nombre reservado con ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS DE GENDARMERIA DE CHILE.

Santiago, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.

Proveyendo el escrito folio 35806: estése al estado de la causa.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado y Carla Hermosilla Ordenes, abogados, de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, ambos en representación de nombre reservado y de nombre reservado, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interponen acción de protección en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA GREMIAL DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS, PROFESIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES DE GENDARMERÍA DE CHILE (en adelante ADIPTGEN), por aplicar a los recurrentes la sanción de “Cese absoluto e inmediato de la función de dirigente gremial por el resto del periodo que le correspondiera”, sanción notificada mediante carta certificada con fecha 6 de noviembre de 2017, señala como garantía vulnerada la del artículo 19 Nº 3 inciso 5 º, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Los recurrentes hasta la fecha de notificación de las sanciones impuestas por la Comisión de Ética Gremial de ADIPTGEN ostentaban los cargos de dirigentes gremiales de la Directiva Regional Metropolitana, según certificado Nº1301/2017/10948, de fecha 2 de octubre de 2017, emanado de la Dirección Regional del Trabajo de Santiago.

En su rol de dirigentes gremiales, los recurrentes a fines de junio de 2016, participaron en un proceso de negociación colectiva que tenía por objeto el aumento de remuneraciones de 200 profesionales. Durante esas negociaciones surgieron disputas entre algunos miembros de la Directiva Regional Metropolitana (los recurrentes) y algunos dirigentes de la Directiva Nacional, quienes forman parte de la Comisión de Ética Gremial que, decidió destituirlos de sus cargos por supuestas infracciones al Código de Ética Gremial.

Agregan que el conflicto gremial antes descrito tiene su punto de inflexión cuando la Presidenta de la Directiva Nacional, doña nombre reservado, decide entablar una acusación en su contra ante la Comisión de Ética Gremial de ADIPTGEN, por cuanto no aceptaría que ellos hubiesen participado en una reunión con la Subdirección de Administración y Finanzas el 11 de julio de 2017, reunión que tenía por fin evaluar el aumento de remuneraciones aludido.

Así las cosas, el 26 y 27 de julio del 2017 se declara la admisibilidad de la Acusación emanada de la Directiva Nacional en contra de los recurrentes con el fin de que la Comisión hiciera uso de sus facultades sancionadoras, conforme lo prescribe la letra c) del artículo 15 del Reglamento de Constitución, Organización y Funcionamiento del Sistema de Control de Ética Gremial de la ADIPTGEN(en adelante Código de Ética Gremial). Procedimiento que resolvió sancionar a los recurrentes con el “cese absoluto e inmediato de la función de dirigente gremial por el resto del periodo que le correspondiera”, por haberse visto involucrados en incumplimientos en el Artículo Nº2 letra e): por infringir el principio “Democracia y Representatividad. al no: - Acatar las directivas emanadas de la Asamblea Nacional, que es el órgano resolutivo superior de la Adiptgen, para la conducción gremial, a fin de preservar la unidad de la Adiptgen y el criterio de acción. Al no - Velar por la vida democrática al interior de la organización y asumirá la voluntad colectiva. Al no - Demostrar, en todos los actos que se lleven a cabo, la vocación de servicio que impele la tarea gremial en representación de los asociados”; Articulo Nº3, sobre las actuaciones de los dirigentes, letras d),f) y h): “d) Los/as Dirigentes de la Adiptgen han de alejarse de comportamientos estrictamente corporativos. En caso de conflicto de diversos sectores o colectivos de trabajadores, debe realizar el esfuerzo de proponer soluciones adecuadas para todos los afectados. f) Para prevenir situaciones en las que pudiera quedar comprometida su independencia de acción, los/as dirigentes de la Adiptgen, no podrán aceptar, directa ni indirectamente, retribuciones económicas, en especie, honorarios, compensaciones o favores injustificados o que honestamente no correspondan. h) Para preservar una correcta imagen de la Adiptgen, por el bien del funcionamiento interno de la organización, y para eludir situaciones de tensión o conflictos interpersonales que repercutan negativamente en el correcto desenvolvimiento del cargo o mandato de los/as dirigentes de la Adiptgen, se ha de evitar actitudes, declaraciones y decisiones que puedan interpretarse como abuso de poder y/o nepotismo con las personas con quienes mantienen relaciones de parentesco o afectividad manifiesta” ; Articulo Nº4, letras a) y g) sobre su representación: a) Los/as Dirigentes de la Adiptgen, han de realizar de buena fe y de forma diligente sus funciones representativas. Velarán permanentemente por los intereses de los afiliados/as, informando regularmente a los asociados/as de sus gestiones y actividad, y g) Los/as Dirigentes de la Adiptgen, en los casos de discrepancia de criterios entre los afiliados/as y la asociación, han de hacer primar los criterios que se encuentran en las resoluciones vigentes de la Asamblea Nacional, sin perjuicio de que acuda a los cauces internos para su interpretación o solución de conflictos. Artículo 22: “Incumplir, tergiversar, omitir o manipular para fines personales, los acuerdos democráticamente definidos por las Asambleas regionales y nacionales, cuando esas conductas, importen un perjuicio concreto a la consecución y logros de aquellos”; y Artículo 27: “Resistirse a ser objeto de la aplicación de este Reglamento de ética del asociado o negarse a prestar colaboración, cuando la comisión así lo requiera” del Código de Ética Vigente.

