 2022, sin ser atendida. Aclara que “doña nombre reservado no viene a depender económicamente de los servicios públicos del Estado de Chile; ella será contratada por un sueldo mensual de $562.500, contando además con el apoyo económico de su hermana.”

Sostiene que se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley “pues, habiendo sido las recurrentes preocupadas en la tramitación de la Solicitud de Visa, con la entrevista consular y entrega de documental, la recurrida infundadamente ha denegado la solicitud de visa de doña nombre reservado, siendo lo más delicado el no dar la oportunidad de subsanar errores en la tramitación de esta, y no dar respuesta a dicha solicitud ; sin siquiera tener la voluntad de aclarar esto presencialmente, ni de establecer un canal de comunicación certero y eficaz para resolver esta situación, objeto del presente recurso.” En esta línea, sostiene que se han infringido los principios de celeridad y economía procedimental aplicables al procedimiento administrativo.

Finalmente, solicita “en definitiva, decretar que la recurrida ordene a un funcionario del Servicio revisar la solicitud de Visa Sujeta de doña nombre reservado, para explicar las razones de la denegatoria de solicitud de su solicitud, y por qué no fueron requeridos para complementar documental en su solicitud de visa en virtud del artículo 31 de la Ley 19.880; evacuando el informe pertinente acompañando todo antecedente relacionado con el caso, especialmente la resolución administrativa del caso , si ya fue emitida.”

Segundo: Que, informando, el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, expone: “Que en relación a doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, se encuentra en Chile, residiendo de forma regular, y de los hechos relatados se evidencia que no existe acto ilegal ni arbitrario desplegado por esta autoridad que prive, perturbe o amenace la libertad personal y seguridad individual de la recurrente ni ninguna otra garantía constitucional protegida por la acción de protección, por lo que el recurso intentando respecto de ella debe ser desestimado.”

Que, “Por nombre reservado, pasaporte N°RUT reservado, fue ingresada solicitud de Visa de Residente domicilio reservado, ante la Sección Consular de La Habana, en Cuba”. Indica que esta visa se regulaba esencialmente en los artículos 23 a 36 del DL 1094 y en los artículos 35 a 44 del Reglamento de Extranjería.

Expresa que, “en el caso concreto de la recurrente, su solicitud no fue acogida a trámite desde su inicio por cuanto no se cumplían con los requisitos para otorgar dicho visado. Así, revisado la documentación que se acompañó junto a su solicitud, consta que la empresa invitarte de menor tamaño, con inicio de actividades el 19 de enero de 2021, no justificaba la realidad de los ingresos para la contratación de un trabajador en SII. Además fue mal ingresada su fecha de nacimiento (dice 8/11/2021); tanto el certificado de antecedentes penales y médicos se encontraban vencidos.”.

Indica que, por tanto, la solicitud no fue acogida a trámite por no cumplir con los requisitos mínimos para obtener el visado, “configurándose en el caso de la recurrente la causal establecida en el artículo 63 N°4 de la Ley de Extranjería (137 N° 4 del Reglamento de Extranjería), que señalaba que debían rechazarse las solicitudes de aquellos extranjeros que “(...) no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado”.

Luego, afirma que la protegida no ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y administrativas pertinentes, circunstancia no imputable a su parte, que ha aplicado la legislación vigente, de modo que no existe acto arbitrario o ilegal, pues la solicitud “pues carece de los documentos fundantes para una decisión motivada en el procedimiento administrativo a que da lugar las solicitudes de aquellas. Esta decisión tampoco importa el cierre, rechazo o término definitivo del proceso de visa pretendido, ni constituye entonces una privación, perturbación o amenaza para la recurrente.”

Posteriormente, alega que la recurrente carece de un derecho indubitado a obtener una visación para residir en Chile, pues debe cumplir con condiciones objetivas para ello. Por último, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, las partes se encuentran contestes en que el acto recurrido corresponde a la negativa de la solicitud de visa de residente sujeta a contrato de doña de doña nombre reservado en contra del Departamento de Inmigración dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en denegar solicitud de visa sujeta a contrato, solicitada para su hermana que reside en Chile, quien reviste la calidad de recurrente del presente arbitrio constitucional.

