nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD SAN BERNARDO

Santiago, quince de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Recurre de Protección nombre reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente y en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, al habérsele impuesto por la Inspección del Trabajo una multa administrativa ascendiente a 70 Unidades Tributarias Mensuales, (UTM); y por la emisión por parte del CESFAM de un certificado que acredita el estado de gravidez de una particular. Señala como garantías constitucionales vulneradas aquellas previstas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 inciso 5° y N°24 de la Constitución Política de la República, (CPR).

Señala que en febrero de 2019 la recurrente celebró contrato de trabajo de trabajadora de casa particular con doña nombre reservado. En los meses siguientes a la contratación diversos efectos personales del domicilio comenzaron a desaparecer, lo que llevó a que se le informara que sería despedida por falta de probidad, accediendo finalmente la empleadora a sustituir la causal por la del artículo 161, inciso 1° del Código del Trabajo.

Indica que con fecha 26/6/2019 la trabajadora suscribió finiquito, manifestando su voluntad de poner término al contrato, pero no compareció a ratificarlo ante ministro de fe de la Inspección del Trabajo. Expone que la recurrida Inspección del Trabajo cursó una multa administrativa contra la recurrente (no individualiza ni acompaña la resolución de multa, ni transcribe el texto del hecho infraccional). Se desprende del tenor del recurso que el hecho infraccional pudo ser la negativa a reincorporar a la trabajadora que gozaba de fuero maternal del artículo 201, en relación al 174, ambos del Código del Trabajo.

Señala que la multa impuesta constituye un acto arbitrario e ilegal, ya que, la recurrida Inspección del Trabajo ha obrado en exceso de sus facultades, actuando como una comisión especial, ya que se controvierte que efectivamente nombre reservado se encuentre embarazada, siendo el único antecedente que da cuenta de ello un certificado de la matrona nombre reservado, dependiente del CESFAM De San Bernardo, cuya validez la recurrente controvierte, por haberse emitido con data 4/7/2019, posterior al despido, de forma intempestiva, y consignando una fecha de última regla (FUR), de abril de 2019, la que no resulta concordante con el actuar que desplegó nombre reservado durante la vigencia de la Relación Laboral, donde no denotó conductas propias de un estado de gravidez de 5 meses, efectuando actividades físicas prohibitivas para una embarazada, y fumando constantemente.

Refiere que por tanto se pretende mediante un certificado espurio dejar sin efecto un despido ya materializado, por una trabajadora sorprendida en graves faltas de probidad, que justifican su negativa a reincorporarla.

Alega que la recurrida Inspección del Trabajo intervino en forma extemporánea, cuando la relación laboral (RL), ya se encontraba extinta, y por tanto no tenía competencia para intervenir, ya que la fiscalización se efectuó solo al 24/7/2019, a un mes de terminada la relación laboral, de forma tal que la multa cursada resulta improcedente.

Cita en apoyo de su tesis el dictamen 2027-132 de la Dirección del Trabajo, de 7/5/1998, que consagra que las inspecciones del trabajo (IT), no están facultadas para ordenar la reincorporación de una mujer embarazada cuando, ignorando o no el empleador su estado de gravidez, ella se haya retirado voluntariamente de su trabajo, estimando la recurrente que esta situación es extrapolable al caso de autos.

En cuanto a la cuantía de la multa, indica que resulta desproporcionada, ya que el rango oscila entre 14 a 70 UTM, y la recurrida impone el máximo legal, sin fundar los criterios por los que llega a tal cuantía, e ignorando circunstancias minorantes tales como el desconocimiento del estado de embarazo al momento del despido, que la trabajadora firmó el aviso de término de la relación laboral, que la empleadora es dueña de casa, y no obstante ello se le da un tratamiento de empresa.

Finalmente, respecto a la recurrida CESFAM San Bernardo, indica que el certificado que emitió, para acreditar el embarazo es incompleto y genérico, ya que señala la determinación del plazo de gestación, pero la única manera de determinarlo es a través de una ecografía, no haciendo referencia a ninguno de los exámenes obligatorios previos y controles que se haya realizado la paciente, por lo que se trata de un acto administrativo insuficientemente fundado, en inobservancia a lo dispuesto en la Ley N°19.880.