Añade antecedentes sobre la falta de habilitación legal y estatutaria, señala que la comisión no tenía vigencia, ni podía entrar en funcionamiento y aplicar sanciones a la fecha de procesamiento de recurrentes, actuando, por tanto, de manera ilegal.

En consecuencia, la comisión, mediante su actuar ilegal y arbitrario, se ha constituido en una comisión especial, vulnerando la garantía del artículo 19 N°3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, en el contexto más amplio de infracciones generalizadas a las garantías que emanan del debido proceso.

Finalmente, piden se dejen sin efecto las sanciones recurridas, ordenando a los órganos competentes de ADIPTGEN, que los recurrentes sean restituidos en sus cargos de dirigentes gremiales metropolitanos de ADIPTGEN, por el periodo de tiempo que en derecho les correspondía, esto es, entre 25 de julio de 2017 y el 25 de julio de 2019.

Segundo: Que, Felipe Hazbún Marín, abogado, en representación de la Comisión de Ética Gremial de ADIPTGEN, evacua informe al tenor del recurso y solicita su rechazo por las razones de hecho y de derecho que a continuación expone.

Señala que los recurrentes estiman que su representada no estaba habilitada para aplicar la sanción de cese inmediato de sus funciones de dirigentes sindicales, castigo que les privó y perturbó el ejercicio de la garantía del artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política, según indican, “el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, en el contexto de una infracción generalizada a las garantías de un debido proceso legal”.

Los actores refutan la decisión adoptada por la Comisión de Ética Gremial de ADIPTGEN y centran su impugnación en el hecho de que dicha Comisión no tenía vigencia legal y estatutaria al momento en que se les sancionó. Es este el elemento central que se debe analizar, pues según lo expuesto en el recurso, los recurrentes no impugnan ni niegan los hechos que sirven de fundamento a la sanción que se les aplicó, sino únicamente se limitan a señalar que la Comisión de Ética no podía sancionarlos porque aún no estaría aprobada la reforma de estatutos respectiva.

Del análisis que hacen los mismos recurrentes, la recurrida es la sucesora de la preliminar Comisión de Ética que rigió entre los años 2014-2015. Los Estatutos de la Asociación desde 2011 contemplan la existencia de una Comisión de Ética. Es decir, los recurrentes siempre han tenido total conocimiento de los textos reglamentarios y del funcionamiento de esa Comisión desde hace más de un año de los hechos que fueron materia del proceso sancionatorio que se llevó a cabo en su contra.

Consecuentemente, conforme al artículo 35 de la ley N°19.296, la Asamblea es el órgano resolutivo superior de la Asociación. Por ende, desde que la Asamblea Nacional aprobó el Código de Ética, ésta ha podido funcionar con plenas potestades, y así ha acontecido, tal como los mismos recurrentes lo sostienen, y como se demuestra con el hecho de que los recurrentes también interpusieron denuncias ante la misma comisión.

En cuanto a la reforma de estatutos aprobada los días 28 y 29 de junio de 2017, en un Plebiscito Nacional de Reforma de Estatutos, precisa que ello se realizó ante la necesidad de adecuar el texto estatutario de conformidad a la realidad de la actividad sindical llevada a cabo en la Asociación. Para ello se dio cumplimiento a todas las formalidades legales aplicables a una reforma estatuaria. Al respecto, destaca que según el artículo 9 inciso segundo de la Ley N°19.296, aplicable según lo dispone el artículo 15 de la misma ley, la reforma de estatutos se entiende practicada desde el depósito del acta de la respectiva Asamblea en la Dirección del Trabajo.

No es cierto lo que pretenden los recurrentes, en el sentido de que la reforma de estatutos surte efecto sólo una vez que se cumplió con todo el trámite regulado por el artículo 10 de la Ley N°19.296, pues ello además de ser contraproducente para la Asociación, es inviable en la práctica, ya que muchas veces el órgano administrativo incumple los plazos previstos y no por ello la Asociación va a ver afectada su autonomía y retrasado su funcionamiento.

Agrega que en el proceso disciplinario realizado por la Comisión Nacional de Ética Gremial de ADIPTGEN se observó la normativa aplicable al efecto, la decisión fue adoptada por quien tenía la potestad de hacerlo, esto es, por la Comisión de Ética y el comisionado investigador, actuó de conformidad a los estatutos y el respectivo reglamento. Se investigó la denuncia, se formuló reproche ético y se adoptó una decisión, todo ello con estricta sujeción a la normativa interna de la Asociación y según su autonomía.