Quinto: Que,la recurrida funda su decisión en que la solicitud de la protegida no fue acogida a trámite desde su inicio por cuanto no se cumplían con los requisitos para otorgar dicho visado, dado que la empresa de su hermana era de menor tamaño, con inicio de actividades el 19 de enero de 2021, no justificaba la realidad de los ingresos para la contratación de un trabajador en el SII, aunado a que habría sido mal ingresada su fecha de nacimiento y que el certificado de antecedentes penales y médicos se encontraban vencidos, configurándose la causal establecida en el artículo 63 N° 4 de la Ley de Extranjería (137 N° 4 del Reglamento de Extranjería), que señalaba que debían rechazarse las solicitudes de aquellos extranjeros que “(...) no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado”.

Sexto: Que, según dispone el artículo 3 letra e) del Decreto N° 172, Reglamento Consular, son funciones consulares, entre otras “(…) Otorgar pasaportes, renovarlos y, asimismo, documentos de viaje, a los chilenos de su circunscripción o de paso en ella, conceder visaciones en los pasaportes extendidos por autoridad extranjera cuando sus portadores se dirijan a Chile, de conformidad a lo establecido en el decreto ley y Reglamento de Extranjería”.

Por su parte, el artículo 69 del mismo texto en sus numerales 2° y 3° “La visación es el permiso otorgado por la autoridad competente y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine”.

El otorgamiento de visaciones a los extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto por el Ministerio, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia y especialmente las contenidas en el Decreto Ley N° 1.094, de 14 de julio de 1975 y en el Reglamento de Extranjería, Decreto N° 1.306, de 27 de octubre de 1975.

Tal atribución será ejercida en forma discrecional ateniéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de la visación de residentes de que se trate.

Séptimo: Que, en el caso particular la visa solicitada es una sujeta a contrato de trabajo y de acuerdo a lo informado por la recurrida, las razones de la negativa, obedecen a la falta de cumplimiento de lo previsto en el artículo 63 N° 4 de la Ley de Extranjería (137 N° 4 del Reglamento de Extranjería), sin perjuicio que no se le dio conocimiento a la recurrente del acto administrativo en que se consignaren dichos fundamentos.

Octavo: Que, el artículo 3 de la Ley N° 19.880 -que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rige los actos de la Administración del Estado- dispone que: “Concepto de Acto administrativo. Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia. Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión. Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias (…)”.

Por su parte, el artículo 4 del citado cuerpo normativo prescribe que: “Principios del procedimiento. El procedimiento administrativo estará sometido a los principios de escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad”. Asimismo, el artículo 5 de la legislación antes citada establece: “Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia”.

Noveno: Que, en este orden de ideas es dable señalar que una acción arbitraria consiste en un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia, o a las leyes, inicuo, antojadizo, o infundado, despótico. Por tanto, es lógico suponer y concluir que un acto fundado, de acuerdo a la ley y justo no puede ser calificado de arbitrario. Por otra parte, una acción o proceder ilegal es aquel que no está ajustado a derecho, constituyendo dicha disconformidad una infracción al ordenamiento jurídico que le priva actual o potencialmente de validez, hipótesis esta última que se ha configurado en la especie, por cuanto la autoridad recurrida no ha respetado el principio de escrituración que rige a su respecto, circunstancia que implica que se ha afectado el derecho de igual de que goza la protegida, a vía de conocer los fundamentos del acto administrativo en que supuestamente no se admitió a tramitación su solicitud de visa sujeta a contrato, razón por la que el presente arbitrio será acogido.

Por las consideraciones expuestas y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo en cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 19.880, se debe plasmar por escrito -dentro del plazo de diez días desde que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada- la denegatoria a tramitación de la solicitud de la recurrente de la visa sujeta a contrato de su hermana antes individualizada, y notificársele, a fin de que aquélla pudiere conocer los fundamentos del respectivo acto administrativo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad N°Protección-82892-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señora Paola Cecilia Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, uno de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.