Estima conculcadas, las garantías del artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, (CPR), en su aspecto de la integridad psíquica de la recurrente; art. 19 N°2 de la CPR, en su aspecto de igualdad ante la ley; art. 19 N°3, inciso 5° de la CPR, en su aspecto de no ser juzgado por comisiones especiales; y del art. 19 N°24 de la CPR, por afectarse su derecho de propiedad. (No desarrolla el contenido de las garantías que invoca)

Segundo: Informando la Inspección del Trabajo, alega extemporaneidad de la acción, señala que tanto el cuerpo del escrito, como el petitorio alegan una actuación de la recurrida fuera de sus facultades legales, pidiendo dejar sin efecto la multa impuesta, o rebajarla, lo que en definitiva implica que la acción se dirige contra la resolución de multa administrativa N° 8513/2019/53-1, de fecha 29/7/2019, depositada en Correos de Chile, el 31/7/2019, por lo tanto, la notificación por correo certificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, fue con fecha 07/8/2019, por lo que el plazo fatal para deducir la acción de protección venció el 6/9/2019, y este fue interpuesto con fecha 12/9/2019.

Además está recurrida alega improcedencia del recurso, fundado en que la presente acción cautelar se está utilizando como un sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias de reclamación de multa, establecidos en procedimientos específicos y reglados, que permiten su conocimiento y resolución en procedimientos de lato conocimiento, que permite a las partes rendir prueba para acreditar sus alegaciones, por lo que aceptar que estas reclamaciones se ventilen por vía proteccional implica transformar tales procedimientos en letra muerta.

Indica que, por lo demás, no existe una afectación de un derecho indubitado de la recurrente, ya que el artículo 201, en relación al artículo 174 del Código del Trabajo establecen la obligatoriedad de la reincorporación de la trabajadora amparada por fuero maternal, respecto a la que se ponga término al contrato de trabajo por ignorancia sobre su estado de embarazo.

También argumenta falta de requisitos para la interposición del recurso, esto por cuanto no se ha cometido acto arbitrario o ilegal alguno, al haberse dictado la resolución de multa conforme las facultades expresamente conferidas al Servicio por los artículos 208, inciso 4 y artículo 505 del Código del Trabajo, siendo por lo demás una resolución razonada, argumentada y fundada conforme a Derecho, como se aprecia claramente de su texto y redacción, los que consideran los antecedentes de la fiscalización, entre ellos el formulario FI-20, donde se requiere primeramente la reincorporación de la trabajadora y sólo ante la negativa de la empleadora, a quien se le acreditó mediante certificado médico el estado de embarazo de la trabajadora, quien se encuentra sujeta por tanto a fuero maternal, es que se cursa finalmente la infracción de separar ilegalmente a trabajadora.

Expone, por lo demás, la actuación de la recurrida se enmarca dentro de las competencias legales que le otorga el artículo 505 del Código del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación, la que corresponde a la Dirección del Trabajo, verificándose los presupuestos elementales de todo Estado de Derecho: órgano administrativo ejerciendo un limitado control del cumplimiento de la legislación laboral y un órgano jurisdiccional competente para conocer de toda reclamación a lo resuelto por el órgano administrativo, por lo que en caso alguno puede estimarse que el fiscalizador se constituyó en una comisión especial.

Controvierte por tanto que se hayan afectado las garantías fundamentales que alega la recurrente, ya que el acto administrativo que motiva el recurso de protección se enmarca dentro de la competencia que la ley atribuye a toda Inspección del Trabajo, por lo que no hay vulneración alguna al artículo 19 N°3 de la CPR; ni de su numeral 24, ya que la multa se encuentra sustentada en los antecedentes de la fiscalización.

Tercero: Informando la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, alega extemporaneidad. Pues se emitió certificado de fecha 4/7/2019 emitido por la matrona nombre reservado, quien presta servicios en el CESFAM Padre Joan Alsina, quien informa que la señora nombre reservado está en control en dicha institución cursando una gestación de 10,4 semanas al día de su confección indicando fecha de última regla (FUR), 20 de abril de 2019, su fecha probable de parto, (FPP) es 15 de enero de 2020 y su fecha de concepción el día 30 de abril de 2019.