Por lo tanto, no existe vulneración de garantía constitucional alguna. El hecho de que los recurrentes no estén de acuerdo con lo que se ha decidido, no le resta valor jurídico a la decisión adoptada por la Comisión de Ética, órgano de la Asociación, creado por sus estatutos, ratificado y validado por la Asamblea Nacional, y que ha sometido su actuación a los cuerpos normativos que la misma Asociación en forma autónoma y soberana ha creado para la regulación de su labor de representación de sus socios.

Por último, indica que los recurrentes no hicieron uso de los derechos que les confiere el Reglamento y, sin embargo, ahora intentan, a través de esta excepcional vía de impugnación jurisdiccional, se revise un procedimiento que fue llevado a cabo por una organización gremial que cuenta con plena autonomía constitucional y legal, pide rechazar el recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que, atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, específicamente en este caso, el contemplado en el N°3 inciso quinto de nuestra Carta Fundamental.

Sexto: Que al respecto, de la lectura del libelo recursivo y lo manifestado por el recurrente y recurrido en estrados, es manifiesto que el acto por esta vía reprochado, es la sanción impuesta a nombre reservado y nombre reservado con el “cese absoluto e inmediato de la función de dirigente gremial por el resto del periodo que le correspondiera” por la COMISIÓN DE ÉTICA GREMIAL de la ADIPTGEN, entidad que en opinión de los recurrentes no podía sancionarlos porque aún no estaría aprobada la reforma de estatutos respectiva.

Séptimo: Que, entonces, esta Corte debe determinar si dicha Comisión tenía o no vigencia legal y estatutaria al momento de iniciarse la investigación en contra de los sres. nombre reservado y aplicar la sanción referida. Este es el elemento central que se debe analizar, pues según lo expuesto en el recurso, los recurrentes no impugnan ni niegan los hechos que sirven de fundamento a la sanción que se les aplicó, sino únicamente cuestionan la legalidad del actuar de la Comisión de Ética.

Octavo: Que, a fin de acreditar sus respectivas alegaciones y defensas, tanto el recurrente como el recurrido allegaron a la causa, el Estatuto y el Reglamento constitución, organización y funcionamiento del sistema de control de ética de la ADIPTGEN más copia de la investigación seguida en contra de tres dirigentes sindicales de la Dirección Metropolitana de la citada asociación, de cuya lectura se constata que todas dicen relación con los sucesos ocurridos el 11 de julio de 2017, a propósito de la reunión sostenida por los recurrentes con la Subdirección de Administración y Finanzas, a fin de evaluar un aumento de remuneraciones.

Noveno: Que, del examen de dichos instrumentos se verifica, que:

-la recurrida es la sucesora de la preliminar Comisión de Ética que rigió entre los años 2014-2015.

- Los Estatutos de la Asociación desde 2011 contemplan la existencia de una Comisión de Ética.

- artículo 35 de la ley N°19.296, señala que la Asamblea es el órgano resolutivo superior de la Asociación y, en consecuencia, desde que la Asamblea Nacional aprobó el Código de Ética, ésta ha podido funcionar con plenas facultades.

- La reforma de estatutos y el código de ética de la ADIPTGEN fueron aprobados los días 28 y 29 de junio de 2017, en un Plebiscito Nacional de Reforma de Estatutos, y se practicó el depósito del acta de la respectiva Asamblea en la Dirección del Trabajo, en el plazo legal. Dando cumplimiento las formalidades legales aplicables a una reforma estatuaria, según los dispone el artículo 9 inciso segundo de la Ley N°19.296, en relación con el artículo 15 de la misma ley.

-En el proceso disciplinario realizado por la Comisión Nacional de Ética Gremial de ADIPTGEN se observó la normativa aplicable al efecto, la decisión fue adoptada por quien tenía la potestad de hacerlo, la Comisión de Ética y el comisionado investigador, actuó de conformidad a los estatutos y el respectivo reglamento.

Décimo: Que, del examen de los antecedentes, no se vislumbra conculcación alguna al ejercicio del derecho del recurrente contenido en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, toda vez, que el derecho a no ser sometido al juzgamiento de una comisión especial, o que durante el procedimiento disciplinario, de alguna manera, se hubiere infringido el debido proceso, o que aquel no fuere racional y justo. Pues como ya se ha dicho, todo ello se realizó conforme a las normas establecidas en los Estatutos de la ADIPTGEN y su Código de Ética.

Undécimo: Que, por lo anterior, este recurso será ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°3 inciso quinto de la Constitución Política, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recurso de Protección, se rechaza, con costas el intentado en contra de la Comisión Nacional de Ética Gremial de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Abogada Integrante señora Herrera.

Protección N°82.880-2017 No firma la Ministra señora Melo, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Dobra Lusic Nadal, conformada por la Ministro señora María Soledad Melo Labra y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida