nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE,

C.A. de Santiago Santiago, once de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 12: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparecen los abogados Rodrigo Andrés Valdivia Merino, y Cristian Matías Espinoza Ormeño, en representación de doña nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber retenido y compensado ilegalmente el 90% de las sumas acordadas en transacción judicial, correspondientes a indemnizaciones laborales, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que excede las facultades legales otorgadas a la recurrida, quien únicamente puede retener devoluciones de impuestos según el artículo 17 de la Ley N° 20.027, mas no remuneraciones o prestaciones laborales, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus numerales 2° y 24° del artículo 19, por lo que solicita se declare la ilegalidad del acto y se ordene la restitución íntegra de los montos retenidos.

Sostiene que inició demanda laboral en contra del Fisco de Chile - Consejo de Defensa del Estado por declaración de existencia y continuidad laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de indemnizaciones y prestaciones en virtud de su relación laboral con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago bajo el RIT O-8614-2023. Posteriormente, con fecha 9 de diciembre de 2024, se aprobó avenimiento entre las partes mediante transacción, en virtud de la cual el Fisco de Chile se comprometió a pagar a la demandante la suma única y total de $12.087.150, suma que debía pagarse conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Dicha resolución quedó firme y ejecutoriada en la misma fecha.

No obstante lo anterior, señala que con fecha 21 de marzo de 2025, la Tesorería informó que realizaría el pago de lo acordado como gasto por compensaciones por daño a terceros, efectuándose posteriormente, el 28 de marzo de 2025, el pago de solo $1.225.096 a la cuenta de la recurrente. En consecuencia, la Tesorería General de la República retuvo el 90% de la acreencia para ser compensada con una deuda que registra por concepto de Crédito Universitario Aval del Estado "CAE", sin señalar causa legal ni fecha efectiva en que ello ocurriría.

Reclaman en primer término que dicha retención y compensación es ilegal y arbitraria, ya que que el artículo 17 de la Ley N° 20.027, que establece el sistema de financiamiento para la educación superior, constituye la norma especial aplicable en materia de deudas por crédito universitario CAE, la cual debe primar respecto de cualquier otra disposición legal conforme al principio de especialidad contenido en los artículos 13 y 4 del Código Civil. Precisan que dicha norma únicamente faculta a la Tesorería para retener devoluciones de impuestos a la renta, mas no autoriza retenciones sobre créditos laborales correspondientes a remuneraciones, como ocurrió en la especie. Complementariamente, sostienen que cualquier compensación que pudiera alegarse debe hacerse valer en juicio declarativo ante órgano jurisdiccional competente, acreditándose los requisitos legales correspondientes en un procedimiento racional y justo, con las garantías del debido proceso.

Adicionalmente, invocan las normas sobre inembargabilidad de remuneraciones contenidas en el artículo 57 del Código del Trabajo, junto con los artículos 445 del Código de Procedimiento Civil y 96 del Estatuto Administrativo, las cuales, según su interpretación sistemática, propenden a la protección de las remuneraciones, estableciendo causales específicas respecto a su susceptibilidad de embargo, siendo ésta una situación excepcional que debe interpretarse restrictivamente. Enfatizan que dichos mecanismos de protección constituyen normas de orden público que no miran solo al interés personal, sino especialmente al beneficio social en su conjunto.

Refiere que en el caso se ha infringido la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, toda vez que se retuvo y compensó las remuneraciones sin justificación alguna, no existiendo acto administrativo que informe respecto a la retención, privándola del derecho a percibir sus prestaciones laborales obtenidas mediante sentencia judicial. Asimismo, alegan vulneración del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 constitucional, argumentando que la recurrente adquirió la propiedad sobre las remuneraciones y prestaciones laborales obtenidas en virtud de sentencia judicial, y que la retención y compensación injustificada utilizando ilegítimamente los procedimientos legales vulnera gravemente esta garantía fundamental.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la retención y compensación efectuada por la recurrida ha sido ilegal y arbitraria, se ponga término a la vulneración de derechos fundamentales ordenando la restitución íntegra y debidamente reajustada de las remuneraciones retenidas por la cifra de $10.862.054, con reajustes e intereses hasta su efectivo reintegro, y se condene expresamente en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Tesorería General de la República sobre los hechos que motivaron el presente recurso de protección, registraba deuda por Formulario 34 folio N°117252, respecto de la cual se habían recibido otros pagos por concepto de compensación en procesos de devolución de renta de años anteriores. Explicó que conforme al comprobante de egreso acompañado, a la recurrente solo se le pagó, mediante Resolución Exenta N° 765 de fecha 21 de marzo de 2025, la suma de $1.225.096 por concepto de depósito, siendo compensado el monto restante de $10.862.054 con la deuda que mantiene la señora nombre reservado por concepto de Formulario 34, folio N° 117252.

Que, sin perjuicio de lo anterior, al tomar conocimiento del presente recurso de protección y las instrucciones internas vigentes en la institución, se había instruido a la Sección Operaciones de la Tesorería Regional Santiago Oriente que adoptara las medidas administrativas necesarias para revertir la aplicación de la compensación efectuada el 25 de marzo de 2025, considerando especialmente las exclusiones establecidas para aquellos montos cuya devolución tiene su origen en sentencias o transacciones laborales aprobadas judicialmente, pero que se procedería a su descompensación y el correspondiente pago íntegro de la suma dispuesta en la Resolución Exenta N°765, que ordenaba pagar la suma única y total de $12.087.150 sin reajustes ni intereses a la recurrente.

Posteriormente, complementó su informe inicial, ampliando sus alegaciones y precisando que se había verificado efectivamente la descompensación y el correspondiente pago en cuenta vista de la recurrente señora nombre reservado, como constaba en el sistema de Egresos de la institución. En esta ampliación del informe, acompañó documentación del sistema que acreditaba el registro de egreso, detallando específicamente los datos de la operación realizada, incluyendo el RUT de la beneficiaria, el número de cuenta, la fecha de emisión del egreso, el tipo de formulario, el folio correspondiente, el medio de pago utilizado, el estado físico y temporal de la operación, así como el monto efectivamente pagado y los datos bancarios respectivos.

Termina solicitando el rechazo de la presente acción cautelar.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, la compensación de las sumas de dinero adeudadas por el Fisco a la recurrente, en virtud de un avenimiento alcanzado en una causa de origen laboral, y el monto adeudado por el crédito aval del Estado, para luego, determinar si aquel actuar constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados a la causa, en especial lo señalado por la Tesorería General de la República en su informe, consta que dicho organismo decidió retrotraer su decisión, procediendo a la descompensación de las sumas adeudadas a la recurrente, para finalmente ordenar su pago, cuestión que finalmente fue realizado el día 14 de mayo pasado, según consta en el certificado de pago acompañado, constituyen razones suficientes para concluir que el presente recurso ha perdido su objeto, todo lo cual obliga a desestimarlo, resultando innecesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la acción cautelar intentada ha perdido oportunidad, por lo que no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N°Protección-8261-2025.