Indica que, desde la fecha de emisión del certificado de embarazo por parte de la matrona, esto es, el día 4/7/2019, la fecha en que tomó conocimiento la recurrida en su calidad de empleadora de su existencia, esto es, día 24/7/2019 y la fecha de presentación del presente recurso, día 12/9/2019, han trascurrido con creces el plazo de 30 días corridos establecidos por la norma para su interposición.

Sobre el fondo sostiene que la alegación de no haberse adjuntado al certificado antecedentes del estado de embarazo de la paciente no tiene sentido, ya que el artículo 201 del Código del Trabajo es claro al señalar que basta con la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona para que quede sin efecto la medida de término del contrato de trabajo de una trabajadora embarazada, por lo que el actuar de la matrona nombre reservado se ajustó a derecho.

Expone que, por lo demás, al tratarse de una persona jurídica de derecho privado, no se rige por la ley N°19.880.

Concluye señalando que la recurrente no explica de que forma se habría amenazado o vulnerado las garantías fundamentales que estima transgredidas por esta recurrida, y solo pone en duda el estado de embarazo de la señora nombre reservado, en circunstancias que la matrona no incurrió en ninguna conducta reprochable al emitir el certificado de embarazo con fecha 4/7/2019, habiendo actuado conforme a la normativa vigente y no existe, ni siquiera una amenaza, de vulneración de las garantías que indica ya que los antecedentes que tuvo presente la profesional al emitir el documento son parte de la ficha clínica de la paciente por lo que los mismos se encuentran protegidos por la Ley N° 20.584.

Cuarto: Que en relación al Recurso de Protección impetrado, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Conforme a lo recién indicado es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Sexto: En el caso de la especie es dable establecer que se recurre, al haberse impuesto a la recurrente una multa de 70 UTM; por no reincorporar a sus labores a una mujer con fuero maternal, en razón de un certificado de gravidez de la misma, del Cesfam, de San Bernardo. Se trata de una trabajadora de casa particular que terminó la relación laboral, según la recurrente de común acuerdo, pero la trabajadora no firmó el finiquito.

Séptimo: Sin embargo, el acto recurrido es la dictación de la Resolución Exenta N° 8513, de fecha 29 de julio de 2019, dictada por la Inspección del Trabajo, que aplicó una multa a la misma, la cual fue depositada en correos el 31 de julio del mismo año, y habiéndose deducido el presente Recurso de Protección, con fecha 12 de septiembre de 2019, el plazo fatal de treinta días para, precisamente, deducir esta clase de acción cautelar de orden constitucional, ha transcurrido en exceso por lo que resulta extemporáneo.

Octavo: Sin perjuicio de lo recién indicado, lo cierto es que el recurso es ambiguo en los derechos que dice amagados, y analizados los antecedentes, en su caso la Inspección del Trabajo, con apego a la legislación vigente, le dio un plazo a la recurrente para que reintegrara a la trabajadora con fuero, y el fiscalizador en una segunda visita constató, el no cumplimiento de este reintegro, por lo cual se aplicó legítimamente la multa. Cabe destacar que con este apremio, lo que se busca es la protección de la maternidad. Sin perjuicio de lo anterior, debe consignarse, que hay causa laboral en que se pidió por la recurrente, el desafuero de la trabajadora y se llegó a un acuerdo transaccional según el cual le pagó a la trabajadora la suma de 5 millones de pesos. En su caso la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, emitió un certificado de embarazo, expedido por una profesional dependiente de esta recurrida.

Noveno: Que, lo cierto es que las alegaciones que formula el recurrente no resultan estimables para el caso, desde que la actuación de las recurridas se ha ajustado a la normativa vigente aplicable en la especie, latamente expuesta en sus informes, y en todo caso, lo que se enuncia como sustento del presente recurso, más bien es una solicitud tendiente a obtener que se le exima, o se le rebaje la multa, lo que no es procedente en un recurso como el de la especie.

Décimo: Que no se advierte un actuar arbitrario o ilegal de parte de las recurridas, que amague o vulnere las garantías constitucionales denunciadas como infringidas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, por extemporáneo el deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente y en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. nombre reservado 82.515-2019 Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández.